El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, planteó ayer martes la necesidad de que la canasta de 60 productos de +Precios Cuidados para comercios de cercanía «esté disponible en todo el país a la brevedad”, durante un encuentro que mantuvo con los representantes de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).

Felettí pidió a los mayoristas «la máxima colaboración» en la implementación de la canasta.

El funcionario, acompañado por el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian; y la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt; mantuvio una serie de reuniones con distintos actores con el objetivo de monitorear y reforzar la implementación de la nueva canasta de proximidad.

El Gobierno puso en marcha el lunes, en el marco del programa +Precios Cuidados, una canasta acordada de 60 productos a precios regulados para los comercios de cercanía de todo el país.

En el encuentro con Cadam, que se realizó de manera virtual y presencial, participaron: Adrian Scharovsky (Gerente General) Gustavo Marcantonio (Micropack), Matias Moltalvan (Yaguar), Diego Molaro (DIARCO), Lionel Muñoz (Parodi), Martín Iriarte (Makro), Tomás Anoni (Vital), Andres Fera (Maxiconsumo) y Martín Gonzalez Rendo (Nini).

En primer término, los funcionarios tuvieron un encuentro con los representantes del sector mayorista, donde el secretario hizo énfasis en que este programa “es una política del Gobierno Nacional y es importante que esté disponible en todo el país a la brevedad”.

 

Además, solicitó “máxima colaboración en la implementación de la canasta” y aseguró: “Esto se trabajó durante mucho tiempo, se discutió mucho y se llegó a acuerdos, por lo que queremos que esos acuerdos estén en la calle”.

Ante este pedido, el sector mayorista se comprometió a colaborar en la difusión del programa entre los comercios de cercanía, aseguró la cartera de Comercio Interior.

Además, la Secretaría propuso abordar una agenda conjunta para que el programa se asiente rápidamente en toda la cadena de comercialización, los productos estén a disposición de los comerciantes y se pueda fiscalizar que cada eslabón cumpla con el acuerdo en precios y abastecimiento.

Reunión con provincias

También este martes, y como parte de todas las acciones que se están realizando para garantizar y monitorear la llegada de los productos de la canasta de proximidad a las y los consumidores, Feletti y el equipo se reunieron con los miembros del Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI), órgano que nuclea a las autoridades de comercio de las provincias.

El secretario dialogó con sus pares de las provincias para asegurar los mejores mecanismos para garantizar la llegada de los 60 productos a los almacenes y comercios de cercanía de todas las provincias.

“Nuestro propósito es consolidar una canasta que sea competitiva, tanto para los mayoristas como para los comercios de proximidad”, afirmó Feletti y explicó que la Secretaría está dando respuesta a “una demanda tanto de las provincias, como de los comercios de proximidad, que pedían una canasta regulada para competir con los precios cuidados de los supermercados”.

Además, el funcionario resaltó el trabajo realizado para articular esta política con fabricantes, mayoristas, distribuidores, autoservicios, almacenes y supermercados chinos.

Las autoridades del COFECI hicieron consultas sobre los alcances de +Precios Cuidados en comercios de cercanía, para apoyar reforzar su apoyo, federalización y fiscalización.

En el encuentro también se conversó sobre la posibilidad de incorporar productos regionales en cada territorio, sobre consolidar y expandir Cortes Cuidados, y sobre que en una próxima etapa se pueda implementar la canasta de frutas y verduras, que actualmente está solamente en AMBA.

El juez federal Julián Ercolini envió este miércoles a juicio oral al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio, al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y a otros nueve procesados en la causa por extorsión, espionaje ilegal y lavado de dinero que hasta fines del año pasado se investigó en Dolores.

El magistrado quedó a cargo del caso cuando pasó desde el fuero federal de Dolores a Comodoro Py y ahora dio por cerrada parcialmente la investigación en torno a diez hechos de extorsiones y espionaje ilegal y a maniobras de lavado de dinero y lo remitió a sorteo de un Tribunal Oral, según la resolución de 48 carillas a la que tuvo acceso Télam.

Como parte de la instrucción que sigue en el juzgado quedó pendiente una decisión sobre el envío a juicio de otros procesados, entre ellos el fiscal federal porteño Carlos Stornelli, porque aún hay recursos pendientes de resolución en instancias de apelación.

El juez rechazó pedidos de sobreseimiento de la defensa de D’Alessio y otros acusados y dio por terminada la investigación en torno a las maniobras extorsivas que sufrió un empresario querellante, Pedro Etchebest y otros nueve hechos.

Etchebest fue quien con su denuncia dio inicio a la investigación en el juzgado federal de Dolores.

Las imputaciones

A los procesados se les imputa «haber formado parte de una asociación ilícita que, en fecha incierta pero al menos desde el año 2016 hasta el mes de febrero de 2019, planificó y, en ciertos supuestos, ejecutó -sin poseer facultades para ello ni orden de autoridad competente- actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación».

En forma paralela, «la organización llevó a cabo maniobras extorsivas, intimidatorias y/o coactivas».

En el caso puntual del entonces fiscal de Mercedes Bidone «proveía a la organización criminal de información solo asequible para organismos públicos respecto de registros migratorios y comunicaciones telefónicas, la que luego era utilizada en el marco de las diversas maniobras pergeñadas».

Ercolini dio curso al requerimiento de elevación hecho en 2020 por el entonces fiscal de la causa en Dolores, Juan Pablo Curi y destacó la necesidad de avanzar hacia la etapa de juicio oral «máxime teniendo en cuenta que algunos de los acusados se encuentran privados de su libertad».

D’Alessio está preso en la cárcel de Ezeiza desde el 15 de febrero de 2019 y ya fue condenado el año pasado en el primer juicio que enfrentó por extorsión a otro empresario, Gabriel Traficante, a cuatro años de prisión mientras que el fiscal Bidone recibió la pena de 3 años y 8 meses de cárcel, en un veredicto a estudio ahora de la Cámara Federal de Casación.

En el caso que se acaba de enviar a juicio a un tribunal oral de Comodoro Py, hay dos exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia con prisión domiciliaria y otro acusado, Aldo Sánchez, detenido en el penal de Marcos Paz.

Los enviados a juicio son D’Alessio, Bidone, dos exagentes de la AFI cuya identidad se preserva, Sánchez, Pablo Bloise, Marcelo Carthy de Gorritti, Mariano Diaz, Eduardo Menchi, el oficial de Prefectura Naval Franco Pini y el excomisario de la Policía bonaerense Norberto Degastaldi.

Una de las acusaciones de extorsión a D’Alessio gira en torno al empresario Etchebest, a quien «habría exigido ilegítimamente» y «en nombre del fiscal federal Carlos Ernesto Stornelli» el pago de 300.000 dólares a cambio de «no quedar involucrado» en la causa conocida como «Cuadernos» entre enero y febrero de 2019.

En otro caso se le reprocha a D’Alessio como parte de la asociación ilícita que encabezó según la acusación, «frente a un supuesto requerimiento efectuado por Carlos Stornelli, tareas de recopilación de información respecto de Jorge Christian Castanon», un piloto expareja de la mujer del fiscal porteño.

«También se reprocha a Marcelo Sebastián D’Alessio haber desarrollado, en el marco de la asociación ilícita, tareas de recolección de información -identificadas por la Comisión Provincial por la Memoria como «contrainteligencia»-, con relación a Natacha Jaitt y Mirtha Legrand, así como a los Sres. Eduardo Miragaya, Ignacio Viale, Raúl Martins, Gustavo Vera y Gabriel Anello», enumera el requerimiento de elevación a juicio fiscal.

Sobre la acusación de lavado de activos irán a juicio los miembros de un grupo que se llamó «Buenos Aires» en la red de mensajería WhatsApp formado por D’Alessio, Bloise, Gorritti, Sánchez y un exagente de la AFI.

Todos habrían sido parte entre marzo y diciembre de 2018 de «una organización criminal dedicada a negociar, coordinar y concertar operaciones financieras internacionales varias veces millonarias en dólares estadounidenses o euros, que involucraban fondos de origen ilícito, el cual se pretendía disimular mediante un esquema especialmente diseñado para ingresar el dinero en el mercado legal y dificultar la trazabilidad de esos activos».

El Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles por siete votos contra cinco una resolución para que el presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, pueda tomar decisiones administrativas y presupuestarias a partir del viernes, cuando se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para que caduque la actual composición.

Luego de una intensa aunque amable discusión, el cuerpo decidió por el voto de la mayoría reservar potestades para garantizar el funcionamiento del sistema judicial, aún con la oposición de cinco consejeros que no consideran necesarias esas facultades.

Por la positiva votaron el mismo Lugones más los consejeros Graciela Camaño, Diego Molea, María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Vanesa Siley y Gerónimo Ustarrozno; mientras que por la negativa se pronunciaron Juan Manuel Culotta, Diego Marias, Carlos Matterson, Ricardo Recondo y Pablo Tonelli.

Previo a la definición, el juez Recondo intervino para señalar que “a partir del día 120, hemos dejado de ser el Consejo así que cualquier actividad va a ser una ultractividad y no podemos hacerlo y me da absoluta tranquilidad que la Corte va a resolver”.

En igual sentido se pronunció el representante de los abogados Marias, cuando aportó que “ante una situación de incertidumbre la Corte tiene que actuar porque es la cabeza del Poder Judicial: no tiene margen para no actuar” y apeló a que “confiemos en la actuación de la Corte”.

La confianza en la Corte de Recondo y Marias no fue compartida por el impulsor de la iniciativa Lugones que priorizó que “no podemos permitir que el Poder Judicial se pare”.

“No me gusta el fallo de la Corte pero como juez debo cumplirlo”, aclaró Lugones y planteó que, si el presidente de la Corte asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería “una especie de intervención”.

Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto.

Si bien la ley para la reforma del Consejo consiguió media sanción en el Senado, todo indica que Diputados no logrará su sanción antes del viernes, con lo cual regirá la ley previa a 2006, que integraba el Consejo con veinte miembros y la presidencia a cargo del titular de la Corte, en este caso, Horacio Rosatti.

Desde la publicación del fallo, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo “exiguo” que fijó la Corte, y de hecho llegó a elegir la nueva representante de los jueces, la civilista Agustina Díaz Cordero, y las nuevas abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez.

En la misma reunión plenaria, el Consejo -pero esta vez por unanimidad- postergó la votación de las ternas ya listas para elevar al Poder Ejecutivo para que elija los eventuales candidatos y los traslade al Senado para el acuerdo que fija la Constitución.

 

Las ternas deben ser elegidas por una mayoría especial de 9 votos, en la actual composición de 13 miembros, que no se alcanzó por la complejidad política que atraviesa el organismo.

“Es cierto que no vamos a aprobar ninguna terna –sinceró Tonelli-: Nos faltó diálogo y conversación entre nosotros”.

En cuanto a las facultades para afrontar el vencimiento del viernes, el texto aprobado ajustó las funciones que cumplirá Lugones.

“Representación en juicio, ejecución de los actos de administración necesarios para la asistencia y soporte material de los tribunales de justicia y del propio Consejo, gestión de los recursos humanos bajo la superintendencia del Cuerpo en las materias impostergables -licencias que exceden las facultadas de los funcionarios de máxima jerarquía e inicio de actuaciones disciplinarias- y asignación de asuntos a las diferentes comisiones al sólo efecto de su radicación”.

Para aquellas circunstancias que excedan lo contenido en el punto resolutivo uno, en el punto dos se aclaró que “el actual presidente del Cuerpo (Lugones) se encontrará facultado para establecer un procedimiento de consulta que requerirá la conformidad de al menos nueve consejeros/as”.

Los nuevos miembros del estamento técnico (jueces, abogados y académicos) terminarán de completarse el lunes 18, con lo cual la Corte estaría a partir de allí en posición de tomarles juramento para que asuman.

En el caso de los miembros políticos (legisladores), que se deben incorporar a la nueva integración, el Juzgado Federal 2 de Paraná firmó ayer una cautelar solicitada por el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT), en la cual ordena a los presidentes de las Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación que se abstengan de designar nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura.

«El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006», expresó el diputado entrerriano.

 

El Juzgado Federal 2 de Paraná firmó el martes una «medida cautelar interina o precautelar» solicitada por el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto, en la cual ordena a los presidentes de las Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación que se abstengan de designar nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura.

«El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006″, expresó el diputado entrerriano a través de sus redes sociales.

Casaretto recordó que el jueves de la semana pasada el Senado dio media sanción a «un proyecto que debemos tratar en forma urgente en Diputados, garantizando el equilibrio en la representación tal como indica el artículo 114 de la Constitución Nacional y la participación de la oposición».

 

De no lograrse una aprobación en la Cámara baja antes del viernes, ambas Cámaras del Congreso deberían designar a un representante cada una para completar la nueva integración del organismo que complete los 20 consejeros, según dispuso un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Esa nueva composición es la que volvería a tener vigencia en caso de que el Congreso no sancione la ley en el plazo establecido por la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la norma que actualmente está vigente.

Al tanto de la medida precautelar, el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri, tuiteó que «el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley«.

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, y su par de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, participaron el martes del ciclo de charlas «Malvinas nos une» emitido por la TV Pública, en la que describieron la censura que hubo por parte de la dictadura cívico-militar en los medios que conducen y también hablaron sobre el rol de los medios privados que se vieron beneficiados por el «factor económico» para «reproducir con creces» la órdenes que recibían.

«Esta situación de normalidad (que se mostraba sobre las Islas Malvinas) y las pautas que da la dictadura son reproducidas con creces por medios privados, que lo hacen para sostener ideológicamente ese proyecto pero también hay un factor económico. Primicia significaba dinero, aumenta muchísimo el tiraje, el rating y empieza la maquinaria periodística que hoy conocemos en un periodismo basura que también tiene sus propias lógicas y se reproduce», explicó Llorente en la charla «El que no salta. Medios, censura y autocensura», transmitida por la TV Pública.

Por su parte, Lufrano destacó que al tratarse de una dictadura «había una comunicación unilateral» en la que los medios «estaban todos en manos del Estado, había solo tres radios privadas y el resto recibía órdenes«, mientras recordó el Comunicado N°19 de la junta militar del 24 de marzo de 1976, que recluía con una pena de diez años a quien «difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas».

Además, Llorente precisó que la junta militar había dispuesto que los únicos medios que tenían corresponsalía en las Islas Malvinas fueran «Télam y ATC (canal 7)» pero que igualmente «no les dejaban sacar determinadas imágenes» y que la información que se producía tenía como destino un Comando Mayor Conjunto en el que si recibían «200 fotos de Télam le daban dos o tres» solamente.

 

«¿Qué pasaba con el resto de las fotos? Nosotros siempre hemos visto a la dictadura en su faceta más genocida pero también hay una faceta muy importante que es la corrupta. Por qué no van a vender fotos si vendían los bienes de los desaparecidos? En la ex ESMA estaban los prisioneros y arriba sus bienes, esto también pasaba en la guerra», añadió.

Asimismo, comentó que durante el conflicto bélico se llegaron a «inventar dos o tres agencias de noticias» que eran en realidad «servicios de inteligencia» que se encargaron de vender fotos a medios internacionales y locales.

«Había material sobre el cual Télam y ATC no tenían ningún control. Se llegó a vender una visita a la TV estadounidense a 300 mil dólares. El mundo estaba ávido de consumir esas noticias y ese material», explicó la politóloga y presidenta de la agencia de noticias.

Consultada por el proceso de censura en la televisión pública, Lufrano explicó que «había un sistema de postas» en el que «se miraba todo lo que se grababa y se decidía ahí que es lo que llegaba a Buenos Aires y se emitía».

«Cuando hablo de postas, hablo de filtración, y hablo de censura de ese material», añadió, a la vez que explicó que en «todos los medios» se hablaba «solamente de Malvinas para ocultar lo que pasaba en el resto del país», en referencia a los problemas económicos, políticos y sociales que se vivían en la época.

 

«La estrategia ha sido siempre la misma, no es una cosa especial armada para la guerra. Respecto de los desaparecidos, los militares decían que estaban ‘vivitos y coleando’ en Europa, paseando por París. Había una máquina armada para ocultar todo lo que ocurría en Argentina, a través de la censura, la desinformación y el armado de fotos», completó.

Llorente y Lufrano estuvieron acompañadas en el encuentro por el subdirector ejecutivo de Radio Nacional Buenos Aires, Gustavo Campana; la doctora en Ciencias Sociales especializada en fotoperiodismo Cora Gamarnik y la integrante de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Camila Bonetti.

Luego de recordar la historia de un soldado de Malvinas y de contextualizar sobre la tortura a la que muchos fueron sometidos por los oficiales argentinos, Campana reflexionó que el hecho de que se haya tomado contacto con ese tipo de historias recién en la actualidad y no hacia «fines del 82 o principios del 83» es «lo más parecido a no haber visto el Juicio a las Juntas en directo, todas las tardes, a través de los medios públicos en toda la Argentina».

 

Cora Gamarnik reconoció «la tarea del Centro de Excombatientes de la Plata que sigue insistiendo en la necesidad de juzgar a los propios militares que torturaron a los soldados argentinos«.

En la misma línea, la investigadora del Instituto Gino Germani, que mostró durante el encuentro varias operaciones realizadas en las ediciones de los diarios y revistas de la época, advirtió sobre «la incomodidad que siempre genera Malvinas» y planteó que todavía «falta mucho para pensar y seguir investigando y no sólo cuando se cumplen los 40 años«.

Por otro lado, Bonetti destacó el cambio que hubo «en la política exterior» a partir del 2000 que repercutió en un «cambio de los medios» en el tratamiento de Malvinas, y destacó cómo la causa por las islas «tiene gran presencia en el pueblo argentino», pero aún más en la «Patagonia».

Luego de recordar que se instaló en la Radio de Río Grande un transmisor que permitió que la vigilia que se realizó el 1 de abril «llegue a Malvinas» siendo la «primera radio bicontinental», la presidenta de RTA afirmó que «tenemos el deber como medio público de hacer esto, no lo hacemos por obligación sino porque lo sentimos».

Por su parte, Llorente instó a «mirar Malvinas con proyección» porque «no es el pasado sino el futuro» y esa es «una de las cosas que tienen que entender los argentinos».

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantendrá este lunes a las 11 una reunión de trabajo con la Comisión interministerial de Salud Mental, en Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se reunirá con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, a las 11.45.

En tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, tendrá una reunión con el copresidente de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (Eurolat), Javier López, a las 11 y más tarde, a las 15, recibirá a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Argentina, Claudia Mojica.

A diferencia de lo sucedido en 2002, cuando todos los partidos llamaron a votar a favor del conservador Jacques Chirac y contra el aspirante de ultraderecha Jean-Marie Le Pen -padre de Marine-, el conocido como «frente republicano» no se ha reproducido 20 años más tarde en un país, donde los tradicionales partidos de gobierno -el Partido Socialista del expresidente Francois Hollande y el conservador Los Republicanos (LR) del exmandatario Nicolas Sarkozy- sufrieron sus peores derrotas electorales.

Sólo dos candidatos llamaron a sus bases a votar de forma clara a favor de Macron y «contra la extrema derecha» de Marine Le Pen: la socialista Anne Hidalgo (1,8% de los votos preliminares) y el ecologista Yannick Jadot (4,5%).

En tanto, el comunista Fabien Roussel (2,4%) pidió «impedir que la señora Le Pen tome el poder» y llamó a «todos los franceses a servirse de la única papeleta a su disposición para vencerla en segunda vuelta», según publicó el diario Le Monde.

La candidata de LR, Valérie Pécresse, también anunció que iba a votar «conscientemente» por Macron «para impedir la llegada al poder de Marine Le Pen», pero no dio ninguna consigna de voto a su electorado, dada la división interna que sufre su partido entre radicales y moderados.

De hecho, su correligionario y finalista de las primarias, Éric Ciotti, quien representa al ala radical de los conservadores, manifestó que «no votará por Macron» en el balotaje y tampoco dio consigna de voto.

El aspirante de izquierda y tercero de esta primera vuelta (21,1%) Jean-Luc Mélenchon, cuyo electorado será clave para definir la segunda vuelta, instó a sus tropas a «no dar ni un solo voto a Le Pen», aunque sin pedir el voto por Macron, en un intento de marcar sus distancias con el mandatario.

«Les toca a usted actuar (…) Sabemos por quién no debemos votar nunca», dijo ante una multitud.

Algo similar hizo el candidato anticapitalista Philippe Poutou (0,8%), quien tampoco dijo a quién votar pero pidió no dar «ni un voto» a la ultraderecha. En cambio, la otra candidata anticapitalista Nathalie Arthaud (0,6%) optó por no manifestarse al respecto.

Sin sorpresas, el periodista y candidato de ultraderecha Éric Zemmour (7%) llamó a votar por Le Pen: «Tengo muchos desacuerdos con Marine Le Pen. Pero se enfrenta a un hombre que ha traído 2 millones de inmigrantes, que nunca ha mencionado el tema de la identidad. Yo no me equivocaré de adversario», afirmó ante sus simpatizantes.

También lo hizo el candidato nacionalista Nicolas Dupont-Aignan (2,1%), quien ya le había manifestado su apoyo en el balotaje de 2017, en el que la líder de Agrupación Nacional resultó derrotada por dos tercios de los votos.