La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas marplatenses al hacer lugar a una medida cautelar, la que será apelada por el Gobierno nacional a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación, informaron fuentes oficiales.

El titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.

De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Tras darse a conocer la medida judicial, en la noche del viernes el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada», y se manifestó «convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».

«La exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».Darío Martínez, secretario de Energía

«Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad», afirmó Martínez en declaraciones difundidas por su Secretaría.

El titular de la cartera energética, adelantó que en consecuencia «se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente».

La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevado adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi US$ 800 millones.

La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente.

 

El Gobierno el 30 de diciembre otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.

En su resolución, el juez indicó que aceptaba la medida cautelar presentada en su momento por el intendente y ambientalistas por «el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)».

También argumentó la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión; y las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

El juez Martín citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse ‘desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’”.

“No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”.

El Tribunal Oral Criminal y Correccional 7 comenzará a juzgar este lunes las responsabilidades penales de 13 personas -entre empresarios, funcionarios del Gobierno porteño y policías-, por el derrumbe de un entrepiso en el boliche «Beara» del barrio de Palermo que provocó la muerte de dos mujeres y más de 50 heridos.

En la madrugada del 10 de septiembre de 2010, en el local Beara de Scalabrini Ortiz 1.638, el grupo «Ráfaga» ofreció un recital y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50, el entrepiso en el que se encontraba el sector vip colapsó y se derrumbó sobre la planta baja.

Como consecuencia de la caída, murieron aplastadas Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años respectivamente, y quedaron con heridas diversas más de 50 personas.

En el banquillo de los acusados estarán los responsables del boliche, exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas para permitir las irregularidades.

Los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess -socios en la firma que explotaba el boliche- están acusados por «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves».

 

Además, los tres empresarios deberán afrontar también una acusación por «cohecho activo en concurso real», derivada del presunto pago de coimas para lograr la habilitación del local.

Beara estaba habilitado en las categorías restaurante, café bar, despacho de bebidas y casa para fiestas privadas, pero no como discoteca, y las pericias consignaron que el entrepiso, de unos diez metros de ancho por siete de largo y ubicado a unos diez metros de altura, era de «aluminio y durloc, con partes de madera».

También deberá afrontar este juicio el exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, acusado de los delitos de «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real».

Del mismo modo, están procesados con distintos niveles de responsabilidad, los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski.

Beara obtuvo su habilitación como bar en 2007 y dos años después sus propietarios pidieron la habilitación como «casa de fiestas privadas» pero el local funcionaba como boliche encubierto y había sido clausurado dos veces antes del derrumbe.

Según los testimonios relevados en el marco de la investigación, cualquiera que pagara 20 pesos de la época podía acceder a Beara y en general la capacidad del boliche, y del entrepiso, se encontraba colmada.

En el grupo de acusados estarán también los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche.

 

En la computadora de Beara, secuestrada por la Justicia, se encontraron registros del pago de «coimas» a los funcionarios públicos y a los policías involucrados.

Los integrantes de Ráfaga dijeron en el momento que había mucha gente en el local y que la mayoría saltaba mientras el grupo musical tocaba, aunque algunos testigos señalaron que la propia banda alentaba al público a que lo hiciera.

En la elevación a juicio, el fiscal Andrés Madrea remarcó que «tanto los titulares de la sociedad, sus profesionales empleados y el coorganizador de la noche -así como los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que les compete- han sido quienes tenían el dominio del hecho, toda vez que eran quienes se encontraban en posición de garantes específicos».

«Desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación, desde la explotación como tal al control previo para su uso y su subsistencia como tal, ello, al crear una serie de riesgos relevantes derivados tanto de la edificación defectuosa, hasta de la ejecución de un plan llevado a cabo por actos -activos y omisivos- que llevaron a la provocación del resultado con evidente omisión y desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes», definió el fiscal al momento de recomendar que se los someta a juicio oral.

Las audiencias comenzarán este lunes a las 9, aunque antes el tribunal integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achával, definirán una serie de pedidos que hicieron las partes en el juicio.

En el debate intervendrá el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General 7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, participó en la ciudad de Buenos Aires de la presentación del “Protocolo Aula Cuidada y Segura para el Manejo y Control de COVID-19 en establecimientos educativos en los niveles inicial, primario y secundario”, que fue encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y su par de Educación, Jaime Perczyk.

La presentación se realizó en el Museo del Bicentenario con la participación de ministras y ministros de Salud y Educación de las distintas jurisdicciones del país tras una reunión conjunta del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal de Educación.

En representación del Ministerio de Educación del Chubut, asistió el subsecretario de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión, Miguel Casanova.

El protocolo fue elaborado por las áreas técnicas de la cartera sanitaria nacional con los aportes recibidos del Ministerio de Educación de la Nación, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El protocolo para la vuelta a las clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario consta de seis pilares: vacunación, uso de barbijo, asistencia cuidada, ventilación, higiene y limpieza, y distancia. A continuación se detallan las características:

Vacunación

Se fortalecerá la aplicación de vacunas contra el COVID-19 así como la cobertura completa de las vacunas del Calendario Nacional, tanto en alumnos y alumnas como en docentes, no docentes y el resto de comunidad educativa. Es importante la vacunación en toda la población y se enfatiza que la vacuna propia y del grupo es un pilar fundamental para proteger a las personas con factores de riesgo.

Uso del barbijo

El barbijo deberá ser utilizado correctamente en las aulas, tapando nariz, boca y mentón. Además tiene que estar bien ajustado a la cara durante toda la jornada educativa en espacios cerrados, mientras que en lugares abiertos no se requiere su uso pero se aconseja mantener la distancia en ese contexto.

Debe ser usado por niñas, niños y adolescentes a partir del nivel primario y por personas adultas de todos los niveles. Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1,5 metros.

Asistencia cuidada

Se elimina el sistema de burbujas. La sospecha y confirmación de casos requiere que se investiguen y corrijan condiciones que puedan estar aumentando el riesgo de contagios. No implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

Las definiciones epidemiológicas de caso de COVID-19 aplicables en el ámbito escolar son las mismas que para la población general recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación, las cuales son dinámicas y sujetas a modificación.

Es por ello que las y los alumnos y el personal no deben asistir a la escuela ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, independientemente del estado de vacunación; si tienen COVID-19 confirmado por test de laboratorio o criterio clínico-epidemiológico, aunque se trate de un caso asintomático; o si han tenido contacto estrecho con un caso confirmado y no cuentan con vacunación o tienen esquema incompleto.

Las personas con sospecha o confirmación de COVID-19 por cualquiera de los criterios vigentes, ya sean alumnos, alumnas o personal docente y no docente, no deben acudir a la escuela y deberán permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes para la población general. Así, quienes cuenten con esquema de vacunación completo, realizarán 7 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más 3 días de cuidados especiales. Los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto cumplirán 10 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.

Respecto de los contactos estrechos de casos confirmados, se aplicará el protocolo vigente para la población general. Así, las personas asintomáticas menores de 18 que cuenten con esquema completo, o los asintomáticos mayores de 18 que tengan dosis de refuerzo, no realizarán aislamiento y podrán concurrir a la escuela siempre que cumplan de manera estricta con los cuidados indicados (uso adecuado de barbijo y ambientes ventilados). Deberán además evitar concurrir a eventos sociales o masivos y realizar un automonitoreo diario de síntomas.

En el caso de los contactos asintomáticos que cuenten con esquema inicial de vacunación completo o que hayan tenido COVID en los últimos 90 días, no se realizará aislamiento pero, según definición jurisdiccional, se les podrá requerir un test diagnóstico negativo entre el día 3 y 5. Deberán asimismo cumplir de manera estricta con los cuidados indicados (uso adecuado de barbijo y ambientes ventilados), evitar concurrir a eventos sociales o masivos y realizar un automonitoreo diario de síntomas.

Por su parte, los contactos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto deberán cumplir 10 días de aislamiento desde el momento del último contacto con un caso confirmado.

En las situaciones antes mencionadas y pasado el período de aislamiento no será necesario realizar una prueba diagnóstica para el alta ni presentar certificado médico para reintegrarse a la actividad educativa presencial.

Además, las autoridades sanitarias elaboraron las definiciones epidemiológicas de sospecha de brote de COVID-19 en un aula. Así, se sospechará de un brote ante la presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos y alumnas del aula –o entre alumnos, alumnas y docente, para el caso de docentes permanentes– asociados epidemiológicamente en un periodo igual o inferior a 7 días.

Ante la sospecha, se deberá realizar una investigación de brote y emprender de forma inmediata medidas correctivas (como correcta ventilación, uso de barbijo, etc.). Serán las autoridades educativas y sanitarias quienes definan, de acuerdo a los resultados de las investigaciones, el alcance y temporalidad de las medidas adoptadas.

Cabe destacar que la sospecha de brote en el aula no implicará la interrupción de las clases. La medida podrá ser evaluada como parte del control una vez que la autoridad sanitaria de la jurisdicción.

El Consejo Regional del Norte Grande, integrado por diez gobernadores de diferentes signos políticos, realizará hoy en la ciudad misionera de Puerto Iguazú la primera reunión del año con una agenda variada de temas, entre los que se destacan obras públicas estratégicas y tarifas diferenciales para la energía eléctrica y el transporte público.

Con el imponente marco de las Cataratas del Iguazú, los mandatarios de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero volverán a discutir -desde las 10.30- «temas centrales para el desarrollo de la región» en el octavo encuentro del Consejo del Norte Grande, que contará también con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, con el que «se está trabajando en conjunto para lograr avances en cada ítem».

Desde la Casa Rosada confirmaron a la agencia Télam que asistirán al encuentro que se desarrollará en el Hotel Gran Meliá Iguazú –dentro del parque nacional-, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas); Alexis Guerrera (Transporte); el secretario de Energía, Darío Martínez; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; y el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Según la agenda de actividades que manejan los organizadores, tras la deliberación de los gobernadores y los funcionarios a puertas cerradas, se realizará una conferencia de prensa a partir de las 13.30, y luego compartirán un almuerzo.

El temario consta de doce puntos, entre los que se destacan: un plan de infraestructura para mejorar la logística con el Corredor Bioceánico Norte; la implementación de una tarifa energética diferencial; subsidio al transporte público de pasajeros; un plan para el desarrollo del litio; la Hidrovía Paraná – Paraguay; y fijar una zona franca para un sistema de transferencia de cargas y puerto seco.

Luego de haber recibido a algunos gobernadores de esa región semanas atrás, Manzur se reunió ayer con el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, “con el objetivo de seguir trabajando por la optimización del sistema energético en el Norte Argentino. Redoblamos esfuerzos para afianzar un país más federal”, señaló el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.

Este punto de subsidios a la energía eléctrica y al transporte público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es uno de los reclamos recurrentes de los gobernadores de todas las regiones del país y excede el color partidario.

En ese sentido, los mandatarios de Juntos por el Cambio de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Jujuy, Gerardo Morales, han expresado esta situación y coincidido con el resto de los gobernadores que “es una discriminación más”, por lo que se diferencian con la postura del jefe de Gobierno porteño,

Horacio Rodríguez Larreta, que rechaza la quita de subsidios al transporte público alegando que es “un embate más del Gobierno nacional a la Ciudad”.

Así las cosas, todos los gobernadores tienen como meta avanzar con lo que se denomina ‘Zona Caliente’, en comparación a la Zona Fría que lograron varias provincias para tener una tarifa de gas subsidiado por ser una región de bajas temperaturas.

Uno de los que impulsa este tema es el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien días atrás sostuvo que «la idea es ratificar -en la cumbre de Iguazú- lo que habíamos iniciado antes del tratamiento de la ley del Presupuesto 2022 que se frustró en el Congreso de la Nación» respecto a la tarifa diferencial energética.

Por este tema se hizo un estudio minucioso y la propuesta de Capitanich cuenta con el aval de sus pares del Norte Grande, ya que prevé una tarifa energética diferencial, sobre todo en los meses de mayor consumo y donde las olas de calor son un factor determinante.

A pesar de que no figura en la agenda a tratar, la principal cuestión que atraviesa a todos los temas será el compromiso explícito del Gobierno nacional en mantener los recursos asignados a las obras públicas previstas para este año, que se han quedado sin sus respectivas asignaciones debido a la falta de la aprobación del Presupuesto 2022.

El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, fue autorizado a viajar a San Pablo (Brasil) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) por el juez Julián Ercolini, lo que generó el repudio de los familiares de las víctimas de la tripulación del submarino ARA San Juan, quienes denunciaron que al exfuncionario “se le permitió no cumplir con la ley”.

Días atrás, Arribas había solicitado la autorización judicial para salir del país desde el 18 de febrero hasta el 25 de abril de este año, lo que fue aceptado este jueves por Ercoloni, quien en su fallo indicó que “no existe obstáculo alguno para acceder a lo peticionado” por el extitular de la AFI, procesado en dos causas que se siguen por espionaje ilegal.

El fallo judicial destacó que “Arribas se comprometió, en caso de ser requerido, a interrumpir su viaje y regresar a suelo argentino”, y que “se ha acompañado la información relativa a los viajes en torno a sus destinos y pasajes”.

Los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan presentaron un documento en el que rechazan esta autorización y aseguran que a Arribas “se le permitió no cumplir con la ley”.

Asimismo, Ercolini dictaminó que Arribas “deberá presentarse dentro de las 48 horas de su regreso en la comisaría con jurisdicción en su domicilio a los efectos de dar cuenta de su arribo y hacer entrega del pasaporte al tribunal -que se le deberá aportar para el viaje-, como así informar en forma válida e inmediata a esta sede cualquier modificación del itinerario autorizado”.

Al respecto, los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan presentaron un documento en el que rechazan esta autorización y aseguran que a Arribas “se le permitió no cumplir con la ley”.

“Arribas no presentó en idioma español y no fue debidamente acreditada (por él) una invitación de Emiratos Árabes Unidos y tampoco informó sobre los motivos del viaje», dijeron.

“Solo presentó los pasajes y una promesa de volver”, denunciaron desde una de las querellas que representa a familiares de los tripulantes en la causa de espionaje ilegal que se sigue contra ellos y en la cual se encuentra también procesado el expresidente Mauricio Macri.

«No estamos errados desde esta querella cuando nos hemos opuesto al pase de esta causa espionaje a (los tribunales federales de) Comodoro Py. Hoy quedó expuesto en ese ámbito no hay igualdad ante la ley”, remarcaron.

“Lamentamos comunicar que, en caso de seguir la causa de espionaje en la cofradía de los juzgados de Comodoro Py, se diluyen las chances de obtener justicia, en la misma proporción que se perdían las chances de vida de los tripulantes en cada llamado desde el submarino”, concluyeron.

Arribas está procesado en las causas en las que se investigó el espionaje ilegal desde as bases AMBA de la AFI y en el seguimiento a las familias de los tripulantes del ARA San Juan.