Hay dos realidades que chocan de frente, técnicamente irreconciliables. Pero el problema no es tanto ése como el desconcierto social alrededor de ambas, que incluye a especialistas en economía y analistas de todo tipo. Conviene repasarlas, aunque sean obvias.

En la realidad paralela de Javier Milei, los salarios ya le ganan a la inflación. Los jubilados incrementaron sus ingresos en dólares, en un 150 por ciento. El superávit fiscal es una fiesta jamás conseguida por nadie en tan poco tiempo, gracias a lo que él define como “el ajuste más grande en la historia de la humanidad”. Los tarifazos brutales, que todavía no terminaron de desplegarse, son un simple reacomodamiento. El costo continúa pagándolo la casta política. Y el mundo, pese a que lo único logrado hasta ahora por el Presidente son selfies y discursos de la guerra fría en ámbitos de buitres, empieza a desesperarse por invertir en Argentina.

Apenas con el abordaje de algunos de esos aspectos, Ione Wells, periodista de la BBC, le pegó a Milei un baile que, puesto en parangones futbolísticos, sería equiparable al de Holanda sobre la selección nacional en el Mundial de 1974. O al primer tiempo contra Francia en la última final. Fue la primera entrevista que concedió el Presidente. En su entorno hubo furia y reproches, por no haber previsto que la colega británica, con el solo recurso de preguntas incisivas, sin agresiones, pondría a Milei en los aprietos que nunca atraviesa cuando tiene enfrente a uno o varios de sus coreutas.

Se vio entonces a un mandatario nervioso, al borde de buscar la puerta de salida, quien no pudo hacer más que incurrir en respuestas ridículas y dignas de su aislamiento.

A propósito de esa reclusión: abundan los juicios psicologistas acerca de que es un proceder natural en alguien carente de familia, amigos y gente de confianza, que además y casi exclusivamente vive en las redes adictas. No caeremos en subrayar esos señalamientos. Tampoco se dice que sean descartables. Nuestras atribuciones y aportes, con aciertos y errores, son evaluar causas, actos y consecuencias políticas. Y no el influjo que puedan tener en ellas las características personales, la cantidad de perros o si Milei habla con alguno que está muerto hace rato.

En aquello de la realidad realmente existente, sin siquiera atender lo que se observa a simple vista, los índices industriales se desplomaron a valores de la pandemia. Como reseñó David Cufré en su columna de este sábado, después de Martínez de Hoz, menemismo y macrismo, Argentina asiste al cuarto proceso histórico de desindustrialización. Las cuatro M.

Los sueldos entre diciembre y marzo quedaron bien por debajo de la inflación. Son cifras oficiales del Indec y de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estables (RIPTE), que elabora la secretaría de Seguridad Social en base a los 10 millones de trabajadores formales del sector público y privado.

Los jubilados que cobran la mínima, en los primeros cuatro meses del año, perdieron el 24 por ciento real de sus haberes. Y el resto, un 37 por ciento.

La presunta marcha atrás de las empresas financieras que ofrecen medicina prepaga está (muy) en veremos. Y eso, como si pudiera descartarse el saqueo sin retorno que perpetraron hasta el intervencionismo estatalista del ministro de Economía. Según todos los datos obrantes en on y off, tiene muchas más ganas de irse que de quedarse. Producto de su realidad paralela, Milei no le perdona que no haya conseguido un solo dólar de los millones que le prometió por parte del FMI, otros organismos internacionales, China, países árabes, etcétera.

Federico Sturzenegger y José Luis Espert siguen en las gateras para reemplazar al fusible, del mismo modo en que se sumó una interna al parecer despiadada entre Caputo Santiago y la Hermana en Jefe contra Caputo Toto y el mudo Nicolás Posse. Asuntos de negocios, por supuesto, a los que se adosaría el malestar de los bancos por ciertas preferencias oficiales a favor de Mercado Pago.

Ya sin empleo de potenciales, son los propios economistas de la ortodoxia quienes agregan que el invento del superávit fiscal no resiste el más mínimo examen.

Dejamos para entendidos los detalles puntuales de ese delirio, que según Milei lo convierte en el líder más admirado del planeta. Pero hay dos, por lo menos, que no requieren mayor escudriño.

La deuda que tomó el Banco Central con los importadores, mediante el BOPREAL, Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (???), supera los 11 mil millones de dólares. Es parte de la plata que el Gobierno hace que no existe para inventar superávit, y equivale a las compras de divisas que hizo el Central entre diciembre y marzo. Segundo, y ergo, no hay ninguna acumulación de reservas que no esté apoyada en un trazado de arena.

Otro bono es, asimismo, lo que el Gobierno quiere encajarle a las compañías energéticas para patear la deuda con ellas.

Milei había dicho, a poco de asumir, que ese “temita” se resolvería casi de inmediato. En estos días, trasladó la solución hacia mediados de año. Junio, pronosticó. Y es probable que cuando llegue junio calcule otra fecha gracias a su calendario también paralelo, según el cual era posible que la recuperación económica se viera ipso pucho. O cuando en unos 45 años lográramos ser Alemania. O Irlanda. O Estados Unidos. Nombró a los tres. Se’ igual.

Va variando según el día en que declara ante sus publicistas que ofician de entrevistadores. Se supone, con ingenuidad, que después del papelón con la corresponsal de la BBC en Sudamérica tendrán que esforzarse en disimular bastante mejor.

Es en medio de estas realidades contrastantes, o directamente distintas, donde se inscribe lo que parece ser una sociedad absorta, desanimada, que en una parte afirma confiar porque en verdad lo cree o porque siente que otra no le queda. Y, complementario, la parte restante se opone al Gobierno de manera tenaz, cada vez que le surge la oportunidad, pero sin encontrar de qué agarrarse porque la oposición es una lágrima. Es mitad y mitad, puntos más o puntos menos, de acuerdo con cualquier encuesta que se consulte a un lado y otro y, también, con lo que refleja el termómetro de “la calle”.

El paro de la CGT, ambas CTA y variados sectores fue contundente, como lo fueron los comercios abiertos. La polémica es eterna sobre cómo medir la influencia del transporte público que no hubo, junto al peso de los sindicatos fabriles. Pero, en cualquier caso, lo verdaderamente vigente es la renovada pregunta de cómo sigue.

¿Es el comienzo de una escalada conflictiva o fue una “escaramuza” del gremialismo “profesional”?

¿Es veraz que los dirigentes cegetistas dan a cosa vieja, nada confiable, bien que a esta altura no hay ningún lugar donde centrales obreras obtengan la foto de un país parado que recorrió el mundo? Sí. ¿Y es veraz que no toda “la gente” está dormida, que hay resistencia, que hay músculos para enfrentarse al Gobierno porque no es necesario esperar más para saber y sufrir de qué se trata su orientación? Sí.

¿La ley Bases entró a otro capítulo de renegociación porque el oficialismo no consigue llevarse a todos por delante y tiene que continuar transando, al límite de que ni tan sólo alcanzó dictamen de comisión favorable? Sí. ¿Y no se advierte que eso signifique más que una oposición que puntea las cartas, que especula tribu por tribu, que carece de toda conducción dirigencial? Sí.

En otras palabras, ya cansadoras, la realidad paralela en que viven y ejecutan Milei y sus mandantes -sin perjuicio de que semejan ir derecho al iceberg- es posible mucho antes por la ausencia de opciones que por sus méritos.

Después se puede y debe discutir cómo se llegó a esto.

Pero la urgencia y lo importante es que el enfrentamiento tenga alguna dirección capaz de agrupar lo que une y disociar lo que separa.

De lo contrario, y aunque fuere en el corto plazo mientras sufre la gente, y no los números, Milei podrá seguir imponiendo o persuadiendo con su realidad paralela.

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En el debate en comisión, advirtieron que la «Ley Antimafias» vulnera garantías constitucionales y no ataca «el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales»

El paquete de proyectos de ley con el que Patricia Bullrich promete combatir el crimen organizado y los problemas de seguridad no tuvo la mejor de las bienvenidas en la Cámara de Diputados. El miércoles último, aunque poco trascendió, expusieron especialistas en las Comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior: la mayoría destrozó la propuesta de «Ley Antimafias» presentada por la ministra como respuesta ante los asesinatos y hechos de violencia ligados al narcotráfico y al crimen organizado en Rosario. No sólo señalaron defectos de constitucionalidad y vulneración de derechos. Advirtieron que la norma diseñada parece pensada para perseguir pandillas sin ocuparse de lo crucial: «el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales».

Hay tres proyectos más en análisis. El de «reiterancia» (que permite detener a alguien solo por haber estado imputado antes) también generó objeciones de las/los expertos, y poco apoyo. Hubo referencias críticas al plan de ampliar el margen de la legítima defensa para los agentes de fuerzas de seguridad, para eximirlos de responsabilidad si matan o hieren. La expansión del banco de datos genéticos a «imputados y condenados» por todos los delitos mereció advertencias. Pese a que no suscitó mucha atención hacia afuera, la reunión de comisiones atrajo a diputados/as que no la integran.

La polémica ley Antimafias

Bullrich dijo que su ley «Antimafias» está inspirada en la Ley RICO estadounidense y la italiana enfocada en las mafias. Se aplicaría al «tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos» que «estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal». Agrava las penas de ocho a veinte años de prisión, solo por pertenecer a la asociación. Define «zonas de investigación especial» y aumenta facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la cartera de Seguridad. Habilita a detener por 48 horas por «averiguación» de delitos, permite allanamientos encadenados e interceptar teléfonos o redes y plataformas sin orden judicial.

María Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe, describió la violencia concentrada en Rosario, que llegó a tener una tasa de 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Nueve de cada diez homicidios –informó– son cometidos con «armas de fuego», un mercado ilegal que no aparece entre las prioridades de Bullrich. Vranicich advirtió un conflicto en puerta con el Gobierno nacional: las fuerzas y autoridades federales intervendrían en las «zonas de investigación especial», lo que amenaza las «las competencias investigativas» de las fiscalías provinciales.

El proyecto permite ampliar esa «zona sujeta a investigación especial» (una ciudad o un área) sin definir una zona geográfica, lo que habilita la acción ilimitada de fuerzas federales. El defensor ante la Cámara de Casación Penal Federal, Guillermo Todarello, señaló que se vulneran garantías constitucionales y el principio del juez natural. Las detenciones sin orden para pescar delitos chocan con las normas, que solo permiten hacerlo en flagrancia o ante la fuga de un penal. Los allanamientos e intervenciones de comunicaciones invaden la intimidad y privacidad. A Vranicich no le preocupan los arrestos y avala controles rigurosos en las cárceles porque dice que ahí se planifican los crímenes. El problema es que a veces la respuesta son más crímenes.

El proyecto, alertó el defensor, carece de claridad. Ni siquiera «define qué es una organización criminal» y al usar «el término verosímilmente no respeta el principio de legalidad». El proyecto agrega una tercera variante de la famosa «asociación ilícita» con penas de 8 a 20 años sin importar qué hizo cada miembro (el principio de responsabilidad).

La ley Antimafias de Bullrich se llevó palazos fuertes del abogado Pedro Biscay, del instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), quien trabajó en Estados Unidos con la ley RICO que le gusta a Bullrich. «El crimen organizado tiene dos socios fundamentales que no están en el proyecto de ley: el financiamiento ilícito de la política y la existencia cada vez más poderosa de un sistema financiero clandestino. Podríamos agregar la penetración del crimen organizado en estructuras estatales, la cooptación del Estado por parte de las mafias», dijo. Dio ejemplos como el que involucró en encubrimiento de narcotráfico al fiscal Julio Novo o el triple crimen de General Rodríguez.

Según Biscay, el proyecto «no mira a las mafias en su estructura real», se basa en «hacerle la guerra a las pandillas y a los bunkers», «que por supuesto tienen conexiones con la mafia», pero ignora «al crimen organizado y la mafia como un problema de mercados criminales, de empresas que funcionan lucrativamente». Esto, dice, es central en la ley RICO y la antimafia italiana. Pero en el proyecto, por caso, están los delitos financieros y el contrabando. «Hay un maridaje con la política y con el empresariado. Quien no quiera verlo que no lo vea», desafió. Pidió que no se vote la norma porque provocará un «efecto político criminal violento» sin reconfigurar la política criminal del crimen organizado».

Reiterancia

La diputada Myriam Bregman (FIT) estuvo en las comisiones y advirtió este sábado en la red «X» sobre los peligros del paquete de Bullrich. Como la figura de «reiterancia», que permitiría la detención de quien estuvo imputado o procesado por el delito que sea. «En distritos como Mendoza (la reiterancia) es usada para controlar férreamente a la población y también para encarcelar a los que protestan», escribió Bregman. El mismo tema se planteó esta semana en la Legislatura porteña, ya que Jorge Macri presentó en la Ciudad un proyecto equivalente. Hubo una audiencia con legisladores del FIT y UP y organismos de derechos humanos. Macri tiene el doble de detenidos que caben en las comisarías, pero los pondrá en containers.

El penalista Martín Monedero se alineó con Bullrich. Dijo: la «reiterancia» sirve para «proteger a los ciudadanos» y evitar que alguien «cometa nuevos delitos». Se sumó Diana Cohen Agrest, de Usina de Justicia: «si no hay reiterancia una persona puede ser condenada innumerables veces a una pena en suspenso». Dijo que los homicidas de su hijo y de Mariano Barbieri asesinado en Palermo, que tenían antecedentes. Cree que el delito solo se evita con encierro y ve «ridículo» hablar de «reinserción».

El contraste fue fuerte cuando habló José Ruiz Díaz, secretario de formación política y gremial de la UTEP y referente de la rama «liberados y liberadas», quien relató que estuvo 10 años preso y fue reincidente. Contó con orgullo la experiencia de los liberados que ingresan a cooperativas y polos productivos: «tenemos 1600 personas que no volvieron a la cárcel». Le preocupan los allanamientos sin orden: «van a terminar en nuestros barrios y seremos los malos aunque donde vivimos está la inseguridad más fuerte». Bregman agregó en «X» el aumento de las penas para la reincidencia y el concurso de delitos». Si concurren «más de dos hechos independientes las penas se podrán sumar de manera aritmética» hasta 50 años, dice el texto del proyecto.

«Una correcta política de prevención del delito no empieza por la pena», dijo Leandro Halperín, docente titular de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, especialista en temas carcelarios. «El Código Penal tiene que tener un orden y una proporcionalidad –siguió–. La ley Antimafias agrava penas de 8 a 20 años para delitos como lesiones por solo participar en una organización. Ese desorden viola la igualdad ante la ley». «Los proyectos –añadió– no contemplan la situación de los sistemas penitenciarios (colapsados) y violentan el principio de resocialización incorporado a la Constitución» al habilitar suma aritmética de penas. Sobre legítima defensa: «tenemos que proteger al personal policial pero no dándoles un mensaje confuso que les habilita formas de matar y flexibiliza controles evitando que los sometan a proceso».

Armas y policías

Miguel Angel Robles es docente de criminología de la Universidad Siglo XXI de Córdoba y expolicía. La actuación policial «no va a mejorar con una ley», se despachó. «Necesitamos acciones puntuales». Pidió la creación de una Agencia Federal de Investigación, la regulación de las tareas inteligencia criminal y capacitación para la policía. «Mi madre decía que tenía tres hijos profesionales y uno policía –bromeó– La policía está formada en oficios, el durlero y el plomero policial». En otro orden pidió una ley «sobre el plantado de armas y la posesión ilegítima».

Había escuchado a Juan Segundo Pavez Laciar, el hermano de Blas Correa, asesinado el 6 de agosto de 2020 por policías de Córdoba. «A mi hijo lo mataron tres veces dice mi mamá: la primera cuando le disparó la policía, la segunda cuando no lo atendieron en una clínica y la tercera cuando le plantaron un arma», relató. Fue a pedir que se trate la «Ley Blas» que presentó Gabriela Brouwer de Koning (JXC), que castiga con penas de hasta 20 años e inhabilitación a agentes por tenencia ilegal de armas y plantar pruebas truchas para entorpecer y/o buscar impunidad.

Banco de ADN

Bullrich quiere ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos ligado a delitos contra la integridad sexual a todos los delitos. Es para comparar huellas genéticas ante un hecho criminal con perfiles genéticos de imputados y condenados. Manuel Garrido, director de Innocence Project en Argentina explicó que la información genética es útil para aclarar casos de inocentes condenados por error (su especialidad) pero señaló que debe estar regulado al afectar la privacidad. No encontró en el derecho comparado bancos para cualquier delito. Sugiere límites y una regulación precisa para retirar el ADN del banco.

«La ampliación propuesta a todos los delitos luce desproporcionada. Imaginemos que alguien poda un árbol que le molesta para entrar el auto y tiene un proceso por daño calificado: tendría su registro de ADN», aseveró la defensora pública Siliva Martínez. Dejó en claro, ante una pregunta de Bregman que entraría en banco de ADN hasta un detenido en una movilización: «Se obliga a dar la huella que queda cien años». Agregó críticas: «una persona imputada no puede ser obligada registrar su ADN», hasta ahí es inocente; es absurdo que den sus datos genéticos las fuerzas de seguridad y funcionarios policiales; no se aclara dónde ni cómo se hará la obtención de ADN. Solo podrían acceder al banco el Poder Judicial y fuerzas pero la ley habilita a la Procuración a hacer acuerdos de intercambio hasta con otros países.

Hablaron familiares de víctimas de femicidio y abusos. Guillermo Bargna, del observatorio de víctimas del Congreso, papá de Soledad. También Isable Yaconis, de Madres del Dolor, mamá de Lucila. Se refirieron a la relevancia del banco de ADN para ofensores sexuales. Dos funcionarios de Mendoza hicieron gala de tener la base de datos genéticos más grande de Latinoamérica y haber resuelto 4000 causas. La frutilla del postre fue el empresario Eduardo Luis Salva Calcagno, que ofrece un método para obtener huellas genéticas y dice ser el único que lo tiene. 

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El intendente de la localidad portuaria recibió a Yonathan “Chucaro” Sánchez, el boxeador que obtuvo distintos títulos y que busca seguir creciendo a nivel profesional.

El encuentro tuvo como finalidad coordinar una agenda de trabajo conjunta que pueda potenciar el desarrollo turístico de Chubut, en un marco de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Al término de la reunión, el mandatario provincial puso en valor “el enorme reconocimiento que tiene Japón por nuestra flora, fauna y diversidad ambiental”.

El gobernador responsabilizó al Gobierno nacional por la caída en la producción industrial y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Axel Kicillof expresó públicamente su apoyo al paro general realizado a partir de la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) durante la jornada de este jueves. Además, criticó la política económica del Ejecutivo que encabeza Javier Milei, a quien consideró responsable del «industricidio» que amenaza al país por aplicar políticas «anti argentinas».

A través de su cuenta en X, la red social que antes se llamaba Twitter, el gobernador publicó una serie de posteos en la que señaló: «Caen la producción, el empleo y los salarios, se aceleran los despidos y Milei pretende erradicar los derechos laborales. Por eso, los trabajadores y trabajadoras van al paro»

El mandatario provincial adjudicó la responsabilidad al Gobierno nacional y consideró que «debe poner un freno a sus políticas anti argentinas». Además, aseguró que desde su administración seguirán «haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener la producción y defender los puestos de trabajo. Seguiremos defendiendo los derechos de las y los bonaerenses».

Kicillof retomó una idea que ya había utilizado en otras oportunidades, la del industricidio. En ese sentido, esta vez señaló que «las políticas del Gobierno Nacional están destruyendo la producción, especialmente la industrial». La publicación incluyó también un gráfico que señala una caída del 20% en la industria manufacturera y que, en construcción llega al 40%, en comparación con el mes de marzo de 2023. «Milei desencadenó un industricidio», dijo Kicillof y auguró un futuro poco promisorio al agregar que «cada vez más argentinos y argentinas van perdiendo su fuente de trabajo».

Otro tema que abordó el hilo publicado por el gobernador fue el de los salarios. «La producción industrial responde linealmente a la destrucción de los ingresos de sectores populares y la reducción del mercado interno», consideró y agregó que “según los últimos datos disponibles, los salarios perdieron en el 1° bimestre del año un poder adquisitivo similar a la contracción industrial (-20%) y las ventas minoristas en supermercados retrocedieron 13%. Mientras tanto, el salario mínimo y las jubilaciones acumulaban en mayo un retroceso del orden del 30% real». Por último lamentó «la parálisis de todas las obras públicas nacionales» y evaluó que «combinada con el impacto de la devaluación y la caída del consumo, a lo que ahora se suma la apertura de las importaciones, destruyen el tejido productivo del país».

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Al igual que cientos de miles de personas que no se movilizaron a sus empleos, el Presidente se quedó en Casa Rosada y desde allí intentó minimizar la huelga convocada por la CGT y las dos CTA. 

1. m. Interrupción de actividades colectivas por iniciativa de algún grupo social o de una autoridad.

2. m. huelga (‖ interrupción de la actividad laboral por parte de los trabajadores).

Las definiciones de la RAE son precisas para definir qué es el paro, la acción que paralizó este jueves al país con un alto acatamiento de los trabajadores. Otras aceptaciones de la palabra refieren a la situación del desempleo (algo que creció con el arribo de la ultraderecha al poder) hasta la denominación genérica de diversos pájaros con pico recto y fuerte o el adjetivo para referirse a las personas oriundas de la isla griega de Paro. Pero Javier Milei no está conforme ni con la lengua española y empezó a revisar otros significados con el mero propósito de intentar minimizar la huelga general.

El primer intento fue al mediodía, mientras las calles vacías demostraban la poca movilización en las principales ciudades del país. En su hobby favorito (Twitter) el Presidente redactó lo que llamó «un dato de color». «¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento… PARO A buen entendedor pocas palabras bastan…».

No conforme con la reacción de sus seguidores, insistió con otra publicación. «Paro”, también significa desnudez y descubierto. Por lo que ello significa que aquellos que promueven el paro, han quedado al desnudo, revelando el tipo de personas que son… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

En las respuestas hubo de todo: las primeras que figuran debajo de los posteos del Presidente variaron entre las agresiones al costado más íntimo de Milei a los halagos desmedidos. Se tratan de cuentas «verificadas», esto es, la opción de Twitter en el cual, por pagar una cuota mensual, tenés mayor visibilidad. Pero detrás de esos posteos, muchos reflejaron un viejo tuit del politólogo Martín Rodríguez que reza: