Si el oficialismo no permite una respuesta insitucional corre riesgo el debate de las leyes de seguridad. Enojo en la oposición.
Martín Menem tiene hasta el 7 de agosto para decidir qué sanción le aplicará a los seis diputados oficialistas que fueron a sacarse fotos con Alfredo Astiz al penal de Ezeiza. Hasta ahora, el presidente de la Cámara de Diputados se ha negado: insiste en que es un tema «personal» de los legisladores y que no tiene sentido que el Congreso los discipline. En dos semanas, sin embargo, se llevará a cabo una sesión para tratar un paquete de leyes de Seguridad que Patricia Bullrich desea aprobar: si para entonces no habilita alguna respuesta institucional, la oposición lo hará por él. Unión por la Patria viene aumentando la presión para constituir una comisión investigadora y aprovechará el recinto para exponer públicamente a todo el gobierno. Y no son pocos los diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO que podrían terminar acompañando.
El gobierno se encuentra en una encerrona. La sesión convocada para el 7 de agosto había sido diseñada para dar inicio oficial a la segunda etapa legislativa post sanción de la Ley Bases. El temario estaba compuesto por una batería de proyectos poco conflictivos que, de aprobarse, le permitirían al oficialismo anotarse un nuevo triunfo antes de dar arranque de la etapa más difícil. Esto es: la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, la reforma política y el Presupuesto 2025. Pero la comitiva encabezada por Beltrán Benedit para entrevistarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad generó un terremoto interno.
«Este despelote nos va a llevar puestos», confiesa una diputada libertaria que advierte que los coletazos de la visita al penal de Ezeiza aún no han terminado. Menem quedó en el ojo de la tormenta y el bloque oficialista se encuentra en estado de ebullición: recién cuando se reúnan el martes de la semana que viene habrá definiciones sobre el futuro del «grupo de los 6» –es decir, Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci– y si se avanzará en castigos, reprimendas o, incluso, expulsiones. Algunos, como Bonacci, amenazan con abandonar el bloque, enojados con Benedit y Menem por haberlos dejado expuestos (y, en el caso de Benedit, por haberla «engañado» sobre el motivo de la visita a Ezeiza).
De momento, Menem ha definido que no habrá sanciones. Pero la oposición y sus aliados presionan. La semana pasada, durante una reunión por la reforma electoral, Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto le advirtieron a Menem que, en la sesión del 7, debería «llamar al orden» a sus diputados y ensayar algún tipo de sanción disciplinatoria. «Vamos a estar cuatro horas con cuestiones de privilegio», le advirtió Pichetto. La semana que viene, cuando finalice el receso invernal, algunos aliados volverán a insistirle al riojano que actúe. «El terreno va a ser del kirchnerismo si no», advierten en el pichettismo.
UxP, en efecto, se está preparado para la batalla. Ya presentó un proyecto de resolución para que se constituya una comisión investigadora que evalúe la conducta de los diputados en base a lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución (que habilita al Congreso a «corregir» la conducta de sus miembros o, incluso, removerlos por «inhabilidad física o moral»). El día de la sesión pedirá un apartamiento de reglamento para que el recinto vote su conformación. Y, así, pondrá contra las cuerdas a los diputados de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y HCF que salieron a cuestionar –en público y en privado– el accionar de los seis diputados oficialistas. «Es difícil no acompañar la conformación de una comisión para que investigue», deslizan en la conducción del bloque peronista.
El radicalismo es el primer apuntado. Por su historia y su vínculo con los derechos humanos, en el peronismo deslizan que la UCR tendría que acompañar. En efecto, el bloque radical fue uno de los primeros en sacar un comunicado cuestionando el accionar de los seis diputados libertarios e, incluso, varios firmaron un proyecto de repudio de Pablo Juliano. En el bloque estiman que más de la mitad acompañarían el pedido de UxP, pero hay desconfianzas y se reunirán antes para tomar una decisión. «A veces se sacan comunicados para que después no se les exija nada más», mascullaba un dirigente radical crítico con la conducción de la bancada, que lidera Rodrigo de Loredo.
HCF, mientras tanto, es un caso aparte. Con dos de sus principales espadas peleadas a muerte con Menem –Nicolás Massot y Emilio Monzó–, el bloque pichettista busca vengarse del lugar que el riojano les quitó en la Bicameral de Inteligencia. «Nos la vamos a cobrar, pero hay que evitar mandarlos al paredón», reflexionaba un integrante de la bancada, que insiste que, antes de acompañar una avanzada con el peronismo, primero hay que convencer a Menem de que él consienta una sanción interna.
UxP, mientras tanto, continuará subiendo la presión todos los días hasta la sesión. El miércoles, el titular del bloque, Germán Martínez, le envió una carta a Menem en la que le exigía que brindara información sobre el auto oficial del Congreso que se había utilizado para viajar al penal de Ezeiza, así como el dato de las personas que habían autorizado el traslado. Gisela Marziotta, por otro lado, envió una solicitud para que se expulsara a los seis diputados directamente.
El temario del 7 de agosto
La Libertad Avanza oficializó la convocatoria a una sesión especial el 7 de agosto con el objetivo de tratar más de una docena de proyectos. Los dos más importantes son dos iniciativas que vienen con el impulso de Patricia Bullrich (quien, sin embargo, no logró dictaminar los proyectos que verdaderamente le interesaban, como el de legítima defensa y el anti mafia). Estos son uno que modifica el Registro Nacional de Datos Genéticos, extendiéndolo más allá de los delitos sexuales y habilitando que se extraiga el material genético de imputados (y condenados) por una variedad de delitos. El otro proyecto flexibiliza los trámites para los usuarios irregulares de armas, estableciendo una prórroga para el registro de armas no autorizadas en la ANMAC. Estos dos proyectos, además de la entrada y salida de tropas y varios acuerdos internacionales, serán aprobados sin grandes dificultades.
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