Mediante una presentación de la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial consideró que se hizo «de forma arbitraria e inconstitucional» y solicitó que se salde la deuda contraída durante los últimos cuatro meses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Áxel Kicillof, a través de la Fiscalía de Estado, elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, al considerar que se hizo «de forma arbitraria e inconstitucional» y solicitó que se salde la deuda contraída durante los últimos cuatro meses.

Mediante una presentación, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernan Gómez, solicitó que se declare inconstitucional el decreto 2024-192 a raíz de considerar que «derogó de manera arbitraria e inconstitucional el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) creado por el artículo 4 del Decreto N 735 del 9 de septiembre de 2020, con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia».

A su vez, en la presentación se solicita, como medida cautelar y hasta tanto se dicte sentencia definitiva, que se ordene al Estado Nacional a cumplir con el pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero y febrero del presente año, relativo a este Fondo.

Asimismo, solicitó que «se suspendan los efectos del decreto y se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción de la asignación y distribución del FOFOBI».

En cuanto al detalle de partidas, se informó que por el mes de noviembre de 2023 las partidas suman un monto de 11.164 millones de pesos; en tanto que en diciembre correspondían 33.676 millones de pesos; mientras que enero -que debía trasnferirse en los primeros 10 días del mes de febrero- contabiliza un monto de 43.959 millones de pesos.

En total, las partidas presupuestarías retenidas, según la demanda elevada por el gobernador Kicillof, alcanzan los 88.799 millones de pesos, a lo que debe incluirse el monto correspondiente al mes de febrero de este año, lo cual de acuerdo con la resolución N 524/20, se constituye con el 1,18% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2 de la Ley N 23.548.

En el marco de la presentación judicial, se reclamó la intervención del máximo tribunal, aduciendo a que «recientemente ha confirmado esta misma competencia en casos similares, que involucraron cuestiones relativas a coparticipación federal de impuestos», citando como ejemplos los casos de Sante Fe, San Luis, Buenos Aires y CABA.

En relación al perjuicio causado en las arcas provinciales con esta medida del Gobierno nacional, se informó que la eliminación de este recurso afecta «el pago de los salarios del personal policial» y se sostiene que «el personal policial lleva a cabo una esencial tarea encargándose del arduo propósito de garantizar la seguridad de la población».

Vale recordar que este lunes, el Gobernador Kicillof consideró que con esta medida Milei «somete al pueblo a un ajuste salvaje y se roba el recurso del pueblo de la provincia, porque no son recursos ni de un gobernador ni de un presidente, son recursos de la gente».

Denunció que «el decreto 192 que de manera sorpresiva, arbitraria e intempestiva elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia, es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días».

También informó que «ese fondo se utilizó en primer lugar para recuperar sueldos de la Policía, comprar equipamiento y patrulleros, chalecos anti balas, formación y capacitación de la provincia de Buenos Aires» y consideró que «ese fondo no es para el gobernador, es par la seguridad de los bonaerenses».

«También ese fondo esta vinculado a programas que fueron útiles y oportunos, y que es necesario continuar, como los comedores escolares», dijo Kicillof, quien precisó que «este fondo afecta las plazas carcelarias, los centros de salud, los comedores y nuevas escuelas».

Fuente: télam

Hubo «160 despidos. Primero el 22 de febrero circuló un listado con 29 trabajadores. Y el segundo con 135 trabajadores más circuló el día 28 a la madrugada. Entre esos listados hay personas con discapacidad, delegados, mujeres con 60 años recién cumplidos, trabajadores con licencias por enfermedad», dijo la secretaria general de la Junta Interna de ATE en Andis, en charla con Télam.

Los gremios de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) denunciaron este jueves al menos «160 despidos indiscriminados» en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por el pedido de la «reducción del 30% del personal de cada organismo federal» que le atribuyeron al Gobierno nacional y afirmaron que todavía faltan «100 compañeros más» en ser notificados de la misma decisión.

Por su parte, fuentes de Andis informaron a Télam que este miércoles el organismo «rescindió los contratos de 135 empleados» y aseguró que, en un relevamiento interno, «se constató» que esos empleados «no iban a trabajar o no podían justificar sus labores».

«El número exacto es de 160 despidos. Primero el 22 de febrero circuló un listado con 29 trabajadores. Y el segundo listado con 135 trabajadores más circuló el día 28 a la madrugada. Terminaron notificando a todos los trabajadores, entre esos listados hay personas con discapacidad, delegados, mujeres con 60 años recién cumplidos, trabajadores con licencias por enfermedad», indicó la secretaria general de la Junta Interna de ATE en Andis, Roxana Zapiro, en diálogo con Télam.

La delega gremial explicó que consideran la baja de contratos como «despidos» porque los trabajadores de ese organismo tenían una modalidad de contratación que «se renovaba automáticamente todos los años en diciembre» pero, advirtió, con el decreto 77/2023 el presidente Javier Milei dispuso que «todos los trabajadores de la administración pública nacional estén a prueba hasta el 31 de marzo de 2024».

«Por decreto Milei renueva los contratos a marzo y ahora (el director ejecutivo de Andis, Diego) Spagnuolo los limita al 29/2», remarcó el secretario adjunto de la Delegación Andis de UPCN, Ramiro Unamuno, en declaraciones a Télam.

En la notificación que recibieron los trabajadores de Andis, «se les decía que se procedía a rescindir el contrato a partir del 29 de febrero, nada más. No hay motivos. La verdad es que es indiscriminado, decidieron despedir y ya», dijo Zapiro.

«El director ejecutivo dice que el Presidente está pidiendo una reducción del 30% del personal de cada organismo federal», agregó la dirigente gremial.

Consultados por Télam, fuentes de Andis afirmaron que este miércoles se «rescindieron los contratos de 135 empleados que presentaban condiciones irregulares en sus tareas» y afirmaron que «en un relevamiento interno» de ese organismo «se constató o que no iban a trabajar o no podían justificar sus labores».

«En otros casos había superposición de actividades, por lo que después de esta decisión no se verán afectadas las prestaciones del organismo a los beneficiarios», aseguraron.

En respuesta, Zapiro opinó que «todos los funcionarios del Gobierno que están despidiendo tienen el mismo speech (discurso): que los trabajadores del Estado no trabajamos, que no estábamos en funciones, que somos ñoquis» pero, contrastó: «La realidad es que utilizan ese speech para despedir, achicar el Estado y seguir metiendo su gente que no gana $400.000 como gana un trabajador raso, ganan 2 millones y medio de pesos».

Y manifestó su preocupación porque «la mayor cantidad de despidos se da en las provincias y nosotros entendemos que tiene que ver por la guerra que inicia el poder Ejecutivo con los gobernadores», analizó al remarcar el carácter federal del organismo encargado de velar por los derechos de las personas con discapacidad.

Protesta de este jueves

Dada la notificación a los empleados del Andis, el gremio UPCN realizó en la mañana de este jueves una protesta en una de las sedes del organismo, ubicada en la calle Ramsay 2250 (barrio porteño de Belgrano), para intentar ser recibidos por Spagnuolo.

«No tuvimos respuesta, no nos recibió, dejamos un petitorio. No parece haber negociación alguna», reclamó Unamuno que adelantó que lo que obtuvieron como «novedad es que faltan 100 compañeros más» en recibir la misma notificación.

Unamuno dijo que de las 164 personas notificadas, 3 delegados gremiales y una mujer embarazada ya fueron reincorporados luego de que el organismo reconociera que «se había equivocado» en sus casos.

Además, precisó que de las 164 personas notificadas, 3 delegados gremiales y una mujer embarazada ya fueron reincorporados luego de que el organismo reconociera que «se había equivocado» en sus casos.

«Del listado de todos los despidos, hay alrededor de 15 personas con discapacidad», señaló y lamentó que «deberíamos ser el ejemplo, impartimos políticas para cumplir con el cupo de discapacidad y estamos echando en el Andis gente con CUD (certificado de discapacidad)».

Fuente: Télam

El magistrado interviniente concluyó que el abogado Andrés Gil Domínguez  -quien inició la demanda- carecía de «legitimación» para formular ese reclamo contra el Estado nacional.

El juez en lo Contencioso Administrativo federal Enrique Alonso Reguera rechazó la demanda presentada por un abogado para que se ordenara a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación que se aboquen al «expreso e inmediato tratamiento» del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación económica.

El magistrado concluyó que el abogado Andrés Gil Domínguez, que inició la demanda en virtud a lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la ley 26.122 sobre el control político posterior al dictado de los DNU, carecía de «legitimación» para formular ese reclamo contra el Estado nacional.

El letrado promovió la «acción autosatisfactiva» invocando su condición de «ciudadano» interesado en el tratamiento legislativo «para su rechazo o aprobación» de la norma presidencial dictada el 20 de diciembre y que, tras su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir el día 29 de ese mes.

El demandante justificó su pretensión porque desde la remisión de la norma a los legisladores había transcurrido y vencido el plazo de 10 días hábiles previsto para que la Comisión Bicameral Permanente dictamine, y por lo tanto, correspondía «que se expida el Congreso de la Nación respecto de la validez o invalidez del decreto», como prescribe la ley 26.122

El letrado expuso que el DNU 70/23 deroga total o parcialmente o modifica 81 leyes que abarcan materias diversas como «reforma del Estado,desregulación económica, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, aerocomercial, justicia, código civil y comercial, salud, comunicación, deportes, sociedades, etc.» con una «transformación total del sistema normativo que regula las relaciones de las personas con el Estado y de las personas entre sí».

El abogado justificó su pretensión porque desde la remisión de la norma a los legisladores había transcurrido y vencido el plazo de 10 días hábiles previsto para que la Comisión Bicameral Permanente dictamine, y por lo tanto, correspondía «que se expida el Congreso de la Nación respecto de la validez o invalidez del decreto», como prescribe la ley 26.122.

El juez remarcó que las acciones autosatisfactivas «constituyen remedios que sólo deben ser concedidos en casos excepcionales, en tanto implican el dictado de una decisión no provisoria sin la intervención de la (parte) contraria».

Gil Domínguez promovió la «acción autosatisfactiva» invocando su condición de «ciudadano» interesado en el tratamiento legislativo «para su rechazo o aprobación» de la norma presidencial dictada el 20 de diciembre y que, tras su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir el día 29 de ese mes

Alonso Reguera destacó que en esas acciones se debe analizar la «legitimación procesal» de quien demanda, caso contrato no habrá «caso o controversia» y la justicia nacional «no procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida» por quien es «parte».

El magistrado afirmó que Gil Domínguez no brindó argumentos para apartarse de los fallos en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que «la condición de persona ciudadana no confiere legitimación suficiente para ocurrir a la jurisdicción», ya que debe demostrar la existencia de un «interés especial» más allá del «general» o que tiene agravios «directos» y «sustanciales».

Fuente: Télam

A su vez, la diputada nacional instó a «dejar atrás cuatro años de discusiones internas» y consideró que la gente «mandó un mensaje en la última elección que tenemos que saber leerlo», en referencia al tercer puesto que obtuvo la coalición Juntos por el Cambio, en los comicios nacionales de octubre pasado. 

La exgobernadora bonaerense y diputada nacional María Eugenia Vidal afirmó este miércoles que «hay un consenso mayoritario para que Mauricio Macri sea el presidente» del PRO a nivel nacional y que ese partido «vuelva a ser el que gobernó la ciudad de Buenos Aires, la provincia, la Nación y demostró equipo, resultado, gestión y compromiso con la gente».

«Estuve con Mauricio la semana pasada; el PRO tiene en marzo un mes que es clave porque vamos a definir de nuevo las autoridades partidarias, y hay un consenso mayoritario para que Mauricio sea el presidente del partido nacional», dijo Vidal en declaraciones a la prensa en Mar del Plata, donde lanzó su fundación Hacemos, dedicada a la alfabetización y la educación.

Sobre el tema, añadió que «tenemos que dejar atrás cuatro años de discusiones internas; la gente nos mandó un mensaje en la última elección que tenemos que saber leerlo». La referencia pudo ser para Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO pero, a la vez, ministra de Seguridad del gobierno que encabeza Javier Milei. 

«Tenemos que volver a ser ese PRO que gobernó la ciudad (de Buenos Aires), la provincia (de Buenos Aires), la Nación; que pudo demostrar equipo, resultado, gestión y compromiso con la gente; eso lo que tenemos que volver a ser», enfatizó.

Proyecto para mejorar haberes jubilatorios

Por otra parte, anticipó que va a presentar un proyecto para mejorar los haberes jubilatorios porque «las jubilaciones están en su nivel más bajo de los últimos 20 años y sin duda hay que cambiar la fórmula ya».

«La inflación sigue siendo muy alta para todos, pero además la fórmula que se introdujo en el gobierno anterior hizo perder un 35% de la jubilación, y si hay algo que un jubilado no puede hacer es esperar», dijo.

Añadió que «necesitamos que el Congreso trate el proyecto que cambie la fórmula; estuvimos muy cerca con la ley ómnibus, pero vamos a volver a la carga ahora desde el próximo viernes que empiezan las sesiones».

«Yo tengo un proyecto hecho, pero hay otros bloques trabajando en el mismo sentido; la Coalición Cívica, el radicalismo… Creo que la primera tarea a la que nos tenemos que abocar es la de cambiar la fórmula», enfatizó.

Con respecto a su fundación, se informó que «Hacemos funcionará como una asociación civil que tuvo su origen hace cuatro años en Paraná (Entre Ríos) de la mano de un grupo de jóvenes que querían convertir sus intenciones de transformar la realidad en acciones concretas».

La fundación «buscará federalizar lo que se viene realizando en Entre Ríos, para ello la organización ya cuenta con equipos en Misiones, Santa Cruz, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. En cada lugar tenemos una mirada territorial sobre lo que cada contexto en particular necesita, en diálogo constante con la gente», dijo Vidal.

Fuente:Télam

Los abogados de la exvicepresidenta sostenían que el fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición contradictoria con otra que el ministerio Público Fiscal sostuvo en otra causa y que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este expediente al intervenir en otro.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las recusaciones planteadas por la defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra un juez y un fiscal de esa instancia, por lo que no se suspenderá el cronograma de audiencias previsto para la revisión de su condena y la de otros imputados.

Los jueces de la sala cuarta del tribunal de Casación resolvieron «rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar», según surge del fallo al que accedió Télam.

La resolución lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y el propio Barroetaveña.

La defensa de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había presentado horas antes un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que existían «razones objetivas» que «ponen en crisis» la objetividad del fiscal Villar y la imparcialidad del juez Barroetaveña.

Los abogados de la defensa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición «autocontradictoria» con las que él mismo había expuesto en otros expedientes y que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este caso al intervenir en otro.

Al referirse al fiscal Villar, la defensa dijo que «ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance (terminología utilizada por la Cámara de Apelaciones del fuero) en contra de la expresidenta de la Nación».

«Así, por un lado, a efectos de revertir el archivo dispuesto por el Tribunal Oral Nº 5 en el marco de las causas ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’, el fiscal Villar postuló la existencia de dos supuestas asociaciones ilícitas diferenciadas y perfectamente escindibles, mientras ahora en este expediente, para obtener la condena de nuestra asistida, el nombrado afirma que se trata de una única banda criminal liderada por Cristina Fernández de Kirchner», sostuvieron los abogados.

«La actuación autocontradictoria llevada a cabo por el Dr. Villar, siempre para esgrimir pretensiones punitivas en contra de nuestra representada, permite cuanto menos poner seriamente en duda su objetividad en el caso, situación que da sobrado fundamento a la petición de apartamiento postulada», señalaron.

 

El rechazo

Al responder sobre la recusación de Villar, los jueces de Casación sostuvieron que «los aspectos de la exposición señalados por el recusante no son otra cosa que parte de la acusación sobre la cual el recusante está llamado ejercer la defensa, y luego este Tribunal a dictar sentencia en base a lo que pudo, o no, ser probado por el acusador».

Al juez Barroetaveña, los abogados defensores le achacaron haber reconocido, en otro expediente, «la existencia de una única asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, constituida a efectos de cometer defraudaciones en perjuicio del Estado y maniobras de lavado de activos, tal como ahora lo postula el fiscal Villar en sus agravios».

«Como puede advertirse, el juez Barroetaveña se encuentra ahora inmerso, mutatis mutandis, en la causal de apartamiento establecida, pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia», indicaron.

Ante ese planteo, la Cámara de Casación respondió: «La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que le imponen al juez el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, así como fue planteada por la defensa, no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento».

La causa

Para este jueves está previsto que los jueces de Casación comiencen a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La segunda audiencia está prevista para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Para el próximo 7 de marzo está prevista la exposición de los abogados de la expresidenta, Beraldi y Llernovoy.

Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada» que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

El lunes pasado el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio.

Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por «administración fraudulenta».

Al exponer el lunes último el fiscal afirmó que durante el Gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos».

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».

Fuente: Télam

El encuentro entre el ministro de Economía y la directora gerente del FMI se produjo a menos de una semana de la visita a Buenos Aires de la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristalina Georgieva, «celebra y apoya» las medidas de ajuste fiscal y reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, tras un encuentro que mantuvieron en Brasil, en el marco de la Cumbre del G20.

Es el primer encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantiene con la máxima autoridad del FMI, en momentos en que el Gobierno pretende negociar un nuevo acuerdo por la deuda de US$ 45.000 millones con el organismo.

Caputo, en compañía del secretario de Finanzas Pablo Quirno, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice de la entidad, Vladimir Werning, participa en la ciudad de San Pablo del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20.

“Muy buena reunión con KGeorgieva y equipos en el G20”, destacó el ministro de economía a través de su cuenta en la red social X.

La directora del Fondo “celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos por esta nueva administración”, dijo Caputo, y adelantó que los equipos técnicos del organismo y de Argentina «continuarán trabajando en la mejor estrategia para seguir apoyando los esfuerzos del país”.

Por su parte Georgieva, a través de la misma red social, detalló que mantuvo una “excelente reunión” con Caputo.

“Saludé los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad, apoyar a los más vulnerables y generar apoyo para las reformas”, dijo Georgieva.

Durante la jornada en San Pablo, Caputo participó en los paneles de discusión sobre “El rol de las políticas económicas para abordar las desigualdades: experiencias nacionales y cooperación internacional” y sobre las “Perspectivas globales sobre crecimiento, empleo, inflación y estabilidad financiera”.

Además, Caputo debatió con sus pares del G20 sobre “La fiscalidad internacional para el siglo XXI”, sobre las “Perspectivas globales sobre crecimiento, empleo, inflación y estabilidad financiera”, y sobre “Deuda global y financiación para el desarrollo sostenible”.

Por la tarde, el titular de Economía se reunió con el comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, con quien conversó sobre los desafíos de las reformas impulsadas en el país.

También, se analizaron los puntos de trabajo común entre los que se plantearon los desafíos que implica impulsar el acuerdo Mercosur-UE y redinamizar el vínculo comercial entre ambos bloques.

Además, Caputo se reunió con su par de Francia, Bruno Le Maire, con quien conversó sobre las reformas que se están instrumentando en Argentina.

En este marco, Le Maire felicitó al ministro por los avances realizados, analizó con él los intereses comunes en el G20, sobre cómo apoyar reformas en la arquitectura financiera internacional, conversación en la que resaltaron la importancia de la relación bilateral a largo plazo.

Finalmente, en el encuentro bilateral con su par de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, se dialogó sobre la importancia del vínculo de largo plazo entre ambos países.

En la reunión, los funcionarios intercambiaron impresiones sobre los desafíos a los que se enfrentan ambas economías y coincidieron en la importancia de continuar con los ajustes fiscales que se están llevando a cabo, protegiendo a los más vulnerables.

Por su parte, Quirno también mantuvo un encuentro con Ceyla Pazarbasioglu, titular de Dirección de Política Estratégica y Revisión del FMI, en el que se dialogó sobre la evolución del programa de Argentina y el balance de la visita de Gita Gopinath al país.

La semana pasada visitó la Argentina la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, quien al terminar su visita aseguró que “será necesaria una política monetaria y cambiaria coherente y bien comunicada para seguir reduciendo la inflación de forma duradera, reconstituir las reservas y reforzar la credibilidad».

«Dados los costos de estabilización a corto plazo, es esencial realizar esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras”, dijo la funcionaria a través de un documento.

A comienzos de mes, el Gobierno recibió otro signo de apoyo cuando el Fondo aprobó el giro de US$ 4.700 millones y dio un respaldo al cambio de rumbo en la política económica implementada por la gestión del presidente Milei, aunque advirtió que habrá una «estanflación», recesión e inflación, a corto plazo.

Este año, «la inflación se acelerará a corto plazo a medida que se vayan deshaciendo los desajustes de los precios relativos y otros controles de precios, aunque se espera que la desinflación se inicie poco después, sobre la base de la aplicación de políticas restrictivas», destacó el Fondo, en el reporte del directorio sobre la última revisión efectuada al país.

En paralelo, el FMI estimó una inflación promedio del 230% y del 150% a fin de año, y una caída de la economía del 2,8%, en su última revisión de Perspectivas Económicas Mundiales, conocida previamente al desembolso.

Con respecto a los resultados, el gobierno destaca haber logrado durante enero, primer mes pleno de la gestión de Javier Miler “superávit gemélos”, con US$ 797 millones en el comercial y poco más de $ 518.000 millones en el fiscal, luego del pago de intereses.

Además, la inflación pasó de un 25,5% en diciembre, a un 20,6% en enero, y se proyecta un 15% para el mes que está por finalizar, al tiempo que las reservas del Banco Central aumentaron en casi US$ 9.000 millones.

Fuente: Télam