La opinión del Ejecutivo quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, en las que pidieron que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente Javier Milei porque ya está a consideración del Congreso.

El Gobierno nacional afirmó que las «razones de urgencia y necesidad» que motivaron el DNU 70/2023 «constituyen cuestiones políticas no justiciables», tras lo cual reclamó que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente Javier Milei porque ya está a consideración del Congreso.

La opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, a las que accedió Télam a través de fuentes judiciales.

«Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes», sostuvieron los abogados.

«No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial», afirmaron en las presentaciones a las que accedió esta agencia.

«La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política», enfatizaron.

 

«El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria», señalaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.

La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico quien se encuentra de turno en la feria judicial.

Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro.

En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.

Fuente: télam

En el encuentro, los dirigentes gremiales solicitaron que los legisladores nacionales no convaliden ese decreto porque consideran que vulnera todos «los derechos laborales individuales y colectivos y los vinculados con la seguridad social y los sindicatos».

La conducción de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas solicitó al Interbloque de Unión por la Patria (UxP) de la Cámara de Senadores, que encabeza José Mayans, que rechacen el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del gobierno de Javier Milei para imponer varias reformas laborales y sindicales.

Un documento del brazo político del sindicalismo peronista, que lidera el dirigente taxista José Ibarra, detalló que el Interbloque de UxP y «las 62» analizaron el reclamo gremial de que exista «el compromiso legislativo de la principal bancada opositora de rechazar ese mega decreto, que procura imponer reformas y eliminar derechos laborales y sindicales».

El senador riojano Fernando Rejal explicó que en el encuentro los dirigentes gremiales solicitaron que los legisladores nacionales rechacen ese decreto porque consideran -al igual que lo hizo la justicia en primera instancia- que vulnera todos «los derechos laborales individuales y colectivos y los vinculados con la seguridad social y los sindicatos».

El legislador sostuvo que el brazo político del sindicalismo justicialista reclamó de forma expresa que «no se acompañe ese DNU, lo que ya se manifestó de forma pública, y que participará con todo el movimiento obrero en el paro y la marcha al Congreso del 24 para que el Gobierno retire esas normas», según el documento de «las 62».

Mayans y la senadora Juliana Di Tullio, entre otros legisladores, se comprometieron a «escuchar y a ofrecer una respuesta en ese sentido, porque el DNU del Gobierno perjudica de forma notable a la totalidad de la sociedad en su conjunto», señalaron «las 62».

Durante la jornada se presentaron en el Senado similares pedidos de cámaras empresarias, de la Corporación Vitivinícola Argentina y del sector yerbatero, porque a todas «ese DNU las perjudica y, por lo mismo, demandaron su absoluto rechazo».

La delegación sindical de «las 62» fue integrada por Ibarra, Rubén Grimaldi (Uteera), Juan García (estaciones de servicio), Julio Esteévez (h) -Unión del Personal Superior de la AFIP- y los asesores letrados Carlos Pereira y Marcelo Pecorelli, informaron los dirigentes.

También participaron en el encuentro los senadores nacionales Daniel Bensusán, Lucía Corpacci, Martín Doñate, María Duré, María González, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, Carolina Moisés, Oscar Parrilli, María Pilatti Vergara y Silvia Sapag, y la diputada Natalia Zaracho.

Fuente: Télam

En sus redes sociales, la vicepresidenta destacó el «esfuerzo» del equipo de Gobierno «para el éxito de su gestión».

La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró el primer mes de mandato del presidente Javier Milei y remarcó el «esfuerzo» del equipo de Gobierno «para el éxito de su gestión».

«Primer mes del mandato del presidente Javier Milei. Un honor acompañarlo y ser la vicepresidente», destacó Villarruel en su cuenta de X, donde compartió imágenes del día de la asunción del Gobierno el pasado 10 de diciembre en el Congreso de la Nación.

Además, la vicepresidenta envió sus «felicitaciones al Presidente» por los primeros 30 días y destacó los «esfuerzos» de los integrantes del Gobierno para el «éxito de su gestión».

Durante su presentación en el Congreso para explicar los temas de seguridad de la «Ley ómnibus», la ministra explicó los motivos que determinaron la eliminación del cuestionado artículo y reiteró que «el objetivo es que no se corten nunca más calles» por protestas en la vía pública. Qué dijo sobre el dólar, el riesgo país y los «problemas de ansiedad» de los argentinos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso el artículo que obliga a pedir permiso para reuniones de más de tres personas, cuestionado por sectores de la oposición.

«Es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro», dijo Bullrich al exponer en el marco de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde dijo que había concurrido para «explicar tres temas que se han planteado respecto de seguridad en esta ley».

Sostuvo que estos temas serán al margen de otros proyectos como modificaciones al Código Penal, la puesta en marcha del Código Procesal Penal, Código de Minoridad y otros temas, que, dijo, «iremos enviando».

«Para facilitar la discusión, y como en realidad tres o más, cinco, uno, diez o veinte que corten una autopista o un puente o que impidan la circulación de tránsito da lo mismo, y generó esta confusión; vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese articulo directamente porque ya está suficientemente explicado en otro», sostuvo la funcionaria.

 

Sobre el artículo

El artículo en cuestión señala que se define como «‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente».

Además, se define como «organizador» de la protesta a quien «convoque a otras personas a participar de la reunión», «coordine a personas para llevar a cabo la reunión», «provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión», «pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes».

La participación de Bullrich en Diputados

Tras sostener que «el peligro es que cualquier dilación, cualquier error que pueda surgir en las decisiones estratégicas de cambio pueden generar una situación de incertidumbre», Bullrich dijo que «la situación del dólar y el riesgo país obedecen a los problemas de ansiedad que se generan en los cambios que el país necesita por esta realidad de estar ahí mirando la hiperinflación».

Además insistió: «Vamos a terminar con la idea de dejar un carril, ir a la mitad de la calzada lo cual implica entorpecer el transporte y la posibilidad de circulación de las personas», y añadió que «cuando las manifestaciones sean grandes las vamos a encauzar en las veredas porque el objetivo es que no se corten nunca más las calles».

 

Más tarde, la ministra remarcó «el derecho a la protesta está vigente» pero «sin cortar la calle».

«El derecho a la protesta está intacto. Ahora, no corte un puente interjurisdiccional donde pasan 10 millones de autos como el Tancredo Neves. El puente Neuquén-Cipoletti no se corta. ¿Quiere protestar al lado del puente? proteste. La entrada al aeropuerto de Ezeiza no se corta, va por el costado. Va con el megáfono. Diga lo que quiera, pero no corte la calle», contestó Bullrich a la diputada del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, quien repudió el protocolo antipiquete establecido por el Gobierno.

En ese sentido, ironizó con la protesta que realizarán distintos movimientos sindicales y sociales al Congreso el próximo 24 de enero al afirmar que la CGT «ni siquiera usa los cuatro días que pide el Ministerio de Seguridad (para anunciar una movilización), lo hace con un mes de anticipación».

«Deja la primera quincena de enero para seguir de vacaciones y en la segunda arma el paro. ¿Eso es un paro? ¿Esa es la desesperación? Dejarlo para el 24, parece chiste», agregó.

En cuanto a cambios en seguridad interior, Bullrich sugirió que «pensaría dos veces si no hay que poner en marcha el mecanismo actual que permite a las Fuerzas Armadas (FFAA) brindar logística» dentro de distintas provincias, como en el caso de Santa Fe.

 

«Le voy a plantear al gobernador el uso de la logística de las FFAA. Primero se lo tiene que plantear el ministro de Defensa (Luis Petri). Necesitamos enfrascar a Rosario y que no salga lo que sucede allí, y mejorando Rosario vamos a mejorar todo el país», añadió.

Bullrich también se refirió a que habrá cambios en el régimen penal juvenil que -dijo- ya fueron «enviados» a «algunas provincias» pero que aún falta «a nivel nacional».

«Vamos a bajar la edad de imputabilidad», aseguró. Y ratificó que «si hay un chico menor de 13 años en una manifestación se avisará y se va a pedir que la autoridad de la provincia lo venga a ubicar».

«No queremos que haya niños en las manifestaciones», añadió.

La ministra anunció que se plantea aumento de penas a las que establecen hoy el Código Penal, que es de 3 meses a 2 años, y «la llevamos de 1 año a 3 años y medio y que se extiende de 2 a 4 años para quienes lo hacen con armas propias o impropias, como palos o armas simuladas o morteros».

En cuanto a los organizadores de las protestas, Bullrich dijo que se plantea una pena de 3 a 6 años de prisión para quienes ejerzan «capacidad de presión sobre muchos de los concurrentes como la pérdida de un beneficio social» y sostuvo que «de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que decida sobre la vida de la gente».

Asimismo, la ministra ratificó que esas personas «serán responsables de los gastos que ocasionen» y recordó que esa cartera no lo aplicó con la CGT, que marchó días atrás contra las reformas del Gobierno, porque dijo que esa central «pidió permiso, pero sí lo hicimos con una rama que se escapó y arruinó una cantidad de comercios en la ciudad».

Fuente: télam

El dictamen obtuvo el apoyo del radicalismo, el PRO, el Movimiento Neuquino y La Libertad Avanza, además de Cambio Federal. Fuentes del oficialismo indicaron que no será convocada una nueva sesión hasta no tener los votos suficientes para aprobar la norma y convertirla en ley.

El proyecto de Ley de Boleta Única de Papel que llegó en revisión de la Cámara de Diputados obtuvo dictamen al término de un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores y será puesto a consideración en el recinto junto con una iniciativa presentada por un partido provincial que recibió el apoyo del Frente de Todos.

Sin embargo, si la iniciativa fuera puesta a consideración del pleno, de acuerdo con la cantidad de firmas obtenidas hoy, se presupone un virtual empate que, en este caso, no podrá ser salvado por la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tal como lo establece el artículo 57 de la Constitución Nacional porque, por ser una ley que modifica el Código Electoral, necesita de la mitad más uno de los votos del total de la Cámara: 37.

Si la votación del proyecto terminara 36 a 36, de acuerdo con las normas, debería ser desechado.

En ese sentido, fuentes del oficialismo indicaron que no será convocada una nueva sesión hasta no tener los votos suficientes para aprobar la norma y convertirla en ley.

El dictamen que apoya el proyecto que vino en revisión de la Cámara de Diputados en junio de 2022 obtuvo el apoyo del radicalismo, el PRO, el Movimiento Neuquino y La Libertad Avanza, además de Cambio Federal.

En tanto, en el proyecto presentado por Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, estamparon su firma los legisladores del Frente de Todos y del Frente Renovador de la Concordia de Misiones.

El proyecto que llegó de Diputados establece que el sistema de Boleta Única de Papel se aplicará para las PASO (aunque su derogación está incluida en el megaproyecto de ley de reforma del Estado que ayer ingresó a la Cámara baja) y las generales para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y legisladores del Mercosur, pero en estas últimas dos categorías solo aparecerán nombres y fotos de los primeros cinco candidatos.

Además, se permitirá votar la lista completa y utilizar, si así lo autoriza el sistema electoral provincial, el esquema BUP, pero se deberá hacer en boletas y urna separadas, tal como se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las últimas elecciones con las Boleta Única para elegir jefe de Gobierno.

Por otro lado, el proyecto también vuelve a autorizar el voto por correo electrónico a los extranjeros que se aplicó hasta las elecciones de 2019.

 

En cambio, el de Silva establece una boleta por categoría de elección nacional (Poder Ejecutivo, Diputados y Senadores, en caso de elegirse en ese turno); y la eliminación del botón para elegir toda las categoría de un solo partido y que el elector tenga que tildar una por una cada una.

La Libertad Avanza se apoya en un número de 39 legisladores para ganarle las votaciones al Frente de Todos, que cuenta con 33.

Sin embargo, como el dictamen del proyecto de Boleta Única venido en revisión de Diputados no contó con las firmas de sus tres aliados de Juntos Somos Río Negro y el Frente Renovador de la Concordia, los números quedarían empatados en 36.

De hecho, al principio del debate en Comisión, el documento de Silva era apoyado sólo por su autora y por los dos senadores misioneros. Además, había un tercer proyecto, presentado por la kirchnerista jujeña Carolina Moisés, que iba a ser apoyado por el Frente de Todos.

Sin embargo, cuando el bloque mayoritario observó que se abría una grieta en la alianza entre La Libertad Avanza y los partidos provinciales, optó por bajar de la discusión el expediente de Moisés e ir con el de Silva.

Más allá de que se convoque o no a una sesión, el proyecto estará listo para ser debatido desde la próxima semana en el recinto.

De acuerdo con la Reglamentación, como el proyecto venido en revisión desde Diputados obtuvo la mayoría de las firmas, será puesto a votación en primer lugar; si ese no obtuviera los números necesarios, entonces se pasará a votar el de Silva y el kirchnerismo.

El dictamen fue celebrado por la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien felicitó a los legisladores por apoyar la iniciativa.

«Acabamos de tener dictamen positivo en la Cámara de Senadores al Proyecto de Boleta Única de Papel. Quiero felicitar a los senadores que integran las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales que trabajan tal como nos pidió el presidente Javier Milei para poner el país de pie», indicó la vicepresidenta en su cuenta de X.

Fuente: Télam

El Ministerio de Economía confirmó que se arribó a un acuerdo con la delegación técnica del organismo y aseguró que el FMI consideró que el presidente Milei actuó «de manera rápida y decisiva».

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que arribó a un acuerdo con el Gobierno argentino sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF), lo que le permitirá al país tener acceso a un desembolso de US$4.700 millones.

El entendimiento (staff level agreement) deberá ser aprobado en las próximas semanas por el Directorio Ejecutivo del organismo, y el desembolso será destinado «para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril», detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, junto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

 

A la par del anuncio realizado por el organismo multilateral, el Ministerio de Economía señaló que el equipo del FMI que visitó el país, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, observó que el programa original «se desvió gravemente de su rumbo: se incumplieron las metas de déficit fiscal primario y de deudas internas para finales de septiembre, y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen mayor”.

 

En ese contexto, «el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto», dijeron los directivos del FMI.

El documento del Fondo proyectó que «a medida que se implementen las políticas y se reconstruya la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.

Caputo subrayó que el entendimiento alcanzado hoy “no es un acuerdo nuevo, sino que se ha reflotado el anterior”.

El ministro explicó que el desembolso que recibirá la Argentina será «para pagar los vencimientos de capital de diciembre», y que para hacerlo tuvieron que «pedirle prestado a la CAF, los de enero y los de abril”.

 

También restan pagar otros US$ 600 millones en febrero “pero esos son intereses y no entran en este acuerdo”, completó Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que se desistió de encarar la discusión de un nuevo acuerdo con el FMI porque «llevaría más tiempo» y que lo urgente era «pagar lo que se debía, por lo que optamos por reflotar el anterior acuerdo”.

Caputo, no obstante, dejó en claro que el Fondo Monetario “está abierto a esa posibilidad (en referencia a la discusión de un nuevo acuerdo), pero dijo creer que «es hora de que el país resuelva sus problemas, que es la adicción al déficit fiscal”.

La meta de acumulación de reservas para 2024 es de US$10.000 millones

Por su parte, Bausili detalló que las nuevas metas acordadas con los técnicos del FMI prevén para este año «acumular reservas por US$ 10.000 millones y reducir el déficit fiscal al 0,9% del PBI».

“El Fondo está cómodo con las medidas que hemos tomado”, completó Bausili.

 

Al ser consultado si un rechazo por parte del Congreso del proyecto de ley ómnibus afectaría poder alcanzar las nuevas metas, Caputo dijo: «Como argentino quiero que la ley pase” la aprobación del Parlamento.

“Esas Bases (en refrencia al nombre del proyecto) nunca las debimos haber perdido y que desde que las hemos perdido, hemos pasado a ser un país pobre”, aseguró.

Tras lo cual advirtió que si la no es aprobada “extremaríamos los recursos para cumplir” con las metas de alcanzar un déficit fiscal del 0,9% y conseguir reservas por US$ 10.000 millones.

“Si la ley no pasa, las medidas van a ser mas duras”, enfatizó el ministro.

Caputo, tras recordar que el programa acordado con el FMI “implica no tomar más deuda”, reconoció que la semana pasada mantuvo un diálogo con bancos sobre la posibilidad de realizar un canje de bonos.

“Son conversaciones regulares que son lógicos tenerlas pero no hemos tomado ninguna decisión en concreto” sobre la posibilidad de llevar adelante un canje, finalizó el funcionario.

Fuente: Télam

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó que el frente que crearon los nueve mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno de CABA que integran la coalición está «más unido que nunca», y advirtió que no avalará las medidas «que impactan en nuestras provincias».

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó este martes que el frente que crearon los nueve gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) está «más unido que nunca», y que impulsará la «defensa inquebrantable del federalismo y de la producción nacional» y no avalarán las medidas «que impactan en nuestras provincias».

«Tenemos una coincidencia prácticamente total en el posicionamiento que tenemos que tener frente al Gobierno nacional», adelantó el mandatario provincial, y confirmó que acompañarán «el cambio» pero no las decisiones «que impactan en nuestras provincias».

Además de Frigerio, los gobernadores de JxC son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

El gobernador entrerriano indicó diferencias de ese frente con el DNU del presidente Javier Milei y con la «Ley ómnibus» llamada de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

Por ejemplo, explicó que «la decisión de volver a imponer retenciones a las economías regionales impacta negativamente», y calificó como «un problema» la resolución del Gobierno nacional respecto a la industria del biocombustible.

Por eso, Frigerio remarcó que esos gobernadores cumplen un rol «fundamental en términos de institucionalización de la defensa de la gobernabilidad y acompañamiento del cambio que pidió la gente».

También destacó, en declaraciones a la prensa, las reuniones entre los mandatarios para definir «estrategias en común en cuanto al vínculo y relacionamiento con el Gobierno nacional», y que tendrán como banderas «la defensa del federalismo y de las economías regionales».

El espacio de los gobernadores de JxC «es el ámbito más importante que tiene la coalición», mencionó, y afirmó que definirá «una dirección de hacia dónde tenemos que ir, qué valores y qué ideas tenemos que defender».

«Nunca hubo tanta representación territorial como ahora en la oposición, y va a ir creciendo todos los días», completó Frigerio.

Fuente: Télam

El encuentro se realizó durante la tarde de este martes en el Palacio San Martín, en donde los funcionarios intercambiaron opiniones sobre aspectos de la transformación energética. La Canciller señaló las fortalezas de la matriz energética argentina. 

La canciller Diana Mondino se reunió durante la tarde con el embajador de la República Federal de Alemania, Dieter Lamlé, quien valoró el posible ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y consideró que el país es «un socio importante en la defensa de la democracia».

Además, Mondino y Lamlé analizaron las «reformas en marcha y la expectativa por la llegada de nuevas inversiones al país» y resaltaron «la importancia de las negociaciones del Acuerdo Mercosur-Unión Europea».

El encuentro se realizó durante la tarde de este martes en el Palacio San Martín. Los funcionarios «intercambiaron opiniones sobre aspectos de la transformación energética, donde existen mecanismos establecidos de trabajo conjunto. La Canciller señaló las fortalezas de la matriz energética argentina. 

Alemania es uno de los principales socios comerciales en la Unión Europea y es uno de los mayores inversores en nuestro país, con presencia en sectores clave para el desarrollo de nuestra economía, como infraestructura, energía, extracción de petróleo crudo y gas natural e industria manufacturera

Según informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, Mondino agradeció «la confianza de Alemania en la reactivación económica argentina y se refirió a las reformas en marcha y la expectativa por la llegada de nuevas inversiones al país y ambos coincidieron en la importancia de la pronta conclusión de las negociaciones del Acuerdo Mercosur-Unión Europea».

Por su parte, Lamlé «celebró la reactivación del proceso para el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el mayor involucramiento de nuestro país en cuestiones relativas a la paz y al respeto del derecho internacional en distintas partes del mundo». El embajador alemán calificó a la Argentina como «un socio importante en la defensa de la democracia, del estado de derecho y del multilateralismo».

Alemania es uno de los principales socios comerciales en la Unión Europea y es uno de los mayores inversores en nuestro país, con presencia en sectores clave para el desarrollo de nuestra economía, como infraestructura, energía, extracción de petróleo crudo y gas natural e industria manufacturera.

Fuente: Télam