Las bancadas dialoguistas habían centrado sus críticas en el sistema de actualización de las jubilaciones y en el aumento de las retenciones agropecuarias del maíz, carne, trigo, y soja y sus derivados, un régimen que era criticado por los gobernadores de Juntos por el Cambio.
De este modo, las conversaciones que deberá entablar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los bloques del Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación, serán sobre otros puntos de las disidencias, como la cantidad de materias que tiene la emergencia pública, el régimen de pesca e hidrocarburos y la paritaria docente.
El presidente del bloque radical, Rodrigo de Loredo, destacó la resolución anunciada esta noche por el Poder Ejecutivo al afirmar que «es una decisión acertada del ministro Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión. Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables».
Su colega de bloque, Pamela Verasay, dijo en la red social X que «el anuncio del ministro es una buena señal ante los planteos de los gobernadores de JxC» y señaló que «el ajuste no podía pasar ni por los jubilados, ni por el sector productivo ni de las provincias».
La radical Karina Banfi sostuvo que «una Ley de Bases debe partir del acuerdo entre la Nación y las Provincias» y expresó: «Celebro que el Gobierno retire de la Ley ómnibus el capítulo que perjudicaba las economías de las provincias y a los más humildes. Es menester que Ejecutivo, gobernadores y el Congreso trabajen juntos».
Uno de los puntos centrales que ahora tendrá la discusión será la emergencia pública en nueve materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud.
Al respecto, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, dijo que «sacan el capitulo fiscal de la ley ómnibus» y consideró que se trata de «una «derrota del gobierno y triunfo de los que hicimos oposición frontal».
Pero Martínez también consideró que es una «trampa» que se mantengan las delegaciones de facultades al señalar que «Milei sólo quiere superpoderes. Es el corazón de la ley».
En esa misma línea, el diputado de UxP, Daniel Arroyo, dijo que «es preocupante el grado de improvisación del Gobierno» y afirmó que «más allá del retiro del paquete fiscal anunciado por el ministro Caputo, es invotable la delegación de facultades al Presidente, las privatizaciones de empresas estratégicas y las reformas en seguridad, entre otros artículos».
Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño manifestó: «Caputo dice que retirará el paquete fiscal» y afirmó que «hay que dar la pelea para que se caiga el conjunto de la Ley Ómnibus, el DNU y el conjunto del plan motosierra contra el pueblo trabajador».
Además de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría contempla la privatización de unas cuarenta empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y la reforma del Estado, donde se contemplan cambios en la estructura en la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados públicos.
Sobre las privatizaciones, el despacho fija que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
En cuanto al FGS, el oficialismo propone que sus activos se transfieran al Tesoro Nacional y fija que para poder vender esas acciones haya un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.
En ese sentido, se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia.
Además se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
Otro punto contempla que los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.
El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas en un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía en la iniciativa original.
También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.
“Las desprolijidades que están cometiendo nos llevan a poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular de la ley. Hay una cuestión muy básica que tiene que ver con que el dictamen de mayoría contemplaba 34 firmas en disidencia», señaló el diputado por Neuquén, referenciado en la figura de su gobernador, Rolando Figueroa.
En diálogo con Télam, el legislador precisó que «esas disidencias quedaron planteadas en distintos documentos y no fueron incluidas en el dictamen” y lamentó, además, que el Poder Ejecutivo «está avanzando con presiones sobre los gobernadores con respecto del acompañamiento a la ley».
«Mayoritariamente, el Gobierno accedió a los pedidos de Tucumán y de los diferentes sectores de la producción, a tal punto que estaba todo escrito en el dictamen de mayoría, con 57 votos, lo que habilita a una sesión en el Congreso de la Nación», dijo Jaldo.
Fernández junto a Elia Fernández y Gladys Medina se fueron del bloque de UxP y formaron la bancada Independencia.
«No me entra en la cabeza que Kicillof, el ideólogo de la economía kirchnerista que terminó con 50 por ciento de pobreza y el récord mundial de inflación, vaya de paseo a una marcha mientras tiene la provincia tomada por la delincuencia», sostuvo en su cuenta de la red social X.
Ritondo agregó una foto a su publicación que muestra al gobernador bajando de una camioneta para participar de la marcha de protesta impulsada por la central obrera.
El Pro firmó este martes en disidencia parcial el dictamen de mayoría sobre la ley «Bases» promovido por el oficialismo que contó también con el apoyo de Hacemos Coalición Federal, UCR, Innovación Federal, y el legislador tucumano Agustín Fernández.
El diputado, junto a las legisladoras tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández, abandonaron el bloque de Unión por la Patria (UxP), que ahora tendrá 99 miembros, y formaron el bloque «Independencia».
Tras participar de la movilización, el gobernador bonaerense afirmó que no aceptará “ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al conjunto”.
“Las medidas del Gobierno nacional ponen en riesgo el trabajo y la producción, complicándole la vida a millones de argentinos”, señaló el gobernador en su perfil de la red social X (ex Twitter) tras participar de la movilización.
Kicillof indicó que “sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores, los jubilados y la clase media”.
“Gobernar es crear trabajo, gobernar es ampliar derechos. La Patria no se vende”, completó.
Este mensaje del gobernador bonaerense llega después que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiera que “todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado».
Kicillof llegó a las inmediaciones de la plaza Congreso, en el centro porteño, pasadas las 13, acompañado de militantes de Unión por la Patria (UxP) y de los gremios que participan de esta convocatoria.
Su presencia en la manifestación se dio luego de que ministros bonaerenses rechazaran este miércoles «el ajuste sobre los trabajadores y los jubilados» y afirmaron que «defenderán» al pueblo de la provincia en la previa del paro general con movilización- convocado por la CGT y las CTA contra el DNU 70/2023 de desregulación económica y el proyecto de ley de «Bases» impulsados por el gobierno de Javier Milei.
