El Presidente se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local, Federico Susbielles, para interiorizarse del operativo de emergencia. «Frente a eventos adversos, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros mismos», señaló a la prensa.

El presidente Javier Milei viajó este domingo a Bahía Blanca, donde se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente local, Federico Susbielles, para interiorizarse del operativo de emergencia desplegado por el temporal que causó en la noche del sábado al menos 13 muertos, al colapsar el techo de un gimnasio del club Bahiense del Norte.

Milei llegó a Bahía Blanca a las 14.15 para realizar un seguimiento de la situación generada por el temporal de lluvia y viento, acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Defensa, Luis Petri, informaron fuentes de Presidencia.

«Frente a eventos adversos se debe sacar lo mejor; los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros mismos», señaló Milei a la prensa, y añadió: «Siempre ponemos delante nuestra solidaridad, por estoy plenamente confiado en que ustedes van a poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos ya existentes».

En la puerta del Hospital Municipal, Bullrich, junto con el ministro Petri, dijo que recorrió el gimnasio y calificó la situación como «terrible» que encontraron una pared caída «evidentemente por un árbol».

 

Bullrich remarcó que el presidente ingresó al hospital municipal, donde visitó a «una señora que perdió a parte de su familia» y subrayó que el mandatario puso a «disposición todos los medios nacionales frente a la tragedia».

«Hay que trabajar mucho para que Bahía salga adelante», señaló la ministra y agregó que en la reunión recibieron «el informe del intendente Susbielles y de las fuerzas federales y de las Fuerzas Armadas».

«Nos encontramos con un escenario muy duro y negativo. La prioridad es recuperar el suministro eléctrico, reparar los daños del club», manifestó.

 

El operativo

En la noche del domingo, la cartera que encabeza Bullrich informó que se encuentra abocada «a asistir a las víctimas del evento meteorológico ocurrido en la Ciudad de Bahía Blanca en la tarde-noche del día 16 del corriente».

La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil del Ministerio, a través del trabajo de la coordinación de medios de emergencia, «informa sobre las contingencias en curso y la activa participación de diversos organismos para hacer frente a la situación».

El despliegue operativo de fuerzas federales en la zona es de 60 efectivos de Gendarmería Nacional, 35 de Policía Federal, 15 de Prefectura Naval y 160 del equipo de coordinación de la Dirección Nacional de Operaciones, precisó.

A su vez, cifró en 137 la cantidad de personal, ocho los medios terrestres y cuatro los medios de superficie afectados al operativo.

La información oficial agregó que los medios locales que se encuentran a disposición son los cuarteles de Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Defensa Civil de Bahía Blanca y PBA y la Organización de Respuesta de la Sociedad Civil (ROR) con 160 personas.

«La coordinación entre organismos es fundamental para garantizar una respuesta efectiva y rápida ante las emergencias generadas por las inclemencias del tiempo climático», añadió la cartera de Seguridad.

«Nos encontramos en contacto permanente con las autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires a fin de coordinar acciones en conjunto», concluyó.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni destacó el «esfuerzo conjunto» en su cuenta de la red social X.

El Presidente también envió «su más sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos a causa de la tormenta», según indicó la Oficina de Prensa de la Presidencia.

Emergencia, duelo y asueto

Para Kirchner, la cancelación de esa deuda se trató de un «paso transcendental» que permitiría «mirar sin imposiciones, con autonomía y tranquilidad, sin urgencias impuestas ni presiones indebidas, la marcha de nuestro futuro».

La expresidenta Cristina Fernández recordó este viernes que el 15 de diciembre de 2005 el exmandatario Néstor Kirchner anunció la cancelación de la deuda que hasta entonces el país contraía con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Un día como hoy», publicó Fernández en su cuenta de X, y adjuntó un video de dos minutos con fragmentos del anuncio del expresidente Kirchner.

Kirchner gobernó el país entre 2003 y 2007 y decidió en 2005 la cancelación «en un solo pago» de una deuda de US$ 9.810 millones que el país mantenía con el FMI.

Se trata del protocolo de actuación dispuesto por el Ministerio de Seguridad que fue respaldado por el conjunto del Gabinete y que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

El Gobierno nacional oficializó este viernes el protocolo de actuación dispuesto por el Ministerio de Seguridad en relación a las protestas y los cortes de tránsito, que fue respaldado por el conjunto del Gabinete en una reunión encabezada este viernes por el presidente Javier Milei, y que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

El protocolo, establecido a través de la resolución número 943/2023 del Ministerio de Seguridad, apunta a «evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas», según señaló ayer la titular de la cartera del área, Patricia Bullrich.

La nueva normativa señala en sus considerandos que se busca ofrecer a las fuerzas policiales y de Seguridad federales “un marco de certidumbre para su actuación, sin perjuicio de las decisiones de las autoridades judiciales o del Ministerio Público Fiscal”, ante la “urgencia de la situación”, y a la “confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública”.

Apunta que “la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida” y que, en muchas ocasiones, se interrumpe la circulación mediante la quema de neumáticos o de otras sustancias contaminantes.

Por ello, establece que las fuerzas policiales y de Seguridad federales “intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación” en jurisdicción federal, y también en las provincias o en la Ciudad de Buenos Aires en los casos contemplados en la ley de Seguridad Interior.

Esta intervención “se producirá sin que necesariamente medie orden judicial” ya que “se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación inmediata al juez o al fiscal competente”, aclara la norma.

Se establece además que «los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”, la cual “será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos”, siempre con empleo de armas “no letales”.

Se procede a la identificación de “los autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes”, mediante “filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente”, y sus datos se enviarán a la autoridad competente.

Lo mismo se hará con los vehículos en que se transporte a los manifestantes que no estén bajo las normas de tránsito o no tengan la documentación. Al mismo tiempo, se creará un registro de las organizaciones convocantes.

Se contempla el caso de los responsables de llevar niños a las manifestaciones, cuyos datos o identidades “serán también comunicados a la autoridad a cargo de la protección de los menores”.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad podrá demandar judicialmente a las organizaciones convocantes a las manifestaciones, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos.

Además «se establece que las entidades perjudicadas podrán iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas».

En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en la Argentina, se enviarán sus datos a la Dirección Nacional de Migraciones, “a los fines pertinentes”.

 

Repercusiones

Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, encabezó un primer encuentro con los mandatarios provinciales en la que los invitó a la reunión con el presidente Javier Milei. Los gobiernos provinciales comenzaron a implementar medidas de ajuste con distintos enfoques y particularidades.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, encabezó una primera reunión con gobernadores y funcionarios que combinó la modalidad virtual con la presencialidad, y en la cual el funcionario invitó a los mandatarios provinciales a un encuentro con el presidente Javier Milei que se llevará a cabo el próximo martes.

Durante la cita, que se realizó en el Salón de los Escudos en Casa Rosada, los gobernadores dialogaron sobre problemáticas provinciales y nacionales, mientras que Francos subrayó «las dificultades que debe encarar la Nación en su conjunto», informaron fuentes de la cartera del Interior.

 

«Es necesario que analicemos la situación en su conjunto, y no desde la visión de cada uno de los actores», manifestó el funcionario del Ejecutivo, y agregó que «las medidas adoptadas por el Gobierno nacional se decidieron para evitar un daño mayor a todos los argentinos».

Francos expresó que «la realidad es que la macroeconomía argentina presenta un panorama muy duro y la posibilidad de una inflación creciente, y es precisamente esa situación la que el Gobierno nacional ha tratado de evitar con las medidas adoptadas».

Y refirió que «en ese sentido, el Gobierno nacional tiene la firme convicción de que, para afrontar la situación de inflación que hoy presenta la Argentina, es necesario llegar al déficit cero en el orden nacional».

Participaron del encuentro con Francos, de manera presencial, los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes), acompañados por el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

En tanto que por videoconferencia lo hicieron los siguientes mandatarios y funcionarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También lo hicieron Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Menna (vicegobernador de Chubut), Eber Solís (vicegobernador de Formosa) y José Vanini (secretario general de Gobierno de La Pampa).

Por último, por cuestiones de agenda notificaron que no podrían participar del encuentro Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Osvaldo Jaldo (gobernador de Tucumán).

El del martes será el primer encuentro institucional que el Presidente celebrará con los mandatarios provinciales, exactamente nueve días después del inicio de su mandato.

 

La situación en las provincias

Los gobernadores de diferentes espacios políticos anunciaron  un plan de recorte del gasto público al reconocer que existe «una emergencia económica» a nivel nacional y en cada uno de sus distritos, en sintonía con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con distintos enfoques y particularidades debido a la situación financiera de cada provincia, los gobernadores que anunciaron planes de control y reducción del gasto público fueron hasta este viernes Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Poggi (San Luis), Martin Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

A nivel provincial, estas iniciativas fueron adoptadas por mandatarios peronistas, aliados en el frente Unión por la Patria (UxP), radicales y del PRO en el espacio de Juntos por el Cambio (JxC) y fuerzas provinciales.

 

Desde la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Killof (UxP), algunos de sus ministros advirtieron que «se mantiene en alerta» por las medidas económicas anunciadas por la administración Milei, que consta, entre otras cosas, de la limitación de los giros por fuera del sistema de distribución de recursos federales que establece la ley de Coparticipación.

En Misiones, el gobernador Hugo Passaluaqcua (Frente Renovador Misionero) evitó lanzar un plan de ajuste pero advirtió a los funcionarios sobre la «necesidad de seguir siendo muy responsables con el manejo de los recursos de los misioneros y continuar con una provincia con cuentas ordenadas».

Por su parte, el santiagueño Zamora declaró este viernes el estado de «emergencia económica» en la provincia y la aplicación de «medidas restrictivas y de control del gasto público» por los próximos seis meses.

«Los anuncios realizados (a nivel nacional), si bien no conocemos los alcances, nos obliga a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos y por eso estoy enviado esta próxima semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar la emergencia económica, medidas restrictivas y de control del gasto público», indicó Zamora esta mañana a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Al igual que Nación, Zamora decidió que por 6 meses «se congelarán las partidas presupuestarias de la administración pública para gastos de promoción o difusión oficial».