La ministra le respondió a la vicepresidenta por rechazar que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. «Hay que superar los miedos», le dijo. En el bullrichismo sospechan que Mauricio Macri está detrás de las críticas.

La forzada foto de Javier Milei y Victoria Villarruel a los abrazos en la Casa Rosada, el supuesto desayuno con charlas amistosas y galletitas de agua en el despacho presidencial, y las tibias desmentidas respecto a sus peleas cotidianas, no fueron suficientes para disimular las disputas de poder que percuten al Gobierno y que superan la línea de flotación del Presidente y la vice. Las explosivas declaraciones televisivas de Villarruel, en las que marcó y remarcó sus diferencias con el mandatario, expusieron también el frente abierto que tiene con Patricia Bullrich. Enfrentadas desde el comienzo de la gestión, la vicepresidenta lanzó el jueves su primera granada pública contra la ministra, al rechazar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Recibido el impacto, Bullrich redobló la apuesta: pidió «superar los miedos» respecto a los militares y advirtió que está preparada para dar el «debate». Como telón de fondo, el entorno de la extitular del PRO sospecha que Mauricio Macri está detrás de las maniobras de la vicepresidenta. Enfocado en el programa económico, Milei –por el momento– prefiere no responder ni ser el «jamoncito» del medio de ninguna interna.

«No somos una manada que vamos todos juntos siempre opinando igual», lanzó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. Fue la vuelta semántica que encontró para hacer equilibrio entre los cuestionamientos que Villarruel lanzó sobre aspectos clave de la gestión libertaria –el rol de las Fuerzas Armadas, los postulantes para la Corte Suprema o los sueldos de los funcionarios públicos, por ejemplo–; y la bajada de línea oficial que indica que «no hay peleas ni internas» en el Gobierno. «Tiene opiniones que muchas veces pueden no coincidir», agregó para bajarle el tono a las críticas. Incluso valoró como positivo el nuevo apodo que la vice le puso al Presidente: «¿No es cariñoso que te digan ‘jamoncito’?», preguntó con sorna. Como se sabe, la vocería no es una tarea sencilla y menos cuando se intenta tapar con dos manos los múltiples conflictos que están a la vista de todos.

En el capítulo internas, esta semana tomó impulso una pelea que viene escalando desde noviembre del año pasado: la silenciosa disputa entre Villarruel y Bullrich. La ministra de Seguridad expuso ayer su enojo, luego que la vicepresidenta se haya manifestado “en contra” de la intervención de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el narcotráfico; una medida que anunció con bombos y platillos junto al ministro de Defensa, Luis Petri. “Está claro que es un momento de la historia que todos conocemos y que los militares le tienen miedo, pero hay que superar los miedos que hemos tenido en la Argentina como estamos superando los miedos en todos los campos”, sentenció en clara alusión a la titular del Senado.

La postura de Villarruel –y de gran parte de la familia militar- había sido clara desde la campaña electoral. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles” y “el narco es un civil”, argumentó. “Creo que había quedado claro con el tema de los 70′, cuando se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, concluyó, sin más explicaciones.

En el entorno de Bullrich son lapidarios con Villarruel. Consideran que aún «no superó la dictadura» y que su mirada esconde «un dejo de venganza». En palabras de la ministra, la vicepresidenta quedó «paralizada» en la década del 70′. Además, le respondió directamente, al resaltar que los genocidas están presos por los «métodos» que utilizaron durante la represión y no por «combatir a terrorismo». Esa afirmación, en particular, generó la furia de las organizaciones pro-represores.

Las diferencias entre una y otra, no obstante, no se ciñen solo a la última dictadura, sino también a la gestión. Los laderos de Bullrich ponen en duda que Villarruel esté capacitada en Defensa y Seguridad. «Está rodeada de generales viejos y tiene una visión muy antigua sobre cómo se resuelven los problemas de seguridad», le endilgan. No es una crítica inocente ni constructiva. Milei, antes de ganar las elecciones, le había prometido a la vicepresidenta hacerse cargo de esos ministerios. No haberlo cumplido fue el primer gran encontronazo que tuvieron. «Obviamente, no me agradó», admitió Villarruel. «Me hubiera gustado porque había trabajado varios meses. Poder darle mi impronta, son temas que manejo, estudié, me preparé», dijo decepcionada luego de cuestionar la propuesta de modificar la Ley de Seguridad interior para poner a los militares a combatir el narcotráfico en Rosario.

Una brujería de Mauricio

«Yo no creo en los brujos, pero que los hay, los hay», murmuran dirigentes que responden a Bullrich. Entienden que el momento que Villarruel eligió para dar su primera entrevista como vice no es una casualidad y apuntan contra Macri. «Es cierto que ella es independiente a todos, pero esto parece una jugada de Mauricio», sospechan. A la vicepresidenta y al exfundador de Cambiemos los unen varios puntos de divergencia con Milei: el armado del Gabinete, el ascenso de Bullrich, la postura intransigente con la oposición –insultos de por medio– y la reciente postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema.

Los «ninguneos» también los acerca y enfurece. Ninguno de los dos fue consultado sobre las propuestas del Ejecutivo para cubrir las vacantes en el máximo tribunal. «Me enteré por los medios», se quejó Villarruel y cuestionó el accionar de Lijo en la causa por el asesinato al exsecretario general de la CGT José Ignacio Rucci. La iniciativa tampoco cayó bien en el líder del PRO. Incluso la entendió como una provocación, porque el magistrado nunca cerró la causa que lo involucra a él y su familia por la deuda del Correo Argentino.

Entre las suspicacias por el timming de Villarruel y el empuje de Macri figuran, además, las elecciones en el PRO. Allegados a Bullrich, aseguran que el rencor del expresidente por haber tenido que ceder en el cierre de listas aún continúa. El bullrichismo jugó fuerte: para negociar, amenazó con presentar una lista propia. La jugada le salió porque se terminó quedando con la presidencia de la Asamblea partidaria y porque ganó lugares para su tropa. «Todo eso no fue gratis», especulan.

No quiere ser sandwich

Aunque Milei lo niegue, las internas en la alianza de Gobierno florecen. Lo que atina a decir el Presidente es que no le preocupan esas «diferencias». Su verdadera preocupación es que el programa económico no quede embarrado en problemas de «la política». Por eso, prefiere no meterse. Su decisión es bajarle el tono a las críticas de Villarruel, no responderle, y muchos menos enlodarse en las pulseadas del PRO. El libertario no quiere ser, de ninguna manera, –como lo dice Villarruel– un «pobre jamoncito» del medio.

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Con la actividad desplomada, banqueros, industriales, operadores de Bolsa, constructores y dirigentes del agro avalaron la idea de que «la recesión es el camino». 

El Presidente Javier Milei recibió a un grupo de poderosos empresarios que, en pleno derrumbe de la actividad y en medio de un proceso inflacionario que no afloja, avalaron su programa de ajuste y aplaudieron las medidas que el Gobierno viene dando y que han desplomado, inclusive, las actividades que esos mismos empresarios representan. 

Por pedido del Grupo de los Seis (G-6), el mandatario recibió a los popes de ese polo empresario en un encuentro en su despacho de la Casa Rosada. Según supo Página I12, la charla se prolongó por casi dos horas y media, en las cuales el presidente repasó su batería de slóganes y dejó povcas definiciones. Lo escucharon Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Natalio Mario Grinman (Cámara de Comercio), Javier Bolzico (ADEBA, Bancos privados nacionales) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina). 

En primer término, el Presidente les planteó que no hay ninguna idea de un viraje sobre el ajuste, y que la contracción de la actividad es clave para su modelo. «Gran parte de esas reformas son necesarias, Presidente», le devolvió uno de los presentes, en un primer guiño que llamó la atención de sus colegas por la velocidad de aparición en una charla que recién iniciaba. Otros se diferenciaron y quisieron saber qué planes tenía para contener socialmente el ajuste, algo que el propio Fondo Monetario (FMI) le exigió a Milei. 

El Presidente sabe quién paga el ajuste

Allí, el mandatario, que como pocas veces estuvo solo en ese encuentro, les agradeció el respaldo y fue aún más a fondo para responder sobre los efectos de su política en la población: «yo sé muy bien que la recesión produce problemas, pero ése es el camino», dijo. Y completó aseverando que «no me pueden decir que nadie sabía de esto, yo lo avisé en la campaña. Sé que hay mucha gente afectada en el país, que el ajuste lo sufre una parte del país, pero así hay futuro. Con lo que teníamos antes no lo había». Esa afirmación volvió a recoger elogios de parte de los empresarios, que si bien coquetearon con la candidatura de Sergio Massa, terminaron avalando en las urnas al candidato libertario. 

Antes del enncuentro, uno de los integrantes del G-6 bromeó con Gabbi al decirle que «vos sos el único de los que estamos acá que estas de fiesta». Es que los mercados son el único sector que, desde que Milei es Gobierno, están embolsando ganancias y logrando cierta estabilidad vía la devaluación y la liberación de los flujos de capital. El resto, incluídos los bancos, no la pasan bien. Los tres casos más a la vista son los de CAMARCO, que denunció el posible cierre de 2000 empresas por la baja de la obra pública que decidió Milei; el desplome de más de 10 puntos de la actividad industrial que le generó a Funes de Rioja una guerra interna en la UIA, impulsada por los sectores más críticos; y la caída de ventas en comercios con cifras superiores al 20 por ciento, que está golpeado a la Cámara de Comercio. De hecho, ante la presencia de CAMARCO el propio Presidente dijo que «la obra pública es parte clave del ajuste, no se negocia». 

Devaluación e inflación 

En ese contexto, sugirió la posibilidad -planteada por el Presidente-, de que el Estado trate de guiar inversión privada para hacer obras públicas. En principio, Milei les dijo que se podría liberar financiamiento de los bancos que financian al Estado para que financien a los privados. La idea no conformó a casi ninguno, y es de dificil aplicación, sobre todo porque con la recesión en curso y sin demanda en volúmen, las inversiones productivas le son esquivas al país. 

Muchos de los presentes, el día jueves, ya habían escuchado en el Consejo para el Comercio y la Producción (CICYP) al ministro de Economía, Luis Caputo, hablar casi en los mismos términos y aclararles que la idea no era llevar la economía a una nueva devaluación. Milei también habló de ese tema: «No va a haber devaluación, el dólar está convergiendo», expresó y no tuvo críticas. El que se mordía los labios era Pino, de SRA, dado que el campo está presionando por una corrección cambiaria que les de una cotización mejor para vender poroto de soja a un valor más conveniente. 

En la última parte de la charla, el Presidente no ocultó que haya producido una recesión para lograr una baja en los precios. «Estoy sorprendido -dijo- con lo que está pasando con la inflación, está bajando más rápido de lo esperado». Además, arriesgó que «a este ritmo llegará a un dígito, a más tardar, entre mayo o junio». Después de eso, según su prisma, encarará el proceso de «levantar el cepo y, en 2025, comenzar con la baja de impuestos». 

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Luego del anuncio de las nominaciones del juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García-Masilla para ocupar las sillas vacantes en la Corte Suprema, la Asociación Argentina de Juristas (AJJ) cuestionó la falta de candidatas mujeres.

A través de un comunicado, la AJJ indicó que las postulaciones «no reflejan ni la diversidad de géneros ni la procedencia regional en el marco de representación de un país federal». Además, plantea que la propuesta «contradice la Constitución Nacional, que establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, en concordancia con lo dispuesto en los dos grandes Pactos Internacionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos».

Entre los argumentos, resalta que la iniciativa del Ejecutivo nacional «viola lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 75 de la Carta Magna argentina que incorpora con rango constitucional a los pactos internacionales de derechos humanos, que consagran el principio de no discriminación en razón de género» y que «la Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer establece que los Estados deben garantizar la máxima participación de la mujer en todas las esferas en igualdad de condiciones que el hombre». En el caso de Lijo, el objetivo del Gobierno es «ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco, tras su salida el 1 de noviembre de 2021».

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A días del 24 de marzo, Victoria Villarruel salió a dar públicamente sus propias disputas políticas. En una larga entrevista anoche en TN, la vicepresidenta buscó diferenciarse de Javier Milei en medio del vaivén de la tensión interna. Marcó distancias sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la llamada guerra contra el narcotráfico en la que está embarcada el gobierno y también sobre el aumento de sueldo en el Senado o la decisión de tratar el DNU en la Cámara alta. Fue severamente enfática con su posturas negacionistas sobre el pasado reciente. «En los 70 se combatió al terrorismo y ¿dónde están los que lo combatieron? Presos», señaló y a días de la conmemoración del inicio del golpe pegó contra la histórica marcha que recuerda a las víctimas.

“Hay un morbo con la fecha del 24 de marzo”, dijo e inmediatamente criticó a “toda la izquierda” por repetir el homenaje al que llamó “festejo” cada año: “Si quieren festejar el golpe –provocó– que lo hagan, yo no lo festejo”, arremetió. También reiteró su latiguillo de «memoria para todos».

La vicepresidenta aludió a las versiones sobre un indulto a genocidas y afirmó: «A mí no me consta que se esté analizando un indulto. La solución de la cuestión a los que estén detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni la amnistía, la solución es jurídica», dijo.

También se refirió al ataque a la militante de H.I.J.O.S (ver aparte) y ahí no se diferenció de Milei: lo puso en duda. «Eso lo tiene que investigar la Justicia», dijo, pero añadió que «estuvieron varios años hablando sobre Santiago Maldonado y Julio López y estaban ellos en el poder. Nunca llegaron a la verdad. O cuando se supo, como la verdad de Santiago Maldonado, no les gustó. Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda».

Sí tomó distancia del Presidente respecto del rol de las Fuerzas Armadas, a las que Milei, a través de los ministerio de Seguridad y Defensa, pretende involucrar en el combate del narcotráfico en Rosario. «La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, los que lo combatieron están presos», dijo.

También defendió el aumento de sueldo de los senadores, que ella había resuelto y que el Presidente ordenó revertir. «Los legisladores tienen que ser retribuidos en forma digna. Para mí tienen que ganar bien, y no ganan bien. Un senador gana menos de 2 millones. Tampoco me parece bien lo que ganan los jubilados, no hay que seguir equiparando todo hacia abajo», expresó Villarruel. Y agregó: «A los senadores le delegamos nuestra vida porque promulgan leyes sobre la propiedad y la vida, después hablamos si lo hacen bien, mal o poco. Si les pagás poco van a ser susceptibles a la corrupción». La vicepresidenta explicó que «creía que el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación». «Di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente. Nosotros hicimos un esfuerzo en el Poder Legislativo, espero que en el Poder Ejecutivo lo hagan también», sentenció.

El otro contraste con el Presidente que admitió fue sobre la convocatoria a la sesión del Senado que trató, y rechazó, el DNU 70. “Estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes. Yo soy un árbitro. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo”, dijo, respecto de la intención presidencial.

Pese a marcar todos esas diferencias con el Presidente, Villarruel insistió en que ambos tienen un buen vínculo. «Mi relación con Milei está bien», señaló y añadió: «Somos dos personas que se complementan». «Él es vehemente en la vida pública y es más tranquilo en la vida privada y yo soy al revés y nos complementamos. Yo soy más templada en la vida pública y en privado soy más extrovertida», argumentó. «Eso es lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió», elucubró.

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El estruendoso silencio del gobierno libertario y los mensajes cínicos y negacionistas de sus seguidores, avalados con los ya habituales “me gusta” de Javier Milei, contrastaron más que nunca con el repudio generalizado a la brutal agresión que sufrió una militante de H.I.J.O.S. por parte de dos desconocidos que, después de golpearla y amenazarla, estamparon su firma en una pared, al mejor estilo de la Triple A, ahora con la sigla VLLC, el “viva la libertad, carajo”, marca registrada del Presidente.

“Estos hechos gravísimos denunciados por H.I.J.O.S. deben ser investigados con urgencia y seriedad por el Poder Judicial”, reclamó el CELS, y reiteró la convocatoria para llenar “las plazas del país” el domingo, por el aniversario del golpe de Estado. Abuelas de Plaza de Mayo repudió la agresión y reiteró que “los discursos de odio son el caldo de cultivo de acciones y delitos violentos”. 

“Esto está pasando en la Argentina y es promovido por el discurso de violencia política del gobierno nacional. Quieren fomentar el negacionismo y el terror”, reflexionó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz. “Este 24 de marzo demostraremos una vez más que la Democracia, la Memoria, la Verdad y la Justicia son irreversibles”, señaló.

En un contexto de rechazos y repudios, el Poder Ejecutivo eligió poner en duda la denuncia. El presidente Milei se pronunció a su manera, con un “me gusta” en la red X a un posteo que sugería que el episodio era una acción “para operar contra el gobierno” y otro que se refería a “la fake de HIJOS”. Fernando Cerimedo, asesor presidencial y estratega de comunicación de LLA, no dudó en alentar la idea de una operación contra el oficialismo. “Cruzan cualquier límite. ¿Cómo van a inventar una cosa así?”, lanzó desde su cuenta personal apenas comenzó a circular la denuncia. Consultado en su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni se limitó a decir que “esperamos que la Justicia avance y se dé con el esclarecimiento”.

El reclamo de justicia

La CGT expresó el “más absoluto repudio” ante la agresión, que comparó con la “metodología utilizada por los grupos de tarea de la última dictadura militar”. “No podemos tolerar estas expresiones de violencia, que se dan en un marco de creciente conflicto social fruto de las políticas de ajuste que lleva a cabo el actual gobierno, que reproducen la misma lógica de la entrega del plan económico de Martínez de Hoz”, recordó. “¡Basta de violencia, exigimos justicia!”, concluyó el comunicado. Por su parte, la CTA Autónoma se solidarizó con H.I.J.O.S., repudió “este ataque político contra la vida e integridad de una militante” y exigió el inmediato esclarecimiento.

“Repudiamos este gravísimo hecho y exigimos su inmediato esclarecimiento. No podemos permitir que el odio y la violencia política se instalen en nuestro país”, expresó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “No vamos a dejar de decirlo: Nunca Más. Memoria, Verdad y Justicia, siempre”. “Gravísimo. La democracia está en peligro, el Gobierno nacional debe actuar urgentemente”, reclamó el ministro bonaerense Andrés Larroque.

El bloque de diputados de Unión por la Patria hizo suyo el comunicado de H.I.J.O.S. “Abrazamos muy fuerte a la compañera. Y exigimos un rápido accionar de la Justicia. A 48 años del golpe, y a escasas horas del 24 de marzo, decimos muy fuerte Nunca Más”. La Cámpora expresó su “solidaridad con la compañera y con HIJOS ante esta denuncia gravísima”. Exigió el esclarecimiento de los hechos y consideró que “a 48 años del golpe genocida, los argentinos y las argentinas no podemos permitir el recrudecimiento de la violencia política y los discurso de odio”.

El ex presidente Alberto Fernández le exigió a Javier Milei que ponga fin a los «discursos de odio que promueven la violencia» y relacionó la «predica violenta» del jefe de Estado con la denuncia de la joven militante de Hijos. «Exijo que la Justicia esclarezca rápidamente este acto de violencia política», señaló.

El senador y ex militante de H.I.J.O.S. Eduardo «Wado» de Pedro manifestó su “total repudio al atentado contra la vida de la compañera”, recordó que “el pueblo argentino ya dijo Nunca Más” y que “a 40 años de democracia, la violencia política es inaceptable”. 

La UCR expresó su “solidaridad y acompañamiento a la víctima, su familia y a toda la agrupación H.I.J.O.S. frente al aberrante episodio” y exigió el esclarecimiento y la sanción a los responsables. “La sociedad argentina hace muchos años que decidió su convivencia democrática en paz y resolvió que no hay lugar para la violencia por razones ideológicas. Repudiamos estos hechos brutales y pedimos al Poder Judicial una rápida y transparente investigación para dar con los culpables”.

El radical Ricardo Alfonsín expresó su “más plena solidaridad ante los gravísimos hechos denunciados”. “Hay que parar la violencia política. Para ello no solo es necesaria una pronta y eficaz acción de la Justicia, además hay que ponerle fin a su causa: el discurso del odio”, destacó. 

“Me solidarizo con la compañera que fue atacada y con su organización”, expresó la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda Unidad. “Hay que reforzar la movilización de este 24. Siempre nuestra respuesta a los ataques ha sido en la calle, aprendimos que ahí se gana la lucha. No puede quedar impune”, reclamó. 

«Saña inusitada»

“Repudio y consternación”, expresó la Comisión Provincial por la Memoria. “Estas agresiones de una saña inusitada tienen una clara intencionalidad política de amedrentamiento y llevan la firma de militantes de La Libertad Avanza”, destacó. “La responsabilidad de este hecho recae directamente sobre el gobierno nacional, que alienta el odio, la violencia y la apología de la dictadura militar y sus atroces metodologías”, añadió. Reclamó “un pronunciamiento inmediato de LLA” que nunca llegó y enfatizó que “para detener esta avanzada neofascistas hace falta del compromiso de todas las fuerzas democráticas”.

La Correpi tomó nota de que los agresores “no buscaban robar nada material, solamente información de la agrupación», no sin antes hacer «pasar por un calvario” a la víctima. La organización contextualizó el episodio en el aniversario del golpe y como un “producto del odio desparramado contra los derechos humanos”.

La Ctera expresó su “repudio y preocupación” y señaló que “el hecho de extrema gravedad amerita el acompañamiento y el estado de alerta de todas las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, barriales y populares del arco democrático”.

El Sipreba calificó el hecho de “gravísimo”, expresó su repudio y solidaridad con la víctima, su agrupación y todos los organismos de derechos humanos, y reiteró su “alerta y preocupación por los discursos violentos que son avalados y fomentan estas acciones”.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices enmarcó el episodio en “este momento de extrema violencia, oscuridad y revanchismo que traviesa nuestro país, claramente fomentado por quienes tienen la obligación de respetarnos, aplicar la ley y gobernar para todos y todas”. “Intentan asustarnos, disciplinarnos, pero estos hechos nos movilizan aún más a ocupar las calles este domingo”, señaló.

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En la previa de un nuevo 24 de marzo, el Gobierno se dispone a dar otro impulso a su batalla cultural. Esta vez intenta apuntar directo al corazón de los consensos construidos a lo largo de los últimos cuarenta años en torno al proceso de memoria, verdad y justicia y el pacto del Nunca Más. Con un spot oficial, dirigido por el documentalista personal del Presidente y con entrevistas a quienes abogan en el presente y en las pantallas de tevé por la impunidad de los genocidas, el pack del video contiene un combo que incluye una apología a la memoria completa, discusión y negación del número de los 30 mil desaparecidos y teoría de los dos demonios recargada.

Según trascendió, las entrevistas fueron filmadas en el Salón de Blanco de la Casa Rosada y está previsto que el video se publique por las redes sociales de los canales oficiales de la Presidencia en las próximas horas. La dirección estuvo a cargo de Santiago Oría, el egresado de la Universidad del Cine (FUC) y director del canal de YouTube llamado «cineasta liberal argentino». Oría fue el publicista de las campañas electorales del ultraderechista en 2021 y 2023, autor del documental «Javier Milei, la revolución liberal» y el hombre encargado de cuidar la imagen del Presidente en su permanente estado de campaña.

Entre los entrevistados, el spot buscó a viejos detractores de las políticas de memoria. Uno es Juan Bautista “Tata” Yofre, exjefe de la SIDE de Carlos Menem y la persona que durante ese período facilitó el retorno a la casa de los espías de militares que habían sido purgados durante la gestión del radical Raúl Alfonsín. Luego del paso por la SIDE, Yofre ocupó las embajadas en Portugal y Panamá y alejado de los cargos públicos pero nutrido de los archivos de la SIDE se puso a escribir libros donde ventila intrigas entre militares y dirigentes políticos que lo convirtieron en fetiche de quienes cuestionan la política de memoria implementada desde 2003. Las crónicas de este diario recuerdan que uno de sus mejores publicistas fue el condenado Alfredo Astiz: en la primera audiencia del primer juicio ESMA provocó a los familiares de sus víctimas mostrándoles la tapa de uno de sus libros.

En el video, también aparece Luis Labraña, exintegrante de la organización Montoneros, compañero de mesas de Yofre y estrella de los canales de tevé alineados con el Gobierno desde que en agosto de 2021 dijo que la cifra de víctimas de la dictadura se «inventó» y que además la inventó él mismo. También aparece en el spot María Fernanda, hija del capitán Humberto Viola, muerto el 1° de diciembre de 1974 en un operativo del ERP. Ella es una de las principales defensoras de la denominada «memoria completa» junto a Cecilia Pando y las esposas de militares condenados por crímenes de la dictadura que los quieren de regreso en sus casas.

El spot llega en el contecto de vaciamiento de trabajadores y de políticas públicas en el Estado, y también en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del avance del discurso negacionista que comparten tanto el Presidente como la vicepresidenta respecto al genocidio ocurrido en el marco del terrorismo de Estado. A la utilización del término «excesos» que Milei mencionó en el debate presidencial para referirse a los crímenes de la dictadura, y a los agravios lanzados por Villarruel contra Estela de Carlotto (a quien llamó «siniestra»), se sumó recientemente la burla del presidente sobre la cifra de 30.000 desaparecidos, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo.

En las últimas horas, uno y otro intentaron bajar el tono en torno a las versiones de posibles indultos a los represores. Él, a través de un tuiter en repuesta a un periodista de CNN y ella en una entrevista con TN en la que repitió su postura negacionista acerca de la existencia de una «guerra» durante los años del genocidio, pero también dijo el problema militar requería una respuesta jurídica y no un indulto (ver aparte).

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Patricia Bullrich anunció proyectos de ley que endurecen penas frente a la protesta social y los cortes de calles. El uso de armas de fuego. Las leyes antimafia en otros países.

Patricia Bullrich hizo una mezcolanza de anuncios de proyectos de ley sobre cuestiones penales que enviará al Congreso, un paquete en el que destacó el endurecimiento de penas frente a la protesta social y los cortes de calles, que estaba incluido originalmente en la Ley Bases y naufragó con ella. Aunque, dijo, serán presentados en los «próximos días», eligió la antesala de la movilización del 24 de marzo, para exponerlos en una conferencia de prensa, después que el ministro de Defensa, Luis Petri, contara que el Gobierno apuesta a darles a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad interior.

La criminalización de la protesta y la habilitación de la represión y detenciones sin orden judicial, forman la estrategia del gobierno frente a los efectos del ajuste. A las fuerzas de seguridad les ofrece, además, la ampliación de la legítima defensa para que puedan disparar armas de fuego a discreción. Como preámbulo, tal vez como excusa, la ministra de Seguridad había empezado su speech con una grandilocuente propuesta de «Ley Antimafia», en el contexto de la violencia y el narcotráfico en Rosario. Sumó una ley de «reiterancia» para que quede preso/a quien comete un delito por segunda vez («Si reiterás el delito, vas preso», dijo, sin aclarar como aplica el principio de inocencia) y un registro de ADN para cualquier que quede detenido/a, no sólo para los delitos sexuales. 

Bullrich englobó todos los temas bajo el concepto de «la situación de inseguridad que esta viviendo la Argentina» pero no explicó qué tiene que ver con la protesta social. Ni dio precisiones de cada proyecto. Dijo que aunque se conformó la comisión para diseñar una Reforma del Código Penal –donde hay dos funcionarios de su cartera–  el Gobierno quiere apurar algunas cuestiones. Cuando le preguntaron en la rueda de prensa qué pasa si no consiguen apoyo del Congreso, respondió a lo Javier Milei, como si la receta libertaria fuera la única: «¿Quién no va acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?» 

Contra la protesta

La ministra enfatizó que su gran objetivo es lograr con una reforma al Código Penal, que no se logró por la Ley Bases, «el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas». Aludió al artículo 194 que en el proyecto original prevé que por participar en un corte de uno a tres años y medio de cárcel (hoy es de tres meses a dos años), lo que podría llevar a cumplir prisión efectiva. Añade agravantes de dos a cuatro años. El mensaje es que manifestarse puede llevar a la cárcel. Además, lo transforma en un delito en flagrancia, lo que permite a las fuerzas de seguridad actuar a discreción sin orden judicial. Para quienes «dirijan, organicen o coordinen» una manifestación que entorpezca la circulación el proyecto estipulaba de tres a seis años de prisión. 

Otra vez Bullrich hizo gala de la línea 134 del Ministerio que, según ella, recibió 150.000 denuncias por presiones para manifestarse. No se conoce el mecanismo de esos reclamos ni si son todos casos reales. Mencionó que una de las investigaciones por esto está a cargo del juez federal Ariel Lijo, el candidato a la Corte Suprema que presentó Milei. Otro tema que introdujo: «Está agravado impedir que una empresa trabaje»; los «bloqueos al comercio y la industria», se castigarían con cuatro a seis años de cárcel. Así limitan el derecho a huelga. 

Siguió: «Hoy le pegan a un policía (en una manifestación), le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad». Se refiere al delito de atentando y resistencia a la autoridad, una figura harto utilizada para «cazar» manifestantes y atribuirles acciones nunca probadas. Hoy esa figura tiene prisión de prisión de un mes a un año o con agravantes puede llegar a seis años. Otra amenaza de cárcel efectiva.

Licencia para matar

En línea con el retorno da «doctrina Chocobar» (por Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a un joven que hirió y quiso robar a un turista) que Bullrich plasmó en el  nuevo reglamento que flexibiliza el  armas de fuego para la policía y las fuerzas, anunció un proyecto más sobre «legitima defensa y cumplimiento del deber», que ya fue ensayado también en la ley Bases. Lo que hace es ampliar para los agentes el uso de armas de fuego cuando crean necesario y aunque el agresor tenga un arma de juguete o se esté escapando sin representar peligro. El supuesto es que siempre va a disparar en cumplimiento del deber. «Queremos cambiar la idea de que los policías son victimarios y víctimas los que comienzan el hecho delictual», espetó la ministra.

«De esta manera, estiran el concepto de legítima defensa para que más situaciones de uso d ela fuerza por parte de policías sean consideradas cumplimiento del deber y queden por fuera del control judicial. Incluso así le marcan la cancha al Poder Judicial para debilitar el control sobre la actuación policial y que no tengan que rendir cuentas por el uso de armas letales», alertó Manuel Tufró, director del Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. La ministra dobló la apuesta al regodearse: «No vamos a permitir la querella contra el Estado de las familias de los delincuentes si mueren». 

«No parece que ninguna de las propuestas anunciadas vaya a mejorar la seguridad de la vida de la gente y meter la criminalización de la protesta es un despropósito. No genera ninguna inseguridad, en todo caso hace que haya gente que no llegue a un lugar a la hora que previó. Todo es una excusa para levantar  derechos ganados y que la policía actúe con discrecionalidad», evaluó la exministra de Seguridad Sabina Frederic. 

Ley Antimafia

Como quien vende un producto, la ministra se refirió a un proyecto de «Ley Antimafia» para el que dijo haberse inspirado en el «código antimafia italiano» y en la «Ley Rico usada en Estados Unidos y que fue adoptada en el Salvador para combatir a las maras». Formuló la explicación varias veces hasta llegar a esta: «La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización». «Todos van a tener la misma pena máxima», insistió. «Quien transporta las drogas, quien las vende, quien le presta la moto, quien hace el sicariato, quien lava el dinero», ejemplificó. Aclaró que «si no se determina una pena máxima el delito será de una pena de entre ocho y doce años».  Buscan, sostuvo, «un modelo superador de la asociación ilícita cuando las organizaciones usan métodos de extorsión, muerte y reemplazo de la ley». 

Citó el caso de una mujer de la organización «Los Monos» en Rosario que estaba libre con tobillera electrónica y fue atrapada vendiendo droga (narcomenudeo). En la teoría Bullrich debería tocarle la misma pena que al que mata o lava plata. Anunció que la ley permitirá detenciones por averiguación de delitos, retenes para requisas, incautación de mercadería, rastrillajes, interceptación de comunicaciones. Sólo en este  último caso mencionó la autorización judicial. Agregó que habrá un sistema de «extinción de dominio» para quitarles «propiedades y dinero». Definió «organización criminal» o «mafiosa» como «aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo», «genera pánico» y busca «infundir temor a las autoridades y quebrarles la voluntad». Aludía a la policía y fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, políticos. Pero sin mencionar que a veces han sido parte del problema. 

Tufró planteó dudas: «¿Cómo se probaría la pertenencia a algo presentado de modo tan difuso? Además, en las bandas hay niveles diferenciados de responsabilidad y de delitos. No queda claro si se usará un agravante». Frederic sostuvo que la idea de «ley antimafia» va de la mano con la modificación para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, con la justificación es la violencia en Rosario. «Hay dificultad para precisar qué es terrorismo o narcoterrorismo El riesgo es confundir justos con pecadores, hacer redadas indiscriminadas y que terminen convirtiendo al Estado en terrorista», advirtió. 

La ley Rico estadounidense (ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas) es un sistema distinto, que establece cargos específicos cuando a partir de la investigación de una persona por un delito se descubre una cadena de delitos en años previos y una «empresa criminal» que se infiltra en la actividad económica. Pero no contempla las mismas responsabilidades para todo el que participe. Tampoco lo hace la ley italiana, que diferencia entre miembros y organizadores. Esta norma agrega a la asociación ilícita una agravada «de tipo mafioso». «Esa fue una de las primeras implementaciones en Italia. Para determinarla toma elementos sociológicos de actuación de las mafias del en el sur de Italia, que son la intimidación y la omertá (o ley del silencio)», explica Fernando Vallone, master en combate a la criminalidad organizada por la Universidad de Pisa, Italia. Señala que es «un buen punto de partida», pero aclara que en ese país requirió «organismos de investigación y persecución especializados» y «técnicas de investigación del rastro económico del delito». Hay direcciones distritales antimafia, policía judicial específica, prevención y hay fiscales especializados desde 1988″. 

Vale aclarar que en El Salvador, con el modelo de Nayib Bukele que endiosa Bullrich, rige un estado de excepción, que es muy otra cosa: hay detenciones de a miles, por suposición de vínculos y tatuajes, y actúan «jueces sin rostro» (no se identifican) y se meten testigos por la ventana.

Fuente: PAg 12

Anunció que enviará un proyecto de ley que le permita a las Fuerzas Armadas hacer tareas represivas. El rechazo de Victoria Villarruel. Las malas experiencias en otros países.

El gobierno de Javier Milei quiere darles una carta blanca a las Fuerzas Armadas para que vuelvan a las calles a patrullar, controlar vehículos y detener personas. El argumento ya no es la lucha contra el narcotráfico en Rosario, sino el supuesto de que estarán en combate con el “terrorismo”. La novedad fue anunciada en una conferencia de prensa por el ministro de Defensa Luis Petri, que días antes había reivindicado el rol de los militares durante la dictadura y trazado un paralelismo entre lo que hicieron en aquellos años y en la tarea que se les encomendará –si el Congreso aprueba la reforma– en la provincia de Santa Fe. La vicepresidenta Victoria Villarruel –históricamente embanderada con la familia militar– aprovechó para desmarcarse de la iniciativa de quien se quedó con el ministerio que ella pretendía conducir políticamente. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir civiles. Creo que quedó claro con el tema de los ‘70”, salió al cruce.

Petri mandó efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a Rosario, donde en las últimas semanas se registraron cuatro asesinatos y 30 en lo que va del año. Pero, según él, que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a las fuerzas de seguridad no es suficiente. Por eso, promueve un cambio en la ley de Seguridad Interior –aprobada en 1991– para darles mayores facultades a los militares –lo que no necesariamente cae bien entre los uniformados.

“Estamos modificando la ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverles la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, dijo desde la Casa Rosada junto a Patricia Bullrich, su excompañera de fórmula y quien negoció con Milei su llegada al Ministerio de Defensa.

Según comunicó Petri, las Fuerzas Armadas van a intervenir si el comité de crisis –que crea la ley de Seguridad Interior– califica la situación como constitutiva de “terrorismo”. Eso implicará tener el visto bueno del gobernador de la provincia en cuestión. En este caso, Maximiliano Pullaro ya había abrazado la idea de una reforma para que llegaran los militares, aunque reclamó capacitación para ellos. 

A Villarruel –como ya había contado este diario–, la idea de Petri no le gusta nada. “En los ‘70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, lanzó la militante por la “memoria completa”.

Los pormenores

Con la reforma que impulsa Petri, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas a realizar patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y detenciones en flagrancia. “Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber”, se atajó el ministro de Defensa ante los cuestionamientos internos de que los militares deberán responder porque no están habilitados a “combatir” con civiles.

Durante la conferencia, Petri buscó no hablar de narcotráfico sino de actos terroristas. De esa forma, se subió a una ola que no es nueva y es la que inauguró Estados Unidos después de los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Las diferencias son abismales, pero hay una que es particularmente importante: Washington no libra la llamada “guerra contra el terrorismo” con las Fuerzas Armadas dentro de sus propias fronteras.

“Todos los países del mundo utilizan sus Fuerzas Armadas para el combate del terrorismo, la Argentina es una excepción”, resaltó. “Con la legislación actual argentina, las Fuerzas Armadas israelíes el 7 de octubre no hubiesen podido intervenir en la Franja de Gaza. Fíjense la locura ideológica a la que han sometido a las Fuerzas Armadas, que son fuerzas de la democracia y son fuerzas de la Constitución y van a actuar con todo el amparo y el respaldo de la ley”, siguió el funcionario. En ese mismo sentido, Petri había dicho dos semanas atrás al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que estaba trabajando para que Hamas fuera considerada una organización terrorista por el gobierno argentino.

Lo que parece proponer el gobierno de Milei se corre de las experiencias de empleo de las Fuerzas Armadas en la región, como sucedió en México. Allí los militares se involucraron para luchar contra los carteles de droga porque entendían que las fuerzas de seguridad no tenían en suficiente poder de fuego ni la organización para enfrentar semejante amenaza, explica el abogado Roberto López, asesor en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. No estaban librando una lucha contra el terrorismo –como acá propone Petri. “Terminó muy mal esa experiencia. De hecho, la única fuerza que continúa trabajando es la Armada porque tanto la Fuerza Aérea como el Ejército fueron totalmente penetradas por el narcotráfico y hoy son dos fuerzas corruptas e inútiles”, añadió.

“Aparentemente, el objetivo de la administración del Presidente Milei es bajar el nivel de adiestramiento de las Fuerzas Armadas a niveles policiales, con lo cual cambiaría su misión principal, que es defender la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, que son los intereses vitales del artículo 2 de la ley 23.554, que tiene como objeto el instrumento militar argentino. Esto seguramente esté vinculado a presiones externas en función de requerimientos de otras potencias”, advirtió López.

Poco entusiasmo

Petri viene preparando la cancha para hablar sobre “terrorismo” desde hace tiempo. “Hay un hilo (conductor) entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”, dijo el martes en un acto que se organizó en el Círculo Militar. En el auditorio estaban, entre otros, Cecilia Pando, que reclama la reivindicación de los militares que actuaron durante la dictadura y su liberación. Al término de su discurso, Petri se fotografió junto a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) –como llaman a los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer personas– y a esposas de condenados por crímenes contra la humanidad.

Ni siquiera Pando está muy entusiasmada con el proyecto que impulsan Petri y Bullrich –y que habrá que ver si consigue los votos en el Congreso para reformar parte de las leyes que hacen al consenso democrático de mantener a los militares lejos de la seguridad interior y de la inteligencia. “Espero que les den todas las garantías necesarias para no terminen presos como sucedió con los militares que combatieron al terrorismo marxista”, escribió en su cuenta de X. A pesar de sus diferencias personales, Pando y Villarruel piensan parecido en este tema.

En el Congreso remarcan que quieren ver el proyecto. Por ahora, no es más que un anuncio. El ministro estimó que la iniciativa se enviaría a mitad de la semana próxima. Sorprendió que haya adelantado el anuncio y que se hiciera –junto con un paquete represivo impulsado por Bullrich– tres días antes de que se cumplan 48 años del golpe de Estado. Será difícil que Villarruel junte votos en el Senado para un proyecto del que descree.

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La organización Jabad Lubavitch lo distinguirá el 10 de abril en Estados Unidos. La obsesión del Presidente por posicionarse como una figura global y el apoyo irrestricto a Netanyahu

La movida es conveniente para ambas partes. El evento será en Miami, el miércoles 10 de abril, y Javier Milei recibirá el título de Embajador Internacional de la Luz. Para la organización judía ortodoxa Jabad Lubavitch de Bal Harbour, que otorga la distinción, es la oportunidad para ganar todavía más influencia, concretar una cena de recaudación y celebrar -así lo dice textualmente la invitación- que, con la ayuda de Dios, pudieron terminar de pagar la hipoteca de su ampuloso centro religioso. Para Javier Milei se trata de recibir un premio -casi desconocido- y, sobre todo, mostrarse como un integrante de la derecha internacional que da apoyo incondicional, sin crítica alguna, a la ofensiva del gobierno de Israel en Gaza. Quienes conocen la actividad diaria del presidente saben que hay tres cuestiones a las que dedica la mayor parte del tiempo: el déficit cero, las redes sociales y posicionarse internacionalmente. Su entorno lo alienta en este último terreno: le insisten en que hoy por hoy es uno de los referentes políticos del mundo. Por eso viajó a Davos, a Nueva York, Israel y al Foro de Acción Política Conservadora, en Washington. Por eso irá a La Florida el mes que viene.

Todo a la derecha

El viaje a Miami encaja perfectamente en una de las ambiciones centrales de Milei. Dentro mismo del gobierno libertario afirman que el presidente no gestiona prácticamente nada: no le importa lo cotidiano. No está al tanto si se designó o no a un funcionario, si hay fondos para el PAMI, los medicamentos o las universidades. Sólo se concentra en el déficit cero, twitear o darle like a los tweets de otros y le importa mucho, muchísimo, figurar a nivel internacional. Eso lo llevó rápidamente a aceptar el viaje a Miami, pese a que la distinción, Embajador Internacional de la Luz, es desconocida y nunca trascendió que haya sido otorgada anteriormente a personalidades como el presidente de un país. En este caso, además, también recibirá el reconocimiento la hermana presidencial, Karina, algo que suena a un dos por uno, y no a un manejo prolijo de un premio.

Como ya lo ha dicho, Milei prioriza posicionarse al lado de Estados Unidos e Israel, pero más precisamente con las derechas internacionales, sintetizadas en esos dos países en los nombres de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Parece no importarle que, frente la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre pasado, el gobierno de Netanyahu haya dispuesto bombardeos indiscriminados y ofensivas irracionales. Esa política fue criticada por Joe Biden, por las Naciones Unidas y hasta por una mayoría del pueblo israelí. Aun así, Milei dará un apoyo global, irrestricto a Netanyahu.

La invitación al evento del 10 de abril dice expresamente que se le otorga la distinción de Embajador Internacional de la Luz por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad. Sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”.

Finalmente, el presidente pondrá el acento en otro tema al que le da importancia: el acercamiento espiritual a la religión judía. Es todo un gesto posicionarse del lado de una de las corrientes más conservadoras del judaísmo.

Milei, el premio y el judaísmo

El presidente se vinculó al judaísmo estudiando la Biblia, la Torá, de la mano del rabino Shimon Wahnish, a quien designó embajador argentino en Israel, aunque esa designación requiere la aprobación del Senado. La audiencia para tratar el pliego de Wahnish, así como los de Gerardo Werthein (embajador en Estados Unidos) y el de Ian Sielecki (en Francia) se tratarán este jueves en el Senado. El dato es que Wahnish no es Lubavitch, sino que pertenece a una vertiente de los judíos sefaradíes, orientales, los judíos marroquíes. De todas maneras, tanto Werthein como Wahnish acompañarán a Milei a Miami.

Jabad Lubavitch tiene una relación condicionada con Israel. La Biblia sostiene que el estado judío existirá después que llegue el Mesías, por lo cual los Lubavitch no tienen un reconocimiento pleno. Por ejemplo, no suelen cantar la Hatikva, el himno de Israel, y tampoco le dan una gran dimensión a Iom Hatzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Sin embargo, no se pueden desmarcar del todo porque la gran mayoría de los judíos del mundo se referencian con Israel.

Jabad Lubavitch en acción

Dentro de los grupos judíos ortodoxos, Jabad Lubavitch es el que más crecimiento e impacto tuvo en los últimos años. Por cantidad de adherentes y por poder económico. Son seguidores del rabino Menahem Mendel Shneerson, que llegó de Rusia y falleció en Nueva York en 1994. Antes de asumir, Milei visitó su tumba.

Dentro de la propia corriente Lubavitch están los mesiánicos, una minoría, que creen que el rabino fue el auténtico Mesías y que sigue vivo. Por otro lado, la mayoría, es esencialmente seguidora de Mendel Schneerson. Todos ellos son ultraconservadores y relegan a la mujer a un puesto muy secundario, casi inexistente. Como se sabe, ellas deben ir mayormente cubiertas para no despertar tentaciones. La invitación pública para el 10 de abril figura a nombre del rabino y la rabina (rabbi & rebbetzin dice la tarjeta) Sholom y Chani Lipskar, en el que Chani, en verdad, es simplemente la esposa del rabino, no puede oficiar ceremonias. Aunque no es una postura oficial, la gran mayoría de la congregación respalda a Donald Trump, en la arena política norteamericana.

En Miami hay muchos centros de Jabad, pero el de Bal Harbour es el más fastuoso, el de mayores dimensiones. Cada centro es independiente, de manera que el premio es otorgado únicamente por el Shul, que es como se denomina al centro de Bal Harbour.

Aunque no se conocen las características de la ceremonia, lo habitual es una cena de recaudación. Con una curiosidad. Mendel Schneerson, en vida, solía entregar billetes de un dólar. El rabino tuvo una enorme fama y había colas de cuadras enteras para pedirle consejos y hasta curaciones. En esa oportunidad, a todos les daba un billete bendecido, siempre de un dólar. Con el tiempo, esos billetes pasaron a ser auténticos trofeos. Cuando Milei estuvo en Israel, en el Aeropuerto Ben Gurión, antes de la partida del avión, un rabino Lubavitch se acercó al presidente y le dio uno de esos billetes originados en Mendel Schneerson. La anécdota fue relatada por la Agencia Judía de Noticias (AJN) en aquel momento. En esa sintonía, el 10 de abril seguramente el rabino Lipskar exhibirá uno de aquellos billetes como incentivo para que los reunidos también aporten al centro comunitario. Parte de la recaudación se utiliza para nuevas obras y hay una larga tradición de beneficencia.

Armando agenda

Para justificar el viaje en tiempos tan turbulentos y para recibir un premio poco conocido, la Cancillería y el embajador Werthein están tratando de armar, de urgencia, una agenda con empresarios. En la visita anterior, cuando fue a la tumba de Mendel Schneerson, el encuentro más significativo que pudieron concretar fue con Bill Clinton. El expresidente norteamericano es un abonado a eventos de la familia Werthein que le paga una cifra anual a la fundación Clinton. Habrá que ver si esta vez logran contactos más significativos. 

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