El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, participó de la ceremonia de apertura del Hub logístico (G-Hub) del Grupo Greenland en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la región centro de China, donde Argentina cuenta con un pabellón nacional para exhibir su producción comercial.

Vaca Narvaja fue invitado como orador principal del evento, que contó con la presencia de autoridades locales, incluidas el gobernador de la provincia de Hubei, Wang Zhonglin, y el presidente del Grupo Greenland, Zhang Yuliang.

En su discurso, el embajador destacó la importancia de la concreción de dicha iniciativa y de la presencia de la Argentina con un pabellón nacional en sus instalaciones, el que constituye una plataforma de exhibición y promoción comercial y cultural al mercado chino durante todo el año.

Desde la embajada argentina indicaron que el pabellón nacional cuenta con una variada selección de productos argentinos de excelente calidad y ampliamente reconocidos en China tales como vinos, yerba, carnes y productos de mar, varios tipos de alimentos, artículos de cuero, entre otros.

Asimismo, la presencia en el G-Hub brinda a las empresas argentinas amplias facilidades para la logística y distribución de productos, reduciendo tiempos de entrega y facilitando la concreción de agenda de negocios y múltiples iniciativas, además de ser un espacio para la realización de eventos de promoción y posicionamiento entre consumidores y principales importadores y distribuidores.

 

El G-Hub de Wuhan cuenta con un espacio de exhibición de 6.000 metros cuadrados con presencia de más de 30 pabellones nacionales, representando un total aproximado de 20.000 productos importados y nucleando a más de 180 empresas y organizaciones de 76 países y regiones, con una inversión estimada en 60 mil millones de yuanes.

Está localizado en la región centro de China, a orillas del río Yangtze, lo que brinda múltiples oportunidades para la proyección de la marca país y el posicionamiento de las empresas argentinas en el mercado chino.

Argentina y el Grupo Greenland trabajaron en conjunto durante todo el año, entre otras cosas para sostener la presencia argentina en el G-Hub ubicado en la ciudad de Shanghái, también con un pabellón de exposición de productos nacionales, que extiende a lo largo del año la promoción de nuestra oferta exportable en la feria China International Import Expo (CIIE), una de las más importantes del mundo.

El Embajador y las autoridades del Grupo Greenland destacaron en la ceremonia en Wuhan el interés existente por fortalecer y promover los vínculos comerciales entre ambos países, como socios estratégicos.

Un programa de inteligencia artificial se comenzó a implementar como “prueba piloto” en dos juzgados nacionales en lo civil, para automatizar los procesos de despacho y así reducir tiempos en algunos trámites tales como sucesiones y, en una segunda etapa, de seguridad social.

Entre sus objetivos está  “dar un salto tecnológico en el Poder Judicial y al mismo tiempo mejorar las condiciones laborales”, explicó a Télam Fernando Cordero, secretario de Tecnología y Gestión Informática de la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.

“¿Qué hacemos con esta automatización de procesos? Descomprimir de una carga laboral que es automatizable, pero sin afectar el concepto de justicia”, destacó.

El proyecto surgió bajo la órbita de esa secretaría, como una iniciativa de trabajadores y trabajadoras judiciales que luego derivó en la creación del Departamento de Inteligencia Artificial, encabezado por Cecilia Celeste Danesi, profesora de Inteligencia Artificial y Derecho en la UBA.“

¿Qué hacemos con esta automatización de procesos? Descomprimir de una carga laboral que es automatizable, pero sin afectar el concepto de justicia”Fernando Cordero, secretario de Tecnología y Gestión Informática de la Comisión Directiva Nacional de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.

“Lo importante de este proyecto es que fue elaborado por trabajadores y trabajadoras del fuero civil de primera instancia, que es en donde históricamente se concentra mayor cantidad de trabajo”, indicó Cordero.

El programa en cuestión es “muy amigable para ser usado”, explicó, y lo que hace es automatizar, mediante un sistema con opciones de respuestas que los trabajadores deben ir seleccionando, “los procesos de despachos del primer auto de las sucesiones ab intestato” (que es lo que da inicio a una sucesión).

“Lo que logramos con el proyecto es automatizar una tarea que es engorrosa y reducir a más de la mitad el tiempo para despacharlo”, detalló Cordero.

Es decir, “que el justiciable que está esperando la respuesta del Poder Judicial, gracias a este tipo de software va a ver una rapidez en el trámite que antes se demoraba el doble de tiempo”, completó.

Cordero destacó que “estas mejoras benefician a la sociedad en su conjunto porque agilizan los tiempos del servicio de justicia, sin quitarle a la justicia el carácter humano”.

Por eso remarcó que más allá de este avance, “si las nuevas tecnologías no son implementadas y conducidas por trabajadores y trabajadores se corre el riesgo de deshumanizar a la justicia”.

El proyecto está en marcha en dos juzgados nacionales en lo civil (N° 98 y 66) “con resultados alentadores porque reduce a menos de la mitad el tiempo en el despacho”, resaltó.

Respecto de los planes a futuro, Cordero comentó que “la idea es seguir avanzando para luego llevar este sistema a  nivel nacional en cada fuero y jurisdicción”.

“Además, tenemos proyectos para llevarlos a juzgados federales del interior del país”, agregó.

Asimismo, destacó que “el año próximo van “a llevar la propuesta para automatizar los procesos de seguridad social y para avanzar en la automatización de procesos ejecutivos y la regulación de honorarios de abogados”.

El secretario hizo hincapié en  que “la inteligencia artificial requiere de una exigencia y preparación importante” y enfatizó que desde la Unión “insisten en que para implementarla tiene que ser conducida por trabajadores y trabajadoras”.

“Nosotros hoy en el Poder Judicial estamos casi diez años atrasados de lo que son las nuevas tecnologías, y es para destacar que en el último año y medio la actual conducción de la Dirección General de Tecnología ha hecho un esfuerzo enorme y una inversión para poder mejorar el equipamiento y también los software del Poder Judicial”, remarcó.

El sentido de estas iniciativas, dijo, es el de escuchar “las propuestas que los trabajadores y trabajadores presentan para mejorar el servicio de justicia, con la convicción de brindar un servicio de excelencia”.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió remitirle a su colega Julián Ercolini la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal y extorsión por las que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio, informaron a Télam fuentes judiciales.

La magistrada se declaró incompetente para intervenir en la causa que se inició en Dolores y la envió “por conexidad” al juzgado de Ercolini, quien investiga otra denuncia contra el falso abogado, aquella que le formulara el fiscal Carlos Stornelli cuando acusó a D’Alessio de haberlo estafado e invocado su nombre falsamente.

La paradoja detrás de este nuevo cambio de manos del caso D´Alessio es que, de aceptar la competencia, el juez Ercolini tramitará juntas dos causas que ubican a Stornelli en lugares contrapuestos: en la que se inició en el juzgado federal de Dolores el fiscal está acusado, mientras que en la otra, es denunciante.

“Se vislumbran aquí dos posibles líneas de acción: o se procede a requerir la inhibitoria al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, que viene entendiendo en la causa CFP 1406/2019 desde el 12/2/19, o como desde ya adelanto habré de optar, se dispone la remisión de la presente causa FMP 88/2019 a conocimiento de dicho órgano jurisdiccional, para la tramitación conjunta de ambas causas”, sostuvo la jueza Capuchetti en su resolución de este mediodía.

“Sin perjuicio de no desconocerse que la presente causa ostenta un más elevado grado de avance en su trámite, lo cierto es que corresponde al titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 10 continuar con la investigación del legajo que ha reclamado para sí en el pasado, no sólo por el amplio lapso temporal que ha transcurrido desde que tomó contacto con los eventos que aquí se ventilan, sino también por el grado de conocimiento que tiene sobre ellos”, sostuvo la jueza.

Ahora deberá Ercolini, titular del juzgado federal 10, decidir si se queda con el caso D´Alessio o rechaza la competencia: el escenario cambió bastante desde el tiempo en que él le había reclamado el expediente al entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Cuando Ercolini solicitaba para su competencia la causa a Ramos Padilla, el fiscal Stornelli estaba procesado por una supuesta extorsión al empresario Pedro Etchebest -denunciante original del Caso D´Alessio- pero luego la Cámara de Mar del Plata le dictó falta de mérito y le dejó los procesamientos por los casos “Ubeira” y “Castañón”.

El derrotero de la causa

La causa D´Alessio se inició en 2019 en la ciudad de Dolores, a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest y la semana pasada, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Tras el sorteo de rigor, quedó en manos de la jueza Capuchetti, que primero se excusó con el argumento de que en este expediente se investiga el papel de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en supuestas maniobras de espionaje ilegal, de las cuales ella fue víctima y son investigadas en otro expediente.

El caso volvió a sortearse y le cayó al juez Ariel Lijo que rechazó la inhibitoria de su colega y envió el caso a la Cámara Federal porteña para que allí se resolviera quien debe investiga.

En la mañana de este jueves, el camarista Pablo Bertuzzi había resuelto «no hacer lugar a la excusación» de Capuchetti porque “las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio».

La Cámara Federal de Casación autorizó al exvicepresidente Amado Boudou un viaje a México hasta el 31 de enero próximo, al revocar la negativa de un Tribunal Oral, en el marco del cumplimiento de su condena a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone.

Boudou tiene libertad condicional pero entre las condiciones que se le fijaron debe pedir autorización en caso de viajes al exterior, explicaron fuentes judiciales.

El exvicepresidente había pedido permiso para viajar antes de Navidad para pasar las fiestas junto a su pareja mexicana Mónica García de la Fuente, sus dos hijos y la familia de ella.

Pero el Tribunal Oral Federal 4 rechazó la solicitud, pese a que el fiscal ante esa instancia Marcelo Colombo dictaminó a favor de conceder el permiso.

Ante esto, los abogados del exvicepresidente, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, presentaron un recurso de Casación que fue concedido -por los camaristas Angela Ledesma y Mariano Borinsky -y se autorizó «la salida temporaria del país desde el día de la fecha hasta el 31 de enero del 2022»

«Lo solicitado por el fiscal constituye el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse y, consecuentemente, el Tribunal no puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación», explicó Ledesma en su voto.

Ante un dictamen favorable al viaje por parte de la fiscalía, «existió un exceso por parte del magistrado al resolver apartarse del acuerdo existente entre las partes para otorgar el permiso requerido por Amado Boudou para salir del país desde desde el 24 de diciembre hasta el 2 de febrero de 2022 por motivos familiares», agregó la jueza.

Boudou presentó ante la Justicia datos de domicilio y contacto en México, pasajes de ida y vuelta y explicó que «se encontraría allí con su mujer y sus dos hijos» para visitar a los abuelos y resto de la familia para el «afianzamiento y mejoramiento de los lazos familiares y sociales»

Ante la negativa inicial del Tribunal Oral, no pudo viajar para las fiestas navideñas y de fin de año, por lo cual su defensa informó que reprogramó su reserva con fecha de partida el 7 de enero próximo y regreso el 31 del mismo mes.

Personal del área de Explosivos de la Policía Federal activó este jueves el protocolo de seguridad en la Casa Rosada, en Balcarce 50, donde desarrolla sus actividades el presidente Alberto Fernández, ante una amenaza de bomba mediante un llamado telefónico al 911 y, tras una pormenorizada recorrida por el edificio y el exterior, no se detectó «ninguna novedad», dijeron fuentes oficiales.

«La recorrida se efectuó sin evacuar al personal de las dos plantas«, agregaron las fuentes.

 

De acuerdo al informe, cerca del mediodía «entró una llamada telefónica con una amenaza de bomba a la línea 911 de Policía de la Ciudad y dieron aviso desde esa fuerza y se activó el protocolo de seguridad en Casa Rosada», donde el presidente Fernández trabajaba desde las 11.

 

«Se realizó una exhaustiva recorrida por todo el edificio y el perímetro sin ninguna novedad. No se evacuó al personal porque la amenaza telefónica decía que iban a colocar una bomba. La llamada provino de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires», precisaron las fuentes.

El expresidente Mauricio Macri volvió a llamar a la unidad de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) y advirtió que «cualquiera que hoy se equivoque y saque los pies del plato» de esa coalición, «desaparece».

En una entrevista publicada este domingo por el diario mendocino El Sol, Macri sostuvo que «hay muy pocas posibilidades» de que JxC «se rompa» porque -dijo- «la gente tiene todo muy claro».

«Hoy lo que ordena es el ciudadano. Es una madurez que ha ido creciendo, la vimos en esas 30 marchas históricas del «Sí, se puede» del final de la campaña del 2019, que para mí fue el mayor aprendizaje que tuve en política», rememoró el exmandatario, que destacó haber podido experimentar por entonces «esa sana rebeldía».

En ese sentido, afirmó que «cualquiera que hoy se equivoque y saque los pies del plato de JxC desaparece. Hay una conciencia muy grande, por eso ha habido tanto enojo con pequeños tironeos que en otra época no hubieran llamado ni siquiera la atención», sostuvo sobre los contrapuntos en la coalición opositora.

Sin embargo, Macri ponderó que «hay mucha vocación para que las cosas cambien y para eso se espera de los dirigentes generosidad, épica y compromiso con la transformación».

«Nadie quiere a dirigentes tan preocupados por ‘qué lugar me va a tocar’, sino ‘cómo puedo ayudar a lo que espera la gente de parte nuestra’, y los dirigentes lo están entendiendo», subrayó.

Por otro lado, el expresidente consideró que el Gobierno de Alberto Fernández «ha sido un ejercito de demolición», al argumentar: «No solucionaron ninguno de los problemas que nosotros no pudimos y que habíamos heredado de ellos, y han destruido todas las soluciones que sí habíamos construido».

«Hablamos de aviones, de wifi, de los sistemas de transparencia, relaciones con el mundo, todo eso lo han demolido. Ahora tenemos mayor peso porque nos dieron más poder para evitar al máximo que sigan dañando», señaló sobre el resultado de las elecciones legislativas de noviembre.

Los alegatos de las querellas en la megacausa de Campo de Mayo, que busca justicia en nombre de 323 víctimas de crímenes de lesa humanidad, se completaron esta semana previo al inicio de la feria judicial, donde representantes de familiares y víctimas así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), solicitaron condena para los imputados y revocación de las prisiones domiciliarias.

Desde el Cels -que interviene como querellante institucional por el caso de siete trabajadores de Mercedes Benz Argentina- indicaron a Télam que «solicitamos la condena de los imputados Santiago Omar Riveros a 25 años de prisión, Eugenio Guañabens Perelló a 21 años, Carlos Eduardo José Somoza a 25 años, Hugo Miguel Castagno Monge a 25 años y Carlos Francisco Villanova 25 años» de cárcel».

Riveros era el jefe del Comando de Institutos Militares, de la Zona IV, donde ocurrieron los hechos y del centro clandestino de detención, tortura y exterminio a donde fueron llevadas las víctimas.

Guañabens Perelló era el director de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate «General Lemos» del Ejército y jefe del área 470 lugar donde se realizó el secuestro de Fernando Del Contte.

Castagno Monge era oficial de Gendarmería y jefe responsable de las guardias que custodiaban a los secuestrados.

Somoza era un agente civil de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 encargado de los interrogatorios bajo tormentos de las personas secuestradas, lo mismo que Villanova, que era un auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Argentina en comisión en el Batallón de Inteligencia 601 y destinado a Campo de Mayo.

Los voceros del Cels añadieron que también «solicitamos que se exhorte a Mercedes Benz Argentina a que permita erigir, dentro de sus instalaciones, un monumento recordatorio de los hechos sufridos por los trabajadores de la empresa durante la vigencia del terrorismo de Estado».

El alegato de Pablo Llonto en nombre de los familiares

 

En tanto, el abogado Pablo Llonto, en su alegato brindado esta semana en representación de familiares y víctimas, también pidió la «condena y revocación de domiciliarias» de los 22 imputados.

En la causa se investiga el accionar contra 323 personas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 9 padres de niñas y niños apropiados. El juicio se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega. Allí son juzgados 22 imputados, entre ellos el exgeneral Riveros, que se encuentra con prisión domiciliaria.

Llonto expresó en su alegato que «acusamos y pedimos la condena de todos los imputados así como revocar las domiciliarias». Respecto de esto último, precisó: «Solicitamos la revocación para que no sintamos, al final del juicio, la vergüenza de llegar con el exgeneral Riveros disfrutando sonriente, y quizás con una bebida en la mano, en su lujoso piso de Belgrano, sintiendo que la justicia le importa un bledo», definió.

Llonto empezó con la imagen del jerarca nazi Alfred Rosemberg, que fue condenado en el primer juicio de Nüremberg porque fue «el único que no mostró nunca ni una palabra, ni gesto de arrepentimiento. Y fue condenado»

La referencia fue utilizada para sostener las acusaciones, y afirmó que «si de algo se arrepienten los acusados es necesario que digan lo que hicieron, y donde están los restos (de los desaparecidos) y los bebés que buscamos» dijo.

 

En este punto, Llonto reconoció «la lucha de los familiares de las víctimas para llegar a este juicio» y recordó que «primero pidieron aparición con vida, luego juicio y castigo y luego saber donde están los restos, más tarde, saber qué hicieron y donde están las nietas y los nietos secuestrados».

«Todo ello se fue sumando a lo largo de años y la sensación de los familiares y sobrevivientes es que no puede quedar todo igual que como hace 45 años. Las cosas no pueden igual, sin condena y con los imputados condenados en su casa», dijo.

«Entendemos que todo ha sido probado y les preguntamos si es suficiente todo lo escuchado de boca de los sobrevivientes para que la justicia entienda lo sucedido en estos espacios del horror?», interpeló.

«Todo ello se fue sumando a lo largo de años y la sensación de los familiares y sobrevivientes es que no puede quedar todo igual que como hace 45 años. Las cosas no pueden igual, sin condena y con los imputados condenados en su casa»Pablo Llonto

En este punto, recordó el testimonio «del ex sargento arrepentido (Víctor) Ibáñez» y concluyó con que «si, es necesario seguir escuchando más, porque los acusados quieren pasar inadvertidos».

Por esto, en su alegato, nombró a cada víctima y sobreviviente así como sus historias, donde se dieron detalles de lo sucedido a quienes pasaron por «El Campito», el principal centro clandestino que funcionó en la guarnición militar de zona norte del Gran Buenos Aires.

«Señora jueza, señor juez, vamos a pedirles algo muy difícil para ustedes, les vamos a pedir la justicia que estuvieron esperando durante más de 45 años los familiares y los sobrevivientes. Una justicia que sea capaz de abrir un camino para saber qué paso», dijo Llonto.

Los acusados son Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Mario Domínguez, Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Arnaldo Julio Román, Rodolfo Emilio Feroglio, Bernardo Caballero, Carlos Somoza, Miguel Ángel Conde Carlos Villanova, Carlos Caimi, Francisco Rolando Agostino, Ramón Vito Cabrera, Alfredo Oscar Arena, Federico Ramírez Mitchell, Luis Pacífico Britos, Hugo Miguel Castagno Monge, Roberto Fusco, y Carlos Tamini

El abogado valoró también que el TOF a cargo » debe ser el que más juicios por delitos de lesa humanidad ha llevado adelante en la Argentina, y quizás de buena parte del mundo», por lo que valoró el «esfuerzo por lograr que varias causas se unifiquen», uno de los reclamos hechos «durante años».

«Agradecemos que se haya hecho este enorme trabajo», dijo y adelantó que «en unos días los defensores van a tratar de hacer lo indefendible, van a decir que sus representados no llevaron adelante la mayor carnicería que se realizó en el país».

«Pero la maquinaria falló, no esperaban que año tras año se sumaran más sobrevivientes que perdieron el miedo como Gregorio Díaz, ni los archivos que arrojaron más luz, ni que la memoria de los familiares aportara nuevos datos» , reseñó.

«Hoy tenemos en versión digital el campo de la destrucción humana, el campito», parafraseó. Y dijo «no esperaban los imputados que los sumisos suboficiales del pasado contaran lo que contaron».

«Este es el juicio de los juicios y cada uno ha sido un rayo de luz sobre lo ocurrido» añadió en referencia a la unificación de las causas, y sumó que «la prueba, los testimonios han puesto más luz sobre lo que ha sucedido», al tiempo que rescató que los imputados tuvieron «todas las garantías».

Llonto representa a familiares de Catalina Fleming y Carlos Araya, de Armando Burano y de Ricardo Monteiro y de Ana Escudero, entre otros, y de sobrevivientes como Gregorio Díaz y Roberto Amarilla.

Los acusados son Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Mario Domínguez, Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Arnaldo Julio Román, Rodolfo Emilio Feroglio, Bernardo Caballero, Carlos Somoza, Miguel Ángel Conde Carlos Villanova, Carlos Caimi, Francisco Rolando Agostino, Ramón Vito Cabrera, Alfredo Oscar Arena, Federico Ramírez Mitchell, Luis Pacífico Britos, Hugo Miguel Castagno Monge, Roberto Fusco, y Carlos Tamini