Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de un video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal diseñando una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

Se conoce el principio, pero no el final de esta historia judicial de alcances insospechados: las investigaciones se iniciaron tras el hallazgo de un video en una base de la AFI, aunque fuentes que trabajaron en «La Casa» -como se conoce exSIDE- aseguran que deberían aparecer muchos más.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por la interventora del organismo, Cristina Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse «la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical».

Lo que se ve en la grabación es la reunión que en junio de 2017 protagonizaron el exministro de Trabajo del gobierno bonaerense, Marcelo Villegas; y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros exfuncionarios de la administración de Vidal, espías y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.

El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo

En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -«cablear»- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.

El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo.

¿Quién colocó esa cámara en el Salón de Usos Múltiples (SUM), en el séptimo piso de la sede porteña del Bapro? ¿Con qué objetivo? ¿La AFI de Mauricio Macri espiaba uno de los bunkers de Vidal? ¿Por qué había tres directivos de la AFI en aquella reunión?, son algunas de las preguntas que ya se hacen los investigadores judiciales.

«Esas cámaras fueron colocadas por equipos técnicos que habrán instalado dispositivos similares en otros lugares», aseguró a Télam una fuente que conoce los manejos internos de la central de espías.

Esos técnicos, explicó la misma fuente, son empleados de la AFI que no ingresaron al organismo con el gobierno de Cambiemos ni se fueron cuando terminó la presidencia de Mauricio Macri por lo que, de ser citados por la Justicia, bien podrían contar quién y cómo decidió «cablear» el Banco Provincia.

El video en el que se ve a los tres espías planeando una estrategia junto con los funcionarios del gobierno de Vidal fue hallado por las actuales autoridades de la AFI

La presencia de los directivos de la AFI en la reunión tampoco llamó la atención de la fuente consultada por Télam que, además de conocer a los involucrados, aseguró que «solían participar de reuniones de ese tipo».

Los espías que aparecen en la grabación serían, según trascendió públicamente, Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).

El video en el que se ve a los tres espías planeando una estrategia junto con los funcionarios del gobierno de Vidal fue hallado por las actuales autoridades de la AFI apenas días después de que la Cámara Federal porteña emitiera un fallo con el que descartó que durante la gestión de Cambiemos se hubiera desarrollado una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.

Se trató de un fallo dictado en la causa que se inició en Lomas de Zamora y que se conoce como la causa «Súper Mario Bross», porque ese era el nombre del grupo de Whastapp en el cual se compartía información vinculada con seguimientos a políticos, dirigentes sociales, gremiales, periodistas y hasta personas privadas de su libertad.

De acuerdo a ese fallo, rubricado por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los espías eran cuentapropistas que no respondían a una estructura estatal, sino que tenían motivaciones personales para reunir información sobre distintas personas.

Ese fallo benefició, entre otros, al «enano» De Stéfano a quien los jueces le dictaron la falta de mérito. El video, sin embargo, vuelve a colocarlo en el foco de la tormenta porque lo ubica en una reunión en la que funcionarios públicos planifican maniobras de espionaje ilegal.

De acuerdo al fallo, rubricado por los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, los espías eran cuentapropistas que no respondían a una estructura estatal

A Dalmau Pereyra, en tanto, no le fue revocado el procesamiento.

Quienes tomaron nota de la presencia de estos dos espías en aquella reunión en la que se habló del deseo de crear una «Gestapo» antisindical, fueron los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, víctimas de espionaje ilegal.

Ambos solicitaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi que le pidiera a su colega de La Plata, Ernesto Krpelak, acceder a la prueba que tiene en su expediente.

También movió rápido el Congreso: la Comisión Bicameral de control de los organismos de inteligencia, encabezada por el diputado Leopoldo Moreau, formó una subcomisión para que investigue el tema.

Esa subcomisión, integrada por los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze dispuso citar a los agentes de la AFI que revestían en el área de operaciones tecnológicas y pudieron haber participado de la colocación de las cámaras o de su manipulación.

Además, decidieron convocar a los empresarios que participaron de la reunión, luego a los exfuncionarios públicos y al intendente de la Plata y finalmente a los espías; mientras que en el camino planean convocar a la exgobernadora Vidal, que todavía no se refirió públicamente al Gestapogate.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá el próximo miércoles con los gobernadores para dialogar sobre las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en pos de lograr un entendimiento respecto al préstamo de alrededor de US$ 44 mil millones contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

«Va a ser una instancia novedosa muy importante. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo», dijo a Télam el ministro Guzmán en referencia al encuentro que mantendrá con los mandatarios provinciales.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que, en la reunión, dará «detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina».

También dará cuenta sobre lo que «implica ese proceso de comprensión (por parte de la comunidad internacional) y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos», según detalló en diálogo con Télam.

Guzmán confió en que informará a los gobernadores «la posición de la Argentina» en las negociaciones.

«Va a ser una instancia novedosa muy importante. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo»

«Qué es lo que le estamos planteando al FMI en cuanto a nuestros esquemas de políticas económicas, qué planteamos desde lo fiscal, qué planteamos desde la política monetaria, de la política cambiaria, qué planteamos desde las medidas orientadas a generar mayor productividad en los sectores capaces de generar divisas y qué planteamos para el desarrollo del mercado de capitales, de forma de tener mayor capacidad de ahorro en activos denominados en nuestra moneda y, por lo tanto, más capacidad de financiamiento de las inversiones que se necesitan para crecer», enumeró.

«Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país. Es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista, que comenten sobre lo que escuchan y que hagan preguntas», indicó a Télam Guzmán.

En ese sentido, el ministro remarcó que «va a ser una discusión que va a tener una apertura importante y va a generar un debate que consideramos que es necesario en nuestra república federal».

La reunión del próximo miércoles se dará por iniciativa del presidente Alberto Fernández, que le encargó a Guzmán una presentación ante los mandatarios provinciales para brindarles detalles de los últimos avances en la negociación con el organismo multilateral.

«Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándoles claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (sólo) del gobierno, sino de toda la Argentina», dijo el jefe del Estado el lunes pasado durante la firma del nuevo Consenso Fiscal 2022 en Casa de Gobierno.

«Va a ser una discusión que va a tener una apertura importante y va a generar un debate que consideramos que es necesario en nuestra república federal»

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo: «Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mí me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando».

En base a lo anticipado por el Presidente, el encuentro entre Guzmán y las autoridades provinciales está previsto para las 17.

Las negociaciones

El Ministerio de Economía llevó adelante a lo largo de 2021 cuatro misiones presenciales en las que pusieron al tanto a los técnicos del FMI sobre la realidad que atraviesa la economía argentina y, consecuentemente, la necesidad de firmar un acuerdo sustentable en el tiempo.

A diferencia de lo firmado por la administración macrista (un acuerdo stand-by que responde básicamente a las necesidades de financiamiento externo, con cuotas de vencimiento de corto plazo), el Palacio de Hacienda negocia un Programa de Facilidades Extendidas, que reúne otras características en cuanto a plazos y requerimientos.

Técnicamente se trataría de un Servicio Ampliado del FMI (SAF), que se caracteriza por la participación en un programa y períodos de reembolso más largos.

En declaraciones recientes, el presidente Fernández había insistido con la intención de alcanzar un acuerdo que «sea de desarrollo y no de ajuste», que «no nos postergue» y «nos permita seguir creciendo».

Gobernadores de distintos espacios políticos expresaron este viernes saludos por fin de año con deseos para el 2022 en sus redes sociales, donde manifestaron «el anhelo de superar la pandemia» de coronavirus y «lograr la recuperación económica».

Este sábado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que el año 2021 fue «muy difícil», y pidió brindar por un «2022 de recuperación y transformación».

En un mensaje por las fiestas de Año Nuevo, en el que replicó imágenes en las que se ve al gobernador hacer una asado junto a su mujer Soledad Quereilhac, completó: «Desde la Isla Martín García les deseamos felicidades para todo el pueblo bonaerense».

El gobernador riojano, Ricardo Quintela, publicó en su cuenta de la red social Twitter: «Hoy, nos volvemos a encontrar en un nuevo Tinkunaco que viviremos como pueblo esperanzado en un futuro mejor donde la unión, el trabajo, los derechos y la paz social sean una realidad para todos y todas».

«¡A cada riojana y riojano les deseo un gran 2022!», escribió Quintela.

José María Grazzini confirmó su renuncia de mutuo acuerdo con el gobernador Mariano Arcioni como ministro de Gobierno y Justicia, a partir de hoy. “Es el momento de terminar un ciclo a partir de los objetivos que trazamos para salir de la crisis y lograr una estabilidad económica que permitiera pagar sueldos en tiempo y forma. Ese plan se terminó”, reconoció anticipando su retiro de la actividad pública.

Dijo daber cumplido acuerdo con todos los sectores de los trabajadores estatales y haber firmado el pago de deudas atrasadas con la mayoría. “Hay que poner fin al ciclo para que el gobernador pueda disponer de los lugares para encarar la segunda etapa de su mandato”.

En “Fase Cero”, por Cadena Tiempo, Grazzini agradeció a ciudadanos y gremios por haber encontrado puntos en común. “Me llevo eso como buen peronista que soy, la voz de los trabajadores en mis oídos. Fue una etapa de aprendizaje y di lo mejor de mí. Veremos para adelante qué viene, ojalá que a quien le toque sucederme pueda trabajar para que la provincia siga creciendo”.

“Lo más difícil que afronté –dijo Grazzini- fue tratar de solucionar la llegada de muchos chubutenses que estaban fuera de su casa y habían pasado tiempos difíciles. Por esa doble vara que solemos tener, había muchos que no querían que volvieran a su lugar de residencia. Cuando uno asume cargos, hay que ser valientes y tener firmeza”.

Consideró valioso el trabajo en la pandemia del ministro de Salud Fabián Puratich y el acompañamiento constante del gobernador. Y en cuanto al futuro de la gestión consideró que se requiere de un proceso de “pacificación” en la provincia.

“Son tiempos difíciles, el dinero no alcanza y las familias están pasando por duros momentos. Todo eso enrarece la situación social. La clase política tiene que levantar la vara; generar más diálogo con los ciudadanos; no hay que estar encerrados porque hay que romper esa barrera del escritorio y escuchar a la gente de a pie y a los trabajadores que son la columna vertebral de cada sociedad, hay que entender su vivencia y su padecimiento. Debemos recuperar la institucionalidad y los valores para que el Estado funcione como debe. No tener trabajo no mata; lo que mata es la desigualdad”, reconoció.

Grazzini consideró que los desafíos hacia adelante exigen un consenso amplio. “Pude discutir y consentir pero jamás hemos demostrado alguna falta de respeto para los trabadores públicos como privados. Me voy emocionado por la valoración en cada lugar de trabajo hacia mi persona. Quien venga, deberá estar preparado para escuchar y lidiar con los conflictos entendiendo que detrás de cada conflicto hay una familia que quiere estar mejor. La mejor manera de resolver un conflicto es teniendo empatía”.

Grazzini se tomará un impasse para disfrutar a su familia y de sus hobbys, las caminatas, la natación y el remo en tabla. “Me encontrarán caminando la provincia y militando en algún rincón en la búsqueda de alternativas y mejores cosas”.

El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la ley que modifica el impuesto a los Bienes Personales votada por el Congreso, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 904, con lo que comenzará a regir a partir del primer minuto del nuevo año.

La norma eleva de $2 a $6 millones de pesos el piso no imponible del impuesto de Bienes Personales e incrementa las alícuotas del tributo para los contribuyentes que sumen más de $100 y $300 millones.

Por la implementación de estas modificaciones, 131.000 contribuyentes dejarán de pagar el tributo, adelantó el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien consideró que se trata de una «medida equitativa que mejora el sistema tributario argentino».

La ley promulgada también prevé que la actualización de los montos que definen el piso de aplicación del impuesto se hará «anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto de Estadística y Censos, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior».

En cuanto al incremento de las alícuotas la norma establece que la alícuota para activos máximos pasa del 1,25% a 1,5% en los casos cuyos bienes sean iguales o superiores a los $100 millones de pesos y de 1,25% a 1,75% para tenencias superiores a los 300 millones de pesos.

La norma también modifica las alícuotas para los bienes declarados que se encuentren en el exterior, con porcentajes que van del 0,70 % al 2,25 %.

Las causas por los crímenes cometidos en el Ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, durante la última dictadura cívico-militar no tendrán como imputado al dueño de la empresa, Carlos Pedro Blaquier, a raíz del dictamen del Cuerpo Médico Forense que advirtió que no podrá seguir en el proceso «por problemas de salud mental», y el Gobierno evalúa acciones contra jueces que eventualmente provocaron demoras en el proceso que derivaron en esta situación.

La evaluación forense, de la que participaron miembros del Cuerpo Médico Forense y dos peritos de la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH), dictaminó que «el deterioro cognitivo que presenta el imputado no le permite afrontar un debate oral», sostuvo la Secretaría, que destacó que esos profesionales son de «incuestionable compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia».

De ese modo, Blaquier no está en condiciones de afrontar el juicio por la Noche del Apagón, y el organismo oficial sostuvo que la causa penal estuvo paralizada durante ocho años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y en la Corte Suprema después.

Esa dilación, advirtió la Secretaría a cargo de Horacio Pietragalla Corti, garantizó la impunidad del dueño del dueño del Ingenio Ledesma, de 94 años.

El caso

Blaquier está procesado junto al entonces administrador del ingenio, Alberto Lemos, en dos causas por crímenes de lesa humanidad que fueron elevadas a juicio oral.

En el expediente sobre la Noche del Apagón -cuando se produjo un corte de luz para secuestrar personas- está acusado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades jujeñas de Ledesma, Calilegua y Libertador General San Martín en julio de 1976, mientras que en la causa Aredez se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

Esas causas se encontraban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013, cuando el empresario no tenía esos problemas de salud mental, sostuvo la Secretaría.

En cambio, quedaron paralizadas por la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada entonces por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, que primero admitió un recurso de la defensa y dos años después les dictó falta de mérito a ambos acusados, dijo.

Asimismo, recordó que recién en julio de 2021, y gracias a varios pedidos de la Secretaría de DD.HH. y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido «arbitraria» y que «obstaculizó indebidamente el avance del proceso».

Secretaría de DDHH de la Nación

«La irregular decisión de Casación y la dilación de la Corte Suprema en revocarla le permitieron a Blaquier y a Lemos pasar estos 8 años en sus domicilios sin ser juzgados», manifestó el organismo a cargo de Pietragalla Corti.

Y advirtió que esa falta de respuestas de las máximas instancias judiciales del país «provocó un daño irreparable en las víctimas, que no podrán obtener justicia por esos gravísimos crímenes respecto a Blaquier», mientras que sobre Lemos dijo que «es indispensable y urgente que se avance con el debate oral y público en su contra».

La Secretaría informó además que analiza la responsabilidad de los jueces que intervinieron en el proceso para determinar las medidas que corresponde impulsar.

Así, manifestó que las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura son las que «mayor resistencia generan en el Poder Judicial».

«El avance sin demoras de estas investigaciones es una de las prioridades del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que promueve esta Secretaría», señaló el texto.

Hijos Jujuy

La agrupación Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) de Jujuy ya había solicitado el pasado 16 de julio a la Cámara Federal de Casación Penal que se acelere la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar en la que se tramita el procesamiento del empresario y su entonces administrador.

Eva Arroyo, principal referente de Hijos Jujuy, señaló en esa oportunidad a Télam que «lo que tenemos miedo es que Casación tenga actitudes obstaculizantes y llegue la impunidad biológica porque Blaquier tiene 93 años».

Blaquier y Lemos fueron procesados como partícipes necesarios de la Noche del Apagón, como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, sucedido entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.

El presidente Alberto Fernández recibirá el año 2022 en el complejo presidencial de Chapadmalal, informaron fuentes oficiales.

El jefe de Estado pasará la fiesta de fin de año junto a su compañera, la primera dama Fabiola Yañez, quien se encuentra embarazada del primer hijo de la pareja.

Fernández encaró la semana de fiestas con un mensaje navideño en el que convocó a que 2022 «sea el año de los grandes acuerdos, en procura de una sociedad más justa».

«Animémonos a hacer de la Argentina una sociedad inclusiva que ponga fin a la cultura del descarte; aquí no sobra nadie; todos y todas hacemos falta, ese es el compromiso que me impulsa cada día», pidió el Presidente en esa ocasión.

El Presidente ya pasó la Navidad en el complejo presidencial inaugurado en 1947 por Juan Domingo Perón, 23 kilómetros al sur de Mar del Plata.

En tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá el nuevo año en la localidad santacruceña de El Calafate.

Según confirmaron fuentes de su entorno, la expresidenta pasará la fiesta en lo que definió hace algún tiempo como «su lugar en el mundo» y en compañía de su familia.

Cristina participará de las celebraciones después de haber encabezado en las últimas horas la sesión en la que el Senado modificó la ley de Bienes Personales.

Para Navidad, la vicepresidenta había emitido un mensaje a través de las redes sociales en la que deseaba «a todos y todas» unas fiestas «con amor, solidaridad y esperanza».

El Consejo de la Magistratura le pidió al presidente Alberto Fernández y a los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, la «pronta sanción» de una ley de integración y organización del organismo que cumpla con el fallo dictado por la Corte Suprema el 16 de diciembre último.

En sendos oficios emitidos al Poder Ejecutivo y a las dos cámaras del Poder Legislativo con fecha del 29 de diciembre, el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, fundamentó su pedido en el «exiguo lapso que resta hasta la expiración del plazo de 120 días dispuesto por la referida resolución judicial para procurar la integración completa de este cuerpo en los términos de la ley 24.937, y la posibilidad que vencido ese término sin lograrse la composición plena, pueda generarse una paralización de las actividades» de ese cuerpo.

Por eso, Molea reclamó la «pronta sanción» de una ley de integración y organización del organismo que cumpla con el fallo dictado por el máximo tribunal.

El presidente del Consejo de la Magistratura señaló también que resulta «necesaria la convocatoria a sesiones extraordinarias», por lo que le solicitó al Presidente que «tenga a bien contemplar la posibilidad de ejercer la facultad que le acuerda el artículo 99, inciso 9°, de la Constitución Nacional».

El 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.

Por unanimidad, el máximo tribunal definió, quince años después, que la composición no respetaba el «equilibrio» de los sectores que seleccionan, sancionan y remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la la ley no se sanciona antes de los 120 días corridos.

En cuanto al Consejo, los ministros de la Corte concedieron hasta el 14 de abril del 2022 para que «disponga lo necesario para la integración del órgano» y que convoque a los organismos que representan a abogados, jueces y académicos para que elijan a los nuevos miembros.