El Plan Argentina Hace -del Ministerio de Obras Públicas- avanza con 3.131 obras y proyectos en 1.442 municipios de 23 provincias con una inversión de $91.314,2 millones y la generación de 68.134 empleos desde su lanzamiento en enero de 2020, se informó este miércoles.

La iniciativa impulsa el mejoramiento de infraestructura de barrios y ciudades, la participación comunitaria, la paridad de género, el desarrollo con inclusión social y la integración de jóvenes desocupadas y desocupados, con el objetivo de llegar a los 2.300 municipios del país.

 

Ya se alcanzó la totalidad de los municipios de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego; y, a nivel general, se logró la cobertura de 63% del total de la meta.

Los proyectos abarcan obras de consolidación barrial, equipamiento social, infraestructura productiva y fortalecimiento de las centralidades urbanas

Ya se finalizaron 434 obras, 1.192 están en ejecución y 1.505 son proyectos en circuito, a partir de un criterio federal que tiene en cuenta la cantidad de población de cada localidad y el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con una distribución equitativa en términos de inversión, precisaron desde el Ministerio de Obras Públicas.

 

Las obras y proyectos son presentados y ejecutados por las provincias y/o municipios, que, además, convocan a trabajadoras y trabajadores locales de PyMEs y cooperativas de trabajo o provisión de bienes y servicios, y cuentan con el seguimiento de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Los proyectos incluyen obras de consolidación barrial (agua, saneamiento, conectividad urbana y pavimentación), equipamiento social (jardines, clubes barriales, centros de atención a la mujer y de atención primaria de salud), infraestructura productiva (rutas, vías de acceso y señalización) y fortalecimiento de las centralidades urbanas (renovación de calzadas, colocación de mobiliario urbano, iluminación y construcción de veredas).

Además de impulsar la reactivación de las economías locales, el Plan Argentina Hace sirvió como mecanismo para la gestión de proyectos requeridos por municipios de todo el país en contextos de emergencia.

 
Además de impulsar la reactivación de las economías locales, el Plan Argentina Hace sirvió como mecanismo para la gestión de proyectos requeridos por municipios de todo el país en contextos de emergencia.

Así, se ejecutaron 46 intervenciones de menor escala dentro de la Red de Emergencia Sanitaria Federal Covid-19 en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, San Luis y Santa Fe, para fortalecer la infraestructura existente; y 14 obras y proyectos de mejoramiento urbano en seis municipios de la Comarca Andina de Chubut afectados por incendios forestales en marzo de 2021.

El presidente Alberto Fernández participará este jueves las 12 de manera virtual del lanzamiento del primer satélite miniatura de origen nacional que se realizará en la base Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

A las 18, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el primer mandatario encabezará la puesta en marcha de la nueva etapa del programa Precios Cuidados, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo con precios acordados con más de un centenar de empresas, informó el Gobierno nacional.

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibirá a las 7.15 al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

Luego, a las 9, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Manzur recorrerá con el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, las obras de pavimentación de la calle Batalla de Maipú de ese distrito.

En tanto, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, brindará a las 9 su habitual conferencia de prensa a agenda abierta en la Casa Rosada.

El funcionario judicial santafesino Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue sancionado con una multa de $50.000 y la retención por 36 días de su licencia de conducir, luego de dar positivo a un test de alcoholemia el fin de semana pasado en una ruta de esta provincia, informaron fuentes oficiales.

La sanción considera reincidente a Rosatti, actual secretario del Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe, al registrar una falta similar en marzo del año pasado, también en la Ruta Provincial N°1, a la altura de la localidad de San José del Rincón.

El hijo del presidente del máximo tribunal del país fue demorado el sábado pasado por la madrugada mientras conducía un vehículo particular a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Provincial N°1.

Según informó la Agencia de Seguridad Vial, el test de alcoholemia al que fue sometido arrojó un resultado de 2,24 gramos de alcohol en sangre.

De acuerdo a la información oficial, los agentes no retuvieron el automóvil de Rosatti, quien fue escoltado hasta su domicilio y sometido a un proceso en la Justicia de Faltas local.

El intendente de San José del Rincón, Andrés Sopérez, informó hoy que como resultado de ese proceso se le impuso a Rosatti hijo una multa de $50.000 (el máximo es $300.000) y la retención del carné de conducir por un período de 36 días, al ser considerado reincidente.

«Es la pena máxima que se puede imponer por alcoholemia positiva desde nuestro Tribunal de Faltas», sostuvo el funcionario de la Unión Cívica Radical (UCR).

Explicó que la sanción «se sustenta porque es un caso de reincidencia, ya que tenía otra multa de marzo del 2021 también con alcoholemia positiva» en la misma ruta provincial.

Sopérez recordó hoy que «en esa oportunidad le impusieron 250 unidades fijas (12.500 pesos) y 15 días de retención a la licencia de conducir».

El intendente local aclaró que el funcionario judicial, quien participa de un concurso para ocupar la vacancia en el Juzgado Federal 2 de Santa Fe, no fue tratado de modo diferencial por su condición de hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

«Nosotros cuando juzgamos no lo podemos hacer por el nombre, sino por el tipo de infracción y buscamos ser justos, no favorecer ni tampoco hacer retenciones por fuera de la normativa», dijo.

«Tratamos de juzgarlo de manera lógica y objetiva a partir de otros casos. Tenemos posibilidad de dar entre 15 días y dos años de inhabilitación para el uso del carné», sostuvo Sopérez.

El jefe comunal de San José del Rincón explicó en declaraciones a Radio Dos de Rosario que «en este caso nos basamos en otros casos de reincidencia y el único que tenemos de mayor cantidad de días de retención de licencia por alcoholemia positiva es de 60 días a un chofer profesional».

En cuanto a la no retención del vehículo la madrugada del sábado, tras el test positivo de alcoholemia, el intendente explicó que el municipio carece de grúa para el traslado de automóviles y además el corralón local «está repleto».

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dio positivo en coronavirus y cumple aislamiento en su casa, según informó el mandatario provincial esta mañana, desde su cuenta de Twitter.

«Luego de sentir ayer, después del mediodía, síntomas compatibles con el Covid, me realicé un test rápido el cual dio positivo», escribió el gobernador.

Y agregó: «Me encuentro aislado cumpliendo con todos los protocolos y con buen estado de salud. ¡Sigamos cuidándonos!».

En diciembre pasado, Gutiérrez estuvo aislado después de haber estado con la ministra de Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferraresso, quien había dado positivo de coronavirus, recordó el diario Río Negro.

El mandatario provincial también estuvo aislado en junio de 2020, por un contacto estrecho de un caso confirmado.

En ambas ocasiones, el resultado del hisopado había dado negativo.

Por otra parte, Gutiérrez fue de las primeras personas en vacunarse, cuando comenzó la campaña en diciembre de 2020, y tiene el esquema completo y la dosis de refuerzo.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la creación del Programa Conectar Igualdad «con el fin de recuperar el espíritu» de la iniciativa lanzada en 2010 y ante las necesidades de conectividad que se imponen en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Además, el Ejecutivo resolvió que el programa funcione y sea instrumentado por el Ministerio de Educación.

En el decreto 11/2022, publicado en el Boletín Oficial, se define que el objetivo del programa pasa por «proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión estatal y elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje».

La asignación de recursos tecnológicos «se realizará bajo la modalidad de entrega de una computadora a cada estudiante y a cada docente para las escuelas de educación secundaria y de educación especial de gestión estatal y para el resto de los niveles educativos de acuerdo con los criterios que entienda conveniente la Autoridad de Aplicación», que es Educación, detalla el texto.

La cartera educativa promoverá «los acuerdos necesarios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el adecuado cumplimiento de los objetivos del programa.

Conectar Igualdad se financiará con las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional a Educación con fondos provenientes del Tesoro Nacional, precisa el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Un análisis jurídico internacional asegura que el Acuerdo Stand By del FMI con la Argentina, que suscribió el entonces presidente Mauricio Macri en el 2018, debería considerarse nulo.

La investigación, cuya autoría corresponde a los especialistas Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh, sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo «fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire’.»

El «ultra vires» es el principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley.

«Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina», sentenciaron los autores.

 

Los autores

Karina Patricio Ferreira Lima es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, donde trata temas de derecho económico y financiero, mientras que Chris Marsh es un exfuncionario del FMI y actualmente actúa como consultor senior de Exante Data, una consultora internacional de análisis macroeconómicos y de mercado.

El análisis

Los autores analizaron los pormenores del programa que negoció David Lipton -hoy asesor de Yanet Yellen- cuando estaba bajo el mando de Christine Lagarde en la gerencia del FMI, y de esta forma, concluyeron que «el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un «agujero negro» contable de al menos 20.000 millones de dólares», indicaron en la investigación publicada en el sitio especializado SSRN.

Todo ello, continuaron, «hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir», con lo que «el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso*, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente.

Para los investigadores, «era razonablemente previsible que el diseño del programa diera lugar a una ampliación de la duración y del grado del desequilibrio de la balanza de pagos de Argentina debido a la falta de pedidos de controles de capitales», que el Fondo «estaba legalmente obligado a solicitar».

Otro de los supuestos considerados «ridículos» tuvo que ver sobre los ingresos estimados de capital durante el programa, que incluían «la confianza en entradas de capital financiero por casi 80 mil millones de dólares», remarcaron.

Por todo esto, los autores afirman que «el programa debería considerarse nulo».

Concluyeron que dado que el país no tiene los recursos para repagar el programa, «debería haber un período (quizás mayor a 10 años) durante el cual se debería permitir a Argentina recuperarse».

Esto significa, en la práctica, «establecer un programa con un préstamo sin intereses, y la devolución de todos los intereses y cargos hasta la fecha», concluyeron.