La causa judicial que investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982 lleva once meses paralizada y se encuentra «al borde de la impunidad», según explicaron voceros judiciales consultados por Télam.

El caso que tramita el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande desde 2007 pasó a un letargo indefinido en mayo del año pasado, cuando la jueza Mariel Borruto decidió esperar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia acerca de si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.

Borruto ya se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados por un grupo de ex combatientes representan ilícitos imprescriptibles. De hecho, había procesado en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.

«El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas y se aplicó en forma sistemática en todas las unidades militares que participaron dentro del teatro de operaciones»Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021 un pronunciamiento dictado por mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos.

El fallo de Casación fue recurrido por la Fiscalía y los querellantes ante la Corte Suprema, con lo que la jueza fueguina optó por aguardar el trámite que tendrán esas actuaciones antes de continuar con la causa.

La paralización de las pesquisas resulta necesaria para «evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios dentro de un mismo proceso -dada la conexidad y acumulación de expedientes- y ante idénticas o análogas situaciones en aras de preservar la igualdad ante la ley y la buena administración de justicia», escribió Borruto para fundamentar la parálisis del expediente.

El comienzo de la pesquisa

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos de supuestos tormentos a soldados, incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.

En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los soldados, lo que los clasificaría como delitos de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles) o si en cambio se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares.

 

En las actuaciones judiciales aparecen descriptos una serie de tormentos, en su mayoría represalias de militares hacia soldados que, ante situaciones de hambre extremo, intentaron procurarse su propio alimento mientras la guerra continuaba a su alrededor.

Quiénes fueron los reclutas sometidos

Se trata de los soldados Jorge Ramón Diez, Carlos Raimundo Rodas, Elvio Emilio Nis, Antonio Horacio Gallardo, Román Orlando Solís y José Rubén Suárez, quienes llegaron a sustraer y comerse una oveja. Por ello, fueron «obligados a sentarse en el interior de un pozo, para luego ser enterrados hasta el cuello, sin abrigos y sin cascos, entre nueve y diez horas», puede leerse en la causa.

Por su parte, al soldado Mario Roberto Sauco se lo castigó «obligándolo a colocar sus pies cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes».

En tanto, el conscripto Carlos Argentino Pereyra fue «estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada, ello a modo de castigo por un supuesto hecho de robo de comida», mientras que Edgardo Oscar Arnoldo, fue «estaqueado durante 4 o 5 horas en los que estuvo atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno» por «robar comida perteneciente a sus superiores».

Otros dos soldados -Daniel Martínez González y Rosendo Prado– fueron obligados por sus superiores a «realizar movimientos vivos sobre el barro con hielo bajo la nieve mientras sufrían amenazas de ejecución».

 

«Con posterioridad, en circunstancias en que no se podían levantar debido al cansancio y al frío, sus superiores les habrían efectuado entre 6 y 7 disparos entre sus piernas y los habrían hecho parar en posición de firme mientras les pegaban con una barra de acero que se utilizaba para limpiar los caños de los fusiles. Por último, fueron estaqueados, atados de pies y manos durante 10 o 12 horas», indican las actuaciones judiciales.

Al soldado Juan de la Cruz Martins, «le habrían sumergido la cabeza en agua fría mientras lo golpeaban por haberse quedado dormido en la guardia», y a Julio César Mas lo «estaquearon de pies y manos sobre la tierra helada a la intemperie» una semana antes de producirse la rendición, el día 14 de junio de 1982.

La sustracción o búsqueda de comida aparece como el motivo de las torturas en el resto de episodios que analizan los investigadores, mientras que entre las consecuencias de esos actos hay casos más graves, como el del soldado José Alberto Yanevich a quien sus superiores habrían agredido verbalmente y posteriormente habrían estaqueado «junto a los soldados González y Guayare por más de dos días, así como le habrían roto la nariz de un culatazo».

Mientras estaba estaqueado, Yanevich fue alcanzado «por la deflagración de una bomba que le produjo una ceguera momentánea que habría derivado en una permanente».

La causa judicial

Según las denuncias de otros conscriptos, a los soldados Mario Sánchez y Ramón Salvador Caballero, también los alcanzaron bombardeos durante el estaqueamiento, y ambos fallecieron.

Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que actúa como querellante en la causa, aseguró a Télam que las torturas a soldados son «una asignatura pendiente de la democracia» y dijo que se cumplen «40 años de impunidad» para los acusados.

 

«El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas y se aplicó en forma sistemática en todas las unidades militares que participaron dentro del teatro de operaciones. Además de la impunidad judicial enfrentamos la impunidad biológica, porque con tantos años de proceso están falleciendo tanto los imputados como las víctimas», reflexionó Alonso.

El miembro del Cecim también le pidió a la Corte Suprema que se expida sobre el fondo de la cuestión y «no mantenga el caso en el freezer», a la vez que recordó que existe un «expediente consolidado» ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 «El pueblo argentino necesita saber qué pasó con sus soldados. Precisa una respuesta que no sea la impunidad»

«Allí constan todas las pruebas que existen a partir, incluso, de la desclasificación de archivos secretos de 2015, de donde surgieron documentos oficiales de las propias fuerzas armadas reconociendo los abusos», detalló Alonso.

Inclusive adelantó que en los próximos días «vamos a presentar un reclamo ante el Comité de Torturas de las Naciones Unidas».

Según el dirigente, a 40 años del conflicto bélico de 1982, «el pueblo argentino necesita saber qué pasó con sus soldados. Precisa una respuesta que no sea la impunidad», concluyó.

El presidente Alberto Fernández encabezará este martes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) un encuentro del Consejo Económico y Social (CES) en el que se presentará la agenda federal productiva, informó la Casa Rosada.

La actividad se llevará a cabo desde las 11 en el Salón Argentina del CCK y junto al primer mandatario estarán el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del CES, Gustavo Beliz.

En tanto, a las 7.30, Manzur se reunirá con la diputada nacional por Tucumán Rossana Chahla, y a las 8 recibirá a la intendenta de la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi, Sandra Figueroa.

El canciller Santiago Cafiero recibió este lunes a los embajadores de los países del Grupo de los 7 (G7), a quienes agradeció el acompañamiento de esas naciones en la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que permite consolidar las condiciones de desarrollo de la Argentina y como destino de potenciales inversiones en el actual contexto regional y global.

Del encuentro, que se desarrolló en el Palacio San Martín, participaron los representantes de Alemania, Ulrich Sante; de Francia, María Claudia Scherer-Effosse; del Reino Unido, Kirsty Isobel Hayes; de Italia, Fabrizio Lucentini; de Estados Unidos, Marc Stanley; de Japón, Takahiro Nakamae, y los encargados de negocios de Canadá, John Gartke; y de la UE, Jordi García Martínez.

Fuentes que participaron del encuentro expresaron que se resaltó en el diálogo «la oportunidad de avanzar en la construcción de una relación constructiva y mucho más concreta en búsqueda de inversiones» para lo cual se abre una agenda tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, y una normalización de la actividad tras dos años de pandemia.

Las mismas fuentes aseguraron que los representantes de los países más desarrollados manifestaron la «mejor predisposición» para profundizar estos lazos, sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina es el principal país de la región que cuenta con todos los vectores de crecimiento de la nueva era global, tal como el litio, el hidrógeno verde y los recursos de Vaca Muerta, en particular el gas natural como principal energético de transición.

«Se están acelerando las relaciones en busca de un vínculo óptimo» con estos países que «ven la posibilidad de que la Argentina ocupe un lugar determinante como proveedor de recursos», en el marco de un reposicionamiento geoestratégico de la demanda por la crisis en Ucrania, explicaron desde Cancillería.

 

En el comunicado de prensa, la cartera de Relaciones Exteriores informó que Cafiero agradeció a los embajadores por el acompañamiento que sus países dieron a la Argentina en la negociación por la deuda contraída con el FMI, y explicó que el país logró alcanzar un entendimiento con el organismo mediante un nuevo programa Acuerdo de Servicio que reemplaza el fallido Acuerdo Stand By firmado en 2018.

«El nuevo programa cuenta con un sendero de consolidación fiscal, que mejorará de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reducirá el financiamiento monetario. También permite aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y protegerá programas sociales focalizados», se resaltó durante el encuentro de acuerdo a lo informado esta tarde por la Cancillería.

El titular del Palacio San Martín detalló los recientes anuncios de inversiones como los Fondos de Desarrollo de Medio Oriente que financiarán obras US$ 1.000 millones de dólares en dos años; otros US$ 200 millones de la empresa Lamb Weston Alimentos Modernos para construir una planta industrial en Mar del Plata; y los US$ 23.700 millones acordados con China para el financiamiento de obras estratégicas y la incorporación a la Franja y la Ruta de la Seda.

Asimismo, Cafiero remarcó que “la Argentina es uno de los tres países que más creció durante el año pasado en toda la región, un 10.3% y exportó 11.900 millones de dólares en los meses de enero y febrero, lo que significa un récord para nuestro país”.

El Canciller destacó, en ese sentido, que las Pymes argentinas que exportan a Estados Unidos registraron en el año 2021 U$S 1.193 millones, el mayor monto en la última década.

Durante el encuentro se analizó el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en los precios internacionales de los alimentos, los fertilizantes y los combustibles.

En ese sentido, Cafiero y los representantes extranjeros remarcaron que siguen con atención lo que esto podría significar en la seguridad alimentaria global, especialmente en los países en desarrollo que están luchando por recuperarse de los efectos de la pandemia.

El ministro también recordó que en diversos foros internacionales la Argentina expresó su posición de condena a la invasión rusa del territorio ucraniano, y explicó que el país sostiene que una solución duradera sólo se alcanzará por medios pacíficos, y por eso Argentina hizo desde un primer momento un llamado a la paz y a que todas las partes involucradas regresen a la mesa de negociaciones.

En referencia a la presidencia argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el titular del Palacio San Martín manifestó la importancia que reviste para el país y remarcó que el gobierno argentino mantiene su permanente compromiso con la solución pacífica de las controversias y reitera su voluntad de diálogo para reanudar las negociaciones de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

De la misma manera reafirmó el compromiso argentino con la acción climática y las negociaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, y enfatizó que el país jerarquizó la agenda de igualdad de género, la cual ha adquirido el carácter de prioridad a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y del Gabinete Nacional para transversalizar las Políticas de Género.

Con el respaldo del Gobierno y un pedido de colaboración a Estados Unidos efectuado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos presentó este lunes un proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con «un aporte especial de emergencia» de aquellas personas que tengan bienes en el exterior «que fueron fugados y no están declarados ante el fisco».

La iniciativa fue presentada luego de que el Gobierno firmara el acuerdo con el organismo multilateral de crédito para modificar los plazos de devolución del crédito de más de 44 mil millones de dólares adquirido durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que recibió el aval parlamentario y la reciente ratificación del FMI.

Según el documento difundido este lunes, el aporte «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».

Los alcanzados por esta iniciativa deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

Casi en simultáneo con la presentación del proyecto, la titular del Senado recibió en su despacho del Congreso al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley.

«Recibí en el Senado a Marc R. Stanley, embajador de los Estados Unidos. Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos», informó la expresidenta en su cuenta de Twitter.

«Además -agregó- le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión».

A su vez, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, resaltó en su cuenta de Twitter que «el Gobierno nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del Frente de Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados».

«Este Fondo, basado en un estricto sentido de justicia distributiva, contribuirá a la cancelación de la deuda con el FMI tomada por Mauricio Macri», añadió la portavoz.

Según se indica en el proyecto de los senadores, se estima que hay casi 420 mil millones de dólares de argentinos «en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país», de los cuales está declarada aproximadamente solo una sexta parte.

El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.

La norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, «cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina».

Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador», que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

En ese sentido, para poner en vigencia esa figura se informó que «se presentará otra iniciativa que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal», lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

A través de sus considerandos, los legisladores oficialistas aseguran que «al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país» y afirman que «de ellos se encuentran declarados ante la AFIP solo 69.000 millones de dólares».

«Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra Nación- son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica», subraya el comunicado.

El fin de semana trascendió que el ex Intendente de Cholila y ex ministro provincial Miguel Castro había sido designado como nuevo Ministro de Seguridad, tras la salida de Leonardo Das Neves.

En este sentido, este lunes, Miguel Castro confirmó este a Radio 3 y anticipó que asumirá el cargo este martes, en un acto previsto para la tarde.

El flamante funcionario reveló que “desde hace tiempo estamos colaborando con el Gobernador y tenemos una relación personal que hemos construido en el tiempo”. Castro consideró el Gobernador como “un hombre que escucha y prioriza el diálogo”.

En esta línea apuntó que “hay que priorizar el diálogo” y explicó que “este Ministerio tiene la característica de conducir la Policía y tiene que poner límites y orden. Hay que asustarse a la Ley”.

Consideró que “hay que hacer una policía fuerte, de buen nivel y mucha capacitación pero sobre todo de cercanía a la gente, no puede ser el enemigo de la gente. La Policía tiene que poner límites pero tiene seres humanos y es necesario que sea valorado por la gente”.

En esta línea ratificó a la cúpula actual de la Policía del Chubut ya que “hay que respetar a la institución -y- hace unos meses se hizo un cambio en la conducción. No es sano hacer movimientos tan brusco en estos momentos”, además de no tener objeciones.

El nuevo Ministro también se refirió a uno de los hechos más recurrentes en la zona, los cortes de fibra óptica. Lamentó que “pese a que se han hecho los esfuerzo para resolverlo, continúa”, pero expresó que “creo en algunas soluciones”.

Agregó que “está muy avanzado el trabajo de la Justicia respecto a la autoría de estos hechos”, y anticipó que “tenemos en mente otra alternativa para que cuando ocurra un hecho de estos el valle no se quede sin servicio”.

Por último hizo mención al Consejo de Bienestar Policial (CoBiPol), creado cuando él era ministro coordinador de la Provincia, y puso énfasis en que “debe tener mayor participación en discusiones no solo salarial sino que debe ir avanzando en resolver y plantear cuestiones”.

El presidente Alberto Fernández recibirá este lunes a la junta directiva de YPO, una organización sin fines de lucro que reúne a líderes empresariales de todo el mundo, se informó oficialmente.

Encabezada por su presidente, Anastasios Economou, la delegación se reunirá con el mandatario a las 11.30 en la residencia de Olivos, precisó Presidencia en un comunicado.

Por la tarde, a las 19, Fernández mantendrá un encuentro de trabajo con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

En el marco de su visita al país, Bárcena se verá previamente a las 15 con el canciller Santiago Cafiero.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se reunirá a las 7.15 con el diputado nacional (FdT) Leandro Santoro.

 El oficialismo y la oposición de la Cámara de Diputados buscarán avanzar esta semana en la negociación para la conformación de las comisiones que restan constituirse en ese cuerpo legislativo, para retomar de esa manera la actividad parlamentaria y permitir la sanción de iniciativas claves.

Una vez que se logren conformar las comisiones, se comenzará a diseñar entre el oficialismo y los bloques opositores una agenda de temas consensuados para debatir en una sesión que podría concretarse en las próximas semanas.

Fuentes parlamentarias revelaron a Télam que uno de los temas que se tiene que destrabar es el criterio que se adoptará para integrar las 44 comisiones, debido a que el jefe de la bancada del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, plantea que esa negociación sea «por bloque y no por interbloque».

El escenario de paridad entre el FdT y Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja complica la posibilidad de avanzar en acuerdos porque la alianza opositora reclama una mayor presencia en los cuerpos parlamentarios para hacer valer el resultado de las elecciones de 2021, que lo colocó justamente en esa situación, con 118 diputados del oficialismo y 116 de la coalición que integran la UCR, el Pro y la Coalición Cívica (CC), entre otros.

Pero también la fragmentación del interbloque de JxC, dividido en 10 bancadas, dificulta la negociación por la distribución de los grupos asesores donde se discuten los dictámenes que luego se tratan en el recinto de sesiones.

En el oficialismo aspiran a mantener 22 o 23 de las comisiones de las más estratégicas, pero admiten que deberán ceder alguna de ellas a JxC, que ya anticipó que reclamará encabezar, entre otras, las de Agricultura, Legislación Penal y Educación, según las fuentes.

Esa negociación mantiene demorado el debate de proyectos claves: la mayoría de ellos figuraba en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias pero no pudieron debatirse hasta el momento por la falta de acuerdos.

Una vez que todas las bancadas acerquen los nombres de los integrantes que propondrán para conformar cada uno de los cuerpos parlamentarios que restan conformar, se avanzará en la convocatoria a cada comisión para formalizar la grilla de autoridades y comenzar a tratar los proyectos demorados.

Hasta el momento, sólo se conformaron las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller (FdT-Ciudad de Buenos Aires), y de Finanzas, donde fue designada Alicia Aparicio (FdT-Buenos Aires), que encabezaron semanas atrás el debate del proyecto que avaló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Si bien la estrategia del bloque oficialista es fortalecer esa bancada tras la votación dividida del acuerdo con el FMI, ese espacio buscará al mismo tiempo continuar en las conversaciones para avanzar en entendimientos con los bloques opositores en la conformación de las comisiones.

De las reuniones, por parte del oficialismo, participan además de Martínez, las diputadas Cecilia Moreau y Paula Pennaca, secretaria parlamentaria del bloque del FdT y alineada con La Cámpora, en tanto que por JxC la legisladora del PRO Silvia Lospennato es la encargada de defender la postura del principal armado opositor.

En los últimos días, JxC reclamó la urgente conformación de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y que hasta diciembre estuvo en manos del diputado oficialista por Santa Fe Marcos Cleri.

El reclamo fue formalizado a través de una carta enviada a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el de Diputados, Sergio Massa, donde se advirtió que «hace más de 100 días que no se reúne la comisión (la última cita fue en noviembre)» y que «hay decretos importantes que tratar, como los referidos a las retenciones a las exportaciones».

Los asuntos demortados

Entre los proyectos que ven demorado su debate se encuentran, entre otros, el proyecto de Agroindustria, que fue presentado en 2021 por el Poder Ejecutivo y reimpulsado en febrero pasado durante un encuentro de trabajo del que participaron Massa y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, junto con integrantes del Consejo Agroindustrial, donde se repasaron los alcances de la iniciativa.

Además, en el temario tentativo que será analizado en los próximos días entre los jefes de las diferentes bancadas se encuentra el «Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda», que también lograría importantes consensos.

También en la agenda que analiza el oficialismo figura el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable que promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías más «verdes» para la movilidad.

Otro proyecto que se incluirá es el referido al proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, que fue sancionado por el Senado.

Por otro lado, se buscará incluir en el temario tentativo de las próximas sesiones una iniciativa impulsada por la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño para crear el Área de Reserva Estricta Bentónica Agujero Azul que busca generar beneficios ambientales, científicos y estratégicos para honrar el lugar donde yacen los restos del submarino ARA San Juan.

Otro de los temas que podría incluirse en las próximas sesiones es el proyecto de modificación de la ley de Alquileres, aunque también en esta cuestión se deberá avanzar en acuerdos con la oposición que plantea derogar la normativa que ese mismo espacio impulsó durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, mientras que el oficialismo presentó en los últimos días una iniciativa para modificar esa legislación.

Sobre este tema, JxC pidió una sesión especial para el 5 de abril para debatir la derogación de la ley de Alquileres, aunque es difícil que se pueda debatir si no hay acuerdos con el oficialismo ya que ninguna de las dos principales bancadas tiene número para conformar los 129 necesarios para habilitar un debate.

La sesión especial fue solicitada por los titulares de las bancadas de la UCR, Mario Negri; del Pro Cristian Ritondo; de la CC, Juan Manuel López; de Evolución Radical Rodrigo de Loredo; de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy; de Encuentro Federal Margarita Stolbizer, además del vicepresidente de la cámara, Omar De Marchi, entre otros.

Dos miembros de un grupo de tareas policial que operó durante la última dictadura, ya condenados por delitos de lesa humanidad, irán a juicio desde este lunes en Rosario por los secuestros y torturas a cuatro personas cuyo papel como víctimas es puesto en duda por sobrevivientes de la represión ilegal.

Incluso una de esas personas fue juzgada en otra causa y absuelta en otra causa en la que se le imputaban delitos de lesa humanidad cometidos contra sus antiguos compañeros de militancia.

El juicio de la denominada «Causa Folch» que se inicia este lunes en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario -integrado por los jueces Jorge Gallino, Mateo Basaniche y Cinthia Gómez- será el primer proceso oral y público por violaciones a los derechos humanos que se llevará a cabo en Santa Fe sin la participación de los organismos de derechos humanos.

Referentes de la Agrupación HIJOS Rosario y de la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) aclararon a Télam que no querellarán ni acompañarán el proceso.

El TOF 2 analizará los casos de secuestros y aplicación de tormentos padecidos por Ricardo Miguel Chomicki y su exesposa Nilda Folch, y la pareja que conformaron José «Pollo» Baravalle y Graciela «Porota» Porta, quienes poseen un pasado como militantes del peronismo revolucionario.

Los cuatro son considerados por varios sobrevivientes como activos «colaboradores» de la represión ilegal en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario, el que se albergó al mayor número de detenidos-desaparecidos de Santa Fe.

Varios testimonios brindados en sede judicial por sobrevivientes del SI ubican a ambas parejas participando de las torturas y los secuestros de sus antiguos compañeros de militancia.

«Fueron señalados por Feced como colaboradores en la declaración que Agustín Feced (exgendarme y jefe de la policía de Santa Fe en Rosario durante la dictadura militar) dio ante en Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas en 1984 de que los conocía y que eran mantenidos en las oficinas del SI», señaló en diálogo con Télam el diputado provincial Carlos Del Frade, autor del libro «El Rosario de Galtieri y Feced», en el cual se enumera la historia de estas cuatro personas.

En esa declaración, Feced (fallecido en 1986) afirmó que a Folch «le tenía afecto» porque se parecía a su hija mayor, y contó que cuando no los necesitó más les gestionó la libertad con el Comando del II Cuerpo de Ejército.

El represor contó incluso que actuó como padrino del casamiento de ambos, y que les proveyó documentos falsos, haciéndoles cambiar también «el aspecto exterior».

Chomicki, incluso, fue sometido a juicio entre 2010 y 2012 en el proceso oral conocido como «Feced I» –que juzgó los delitos de lesa humanidad cometidos en el SI entre 1976 y 1979- como presunto autor de 19 casos de privaciones ilegítimas de la libertad y cinco tormentos.

En ese proceso fueron condenados a prisión perpetua el exjefe del II Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y el ex comisario José Rubén «El Ciego» Lo Fiego.

Además se sentenció a penas de 25, 12 y 10 años los expolicías Mario «El Cura» Marcote, Ramón Vergara y Carlos Scorteccini, respectivamente, en tanto que Chomicki resultó absuelto.

En ese juicio, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de HIJOS desistieron de la acusación a Chomicki.

Y la Fiscalía –que señalaba que había cometidos delitos pero «bajo estado de necesidad»- tampoco lo acusó, al entender que había ingresado al centro clandestino en condición de «víctima» del terrorismo de Estado.

La APDH, en cambio, mantuvo la acusación al sostener que no se trataba de un militante «quebrado» en la tortura sino de «un infiltrado» en las organizaciones revolucionarias.

«En ese momento, y a raíz de las declaraciones de víctimas, entendimos que Chomicki, quien estaba siendo juzgado, era en realidad un infiltrado en la organización y no un compañero, como sostenían otros», indicó a Télam la titular de la APDH de Rosario, Norma Ríos.

Recordó que cuando se produjo aquella discusión sobre el papel cumplido por Chomicki en aquellos tiempos de la represión ilegal «nos acusaban de querer que los juzgara por haber hablado bajo la tortura», y aclaró: «Eso no es así, nunca va a ser así, jamás plantearíamos algo de ese nivel».

Fuentes judiciales dijeron a esta agencia que en el juicio Feced I «no se acreditó» que Chomicki fuera un infiltrado y recordaron que, tras la absolución, el Tribunal ordenó que se instruyera una causa en la cual se los considerara a él, a su exesposa Folch, a Baravalle y a Porta como víctimas de la represión ilegal.

Esa investigación es la que llega este lunes a juicio y tiene como acusados a dos miembros del grupo de tareas que operó en el SI, los expolicías Julio Héctor Fermoselle y Mario Marcote.

Voceros del caso indicaron que también estuvieron imputados Lo Fiego y Carlos «Caramelo» Altamirano, quienes fallecieron durante la instrucción del caso.

Una de las víctimas es el «Pollo» Baravalle, que se suicidó en 2008 en Italia cuando personal de Interpol lo había cercado, mientras pesaba sobre él una orden de captura para ser acusado como cómplice de la patota del SI en el juicio «Feced I».

A ese proceso oral y público tampoco asistió Folch, quien al momento de comenzar el debate se encontraba prófuga.

Al apelar la absolución de Chomicki, integrantes del equipo legal de la APDH le señalaron a Télam que «no hay un solo testimonio, uno solo, que acredite ni su detención, ni sus alegados tormentos».

Sin embargo, para el TOF2, en el juicio de Feced I surgió que Chomicki «fue privado de su libertad a fines de noviembre de 1976, en condición de desaparecido hasta el 15 de febrero de 1977 y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el 12 o 13 de junio de 1977».

La sentencia señaló que fue «innegable también la condición en que se encontraba actuando el implicado, esto es, sujeto al control total y discrecional de sus secuestradores».

Además, «no se ha probado en autos la participación de Chomicki como integrante del aparato estatal que ejerció una autoridad dictatorial durante la época en que se sucedieron los hechos aquí investigados».

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, lanzó ayer domingo un mensaje de unidad hacia el interior del Frente de Todos al afirmar que tiene «la misma idea de país» que Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y la agrupación La Cámpora, aunque reconoció que le habría «gustado que todo el bloque» oficialista hubiera acompañado la votación en el Congreso del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«La idea de país que tienen Cristina (Fernández de Kirchner), Máximo (Kirchner) y que tiene La Cámpora, es la misma que tengo yo. Puedo tener matices pero es la misma idea de país que defendemos todos», señaló el canciller sobre la coalición de gobierno que integra, en declaraciones a Radio 10.

En la misma línea, reconoció que le «hubiera gustado» que «todo el bloque del FdT» acompañe la votación del proyecto de acuerdo con el FMI ya que le permitía al país «resolver un problema de deuda externa», y a la vez, «generar previsibilidad» al «aumentar las reservas» y «estabilizar la economía».

«Nosotros tenemos una tradición política de más de 70 años donde defendemos una doctrina, la de la Justicia Social, la de Evita (Perón). Eso está en el ADN de todos los que estamos en el Frente de Todos», argumentó.

En ese sentido, consideró que «los matices» de la coalición de la que forma parte se pueden debatir «internamente o externamente» pero, sin «perder de vista» que «no es lo mismo que vuelva (el expresidente Mauricio) Macri el año que viene».

«La idea de país que tienen Cristina, Máximo y que tiene La Cámpora es la misma que tengo yo.Santiago Cafiero

Asimismo, aseguró que «Macri hubiera acordado con el Fondo en cinco minutos» porque «hubiera entregado todo», y dijo: «Nosotros demoramos más porque negociamos».

«Lo que vale es haber conseguido un programa sin reformas estructurales», reflexionó, y reconoció «el mérito» que hubo de parte «del equipo de economía» y «del presidente Alberto Fernández» para lograrlo.

Consultado sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, señaló que «Argentina siempre ha planteado su repudio» y que el país «no se ha corrido un centímetro» de la «tradición diplomática» que se caracteriza por la búsqueda de «la resolución pacífica de los conflictos».

Y aclaró que el país condena de la misma manera «las medidas unilaterales de bloqueo», como el que realiza Estados Unidos sobre Cubra desde 1962.