El exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, funcionario de la gestión que encabezó como gobernadora María Eugenia Vidal, deberá comparecer el miércoles ante los miembros de la subcomisión de espionaje de la Bicameral de Inteligencia del Congreso para explicar el alcance de sus dichos registrados en un video de 2017, en el cual expresaba sus deseos de contar con una «Gestapo» para accionar contra los gremios.

Villegas fue citado por ese cuerpo parlamentario que investiga una reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia, en la que el ministro de Vidal y otros miembros del gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, analizaron la conformación de una mesa judicial para impulsar causas contra organizaciones sindicales.

El exfuncionario les daba a los empresarios instrucciones sobre la forma en la cual debían actuar para el armado de causas contra los dirigentes sindicales y les confiaba que la Procuración estaba al tanto sobre cómo debían ejecutarse estas maniobras, según lo que pudieron reconstruir los legisladores a partir de testimonios que se aprecian en ese registro audiovisual.

La citación a Villegas se resolvió luego de que el jueves último los legisladores escucharan el testimonio del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien intentó desvincularse de la mesa judicial contra sindicalistas con argumentos «poco convincentes», según confiaron a Télam los parlamentarios oficialistas que componen la Bicameral.

De hecho, según afirmó el presidente de la Bicameral, Leopoldo Moreau, «pudimos corroborar que en esa reunión en el Banco Provincia el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al Procurador en particular».

Conte Grand niega todo

Conte Grand negó ante los legisladores el involucramiento y aseguró que no se hacía «cargo de los dichos de Villegas» y que «había actuado irresponsablemente», según relató Moreau.

«A raíz de los dichos de Conte Grand se confirma que fiscales del Ministerio Público han tenido vínculo con los servicios de inteligencia para el armado de causas y queda pendiente dirimir lo que dijo el exministro por un lado y lo que dijo el procurador por el otro. Porque, insisto, uno de los dos falta a la verdad», afirmó el diputado del Frente de Todos (FdT).

Por ese motivo, Moreau confirmó que «vamos a citar al exministro Marcelo Villegas para el miércoles próximo».

 

Los legisladores investigan los alcances de la reunión realizada en la sede porteña del Banco Provincia, donde el entonces ministro de Trabajo le manifestó a los presentes sus deseos de contar con «una Gestapo» -la policía política del régimen nazi- para perseguir a los gremios.

El audio de ese video -que constituyó el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

La sala, reservada por funcionarios bonaerenses

Además del testimonio de Conte Grand, esta semana los legisladores recibieron a la exfuncionaria del Banco Provincia (Bapro) Emilia Jaime, quien admitió que ella misma pidió reserva de la sala donde se realizó la reunión, a pedido del extitular de esa entidad Juan Curuchet.

Ante los legisladores, Jaime dijo que se dedicaba, entre otras funciones como secretaria de Curuchet, a «mandar los mails para reservar los lugares para determinadas reuniones».

De esta forma, Jaime confirmó la información que surgió de los mails en los cuales se pide por tres días la sala de multiuso en la cual se grabó esa reunión.

 

La empleada pidió la sala de reuniones como figura en los mails que tiene la subcomisión y que fueron entregados por las actuales autoridades del Banco Provincia.

En el marco de la investigación parlamentaria, los miembros del cuerpo se reunieron además días atrás con el exjefe de seguridad del edificio Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente «nunca hubo cámaras» en el lugar.

De acuerdo con la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la Gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras fueron instaladas y desmontadas un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.

El teléfono de Vidal

En tanto y en el marco de la causa judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que informe si la exgobernadora Vidal recibió un teléfono encriptado o satelital y, en caso de ser así, si lo devolvió a ese organismo, informaron fuentes tribunalicias.

Además, el magistrado citó como testigos a exfuncionarios del Banco Provincia, algunos de ellos ya declararon ante la subcomisión, y que participaron de la reunión realizada en la sede porteña de esa entidad.

El presidente Alberto Fernández retomará el martes próximo su agenda internacional, con una gira que lo llevará a la Federación Rusa y la República Popular China, donde se entrevistará con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping, y también recalará en Barbados, la isla caribea que el año pasado se independizó del Reino Unido.

Con este periplo, el Gobierno buscará reforzar los lazos políticos y comerciales y en ciencia y técnica con Rusia y China, y también en Barbados, donde se abordará «una agenda ambiental conjunta», indicaron fuentes oficiales

Se trata además de tres naciones que le brindaron a Argentina un fuerte respaldo al reclamo de soberanía que mantiene sobre las Islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña desde 1833.

Primera parada, Rusia

De acuerdo a la agenda presidencial, la comitiva partirá el próximo martes, a las 22 desde Buenos Aires, y la primera actividad será el jueves en Moscú, donde al mediodía Fernández se entrevistará y almorzará con Putin, y también está programada la firma de varios convenios.

El jefe de Estado, en esa reunión -que estaba prevista realizarse el año pasado pero fue imposible por las restricciones por la pandemia de coronavirus-, agradecerá a su par ruso haber asegurado partidas de la vacuna Sputnik V para el plan de inoculación masiva que el país inició en diciembre de 2020.

«Argentina fue el primer país en América Latina en aprobar la Sputnik V y el segundo en el mundo», expresó el presidente argentino en junio pasado, en un contacto entre ambos por videoconferencia, al anunciar el inicio de la producción de la vacuna rusa en el territorio nacional.

«Rusia -ponderó Fernández- es un país que ha sabido desarrollar la investigación, la ciencia y la tecnología y siempre tuvimos confianza en esa capacidad para el desarrollo de una vacuna tan importante y que tanto esperaba el mundo».

De acuerdo a la agenda presidencial, tras el almuerzo está prevista una conferencia de prensa bajo el formato de una pregunta de un medio argentino y otro ruso.

Viaje a China

A la noche del jueves, el Presidente viajará a China, país con el que Argentina tiene un Tratado de Asociación Estratégica.

El propio Fernández graficó la importancia del viaje a Beijing, adonde fue invitado especialmente por Xi Jinping para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

«Es una gran oportunidad para hacer más sólidos nuestros lazos y proyectos comerciales comunes», dijo el miércoles el jefe de Estado al canal en español de la Televisión Central de China, CGTN.

Acerca del apoyo de China a Argentina sobre la soberanía en las islas Malvinas, el 24 de junio pasado el representante permanente adjunto de ese país en la ONU, Geng Shuang, fue claro al sostener que «la posición de China sobre la cuestión es consistente».

«China apoya firmemente la reclamación legítima de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y siempre aboga por resolver las disputas territoriales entre países mediante negociaciones pacíficas, de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas», enfatizó.

Fernández, en Beijing, asistirá el viernes a la entrega de la Distinción Honoris Causa de la Universidad Tsinhua, visitará el Museo de la Historia del Partido Comunista local y participará de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en el imponente estadio El Nido.

El sábado, el mandatario tiene agendada una visita a la Ciudad Prohibida y al Mausoleo de Mao Zedong, en Beijing, y un almuerzo con Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo, como así también  al Campus Villa Olímpica de Zhangjiakou para reunirse con la delegación oficial de deportistas argentinos.

En tanto, el domingo, último día en China, está prevista la reunión bilateral de ambos presidentes en el Gran Palacio del Pueblo y, luego, una visita a la Gran Muralla.

De Asia a Barbados

Desde Asia, el jefe de Estado viajará al Caribe, a Barbados, donde el lunes se reunirá con la primera ministra, Mia Mottley, con quien conversará sobre la crisis climática y el proceso de descolonización en la isla, en el marco de los 40 años de la guerra de Malvinas, que se conmemora este año en Argentina.

Barbados, ubicada en las Antillas menores, era una antigua colonia británica pero el 30 de noviembre del año pasado se convirtió en una república parlamentaria independiente.

El 7 de enero pasado, en la reunión en la que Argentina fue elegida para presidir la CELAC, Fernández se había comprometido a visitar la isla para poner en agenda la crisis climática que determina el aumento del caudal de los océanos. 

Por esa razón, además de la bilateral con Mottley, Fernández se reunirá con representantes relacionados con esa temática, de acuerdo a lo informado a Télam por voceros gubernamentales.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -que integra Barbados también- había expresado ya el año pasado «su más firme respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes».

La delegación que acompaña a Fernández

Acompañarán a Fernández en la gira, el canciller Santiago Cafiero; la ministra portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los gobernadores de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil; y de Río Negro, Arabela Carreras.

También está previsto que integren la delegación el diputado Eduardo Valdés y el senador Adolfo Rodríguez Saá -presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras legislativas-; y la viceministra de la Cancillería, Cecilia Todesca.

Además, viajarán la asesora presidencial Cecilia Nicolini; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la secretaria de Deportes y presidenta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), Inés Arrondo; y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

El Congreso comenzará a discutir desde el próximo martes, en sesiones extraordinarias, una nueva composición del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema estableciera que su actual composición de 13 miembros es «inconstitucional».

La primera propuesta parlamentaria de reforma del Consejo, presentada el 6 de diciembre pasado -diez días antes del fallo de la Corte-, lleva la firma del presidente Alberto Fernández y propone ampliar el organismo a 17 miembros y que la mitad de ellos sean mujeres.

El proyecto del Ejecutivo agrega dos abogados, un juez y un miembro del sector académico y entiende que así se equilibra la relación de fuerza entre los sectores que componen el Consejo.

La iniciativa ingresó por el Senado y todo indica, según fuentes parlamentarias, que el oficialismo cuenta con los votos para otorgar media sanción a la iniciativa y girarla a la Cámara de Diputados.

En la cámara baja la oposición presentó ya varios proyectos que prevén una integración de 20 miembros, como fue hasta la modificación de 2006, 14 integrantes y hasta 7, buscando una representación «equilibrada» de los sectores como dispuso el alto tribunal.

El de más envergadura política es el presentado por el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, que de aprobarse dejaría la integración en 20 miembros, con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como presidente, y un crecimiento significativo de los jueces, abogados y académicos por sobre los miembros políticos.

 

Precisamente el consejero y diputado del PRO, Pablo Tonelli, presentó su propio proyecto que deja al Consejo tal como está pero incorpora a un representante de la Corte, «designado por ese tribunal».

Finalmente el exjuez federal y diputado opositor por Formosa, Fernando Carbajal, baja los miembros del organismo a 7: un juez, un abogado, un académico, un representante del pueblo y tres diputados nacionales.

En tanto el Congreso inicia la discusión el martes, el propio Consejo debe adecuarse al fallo de la Corte, esto es cambiar su actual composición, antes de mediados de abril bajo pena de que sus decisiones pierdan validez.

Apenas conocido el fallo a mediados de diciembre, el Consejo inició una ronda de consultas entre los representantes de jueces y abogados para organizar las elecciones de los nuevos miembros.

La Corte dispuso que el Consejo debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros y para eso se deben elegir dos abogadas, una jueza y un académico o académica.

Para este trámite, el fallo otorgó un plazo de 120 días que comenzó a correr el 16 de diciembre, cuando el máximo tribunal firmó su decisión.

En ese plazo, que vencerá el 15 de abril próximo, para seguir funcionando el Consejo deberá supervisar la elección de dos abogadas sobre un universo de asistencia de unos 25 mil matriculados en todo el país, según la última elección de consejeros.

Además, los magistrados también deberán elegir a su consejera, en unos comicios más reducidos con una estimación de participación de alrededor de mil jueces de todos los distritos judiciales.

Y finalmente los rectores de las universidades públicas nacionales y provinciales, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tendrán que designar a su representante.

Todas estas condiciones que el Consejo trata de cumplir contrarreloj, podrían quedar abstractas si el Congreso logra consensuar una norma y aprueba una ley antes del 15 de abril.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) convocó a marchar el próximo martes «en las calles y plazas de toda la Argentina» en el marco de la movilización que se realizará ese día al Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires en reclamo de «la renuncia de esta Corte, el fin de lawfare» y la «efectiva democratización de la justicia».

El copresidente de la APDH, Eduardo Tavani, dijo en un comunicado que «la demanda del 1 de febrero es en las calles y en las plazas de toda la Argentina» y sostuvo que «la APDH dice presente, cómo lo ha estado siempre, una vez más junto a otros organismos hermanos, organizaciones sociales, centrales de trabajadoras y trabajadores, sindicatos y la inmensa mayoría del pueblo».

 

En ese sentido la APDH, que forma parte de la mesa de organización de la movilización en contra del «mal funcionamiento de un sector de la Justicia», llamó a marchar por la «consolidación del Estado de Derecho» y el respeto y plena vigencia de «los derechos humanos de todos y todas».

Tavani definió la convocatoria «sin protagonismos ni estridencias, pacíficamente, llamando a sumar todas las voluntades posibles», porque «es urgente, convencidos de que la unidad en la diversidad que conformemos es lo que nos potencia, alimenta y mueve en esta gesta».

«Reclamaremos a viva voz la renuncia de esta Corte, el fin de lawfare y la efectiva democratización de la Justicia»Eduardo Tavani

 
Asimismo, afirmó que la calle «será una vez más el escenario» para expresar las demandas y exigir «un sistema de justicia de cara al pueblo» o una Corte Suprema que «respete la Constitución Nacional, los Tratados internacionales incorporados a ella y las leyes de la Nación», y que sea «plural e independiente de las presiones externas y de los grupos concentrados de poder.

«Reclamaremos a viva voz la renuncia de esta Corte, el fin de lawfare y la efectiva democratización de la justicia, conscientes de que sin una justicia al servicio de nuestro pueblo no habrá verdadera democracia, en un momento donde el hartazgo ha llegado al límite», subrayó.

«Este obrar de la cabeza del poder judicial y de muchas y muchos jueces y fiscales ha hecho trizas el pacto democrático que la sociedad toda abrazó tras haber recuperado la democracia en el año 1983»Eduardo Tavani

 
Por otra parte, remarcó que «hemos visto con estupor cómo en estos años el Máximo Tribunal Federal, cómplice de los dueños de todas las cosas, ha convalidado infinidad de prácticas absolutamente arbitrarias e ilegales» y dijo que se trata de «prácticas que ponen en grave riesgo las instituciones de la República».

«Este obrar de la cabeza del poder judicial y de muchas y muchos jueces y fiscales ha hecho trizas el pacto democrático que la sociedad toda abrazó tras haber recuperado la democracia en el año 1983», afirmó el copresidente de la APDH.

Tavani señaló, asimismo, que «no estuvimos ni estamos dispuestas y dispuestos a permanecer impávidos ante este sistema de justicia» que «ha sido garante de las mayores y más flagrantes injusticias, los mayores atropellos a la dignidad de las personas y las instituciones y del saqueo y arrasamiento al que se nos ha sometido».

El Gobierno evalúa que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44 mil millones de dólares tomados por la gestión de Mauricio Macri permite disipar incertidumbre y proyectar una «hoja de ruta» para que el presidente Alberto Fernández avance en el segundo tramo de gestión con foco en el crecimiento.

La reducción gradual del déficit fiscal, los avances para evitar saltos cambiarios y el entendimiento para preservar derechos laborales y previsionales fueron algunas de las claves de la negociación final destacadas en las últimas horas por funcionarios nacionales, pero también dirigentes, sindicalistas y empresarios de diferente sesgo ideológico.

«El acuerdo nos saca de la incertidumbre y nos permite seguir trabajando, tener una hoja de ruta para ocuparnos de una buena cantidad de temas que hacen a la vida de las y los argentinos. Nos permite estabilizarnos y seguir creciendo como lo venimos haciendo, pese a todos los obstáculos que tenemos», afirmó este sábado a Télam la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

La funcionaria indicó que el Gobierno hubiera «preferido no tener que estar en esta situación» con el organismo internacional, pero insistió en recordar que la administración del Frente de Todos (FdT) «heredó una deuda infame de 44.000 millones de dólares y tuvo que hacerse cargo» y avanzar en la búsqueda de un acuerdo.

En ese sentido, en diálogo con esta agencia, advirtió que, en comparación a anteriores acuerdos entre la Argentina y el FMI, el entendimiento anunciado el viernes «no compromete» la soberanía del país.

«Este es un buen acuerdo que no compromete nuestra soberanía. Durante cuatro años no vamos a tener que hacer desembolsos lo que nos permite recuperar el PBI«, fundamentó.

Y explicó: «No celebramos, pero nos alivia pensar que salimos de esta nube negra que nos impedía mirar hacia adelante. Nuestra responsabilidad es gobernar y este principio de entendimiento nos permite empezar a salir de este desastre en que el nos metió Macri; es el principio de la solución».

El anuncio y el acuerdo

Esa línea de razonamiento fue la que eligió el viernes el Presidente para anunciar el acuerdo con un mensaje grabado desde la residencia de Olivos: «Teníamos una soga al cuello y ahora, un camino por recorrer. Podremos ejercer nuestra soberanía y llevar adelante nuestra política de crecimiento, desarrollo y justicia social».

 

Entre sus puntos centrales, el acuerdo con el FMI un sendero de reducción gradual del déficit fiscal primario, aumento del gasto en infraestructura y ciencia y tecnología y la continuidad de programas sociales focalizados, de manera de poder sostener la recuperación económica en curso en el marco de la pospandemia.

Las negociaciones entre el Fondo y el gobierno argentino fueron intensas -y duras en varios tramos- y se extendieron a lo largo de 16 meses, ya que comenzaron formalmente a fines de agosto de 2020, en uno de los momentos más complejos de la pandemia de coronavirus y una vez concluido el canje con los acreedores privados.

Entre las metas fiscales acordadas con el FMI, se plantea que para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI; para 2023 de 1,9%; y para 2024, de 0,9%, según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la conferencia de prensa del viernes que ofreció junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El Gobierno considera que estas pautas son alcanzables sin afectar el ritmo de crecimiento actual de la economía.

En esta línea, y a través de las redes sociales, Manzur sostuvo que el entendimiento alcanzado con el organismo permitirá «profundizar la recuperación económica ya iniciada» al conseguir «fortalecerlas obras de infraestructura, ampliando las capacidades productivas para generar divisas y consolidar el mercado interno».

En la oposición se destacó la concreción de este entendimiento como «un hecho positivo que le otorga previsibilidad al país», mientras se aprestan para debatir su aprobación en el Congreso.

El jefe de Estado dejó en claro en su anuncio que la intención de Ejecutivo era ratificar el acuerdo en el Parlamento, en lo que constituye un claro contrapunto con la fórmula utilizada por el macrismo en 2018 cuando tomó la deuda con el FMI.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado titulado «Sobre el principio de acuerdo con el FMI», manifestó que «Juntos por el Cambio considera positivo este primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evita así un costoso default».

El comunicado se dio a conocer tras una reunión por zoom en la que participaron Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC); el expresidente Mauricio Macri, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, destacó en su cuenta de la red social Twitter como «un primer paso positivo» el acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI por la renegociación de la deuda al señalar que «es una buena noticia para el país».

Morales fue uno de los gobernadores de la oposición que admitió la magnitud de la deuda contraída por el gobierno de Macri en 2018 y envió a un funcionario de su gobierno a la reunión encabezada por el Presidente y Guzmán, donde se analizaron los avances en la negociación con el organismo internacional.

Mandatarios del oficialismo y la oposición provinciales respaldaron también el entendimiento al destacar que «no condiciona» el crecimiento y permite ponerle fin a «la incertidumbre» de entrar en la cesación de pagos.

No obstante, legisladores del oficialismo y de la oposición adelantaron que durante la discusión parlamentaria se debatirán los motivos del origen de la deuda que Argentina contrajo con el FMI.

El próximo martes, Fernández iniciará una gira oficial a Rusia y a China, países con los cuales buscará profundizar las relaciones bilaterales para concretar acuerdos en cooperación técnica e inversiones.

Y este periplo puede marcar el primer paso de una agenda de trabajo y planificación enfocada en afirmar la recuperación económica y la salida definitiva de la pandemia de coronavirus.

En un mensaje para informar a los argentinos y argentinas sobre los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que «Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

“Teníamos una deuda impagable y tenemos un acuerdo razonable”, agregó Fernández en un mensaje al país grabado en la residencia presidencial de Olivos.

“Sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones”, destacó el mandatario.

Asimismo, puso especial énfasis en destacar que la Argentina tiene que «crecer para poder pagar», una posición que se mantuvo desde el comienzo de las negociaciones con el organismo internacional.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación de la mesa judicial bonaerense destinada a armar causas contra gremialistas, pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que informe si la exgobernadora María Eugenia Vidal recibió un teléfono encriptado o satelital y, en caso de ser así, si lo devolvió a ese organismo, informaron este jueves fuentes tribunalicias.

Además, el magistrado citó como testigos a exfuncionarios del Banco Provincia, donde en 2017 se realizó una reunión que quedó grabada en un video en la que se habló de armar causas contra sindicalistas.

El oficio del juez pide a la AFI que «informe -previo levantamiento de la clasificación de seguridad conforme título V de la ley 25.520- si de los registros de ese organismo obran constancias que den cuenta que se le haya asignado a María Eugenia Vidal algún aparato de telefonía encriptada o satelital y, en su caso, solicítese que indique el número de abonado del mismo y si fue devuelto a la AFI».

Para ello, dispuso que se autorice «al Escuadrón de Inteligencia Criminal Buenos Aires SUR de la Gendarmería Nacional a diligenciar el mismo».

También sostuvo que «en atención a que de lo informado por el Ministerio de Trabajo (Bonaerense) (…) se advierte que los números de teléfonos aportados como fijos tendrían menos dígitos que los habituales» por lo que requirió a esa cartera que «ratifique o rectifique tal información».

Citación de exfuncionarios

Al mismo tiempo, citó para que presten declaración testimonial a Guillermo Alberto Squillari (31 de enero a las 10), Patricia Bencivengo (31 de enero a las 11), Mariano Albito (1° de febrero a las 10) y Emilia Jaime (1° de febrero a las 12).

Esas personas cumplían diversas funciones en el Bapro en la época de la reunión investigada. Por ejemplo, Jaime era secretaria de la Presidencia del Banco y Squillari formaba parte de ese equipo. Albito era jefe de seguridad del banco y Bencivengo del área de relaciones públicas.

El jueves se cumplirán 77 años de la liberación por parte de las tropas soviéticas -un 27 de enero de 1945- del campo de concentración de Auschwithz-Birkenau, que el régimen de la Alemania nazi había instalado en Polonia durante la segunda Guerra Mundial con el propósito de eliminar al pueblo judío de la Europa ocupada, y para rendir tributo a las víctimas de ese genocidio ese día se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

La fecha fue establecida oficialmente el 1° de noviembre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para apoyar el desarrollo de programas educativos que recuerden el Holocausto y prevenir futuros genocidios, y en la Argentina se realizan toda esta semana diferentes actividades con ese objetivo.

 

El canciller Santiago Cafiero encabezará el jueves el acto oficial que se realizará a las 13 de este jueves en el Museo del Holocausto, en Montevideo 919 de esta capital, que preside Marcelo Mindlin. Junto a Cafiero estarán Mindlin, los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; sobrevivientes de la Shoá residentes en la Argentina, representantes de la DAIA, la AMIA, el Centro Simon Wiesenthal, el Centro Ana Frank, el Instituto Auschwitz, las entidades ICUF, BAMA, B’nai B’rith Argentina y representantes diplomáticos, informó la Cancillería.

El lunes, el Museo fue escenario de una visita por parte de 14 embajadores acreditados en el país, quienes recorrieron la exhibición permanente de esa institución, en una iniciativa organizada en conjunto con la Embajada de Israel.

«El recuerdo del Holocausto es un imperativo categórico para todos aquellos que creemos que no existe lugar en el mundo para que tal barbarie vuelva a ocurrir. En este sentido considero que la educación es nuestra herramienta más efectiva. Nuestra verdadera apuesta al futuro», señaló a Télam la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen.

La diplomática recordó que hace dos años, recién llegada a la Argentina, participó junto al presidente Alberto Fernández en la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, que tuvo lugar en Jerusalén, en el primer viaje al exterior del mandatario argentino.

 

«En ese momento, como hoy, líderes y especialistas habían puesto el acento en la importancia de enfocarse en la educación para la memoria», recordó Ronen.

En ese sentido consideró que «Argentina tiene antecedentes que la posicionan como una referencia regional, pues es único país latinoamericano miembro completo de la IHRA (la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto)» y en consonancia con su compromiso en esta causa, ha adoptado la definición de antisemitismo de la IHRA en el año 2020.

«El trabajo que queda por delante en Argentina y en el mundo es inmenso, pero toda vez que un país decide honrar a los muertos y educar en valores para evitar que los horrores de la Shoa vuelvan a tener lugar, sin lugar a dudas, esos actos indican que vamos por el camino correcto», concluyó Ronen.

También para conmemorar esta fecha, esta semana la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) difundió un video conmemorativo y se conocerá otro material elaborado entre la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y Naciones Unidas Argentina, que tendrá como principal objetivo destacar la importancia de que la memoria del Holocausto se transmita de generación en generación.

«Nunca debemos olvidar que el Holocausto podría haberse evitado», advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con motivo de la difusión del video. Y añadió: «Las súplicas desesperadas de las víctimas fueron ignoradas. Muy pocos hablaron, muy pocos escucharon, y menos aún se levantaron en solidaridad. Recordar el pasado es esencial para salvaguardar el futuro».

 

En el mismo sentido, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, señaló que «la misión de educar a las nuevas generaciones y promover en ellas el respeto al prójimo, la paz y la justicia es un aspecto crucial que va de la mano del imperativo ético de no olvidar, de prevenir cualquier gesto de intolerancia, y de denunciar toda expresión de odio y xenofobia».

En tanto el video difundido esta semana por la DAIA está centrado en los rostros y los números del Holocausto.

Entre fotos de víctimas y sin relato de voz en off, el sobreimpreso va anunciando cifras. «6000 judíos por día se llegó a exterminar en Auschwitz – Birkenau y 7000 personas exterminadas por experimentos médicos a manos de Mengele», recuerda.

Y agrega: «1.500.000 niños exterminados, 700 mil personas obligadas a trasladarse en marchas de la muerte y 334.500 asesinados de otros colectivos».

También se recuerda que hubo «6 millones de judíos masacrados en 74 meses, 81.081 víctimas cada mes, 13.510 vidas robadas cada cinco días, 339 víctimas cada tres horas y 2 asesinatos cada 70 segundos».

Y concluye: «Los números dimensionan la maldad. Nuestra memoria hace al recuerdo infinito».

Además, desde la DAIA informaron que tanto en la provincia de Córdoba como en Santa Fe habrá actividades conmemorativas, para las que viajarán especialmente diferentes autoridades de esa institución.

La Cancillería destacó que «la República Argentina tiene un fuerte compromiso para con la Memoria del Holocausto como parte de su política exterior de derechos humanos en materia de prevención de atrocidades, y es país miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés)».

Recordó que «en noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7, por la que se designa el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las Víctimas del Holocausto, al recordar la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, el mayor de los creados por el régimen nazi».

El Museo del Holocausto -resaltó además- «es una de las organizaciones miembro del Capítulo Local (CL) de la IHRA, instancia de articulación entre el Estado y la sociedad civil para impulsar políticas y programas acordes con la agenda de la IHRA en nuestro país».

 

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, subrayó que el país «está en condiciones de llegar a un acuerdo» con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “que le permita seguir creciendo”, y calificó como un “acto de irresponsabilidad” a quienes proponen no acordar con el organismo de crédito.

“Me parece que estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita sostener la reactivación”, afirmó Kulfas en diálogo con Radio con Vos.

Además, el ministro cuestionó la postura de no acordar con el organismo.

En ese marco, advirtió que “está claro lo que significan los problemas y las dificultades de no tener un acuerdo con el FMI”, y manifestó estar “convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo”.

“La hipótesis de que el acuerdo con el Fondo sería mucho peor me parece, de mínima, un acto de voluntarismo o, en todo caso, es un acto de irresponsabilidad”, agregó.

Kulfas precisó que la Argentina no posee una “situación macroeconómicamente holgada” donde “sobren dólares” y existe “un desequilibrio en el balance de divisas”, y la misma, de no mediar un acuerdo, se puede “claramente agudizar”, además de “poner en peligro un montón de recursos de financiación internacional y restringirse el crédito comercial”.

“Hay gente que realmente piensa de manera sincera lo que dice y por ahí no está teniendo en cuenta un montón de factores que, sin duda, dificultarían esa recuperación”, recalcó el ministro de Desarrollo Productivo.

“Hay muchas empresas que operan en el exterior que financian importaciones y exportaciones. Eso se pondría en peligro”, advirtió Kulfas, y recordó que países como “Sudán, Somalia, Camboya e Irak” son los que entraron en default con el FMI.

“El acuerdo con el Fondo de ninguna manera resuelve nada. Simplemente permite seguir sosteniendo relaciones económicas y financieras con el mundo”, dijo el ministro, y agregó: “Después obviamente dependemos de nosotros”.

Sobre la actual negociación con el Fondo, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo enfatizó que la misma se plantea “en términos de que efectivamente no haya un ajuste sino que la Argentina siga creciendo”.

“Lo que queremos es que cuando crece la economía, crece la recaudación y eso hace bajar el déficit sin bajar el gasto”, reiteró sobre la postura de la Argentina en el diálogo con el FMI.

Además, Kulfas cuestionó el otorgamiento del préstamo Stand-by en 2018 y lo calificó como un “acto de irresponsabilidad del Gobierno de (Mauricio) Macri” .

“Fue un error garrafal y de ninguna manera lo vamos a reivindicar. Fue un apoyo político mas que basado en premisas económicas, pero los compromisos están y los ha tomado un gobierno que ha sido elegido”, afirmó.

Por otro lado, el ministro destacó los números de la economía y dijo que el empleo industrial actualmente posee “50.000 puestos más que en 2019”.

“En los últimos diez años el empleo registrado estuvo claramente estancado y en el Gobierno de Macri cayó. Estamos viendo que hay sectores con gran potencial para crear nuevo empleo y otros, que con un salto de productividad, pueden generar mejor empleo”, señaló Kulfas y, en ese sentido, subrayó los proyectos que serán tratados en sesiones extraordinarias en el Congreso como la Ley de Promoción de la Electromovilidad y la de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz.

Por último, Kulfas opinó que los subsidios energéticos “tienen que ser solamente para la gente que lo necesita”.

“Hay muchísima gente que paga tarifas ridículas y creo que tiene que haber una segmentación. Sin duda ahí hay un tema para trabajar y lo está haciendo la Secretaria de Energía”, finalizó.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el Gobierno negocia «hora a hora» un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita continuar «la senda de la producción y del crecimiento», y reiteró que en el caso de que se alcance será enviado al Congreso para su aprobación.

Asimismo, sobre el pago de deuda que vence el viernes la funcionaria dijo que «lo que va a suceder lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante».

En la habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno, la portavoz señaló que el objetivo es alcanzar un acuerdo que «permita pagar de manera sostenible la deuda que el Gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional».

Detalló además que «la carta de intención, en el caso que se firme el acuerdo, va a ser mandada al Congreso porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso y la Constitución de la Nación, aunque el acuerdo que se tomó en el Gobierno de Mauricio Macri se tomó sin ningún tipo de consulta«.

 

Cerruti afirmó que en la negociación «vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y sobre todo que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y argentinas».

«Eso es lo que estamos discutiendo y defendiendo con el Fondo Monetario Internacional, esperamos llegar al mejor acuerdo pero la Argentina no va a aceptar ningún acuerdo que implique comprometer esta senda de crecimiento que creemos que es el camino que tenemos que seguir llevando adelante», concluyó.

La Ruta de la Seda

Por otro lado, Cerruti aseguró que «la Argentina conversa con China» sobre su posible incorporación al proyecto de la Ruta de la Seda que impulsa la nación asiática, de cara a la visita que en los próximos días hará el presidente Alberto Fernández a ese país.

Ante una consulta, Cerruti dijo que ambos países «están conversando» sobre el rol que la Argentina puede jugar en este proyecto comercial y de infraestructura que impulsa China.

«Es un tema en el cual estamos discutiendo y viendo distintas perspectivas», afirmó la portavoz de la Presidencia y agregó que «es un proyecto importante de China y las relaciones» con ese país en la actualidad «son las mejores».

Cerruti dijo que la agenda del presidente Alberto Fernández en China también abarcará reuniones con otros líderes de Estado que participen en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno y conversaciones con el premier chino Xi Jinping.

En otro orden, afirmó que el otro tramo de la gira, que será en Rusia, implicará una reunión entre Alberto Fernández y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, para conversar sobre «la relación bilateral, inversiones, las vacunas y la colaboración en ciencia y técnica».

Sobre el otro punto de la gira presidencial, la isla caribeña de Barbados, Cerruti explicó que en ese caso la agenda tiene que ver con «la crisis climática y la descolonización».

«Estas islas del Caribe sufren una suba en el nivel del mar y el Presidente va a reunirse con representantes de las distintas islas en lo que sería su primera función oficial como presidente de la Celac», precisó Cerruti.

También explicó que en Barbados se abordará allí la cuestión de la descolonización y recordó que Barbados siempre manifestó una postura favorable a la Argentina en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

Sobre la comitiva del viaje, manifestó que «la participación del gobernador (Axel) Kicillof está en duda por el cuadro de Covid que atraviesa», aunque sí confirmó que formarán parte de la comitiva la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.