La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata habilitó este viernes el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino al dejar sin efecto la medida cautelar que suspendía las operaciones que se realizarán a 300 kilómetros de la costa bonaerense, y que había sido oportunamente apelada por el Gobierno nacional.
Según el fallo al que accedió Télam, el tribunal, a la vez, ordenó realizar una «nueva Declaración de Impacto Ambiental» que resulte complementaria de la ya aprobada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar continuidad a la Campaña de Adquisición Sísmica offshore, de acuerdo al fallo conocido este viernes por la tarde.
En el escrito, el tribunal ordenó dejar sin efecto la medida cautelar tras rechazar la revocatoria de marzo pasado, así como «declarar abstracto el tratamiento de los recursos opuestos contra el efecto suspensivo otorgado por el a quo a los recursos interpuestos contra la medida cautelar».
El fallo lleva la firma de los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, y el secretario de Cámara Walter Pelle.
Asimismo, ordenó que -a fin de dar continuidad a las actividades propias del proyecto de prospección sísmica offshore- el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá dictar una nueva declaración de impacto ambiental complementaria de la ya dictada.
Tras dar participación a la Administración de Parques Nacionales, dispuso que se valoren las intervenciones participativas organizadas a nivel municipal y nacional, y se incluyan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de Gestión Ambiental.
Además, ordenó que se incluyan, analicen y sopesen «en forma conglobada, el ámbito espacial y los plazos temporales en que se pone en práctica el presente proyecto, atendiendo a los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos».
En sus considerandos, el tribunal marplatense destacó que «las evaluaciones de impacto ambiental resultan ser, por esencia, herramientas de naturaleza preventiva, con capacidad de orientar las acciones humanas, permitiendo a partir de sus conclusiones, que la protección ambiental se integre con las políticas de crecimiento y desarrollo».
En otro aspecto, señaló que «se deduce claramente que el presente, más que un proyecto o emprendimiento económico, resulta ser, y de hecho implica la implementación de políticas, planes y un programa de desarrollo energético, aquí podría haber sido utilizada también, la denominada “Evaluación Ambiental Estratégica”».
La medida cautelar que frenó el proyecto
A comienzos de febrero, el titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.
De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente.
El Gobierno el 30 de diciembre había otorgado la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.
La tarea de exploración del lecho marino va a ser llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi US$ 800 millones.
En la jornada de hoy, en el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon, concluyó la audiencia pública consultiva sobre el proyecto, tras cinco jornadas de exposiciones que, en resumen, permitieron recoger un mayoritario apoyo a la iniciativa desde distintos sectores.
