El dirigente peronista Oscar Agustín Perassi renunció este miércoles al cargo de ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy por pedido del gobernador Gerardo Morales, luego de reclamar «mayor participación» en la coalición que administra la provincia.

Perassi indicó en una conferencia de prensa realizada este miércoles que mantuvo una reunión con Morales el lunes pasado, y que en esa oportunidad el mandatario le manifestó que como era funcionario del Gobierno «no correspondía que hiciera esas declaraciones».

«No estamos siendo partícipes de la coalición y nos sentimos devaluados”Oscar Agustín Perassi

“En una entrevista televisiva la semana pasada me preguntaron cómo estaban las relaciones entre el radicalismo y el Frente Primero Jujuy en el Gobierno y manifesté que nos sentíamos, como decía el gobernador Morales por el PRO y el radicalismo, como un furgón de cola. No estamos siendo partícipes de la coalición y nos sentimos devaluados”, expresó.

Respecto a una eventual reforma de la Constitución provincial, recordó que “hace años cuando era integrante del bloque (de diputados) del justicialismo en el 2005 se intentó la re-reelección de (Eduardo) Fellner” como gobernador y se opuso.

“La Constitución no debe modificarse para persona alguna. Lo dije en el 2014 y se lo dije a Gerardo (Morales) en el 2016 y 2017. Él estaba de acuerdo con eso y lo vuelvo a decir ahora por algunos rumores sobre que ya se estaba arreglado el tema de una posible reforma”, indicó.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó este miércoles que es necesario que la Argentina sea «un país cada vez más federal en la distribución de sus recursos» y pidió que eso sea contemplado en el caso de que haya un fallo de la Corte Suprema a favor del reclamo de la ciudad de Buenos Aires por la reasignación de recursos que realizó el Gobierno nacional respecto a los fondos para la seguridad metropolitana.

«Necesitamos un país cada vez más federal también en la distribución de los recursos porque tenemos un país muy desigual y una muestra de eso es el norte argentino», dijo Jalil a la prensa al finalizar el acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) junto al presidente Alberto Fernández, que encabezó una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior.

Antes de participar del encuentro entre el Gobierno nacional y mandatarios de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la ciudad de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño, el mandatario catamarqueño señaló: «Algún día también la coparticipación se tiene que tratar».

En ese sentido, profundizó: «No se trató nunca la coparticipación y se debe cumplir con lo que prevé la Constitución desde su reforma en 1994”.

“Se tendría que haber tratado dos años después (1996) y no se ha hecho y han pasado varios años ya (26 años)», agregó.

Sobre el impacto de la coparticipación en las provincias, reflexionó: «El Presidente viene trabajando con el norte argentino de una buena manera y ordenada por lo que tenemos muchas inversiones y está creciendo el empleo, pero parte de esto es lo que se ha hecho con la coparticipación».

Jalil concluyó: «Si la Nación tiene menos recursos, las provincias van a tener menos recursos».

La reunión, pedida por los mandatarios provinciales, está prevista para este miércoles en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y es encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro.

Los gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de la policía durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.

El presidente Alberto Fernández encabezaba este mediodía la reunión con más de 20 gobernadores y representantes de provincias para tratar «los alcances de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de traspaso de la Policía», según indicaron fuentes oficiales.

En tanto, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, preparaban los «últimos detalles» de la presentación que realizarán en Casa Rosada.

La reunión, que fue pedida por los mandatarios, cuenta con la presencia de Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En otros casos asisten funcionarios de alto rango, mientras que Mendoza y Corrientes no concurrieron a la convocatoria solicitada por sus pares.

En el encuentro, además, están presentes el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y la secretaria de Provincias, SIlvina Batakis.

Los gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de la policía durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.

En la Casa Rosada hay preocupación de que se convalide «semejante arbitrariedad» porque «es un número que va a impactar en el presupuesto 2022».

Además, de acuerdo a fuentes oficiales, en el Ejecutivo sostienen que el planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto «anticonstitucional» y lo que se discute es «una mediación sobre montos».

Según graficaron a Télam los voceros del Gobierno, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, «dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)», que podría alcanzar más de $ 130 mil millones este año, lo «que afectaría al presupuesto nacional».

La CGT «Brasil», encabezada por el dirigente del gremio de los trabajadores cerveceros, Saúl Edolver Ubaldini, desafiaba hace 40 años con una masiva movilización a la dictadura cívico militar, tres días antes -el 30 de marzo de 1982- de que efectivos de las Fuerzas Armadas desembarcaran en Malvinas con el doble propósito de recuperar la soberanía argentina sobre las islas y mantener el consenso social perdido tras la aplicación de políticas que habían generado un derrumbe económico.

Como en otros momentos de la historia argentina, la CGT se encontraba hace cuatro décadas dividida en dos centrales: una era la denominada como «Azopardo«, que tenía su sede en el histórico edificio de la central obrera, ubicado sobre esa calle, y que representaba al sector «más dialoguista», encabezado por Jorge Triaca.

La otra facción, llamada «Brasil«, era la más combativa y estaba liderada por Ubaldini, que contaba con el apoyo del histórico e influyente líder metalúrgico, Lorenzo Miguel, dispuso la organización de esa protesta obrera, convocada bajo el lema de por «Paz, Pan y Trabajo», en medio de un contexto de caída generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores.

En marzo de 1981, el general Roberto Viola asumió la presidencia en reemplazo de Jorge Rafael Videla, que se retiró tras cinco años en los que se concretó el mayor genocidio de la historia argentina.

El nuevo dictador llegó al poder justo cuando las políticas de dólar barato, alto endeudamiento, ajuste fiscal y abrupta apertura económica diseñadas por José Alfredo Martínez de Hoz -ministro de Economía de Videla- se encontraban agotadas. Los tiempos del «deme dos» y la plata dulce habían terminado.

La crisis económica provocó que en diciembre, la Junta Militar removiera a Viola, «por motivos de salud», y nombrara como presidente a Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe del Ejército, que contaba con el explícito respaldo del entonces presidente estadounidense, Ronald Reagan.

 

Washington veía con buenos ojos al excomandante del segundo cuerpo, fundamentalmente por el rol activo que había jugado en el envío de asesores argentinos a Honduras y El Salvador.

Lorenzo Sigaut asumió la cartera de Hacienda y pronunció una frase paradigmática en el comienzo de su gestión: «El que apuesta al dólar pierde».

Pero tres meses después de haber jurado como ministro, propició una devaluación del peso del 30% y otra en junio por el mismo porcentaje.

Se creó un mercado cambiario oficial y otro paralelo, la divisa estadounidense, que en abril se cotizaba en 3 mil pesos, trepó hasta los 10 mil pesos en octubre.

Comenzaron entonces a producirse algunas manifestaciones de descontento: en junio, un paro del gremio mecánico de la SMATA dejaba un saldo de más de mil detenidos, mientras las principales automotrices anunciaban despidos y suspensiones.

En febrero de 1982, la CGT lanzó un plan de lucha contra el gobierno que presidía el general Galtieri, que bajo la conducción económica de Roberto Alemann había congelado los salarios y aplicado un fuerte aumento en las tarifas de los servicios públicos.

El malestar reinante determinó la convocatoria a una movilización para el 24 de marzo, aniversario del golpe que había derrocado a Isabel Perón, pero para evitar que el llamamiento fuese visto como una provocación, la cúpula sindical decidió marchar el 30.

 

Bajo la consigna «Paz, Pan y Trabajo», unas 15 mil personas se congregaron en la Plaza de Mayo aquel martes de principios de otoño, en abierto desafío a la Junta Militar, que prohibió la concentración y desplegó un dispositivo represivo con 4.000 efectivos policiales en el centro de Buenos Aires, y que dejó un saldo de 2.000 detenidos.

Movilizaciones similares y de carácter masivo también tuvieron lugar en Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Tucumán y Mendoza, donde un jubilado murió como consecuencia de una bala disparada por las fuerzas represivas.

En Córdoba, sede del Tercer Cuerpo de Ejército, se desarrolló un despliegue de tropas por el centro de la ciudad de tal envergadura que disuadió cualquier atisbo de protesta.

«Se va a acabar/ Se va a acabar/ la dictadura militar»… Era la consigna que resonó ese día por las calles del centro, mientras la infantería de la Federal arremetía contra las columnas de trabajadores y los oficinistas que espontáneamente se sumaron a la multitud.

Gases lacrimógenos, balazos de goma y automóviles que circulaban sin identificación por las calles del centro porteño eran parte de un escenario de abierta confrontación entre los manifestantes y las fuerzas del orden represivo.

 

Dirigentes políticos como Luis León (UCR), Deolindo Bittel (PJ) y Oscar Alende (Intransigente), nucleados en la llamada Multipartidaria, calificaron la situación como «un verdadero estallido social«, en un comunicado difundido tras la movilización.

La Junta Militar necesitaba producir un hecho que el otorgara legitimidad, y si bien la recuperación de las Malvinas era algo planificado con meses de antelación, el malestar evidenciado ese 30 de marzo convenció a los integrantes del régimen que el despliegue en las islas -que ya estaba en marcha- era el único camino que tenían para mantenerse en el Gobierno.

El 15 de junio, un día después de la rendición de las tropas argentinas en Malvinas ante los efectivos de las fuerzas armadas británicas, cientos de ciudadanos concurrieron a Plaza de Mayo con distintas motivaciones.

En medio de los disturbios, la represión y los gases, se escuchó una vez más ese cántico, emblema de la resistencia y la lucha popular contra el autoritarismo: «se va a acabar/ se va a acabar/ la dictadura militar».

El proyecto de ley que modifica el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura será debatido nuevamente el miércoles en un plenario de comisiones, por lo que la sesión del Senado de la Nación prevista para esta semana fue suspendida y la iniciativa sería debatida en el recinto en siete días.

Según se informó oficialmente, el miércoles desde las 16 se reunirán en forma conjunta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el Salón Azul del primer piso del Palacio del Congreso para volver a abordar el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.

La convocatoria menciona que se debatirán «comentarios y observaciones de las señoras y los señores senadores».

La semana pasada, los legisladores del oficialismo lograron obtener dictamen de mayoría en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a principios de diciembre, anticipándose al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura vigente.

Por su parte, Juntos por el Cambio firmó su propio dictamen y el senador Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del Frente de Todos, presentó otro despacho de comisión.

Cuando cerró su intervención, Weretilneck anunció que no apoyaría el proyecto del oficialismo porque carecía de una mirada «regional».

El Frente de Todos contaba, no obstante, con sus 35 senadores propios, más la aliada del Frente Renovador de la Concordia, Magdalena Solari Quintana; y la riojana peronista disidente Clara Vega que, sin embargo, en las últimas horas anticipó que no apoyaría el proyecto firmado en Casa de Gobierno.

 

Ante esa situación, el oficialismo resolvió volver a convocar a un plenario de las comisiones conducidas por el jujeño Guillermo Snopek y por el neuquino Oscar Parrilli, para dar lugar a los aportes del rionegrino Weretilneck.

La iniciativa del Ejecutivo deja afuera de la conformación del cuerpo a la Corte Suprema, tal como venía ocurriendo en la reforma de 2006, y establecía otros parámetros, además de sumar más consejeros.

El Consejo debe intervenir en el proceso de selección de jueces y eventuales cuestionamientos a su desempeño y, de acuerdo a legisladores del Frente de Todos el hecho de que la presidencia esté a cargo de la Corte puede «influir» en las decisiones de otros miembros.

El dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo propone elevar de 13 a 17 los miembros del Consejo y suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo.

También incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales.

La propuesta oficial establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

 

El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.

También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.

El proyecto del interbloque de Juntos por el Cambio propone ampliar a 20 miembros el Consejo, y apoya que la presidencia esté a cargo del titular de la Corte, algo a lo que el FdT se opone.

La oposición también propone como miembros a cuatro jueces o juezas, elegidos por sistema D’Hont, ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Gobierno, y otros dos del ámbito académico y científico.

Weretilneck, quien se quejó de que las mayorías parlamentarias dejan afuera «el federalismo», presentó uno propio que, en vez de tener un Consejo como el actual, propone consejos a nivel de distritos judiciales para que los representantes sean de cada distrito judicial.

El gobernador Mariano Arcioni sentenció este martes que “no es el momento” para abordar un eventual adelantamiento de las elecciones, ante las versiones que comienzan a trascender y frente a los movimientos en el arco político.

“No es el momento oportuno para estar hablando del adelantamiento de elecciones”, sentenció el mandatario, insistiendo en que “estamos abocados a la gestión”.

Recordó que en caso que se decida desdoblar los comicios para el 2023 “va a ser a través del consenso” con las fuerzas políticas.

La causa judicial que investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas de 1982 lleva once meses paralizada y se encuentra «al borde de la impunidad», según explicaron voceros judiciales consultados por Télam.

El caso que tramita el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande desde 2007 pasó a un letargo indefinido en mayo del año pasado, cuando la jueza Mariel Borruto decidió esperar un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia acerca de si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, condición esta que les otorga imprescriptibilidad.

Borruto ya se había expresado en distintas ocasiones en el sentido de que los estaqueamientos y enterramientos denunciados por un grupo de ex combatientes representan ilícitos imprescriptibles. De hecho, había procesado en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados, en un fallo que luego confirmó parcialmente la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut.

«El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas y se aplicó en forma sistemática en todas las unidades militares que participaron dentro del teatro de operaciones»Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata

Sin embargo, el 4 de mayo de 2021 un pronunciamiento dictado por mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal abonó el criterio de que los supuestos ilícitos están prescriptos.

El fallo de Casación fue recurrido por la Fiscalía y los querellantes ante la Corte Suprema, con lo que la jueza fueguina optó por aguardar el trámite que tendrán esas actuaciones antes de continuar con la causa.

La paralización de las pesquisas resulta necesaria para «evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios dentro de un mismo proceso -dada la conexidad y acumulación de expedientes- y ante idénticas o análogas situaciones en aras de preservar la igualdad ante la ley y la buena administración de justicia», escribió Borruto para fundamentar la parálisis del expediente.

El comienzo de la pesquisa

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada en 2007 por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, quien recolectó los primeros 25 casos de supuestos tormentos a soldados, incluyendo estaqueamientos y enterramientos por pedir o procurarse alimentos.

En la causa siempre convivieron opiniones encontradas sobre si los hechos formaron parte de un plan sistemático contra los soldados, lo que los clasificaría como delitos de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles) o si en cambio se trató de sucesos aislados protagonizados por un grupo de militares.

 

En las actuaciones judiciales aparecen descriptos una serie de tormentos, en su mayoría represalias de militares hacia soldados que, ante situaciones de hambre extremo, intentaron procurarse su propio alimento mientras la guerra continuaba a su alrededor.

Quiénes fueron los reclutas sometidos

Se trata de los soldados Jorge Ramón Diez, Carlos Raimundo Rodas, Elvio Emilio Nis, Antonio Horacio Gallardo, Román Orlando Solís y José Rubén Suárez, quienes llegaron a sustraer y comerse una oveja. Por ello, fueron «obligados a sentarse en el interior de un pozo, para luego ser enterrados hasta el cuello, sin abrigos y sin cascos, entre nueve y diez horas», puede leerse en la causa.

Por su parte, al soldado Mario Roberto Sauco se lo castigó «obligándolo a colocar sus pies cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes».

En tanto, el conscripto Carlos Argentino Pereyra fue «estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada, ello a modo de castigo por un supuesto hecho de robo de comida», mientras que Edgardo Oscar Arnoldo, fue «estaqueado durante 4 o 5 horas en los que estuvo atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno» por «robar comida perteneciente a sus superiores».

Otros dos soldados -Daniel Martínez González y Rosendo Prado– fueron obligados por sus superiores a «realizar movimientos vivos sobre el barro con hielo bajo la nieve mientras sufrían amenazas de ejecución».

 

«Con posterioridad, en circunstancias en que no se podían levantar debido al cansancio y al frío, sus superiores les habrían efectuado entre 6 y 7 disparos entre sus piernas y los habrían hecho parar en posición de firme mientras les pegaban con una barra de acero que se utilizaba para limpiar los caños de los fusiles. Por último, fueron estaqueados, atados de pies y manos durante 10 o 12 horas», indican las actuaciones judiciales.

Al soldado Juan de la Cruz Martins, «le habrían sumergido la cabeza en agua fría mientras lo golpeaban por haberse quedado dormido en la guardia», y a Julio César Mas lo «estaquearon de pies y manos sobre la tierra helada a la intemperie» una semana antes de producirse la rendición, el día 14 de junio de 1982.

La sustracción o búsqueda de comida aparece como el motivo de las torturas en el resto de episodios que analizan los investigadores, mientras que entre las consecuencias de esos actos hay casos más graves, como el del soldado José Alberto Yanevich a quien sus superiores habrían agredido verbalmente y posteriormente habrían estaqueado «junto a los soldados González y Guayare por más de dos días, así como le habrían roto la nariz de un culatazo».

Mientras estaba estaqueado, Yanevich fue alcanzado «por la deflagración de una bomba que le produjo una ceguera momentánea que habría derivado en una permanente».

La causa judicial

Según las denuncias de otros conscriptos, a los soldados Mario Sánchez y Ramón Salvador Caballero, también los alcanzaron bombardeos durante el estaqueamiento, y ambos fallecieron.

Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que actúa como querellante en la causa, aseguró a Télam que las torturas a soldados son «una asignatura pendiente de la democracia» y dijo que se cumplen «40 años de impunidad» para los acusados.

 

«El terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas y se aplicó en forma sistemática en todas las unidades militares que participaron dentro del teatro de operaciones. Además de la impunidad judicial enfrentamos la impunidad biológica, porque con tantos años de proceso están falleciendo tanto los imputados como las víctimas», reflexionó Alonso.

El miembro del Cecim también le pidió a la Corte Suprema que se expida sobre el fondo de la cuestión y «no mantenga el caso en el freezer», a la vez que recordó que existe un «expediente consolidado» ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 «El pueblo argentino necesita saber qué pasó con sus soldados. Precisa una respuesta que no sea la impunidad»

«Allí constan todas las pruebas que existen a partir, incluso, de la desclasificación de archivos secretos de 2015, de donde surgieron documentos oficiales de las propias fuerzas armadas reconociendo los abusos», detalló Alonso.

Inclusive adelantó que en los próximos días «vamos a presentar un reclamo ante el Comité de Torturas de las Naciones Unidas».

Según el dirigente, a 40 años del conflicto bélico de 1982, «el pueblo argentino necesita saber qué pasó con sus soldados. Precisa una respuesta que no sea la impunidad», concluyó.

El presidente Alberto Fernández encabezará este martes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) un encuentro del Consejo Económico y Social (CES) en el que se presentará la agenda federal productiva, informó la Casa Rosada.

La actividad se llevará a cabo desde las 11 en el Salón Argentina del CCK y junto al primer mandatario estarán el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Asuntos Estratégicos y presidente del CES, Gustavo Beliz.

En tanto, a las 7.30, Manzur se reunirá con la diputada nacional por Tucumán Rossana Chahla, y a las 8 recibirá a la intendenta de la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi, Sandra Figueroa.