La Unión Cívica Radical (UCR) avanza en su organización interna para preparar el terreno de sus candidatos presidenciales para 2023, y, en ese calendario, se destaca la realización de un congreso partidario a mitad de año y la elección, en los próximos dos meses, de las autoridades de la convención partidaria, uno de los dos órganos de conducción del centenario partido, además del Comité Nacional.

El radicalismo buscará en estos dos eventos fijar sus bases programáticas rumbo a los comicios presidenciales del año que viene, para los cuales tiene, por el momento, tres precandidatos: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el diputado nacional Facundo Manes y el senador Alfredo Cornejo.

La convención del radicalismo tiene importancia estratégica en la vida partidaria porque es el órgano encargado de fijar la política de alianzas, y tuvo un rol clave, por ejemplo, en el encuentro realizado en 2015 en Gualeguaychú y en el que se decidió la alianza con el PRO y se confirmó la conformación del frente Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio (JxC).

Mientras este armado partidario se consolida, los distintos precandidatos recorren el país con sus propuestas.

Manes estuvo el fin de semana en la provincia de Santa Cruz para presentar su libro «Ser Humanos» y participar de distintos actos por Malvinas.

Desde su entorno señalan que, en la provincia de Buenos Aires, clave para toda elección presidencial, la estrategia es contar con un candidato a presidente, en este caso Manes, y «reforzar» las candidaturas a nivel de las intendencias, para presentar postulantes en los 135 municipios de la provincia.

En este sentido, fuentes del sector señalaron a Télam que no consideran imprescindible en este momento mostrar un candidato a gobernador bonaerense: creen que en las elecciones presidenciales los votantes miran las puntas de la boleta (presidente e intendente), y que una buena elección del aspirante presidencial arrastra a la categoría de gobernador.

Manes pone la prioridad de su campaña en el contacto directo con la sociedad, con recorridos por barrios de todo el país, aunque no resigna una agenda de contactos con actores del poder político y económico, que lleva adelante con bajo perfil.

En Santa Cruz, además de la presentación de su libro, Manes participó de la vigilia que se realizó en la provincia patagónica al conmemorarse los 40 años del comienzo de la guerra en el Atlántico Sur por las Islas Malvinas.

Por su parte, Morales reparte sus días entre la gestión de su provincia, su rol como titular del radicalismo y el armado de su candidatura presidencial.

Morales también estuvo el fin de semana en Tierra del Fuego en distintos actos de homenaje a los combatientes en Malvinas, y participó de un acto partidario.

En tanto, a través de la Fundación Alem, el radicalismo comienza a generar planes de gobierno rumbo a 2023, mientras desde el Comité Nacional preparan un congreso partidario para mitad de año y la elección de nuevas autoridades de la convención partidaria.

«El objetivo es ordenar los criterios del radicalismo, la filosofía de lo que pretendemos para un próximo Gobierno en términos programáticos e ir estableciendo las bases para discutir un programa con el PRO y la Coalición Cívica», aclaran desde la conducción partidaria sobre el objetivo de estos encuentros.

Morales, mientras tanto, sigue su armado de políticas de alianzas puertas adentro de JxC, y en este sentido en Tierra del Fuego mantuvo diversas reuniones con el exministro del Interior de la gestión de Cambiemos Rogelio Frigerio.

Mariano Macri estaba citado para el 21 de marzo último pero pidió una postergación por razones de salud, ante lo cual el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, reprogramó la audiencia para el 11 de abril a las 15 y a través de la plataforma virtual Zoom.

El hermano del exmandatario será interrogado bajo juramento de verdad sobre dichos que se le atribuyen en un libro en el que habría aludido a las maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo.

En la causa también fueron citados como testigos la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y el diputado Diego Santilli, quienes responderán por escrito.

Además, el magistrado de la causa aceptó como «amigos del tribunal» a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso nacional.

La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta semana en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.

La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará este martes a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.

Para lograr ese objetivo, Massa firmó la respectiva resolución citando a esa comisión que tendrá 31 miembros, de los cuales 16 corresponderán al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal.

El acuerdo entre el FdT y JxC establece que a lo largo de 30 días hábiles -equivalente a alrededor de 45 días corridos- se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente en la actualidad, que entró en vigencia el año pasado, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.

También se determinó que la discusión se lleve adelante solo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.

La diputada Marcela Passo (FdT) dijo a Telam que «la Ley de alquileres vigente lamentablemente fracasó, perjudicando a sus principales actores, tanto inquilinos como propietarios».

«La Ley de alquileres vigente lamentablemente fracasó, perjudicando a sus principales actores, tanto inquilinos como propietarios»Marcela Passo

«Actualmente hay varios proyectos presentados. Nuestra labor en esta etapa no se trata de priorizar algunos proyectos por sobre otros, se trata de construir consensos y llegar a un acuerdo para aliviar a la gente», agregó la legisladora.

Passo destacó que Massa «en su labor de establecer consensos parlamentarios con todas las fuerzas políticas, logró un acuerdo que superaba las expectativas» y manifestó su optimismo en que a lo largo de los 30 días hábiles de trabajo que tendrá la comisión se buscará «escuchar a todos los sectores y generar un nuevo proyecto.»

 

La necesidad de alcanzar un acuerdo es necesario para poder aprobar las leyes debido a la extrema paridad numérica que existe entre el Frente de Todos -el bloque conducido por Germán Martínez– y Juntos por el Cambio.

El oficialismo tiene 118 miembros y la principal fuerza de oposición suma 116 integrantes.

Por lo pronto el primer paso que se dará el martes será elegir autoridades de la comisión de Legislación General que volverá a estar presidida por la legisladora bonaerense Cecilia Moreau, y como vicepresidenta se reelegirá a la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo.

Además de Moreau, formarán parte de la comisión los oficialistas Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Vanesa Siley, Lia Marín, Carolina Yutrovic, Carolina Moises, Graciela Parola, Paula Penacca, José Herrera, Mónica Litza, Lucas Godoy, Carolina Gaillard, Liliana Yabrun, Federico Fagioli y Eduardo Toniolli.

Por Juntos por el Cambio estarán, además de Carla Carrizo, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Francisco Monti, Jimena Latorre, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal, María Sotolano, Marina Stilman, Ingrid Jetter, Maximiliano Ferraro y Victoria Morales Gorleri.

La restante integrante será Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense y del interbloque Federal.

En el encuentro del martes se establecerá el cronograma de trabajo del grupo asesor del cuerpo legislativo para poder emitir un dictamen de consenso en base a los doce proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas, luego de agotar el debate tras escuchar a las asociaciones de inquilinos y propietarios.

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

En cambio, los legisladores mantendrán los artículos incorporados a la ley sancionada en 2020 que fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito.

La diputada nacional porteña del Frente de Todos (FdT) Gisela Marziotta presentó un proyecto para modificar el régimen de alquileres de inmuebles para vivienda, que busca la suspensión de los aumentos hasta que entre en vigencia la nueva ley y que propone crear la Cámara Nacional de Alquileres.

El proyecto establece la suspensión de los aumentos en los alquileres hasta que entre en vigencia la nueva ley, a partir de la cual las modificaciones en los precios se regularán mediante la Cámara Nacional de Alquileres (CNA), órgano autárquico creado por la norma.

Además, el proyecto establece que «se prohibirá, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locatario pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual».

«El acceso a la vivienda es un derecho humano que tiene que estar asegurado por el Estado», señaló Marziotta, y explicó que el derecho de acceso a la vivienda está garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución, que compromete al Estado no sólo a asegurar una casa a todos los habitantes del país sino que sea digna.

 

Entre otros aspectos centrales del proyecto, se destaca que los depósitos podrán ser pagados en seis cuotas iguales a partir de la fecha de la firma del contrato, y que al momento de renovar el alquiler, en caso de que el locador no responda al pedido de renovación del locatario, el contrato se renovará automáticamente por el plazo previo, según se informó en un comunicado.

La CNA será el órgano clave en la regulación de precios de alquileres y control de contratos, y estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo -uno del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y otro de la Secretaría de Comercio-, un representante de los locatarios y otro de los locadores, que deberán pertenecer a asociaciones que representen a ambos sectores.

Esta conformación deberá, además, tener paridad de género y se reunirá mensualmente como mínimo.

«La ley que sancionamos en la pandemia fue un gran avance, por eso mismo fue resistida y boicoteada por los principales actores del mercado. Pero tampoco podemos dejar de lado que, con el contexto pandémico, al que se suman un dólar en alza y una inflación interanual que supera el 50%, inmuebles dolarizados y salarios que no se recuperan, es necesaria mayor presencia del Estado», agregó la diputada.

Los bancos deberán proveer a la AFIP información sobre las cuentas de sus clientes que tengan residencia fiscal fuera de la Argentina en base a cánones internacionales en materia de identificación, de acuerdo con las reglas previstas por el Estándar Común de Reporte de la OCDE (CRS, por sus siglas en inglés), dispuso el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta forma, las entidades financieras estarán obligadas a reportar cuentas de no residentes a la AFIP y deberán requerir a sus clientes con residencia fiscal fuera del país una declaración jurada que incluya, para personas humanas y jurídicas, la información sobre el lugar de residencia fiscal y el número de identificación fiscal, dirección, controlantes, entre otros datos.

«La comunicación le permite al BCRA intervenir en la supervisión de los procesos de debida diligencia instrumentados por las entidades bajo su órbita, en relación con CRS y FATCA», informaron el Central y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un comunicado conjunto.

A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los bancos alcanzados tendrán un plazo de 60 días para dar cumplimiento al requerimiento para las cuentas existentes y de 10 días para las nuevas cuentas.

Según se informó, la adaptación permitirá que la información que suministren los bancos cumpla con los requisitos del estándar fijado por la OCDE y así controlar la evasión tributaria y el lavado de dinero.

«La comunicación se enmarca en la colaboración coordinada por la AFIP con los organismos de contralor de entidades financieras a los fines de dar cumplimiento efectivo a las verificaciones a las que se encuentra obligada Argentina en el marco del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes», detallaron la AFIP y el BCRA.

El gobierno, la CGT y la UIA acordaron ayer institucionalizar una mesa tripartita de trabajo para tomar «medidas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera más efectiva el problema de la inflación, en particular en lo atinente al acceso a los bienes y servicios básicos».

El anuncio se conoció esta noche tras la reunión de la que participaron los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas.

Además estuvieron el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, el secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, y el director Ejecutivo Diego Coatz; mientras que en representación del sector sindical asistieron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, y el secretario general adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.

 

El encuentro se produjo luego de una convocatoria formulada por el presidente Alberto Fernández para establecer una mesa de diálogo y concertación social, que tienda a fortalecer la reactivación económica de manera articulada con la creación de empleos y la mejora en los ingresos reales de la población.

El objetivo del encuentro fue poner en común los puntos de acuerdo entre los sectores sobre la necesidad de afrontar el súbito aumento de precios y sus efectos en el poder adquisitivo de la población, así como del funcionamiento general de la economía, y avanzar en un esquema de futuras reuniones que involucren a más actores para llevar propuestas y soluciones a este problema, según el documento refrendado esta noche por ministros, empresarios y sindicalistas.

«Las partes podrán plantear medidas coyunturales y estructurales para mejorar la situación productiva del país, promoviendo más inversión pública y privada, con más competitividad y exportaciones, así como la generación de trabajo productivo y formal», señala el documento entre otros puntos.

 

La Justicia Civil y Comercial de Santa Fe le otorgó ayer jueves una nueva prórroga a la agroexportadora Vicentin, hasta el 30 de junio próximo, para reunir las mayorías que requieren la salida del concurso de acreedores.

En forma paralela a la prórroga, el juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, también avanzó en la preparación del camino de salvataje establecido en la ley, en caso de que Vicentin no obtenga las mayorías necesarias para salir del concurso preventivo de acreedores.

De esta forma, el magistrado hizo lugar al pedido de la empresa realizado a mediados de este mes, en el que solicitó un nuevo plazo para acordar con sus acreedores, denominado período de exclusividad.

La prórroga se produjo un día después de que Molinos Agro, la firma del Grupo Pérez Companc, anunciara que deja de participar del grupo de “inversores estratégicos” que buscan quedarse con Vicentin, conformado también por Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La medida dispuesta por el juez Lorenzini contó con el aval de la Sindicatura del concurso, la intervención, de algunos miembros del Comité de Acreedores –entre ellos dos bancos extranjeros- y el rechazo del Banco Nación.

La resolución señala que debido el inminente vencimiento del período de exclusividad, previsto para hoy 31 de marzo, «debo anticipar que otorgaremos la extensión solicitada hasta el día 30/6/2022, inspirada en los principios de razonabilidad, eficiencia, tutela de los derechos de los acreedores, ubicuidad de la información y protección de los más vulnerables”.

El juez agregó que “sin perjuicio de ello, paralelamente se aprobará un cronograma tendiente a regular el Período de Concurrencia (salvataje o cramdown), sujeto a las fechas que se establecerán en el momento procesal pertinente”.

La resolución precisa que Vicentin avanzó en la búsqueda de conformidades de sus acreedores para obtener las mayorías que requiere la Ley de Quiebras y Concursos, aunque aún no las consiguió.

“Hasta el día de la fecha se acompañaron 680 conformidades a este expediente”, dice, para detallar que “dicho universo total de acreedores está compuesto por 425 acreedores granarios, 198 acreedores por bienes y servicios, 2 acreedores financieros, 54 accionistas y 1 sociedad”.

Eso implica el “equivalente a un capital de $ 13.537.632.225 y representativo del 39,65% de conformidades nominales necesarias y el 13,857% de conformidades necesarias del capital verificado”.

Señala la resolución que “el plazo adicional que solicitó la sociedad concursada, no deberá incidir negativamente en un esquema de concurrencia o cramdown exitoso cuya finalización, en cualquier escenario, no debería prolongarse más allá del mes de abril de 2023”.

Con ese propósito, el juzgado estableció una serie de “pautas ordenatorias” del proceso de salvataje, como la confección de una base de datos de acceso libre a los interesados en quedarse con la compañía; un registro oferentes; requisitos para la inscripción y la designación de un tasador de los activos de Vicentin.

El canciller Santiago Cafiero recibió a la nueva embajadora designada por la República de Chile ante la Argentina, Bárbara Figueroa, quien le entregó las copias de las cartas credenciales que la acreditan como representante en nuestro país, para dar inicio a sus funciones diplomáticas.

«Felicitaciones, muy bien bienvenida», le dijo el canciller a la flamante representante del gobierno de Gabriel Boric en Buenos Aires al recibirla esta tarde en su despacho de la Cancillería.

Durante su primer encuentro, los diplomáticos dialogaron sobre la visita de Estado que realizará el mandatario de Chile a la Argentina el próximo 4 y 5 de abril para mantener una reunión con el presidente, Alberto Fernández, entre otras actividades.

Con la visita de Boric a Buenos Aires, el primer viaje al exterior del mandatario chileno desde que asumió al frente de La Moneda el pasado 11 de marzo, «se abre una oportunidad para retomar con dinamismo la agenda bilateral de amistad, cooperación e integración», destacó la Cancillería argentina en un comunicado.

Figueroa, de 42 años, es licenciada en psicología, profesora de filosofía y destacada política chilena, con amplia trayectoria como presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), y la primera mujer en ocupar ese cargo y en encabezar una multisindical en América Latina.

Dirigente sindical y militante del Partido Comunista (PC), Figueroa fue elegida por el presidente chileno, Gabriel Boric, para suceder a Nicolás Monckeberg, quien ocupaba el puesto diplomático desde enero de 2020 bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Según informaron fuentes oficiales a Télam, Boric arribará el domingo por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde será recibido por el canciller Santiago Cafiero.

El presidente chileno tiene previsto permanecer tres días en el país, con una cargada agenda de actividades.

La llegada de Boric a Buenos Aires, fue confirmada esta mañana por la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en la rueda de prensa habitual de los jueves ofrecida en la Casa Rosada, donde aclaró que se trata de una «visita de Estado con una agenda muy importante».

El mandatario trasandino, que llegará al país acompañado por una importante comitiva de funcionarios y empresarios, iniciará sus actividades en Buenos Aires cuando, junto al canciller Cafiero, participe de la protocolar ceremonia de ofrenda floral al Libertador General José de San Martín, ante el monumento ubicado frente a la Cancillería Argentina.

Luego de Boric se trasladará a la Casa Rosada para mantener una entrevista con el presidente Alberto Fernández, en lo que será el punto más alto de su agenda oficial en Buenos Aires, que incluirá además una visita al Congreso Nacional y su participación en una cena de honor que le ofrecerá el mandatario argentino en el Centro Cultural Kirchner (CCK), informaron a Télam fuentes del Palacio San Martín.

El plan Argentina Productiva 2030 será publicado en su versión «completa y detallada» en marzo de 2023, luego de una serie de reuniones de trabajo en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, informó este miércoles Daniel Schteingart, titular de la unidad ejecutora presentada el martes en el marco del Consejo Económico y Social (CES).

Los encuentros comenzarán el 12 de abril en Ushuaia y finalizarán el 5 de julio en La Quiaca, abocándose cada uno al análisis de una misión productiva específica del total de diez que componen la iniciativa.

«El Plan será bien participativo y federal», remarcó en su cuenta de Twitter Schteingart, a su vez director del Centro de Estudios para la Producción (CEP), además de indicar que «buscará consensos entre los distintos actores y salir de la grieta y el péndulo».

Una vez concluida la serie de reuniones, entre septiembre y noviembre se llevará a cabo la «consolidación del trabajo realizado y de la consistencia interna del plan»; en diciembre se presentará el documento de avance a autoridades, sectores productivos y del trabajo y, finalmente, en marzo del año próximo se publicará el trabajo completo, con el cronograma y las etapas de su implementación.

En la reunión inaugural del 12 de abril en Ushuaia se abordará la Misión 6, «Digitalización de empresas y hogares para incrementar productividad y reducir brechas digitales y sociales», y en el segundo encuentro previsto para el 19 de abril en Chilecito (La Rioja) se analizará la Misión 2, «Producción nacional para la salud para garantizar el acceso equitativo al sistema sanitario nacional».

El 21 de abril, en San Luis, será el turno de la Misión 3, «Movilidad del futuro», el 27 la localidad correntina de Virasoro será el lugar para la Misión 9, «Industrialización del sector primario, a partir del desarrollo de proveedores y la agregación de valor en agro, forestal, pesca, hidrocarburos y minería».

Posadas será el escenario en el que el 28 de abril se estudiará la Misión 8, «Modernización y formalización de sectores industriales tradicionales, a través de nuevas tecnologías, materiales, diseños y capacitación permanente de trabajadores/as» y el 3 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires se analizará la Misión 4, «Equipar a las FFAA y de seguridad con producción nacional de alta tecnología».

 

Dos días después, en Paraná, será la ocasión para considerar la Misión 5, «Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI, como el cambio climático y los nuevos patrones de consumo»; y el 6 de mayo en la localidad santafesina de Las Parejas volverá a analizarse la Misión 9.

Resistencia será el punto de encuentro el 11 de mayo para profundizar en el análisis de la Misión 6, que también será puesta en consideración 48 horas después en La Falda (Córdoba).

La Misión 1, «Desarrollar la economía verde para una transición ambiental socialmente justa», será tema de debate el 12 de mayo en Formosa y la 7, «Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente, con máxima transparencia y participación de las comunidades locales», el 16 de mayo en Río Gallegos.

El 20 de mayo volverá a analizarse la Misión 1, esta vez en Neuquén. y tres días después Mar del Plata será el ámbito de discusión de la Misión 9.

El 31 de mayo, en San Miguel de Tucumán, se considerará la Misión 10 «Duplicar las exportaciones», el 1 de junio se abordará la Misión 8 en Santiago del Estero y 48 horas después la Misión 1 será objeto de análisis en Viedma.

El 7 de junio será el turno de la Misión 9 en Salta, el día siguiente el de la 10 en General Pico (La Pampa) y el 13 del mismo mes se abordará la Misión 1 en San Juan.

El 22 de junio en Comodoro Rivadavia se estudiará la Misión 9, el 27 en Mendoza se debatirá la 1 y el 29 en San Fernando del Valle de Catamarca será el turno de la Misión 7, para finalizar el periplo el 5 de julio en La Quiaca con el abordaje de la Misión 5.