El presidente Alberto Fernández envió este viernes al Congreso el Proyecto de Ley del Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, que extiende hasta 2037 la vigencia del régimen que otorga beneficios fiscales a la industria y amplía su alcance a las actividades que incorporan nanotecnología.

Las tres convocatorias previas ya otorgaron beneficios por $ 590 millones a las empresas inscriptas, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Argentina está dentro de los primeros 20 países del mundo con mayor cantidad de empresas biotecnológicas, con más de 200 compañías a nivel local. La mitad fueron creadas a partir de la Ley 26.270 de 2007, para el Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuya vigencia concluye este año”, resaltó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un comunicado.

Además, destacó que “el objetivo de la Ley de Nanobiotecnología es promocionar las industrias innovadoras que aplican la biotecnología y nanotecnología a sus productos, como la salud humana y animal, el agro, medio ambiente y energías renovables, entre otras”.

“Argentina está dentro de los primeros 20 países del mundo con mayor cantidad de empresas biotecnológicas, con más de 200 compañías a nivel local. La mitad fueron creadas a partir de la Ley 26.270 de 2007, para el Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuya vigencia concluye este año”Matías Kulfas

La nueva ley contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las tres convocatorias (2019-2020-2021) del Régimen de Promoción de Biotecnología Moderna ya otorgaron beneficios por $ 590 millones a las empresas inscriptas.

Por su parte, la subsecretaria de Economía de Conocimiento, María Apólito, destacó que “la biotecnología y la nanotecnología son algunas de las principales fuentes de innovación tecnológica y transformación productiva”, y consideró que “por lo tanto es un factor preponderante para el proceso de crecimiento y desarrollo de la economía nacional”.

“Es un área que sirve de plataforma tecnológica para numerosas disciplinas y sectores productivos”, afirmó la funcionaria.

 

En cuanto a la inclusión de la nanotecnología, en la Argentina se observa un importante surgimiento del sector, cuyo campo comprende toda aplicación tecnológica del conjunto de técnicas y ciencias en las cuales se estudian, manipulan y obtienen, de manera controlada, materiales, sustancias y dispositivos de dimensiones nanométricas (diminutos), los cuales presentan propiedades especiales por su tamaño.

Al ser un área de desarrollo horizontal y multipropósito, de la economía del conocimiento, puede generar avances y nuevas tecnologías para sectores productivos, como el de la salud, el textil, la microelectrónica, el industrial, el químico y el agroindustrial, entre otros.

Un ejemplo de la relevancia cada vez mayor del sector está en el campo de la salud que, mediante el uso de la biotecnología, ha demostrado una gran capacidad de respuesta durante la pandemia de Covid-19, colocando a la Argentina entre los países con mayor potencial para el desarrollo de soluciones biotecnológicas como kits diagnósticos, el tratamiento con suero equino hiperinmune y desarrollos iniciales de vacunas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá este viernes en Brasil con funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro y empresarios del poderoso conglomerado industrial paulista, con una amplia agenda económica bilateral y en búsqueda de inversiones.

El Palacio de Hacienda informó que el ministro se reunirá en San Pablo con su par de Minas y Energía brasileño, Bento Albuquerque y, además, se reunirá con casi 200 empresarios locales de los sectores, energético, minero, agroindustrial, automotriz, y de la economía del conocimiento, con potencial de invertir en la Argentina.

Más tarde, Guzmán se trasladará a Brasilia, donde mantendrá una reunión con su par de Economía, Paulo Guedes, para avanzar en la agenda económica bilateral, así como también sobre la situación económica a nivel global y regional.

En la reunión con los empresarios, el ministro, quien estará acompañado por el embajador en Brasil, Daniel Scioli y por el cónsul en ese país, Luis María Kreckler, expondrá sobre las perspectivas económicas y de inversiones del país.

El encuentro fue organizado en conjunto por la embajada argentina y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), una de las cámaras empresarias más importantes de Brasil.

Los gobernadores del Norte Grande realizarán hoy en Salta el 9no. encuentro del Consejo Regional, que nuclea a diez mandatarios de diferentes espacios políticos, para debatir proyectos de distintas áreas como el comercio, energía, transporte y obras de infraestructura, y en busca de la creación de una agencia de Inversión y Comercio Exterior.

El encuentro, previsto para las 10, estará encabezado por el el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien viajará a la capital salteña acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se informó oficialmente.

En tanto, participarán los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Chaco, Jorge Capitanich; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Formosa, Gildo Insfrán; de Catamarca, Raúl Jalil; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Rioja, Ricardo Quintela y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

En lo que será la segunda reunión del año y luego de la gira realizada por varios gobernadores de esa región por Dubai (Emiratos Árabes Unidos), realizarán también un análisis de esa visita.

Fuentes de los gobernadores informaron que los mandatarios abordarán temas como la creación de una agencia de Inversión y Comercio Exterior.

«Tras una exitosa misión institucional y comercial realizada el mes pasado, a los Emiratos Árabes Unidos, en busca de inversiones y oportunidades de crecimiento para la región, los gobernadores acordaron seguir trabajando en una agenda común orientada en ese sentido», señaló ese grupo en un comunicado.

Por eso, el presidente pro témpore del Norte Grande y gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, afirmó que se abordarán varios temas, como la sanción del Tratado de Integración Regional del Norte Grande, la creación de una Agencia de Inversión y Comercio Exterior del bloque, el impulso a la ley de garantía de inversiones y el tratamiento conjunto de proyectos como el cannabis medicinal; compre argentino; y electromovilidad, entre otros.

La agenda también contempla la presentación del Programa de Pre Inversión; la presentación de las obras del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Federal, avances del programa de 1000 MW y la problemática vinculada a cupos de gas y combustible, señalaron.

En ese marco, expresaron que también será considerada la posibilidad de hacer una Expo Norte Grande.

Los gobernadores, sostuvo ese grupo, también se reunirán con los presidentes de Uninoa, que es la alianza estratégica de las Uniones Industriales de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, que tiene como objetivo promover el desarrollo armónico de la actividad productiva de la región y proponer políticas activas de Estado que eliminen las asimetrías con las áreas metropolitanas del país.

La 9na reunión de gobernadores del Norte Grande comenzará a las 9.30 en el hotel Sheraton de Salta, donde luego de debatirse todos los puntos de la agenda, pasado el mediodía, se realizará una conferencia de prensa.

Los gobernadores, después, se trasladarán al pie del monumento al general Martín Miguel de Güemes, donde se realizará la foto protocolar.

Al igual que ocurrió en la última reunión que se hizo en Misiones, donde debutó el mandatario santiagueño Gerardo Zamora al frente del Consejo Regional, volverá a estar como uno de los principales temas la situación del servicio energético de esa zona, ya sea eléctrico o de gas.

Según asesores de varios mandatarios, uno de los temas que surgirá en los discursos será el debate por la reasignación de fondos por el traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que fue judicializado por el gobierno porteño y se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.

Ese tema se transforma en un punto de disputa política para los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), ya que. en paralelo a la reunión del Consejo Regional, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyo secretario general es Ignacio Lamothe, realizará la «Primera jornada de trabajo interprovincial de logística para el Norte Grande».

El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia del embajador en Israel Sergio Urribarri, informaron fuentes oficiales.

Urribarri había puesto a disposición su dimisión después de que se conociera la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.

Urribarri, también ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, expresó desde sus redes sociales que el fallo de primera instancia de hoy es una «clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho», por lo que anticipó que apelará con la «convicción de que me asiste la razón», manifestó.

Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón consideraron que «con pleno conocimiento» se «echó mano a fondos» provinciales para un «interés netamente particular», en referencia a una «campaña para posicionar la imagen de Urribarri como candidato a presidente» en las elecciones de 2015.

También indicaron en su fallo que hubo «retornos» por parte de los empresarios contratados. La audiencia de más de 12 horas se desarrolló desde las 8:30 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano, en Paraná, pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.

Además de Urribarri y Báez, estaban acusadas otras 11 personas entre familiares, empresarios y exfuncionarios de su gestión.

Desde el pasado 27 de septiembre del 2021, se presentaron más de 70 testigos y numerosas pruebas dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Si bien eran tres, los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes porque todos se basaban en la «utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial» de Urribarri en 2015.

Contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos en los que la fiscalía investigó presuntos desvíos de fondos.

Los fiscales consideraron además que se trató de un «direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri», y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían «retornar parte del dinero».

Los abogados defensores y los imputados alegaron que la investigación y todo el juicio se trató de una «persecución político judicial».

«¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron?», preguntó Urribarri en los alegatos de clausura, y destacó las «embestidas de periodistas obsesionados conmigo y mi familia» previo y durante el juicio.

Además, el exgobernador aseguró que se llegó a juicio «a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones a las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática» y sin «racionalidad ni objetividad».

Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Pedro Báez, en tanto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90.000 por peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles; y la misma pena recibió Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial.

En tanto, tres años de prisión condicional y una multa de $90.000 fue la condena para Gustavo Tamay, empleado provincial; Gerardo Caruso, empresario; y Corina Cargnel, contadora de una de las empresas.

Si bien la fiscalía había solicitado 8 años de prisión para Cargnel, los jueces tuvieron en cuenta que «manejaba todo, pero hacía su tarea de contadora y no era funcionaria».

A su vez, Emiliano Giacopuzzi recibió la condena de dos años de prisión condicional, al igual que Luciana Almada; mientras que el empresario Germán Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.

Por otro lado, Maximiliano Cena, Alejandro Almada -ambos considerados testaferros-, Hugo Céspedes -fallecido durante el juicio-, Gustavo Tórtul, y el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó, fueron absueltos.

También ordenaron el decomiso de dos viviendas ubicadas en la capital entrerriana, una motocicleta y dos autos.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, encabezará desde hoy una misión comercial en Brasil junto con el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, y el acompañamiento del embajador argentino Daniel Scioli, que se extenderá hasta mañana.

Por el sector privado participan 20 ejecutivos entre empresarios y presidentes de cámaras empresarias del sector pesquero y de firmas con inversiones en acuicultura.

Se trata de una serie de encuentros que buscan fortalecer la inserción de los productos argentinos del mar y la acuicultura en el mercado brasileño, así como la conformación de esquemas de trabajo asociativos en los niveles de ciencia, tecnología, investigación y desarrollo aplicados a la producción acuícola sustentable en Argentina.

A su vez, son parte de una agenda impulsada por Argentina en el marco del Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura, proclamado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de asegurar una alimentación sana en un marco de sustentabilidad y desarrollo económico inclusivo.

«El objetivo de esta misión es fomentar a Brasil como uno de los destinos para las exportaciones pesqueras argentinas, que el año pasado alcanzaron los US$ 2.000 millones, el segundo mejor registro en su historia», destacó Liberman a Télam.

La misión será también una oportunidad de posicionar el sector acuícola argentino ante potenciales inversores interesados desarrollar alternativas de negocios sustentables.

En este sentido, se hará hincapié en las ventajas comparativas y los instrumentos de promoción que ofrece el país, como disponibilidad y calidad de agua, extensión territorial, estatus sanitario y diversidad climática, así como la plena vigencia del Régimen de Fomento y Desarrollo de la Acuicultura.

La primera etapa del itinerario se concentrará en las relaciones interinstitucionales enfocadas sobre pesca y acuicultura y tendrá lugar en Brasilia.

Las actividades comenzarán con un encuentro entre Domínguez y Liberman con el flamante ministro de Agricultura brasileño, Marcos Montes Cordeiro, y el secretario de pesca de ese país, Jairo Gund.

También estarán Scioli y los directores nacionales de Acuicultura, Guillermo Abdala, y de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez.

Allí se expondrán los objetivos generales de la visita, que abarcan dos dimensiones: por un lado, cooperación e incentivo de inversiones, y por otro, promoción de los productos argentinos de la pesca y la acuicultura.

Posteriormente, tendrá lugar una reunión bilateral de equipos de trabajo encabezados por los ministros, los funcionarios argentinos, la Consejería Agrícola Argentina en Brasil, y el equipo de referencia del Ministerio brasileño.

En este caso, se profundizará sobre aspectos comerciales y regulatorios relacionados con la pesca y el intercambio de experiencias en lo que se refiere a la promoción de la acuicultura.

Paralelamente, los empresarios y representantes de cámaras sectoriales argentinas que formarán parte de la iniciativa, serán recibidos en la Embajada Argentina, cuya Sección Económica presentará el Programa de Promoción 2022.

Por su parte, los funcionarios, técnicos y representantes de las cámaras pesqueras argentinas mantendrán un encuentro con la Asociación Brasileña de Industrias Pesqueras (Abipesca)y la Asociación Brasileña de Promoción del Pescado (Abrapes).

Asimismo, los empresarios nacionales participarán de un workshop sobre el mercado paulista para el sector de la pesca, donde tendrá lugar una charla introductoria a la Ronda de Negocios.

Mañana las actividades y comitiva argentina continuarán en San Pablo en una agenda de promoción del sector, coordinada por el Consulado local a cargo de Luis Kreckler.

Se realizará la primera ronda de negocios en la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), durante la cual se celebrará una reunión con empresas importadoras de Brasil y autoridades de ambos países, junto a las empresas exportadoras de Argentina.

El proyecto de ley que propone crear un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con dinero fugado al exterior, presentado con la firma de la mayoría del bloque del Frente de Todos, comenzará a ser debatido este miércoles en un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores.

Los legisladores de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda fueron citados para la reunión prevista desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

Los senadores tendrán a la vista dos expedientes presentados la semana pasada y que el interbloque de Juntos por el Cambio ya anunció que rechazará.

Previamente, desde las 10 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, un grupo de sindicalistas se reunirá con los integrantes del bloque oficialista para interiorizarse de los detalles de los proyectos.

Entre los principales dirigentes que, de acuerdo con lo anunciado, asistirán al Senado se menciona a Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Sergio Palazo (Bancarios-CFT), Ricardo Peidró (CTAA), Héctor Amichetti (Gráficos-CFT), Edgardo Llano (APA) y Omar Plaini (Canillitas).

También se anticipó la presencia de Hugo Godoy (ATE), Walter Correa (Curtidores-CFT), Agustina Panizza (ATE Capital) Francisco Manrique (Smata), Carlos Minucci (Apasee-CFT), Yamile Socolovsky (Conadu) y Vanesa Siley (Sitraju-CFT), entre otros.

Los proyectos en debate son dos: el primero crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional y el segundo modifica la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

El proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI establece que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos.

La vigencia del Fondo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.

 

Sostiene el texto que el Fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.

La iniciativa establece que el aporte del blanqueo «no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero».

Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares.

El proyecto indica que «en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%», y agrega que quienes no se allanen al pago de este aporte «corren el riesgo de tener una pena en prisión», tal como lo estipula la ley vigente.

Los senadores oficialistas proponen también usar la figura del «colaborador«, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.

Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

La iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados inició ayer martes el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres, en una reunión en la que fueron designadas las autoridades de ese cuerpo y en la que se estableció un cronograma de trabajo que incluye la posibilidad de emitir dictamen entre el 26 y el 27 de abril, previa asistencia de varios expositores sobre la materia.

La diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau fue reelegida como presidenta de la comisión, en tanto que Carla Carrizo, de Evolución radical-Juntos por el Cambio, continuará como vicepresidenta.

En la breve reunión, en la que solo se acordaron estas cuestiones organizativas, se resolvió un esquema de trabajo que incluye reuniones virtuales y presenciales, así como la posibilidad de que algunos de los testimonios de los sectores interesados en la iniciativa puedan realizarse a través de videoconferencia, aún cuando el encuentro de la comisión sea presencial.

 

La próxima reunión de la comisión será el martes próximo, bajo la modalidad remota, entre las 13 y las 17 horas, y con opiniones de especialistas, en tanto que la semana siguiente, el martes 19 y el miércoles 20, los diputados recibirán a invitados en forma presencial.

Por último, el martes 26 y el miércoles 27 los diputados se reunirán en forma presencial para abocarse a la discusión interna y buscar emitir un dictamen de consenso en base a la veintena de proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas.

Palabra de Cecilia Moreau

«Queremos trabajar en estos 30 días hábiles que se fijaron para intentar conseguir un acuerdo, sobre una ley que muchos de nosotros acompañamos y que de hecho derivó en requerimientos muy importante tanto de los inquilinos, como de los propietarios, que no podemos dejar de atender y de escuchar», enfatizó Moreau.

En ese sentido, la presidenta de la comisión también expresó: «Nos parece que así como hicimos en otros temas, y como queremos seguir trabajando, sería importante que establezcamos un cronograma dándole a ésta temática una visión federal, porque nos parece que es muy importante que se escuche no solo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires»,

Al finalizar la reunión de hoy, la diputada radical Karina Banfi, señaló que en este tema van «a tener que hacer un gran esfuerzo todos los diputados de la comisión para ponerse de acuerdo en algunos puntos sobre los que se pueden tener coincidencias».

«Sabemos -agregó- cuáles son los problemas de esta ley: la prolongación del contrato y el modo de indexación. Buscamos derogar esos dos artículos» y señaló que «hay que volver al Código Civil. Menos regulación y más libertad para las partes para negociar. Cuando el Estado se entromete mucho se hace daño. Hay que buscar dar seguridad jurídica, y buscar la manera de que haya mayor oferta, lo cual llevará a que baje el precio», añadió.

Sobre la ley de alquileres

La ley de alquileres vigente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

También tuvo diferentes cuestionamientos al índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

En cambio, los legisladores mantendrían los artículos incorporados a la ley sancionada en 2020 que fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito.

El Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) acordaron en la tarde de ayer martes una serie de medidas con el objetivo de contener las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, entre las que se destacan la posibilidad de abrir de manera anticipada la discusión de convenios salariales y la creación de una canasta alimentaria de primera necesidad compuesta por entre 50 y 60 productos.

Fue en el marco de una nueva reunión que mantuvieron este martes los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la Jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Melina Mallamace; con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en el marco de la mesa tripartita de trabajo creada la semana pasada para coordinar acciones destinadas a enfrentar la inflación.

 

 
En representación del sector sindical estuvieron los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto al secretario General Adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.

Por la entidad fabril participaron en la reunión su presidente, Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez; el vicepresidente Regional, Guillermo Moretti; y el director Ejecutivo, Diego Coatz.

Detalles de las medidas

Las medidas acordadas contemplan la posibilidad abrir negociaciones paritarias antes de las fechas estipuladas por cada sector, a la vez que las partes ratificaron la decisión de consensuar una canasta básica con 50 0 60 productos de primera necesidad a precios accesibles, cuya implementación debería estar definida en un plazo de 72 horas.

De manera específica, el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas acordaron la apertura de la negociación de convenios salariales que aún no han vencido o que no se encuentran en etapa de tratativas.

 

También acordaron conformar mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto de la inflación en las pymes.

También coincidieron en la necesidad de establecer una canasta alimentaria de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, en especial en los comercios de cercanía.

Al finalizar la reunión celebrada en el Ministerio de Economía también firmaron una nueva acta de compromiso, al igual que la semana pasada.

«Las partes reunidas coincidieron en la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y argentinas y preservar la reactivación de la economía», sostiene el documento.

«Con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, la CGT solicita que, frente a la posible evolución del costo de vida en el marco de esta situación, excepcional, se anticipe la apertura de negociación de aquellos convenios salariales que aún no han vencido o no se encuentran en la etapa de tratativas», detalla uno de los puntos del acta.

 

Otro punto del documento sostiene que «adicionalmente, se coincidió en que bajo el actual escenario global se producen tensiones significativas en la cadena de suministros, acceso a insumos claves, logística y abastecimiento energético a nivel internacional. Por lo tanto, las partes acuerdan conformar mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto en las pymes».

La reunión de este martes fue una continuación de los encuentros producidos durante el 28 y 31 de marzo pasado a instancias del presidente Alberto Fernández, con el objetivo de establecer una mesa de diálogo y concertación social tendiente a alinear expectativas y a fortalecer la reactivación productiva de manera articulada con la creación de empleo formal y la mejora en los ingresos reales de la población.

 

La CGT pidió que ante la posible suba de precios, en el marco generado por la invasión de Rusia a Ucrania, «se anticipe la apertura de negociación de aquellos convenios salariales que aún no han vencido o no se encuentran en la etapa de tratativas».

Esa postura fue avalada por la UIA «en el entendimiento de que el diálogo social permite generar las políticas adecuadas para el desarrollo económico con inclusión social, y que la fijación de los salarios. mediante la negociación colectiva es la herramienta adecuada para lograr el incremento de las remuneraciones», según detalla el acta rubricada al cierre de la reunión.

 

Tanto sindicalistas como empresarios coincidieron que «bajo las actuales circunstancias (de inflación) se producen dispersiones significativas en los precios de los alimentos y otros productos de la canasta básica».

Estas dispersiones «se registran tanto a nivel territorial como en diferentes formatos de comercialización» y por eso el gobierno presentará en los próximos tres días «una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión» y que será complementaria al programa de Precios Cuidados.

UIA y la CGT explicitaron su compromiso para llevar adelante una «amplia campaña de divulgación a los fines de fortalecer la referencia de precios en la población», una vez puesta en marcha la canasta alimentaria básica.