Este martes se desarrolla la segunda jornada de audiencias del juicio oral por la Masacre de Napalpí , el primer proceso por crímenes de lesa humanidad que se sigue por crímenes perpetrados contra comunidades originarias de Argentina que se desarrolla en la ciudad de Resistencia, en Chaco.
Enmarcado en la figura de «juicios por la verdad» , el proceso tiene como objetivo exponer lo sucedido en un paraje rural de Chaco -por entonces territorio nacional– el 19 de julio de 1924 , cuando cerca de 400 trabajadores algodoneros de las etnias Qom, Moqoit y Shinpi, junto con algunos criollos, fueron masacrados a tiros por pedir mejores condiciones laborales.
La audiencia se realiza en la Casa de las Culturas, ubicada en el centro de la capital chaqueña y se prevé que se proyectarán entrevistas realizadas a las sobrevivientes de esos hechos como Melitona Enríquez y Rosa Chará, además de tomar el testimonio a investigadores sobre el funcionamiento de la reducción Napalpí y el contexto histórico de esta masacre.
En tanto, el miércoles la causa retomará actividad, con más declaraciones de testigos de contexto.
El juicio oral comenzó el pasado 19 de abril, Día de la reafirmación de los derechos de Pueblos Originarios, y tiene como objetivo establecer la verdad histórica y establecer una reparación para familiares de las víctimas y a sobrevivientes de este asesinato colectivo.
Como los responsables de aquel hecho están fallecidos , este juicio carece de imputados, pero el Estado asume con este proceso la carga de establecer una verdad histórica e iniciar el camino para iniciar una reparación para los familiares de las víctimas .
El antecedente de este tipo de debates se remontan a fines de los años ’90 y principios de los 2000, con lo que fueron los denominados «Juicios de la Verdad», que se llevaron a cabo cuando se encontraba vigentes las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales que impedían castigar los crímenes cometidos por la última dictadura militar.
Sin embargo, esas leyes no bloqueaban el camino para conocer qué le había sucedido a las víctimas del terrorismo de Estado y por eso los organismos de derechos humanos y los familiares de los detenidos desaparecidos impulsaron la realización de estos procesos que sentaron las bases de lo que serían las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaron tras la derogación de las leyes de impunidad en 2003.
La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, representada por el abogado Duilio Ramírez, se constituyó como una de las querellas, acompañada por la querella del Instituto del Aborigen Chaqueño, representado por el abogado Miguel Núñez.
Foto Pablo Caprarulo
En tanto, la acusación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de la Unidad Federal de Derechos Humanos que integran los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.
Hace 98 años, agentes de la Policía del Chaco y de la Gendarmería produjeron la denominada «Masacre de Napalpí», contra un grupo de trabajadores del algodón aborígenes y algunos criollos residentes en la zona, quienes realizaban una huelga pacífica en un reducción ubicada a 120 kilómetros de Resistencia, cerca de lo que hoy se conoce como Colonia Aborigen.
Se calcula que hubo unas 400 víctimas producto de la balacera que duró casi una hora, en la cual intervinieron policías, gendarmes y colonos, quienes dispararon más de 5 mil balas sobre la población desarmada.
Los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron el Gobernador del territorio nacional de Chaco, Fernando Centeno; el comisario de Resistencia, Sáenz Loza, y su lugarteniente, el comisario de Quitilipi, José B. Machado.
Además, el presidente del Aero Club Chaco, doctor Agustín Cabal (h), quien facilitó un avión que se utilizó para ametrallar a los huelguistas desde el aire.
Al momento de los hechos, el dirigente radical Marcelo Torcuato de Alvear ejercía la Presidencia de la Nación.
En 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí y en 2021 se presentó un pedido formal ante el Juzgado Federal N°1 para la realización de este juicio.
La jueza Zunilda Niremperger resolvió catalogar los crímenes como de lesa humanidad y, por ello, imprescriptibles, y ordenó la realización del proceso.
En julio de 2021, la zona en la que ocurrieron los crímenes fue señalizada por la Secretaría de Derechos Humanos como sitio histórico.
El 16 de enero de 2008, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, realizó un pedido formal de perdón a los pueblos originarios por la matanza.
En aquella jornada, en la que Capitanich se dirigió a los familiares de las víctimas en nombre del Estado provincial, cumplía 107 años Melitona Enrique, una de las sobrevivientes.
