Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados debatía este martes los alcances de los proyectos para la implementación de la boleta única papel, con la exposición de especialistas y exfuncionarios.

En el encuentro, que se desarrolla en el segundo piso del Anexo C de la Cámara baja, expondrán a lo largo de la jornada unos 18 invitados, que tienen 5 minutos para manifestarse en torno a esta modificación del sistema electoral.

En la reunión, la primera en exponer fue Julia Pomares, jefa de asesora del Gobierno de la ciudad, quien consideró que la implementación de la Boleta Única «les asegura a los votantes que puedan tener todas las opciones a disposición, el mismo derecho a votar en Balvanera, en Trelew o González Catán» y dijo que «es más sustentable con el ambiente».

En tanto, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, compartió la experiencia de la provincia con la implementación de la boleta única electrónica y consideró que es «sustantiva la modificación del sistema electoral», a la vez que pidió pensar en la «legitimación de origen por percepción de ausencia de voluntad plena del que va a votar y termina votando cualquier otra cosa».

Para Urtubey, «esta reforma debe entender de qué manera logramos amigar este sistema representativo para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros», al sostener que se trata de un «avance» en el sistema representativo.

A su turno, el exdiputado nacional Adrián Pérez, exsecretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Cambiemos, recordó que «este es un debate que arrastra muchísimos años y que el mundo ya saldó» y dijo que «a ningún país que fue al sistema de boleta única volvió al sistema partidario», al sostener que este sistema «garantiza elegir la opción que quiere votar y elimina la posibilidad del robo de boletas».

Por otra parte, Alejandra Pericola, Observatorio Electoral de la UBA, puso de relieve que el sistema de boleta única «se utiliza desde hace años para que electores privados de la libertad y argentinos que residen en el exterior puedan expresar su voluntad» y dijo que la Cámara Nacional Electoral advirtió la necesidad de abrir el debate para establecer un cambio en el sistema electoral».

En tanto, para el intendente de Rosario Pablo Javkin, con el sistema actual «no está garantizado el derecho a elegir y ser elegido», al advertir que «está privatizado el sistema de voto: el Estado se desentiende que la oferta electoral esté presente y depende de la capacidad que tenga el partido de sostener la boleta durante 8 horas en un cuarto oscuro».

En el debate sobre boleta única se pondrán sobre la mesa proyectos elaborados por Lospennato, Pablo Tonelli (PRO-CABA), Emilio Monzó (Encuentro Federal-Buenos Aires), Enrique Estévez (Partido Socialista-Santa Fe) y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Identidad Bonaerense), como también otros de los exlegisladores Gustavo Menna (UCR) y Jorge Enríquez (PRO), entre otros.

El tratamiento del proyecto sobre boleta única se resolvió tras el avance opositor para pedir una sesión especial para debatirlo hace 15 días en el recinto, a partir de una solicitud que contaba con los respaldos suficientes como para alcanzar el quórum pero no para lograr aprobarlo y darle media sanción.

Pero sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida, aunque para conseguir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder al planteo de la oposición.

Las reuniones informativas continuarán esta tarde y se retomarán el martes 24, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de la oposición de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio aunque ese esquema podría tener alguna modificación.

Tras la impugnación extraordinaria presentada por la fiscal Florencia Gómez, el Superior Tribunal deberá resolver si adopta la postura fiscal o avala la decisión de la Jueza Maria Tolomei en relación al imputado Matias Schierloh y el pedido de probation.

Gómez impugnó la resolución de la jueza de garantías María Tolomei que había aceptado la aplicación de la probation y de esta manera darle la posibilidad de un eventual sobreseimiento a Matías Ezequiel Schierloh, uno de los autores de haber producido los incendios que afectaron la Legislatura del Chubut y la Casa de Gobierno en septiembre del año 2019.

La impugnación a esa decisión de la jueza Tolomei fue presentada en tiempo y forma. Gómez, fiscal de Rawson, argumentó, entre otros aspectos, que “tal como lo exige nuestra Constitución Nacional, toda sentencia debe ser fundamentada en el derecho y no en la mera voluntad de los magistrados”, a la vez que calificó a la decisión de esa jueza como “arbitraria, infundada y contraria a derecho”.

La fiscal general Gómez destacó en su postura la “gravedad” de los hechos en los que está implicado Schierloh en que los daños se efectuaron en edificios públicos arriesgando la salud de los policías que intentaron impedir la propagación de las llamas. Asimismo, indicó que “dichos daños habían afectado las estructuras de los edificios, su mobiliario y elementos que tienen un gran valor histórico, y que los mismos eran de imposible reconstrucción, como la puerta N° 2 de Casa de Gobierno.

Los hechos atribuidos a los imputados involucraban el riesgo en la salud de todo el personal policial que intervino en el lugar a los efectos de proteger los bienes que se encontraban en el  interior de los edificios, evitando que los manifestantes ingresaran a los mismos”.

“Consentimiento” fiscal

En su impugnación, Gómez recordó que “a partir de la calificación jurídica escogida por el Ministerio Público Fiscal, el delito de incendio previsto en el Art. 186° inciso 1 tiene una pena de 3 años de mínimo a 10 años de máxima.

El MPF solicito una  pretensión punitiva de 5 años de prisión para Matías Schierloh y, por lo tanto, en caso de recaer condena, la misma no sería de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo.

Teniendo en cuenta ese monto, concluyó en que “corresponde la aplicación del párrafo 4to. del Art. 76 BIS del CP, que requiere que se cuente con el consentimiento fiscal respecto de su voluntad de desistir de la persecución penal (aplicación de la Probation).

Se analizaron las circunstancias del caso en particular y el Ministerio Público Fiscal, concluyó que la gravedad de dichas circunstancias (analizadas en audiencia) no permiten la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba, por lo que debe continuar el juicio contra Schierloh”.

Desalentar esos delitos

“La defensa del interés público, es donde reposan y se asientan, en gran parte, las oposiciones de este Ministerio Público Fiscal, a la concesión de la Suspensión de Juicio a Prueba, ya que se deben extremar esfuerzos a fin de desalentar la comisión de determinadas actividades delictivas, como es provocar incendios y destrucción de edificios públicos”, indicó también Gómez en su impugnación de la que hace además reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de ser necesario.

La probation

Miguel Angel Moyano, el defensor público que representa a Schierloh, consideró que la imputación formulada tendría una pena de ejecución condicional y el imputado carece de antecedentes condenatorios anteriores. Esa fue la base para pedir el sobreseimiento. La jueza Tolomei aceptó también la reparación de daños ofrecida por el acusado, consistente en la suma de $ 60.000 en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, de $ 10.000 cada una, con destino a la Cooperadora del Hospital Zonal de Trelew; junto con la donación de 12 packs de leche, con destino al Hogar Comedor comunitario «Todo Vuelve» del barrio Gregorio Mayo de la ciudad de Rawson.

También le fijó 120 horas cátedras gratuitas, en la asignatura de Ciencias Sociales, como apoyo escolar para todos los alumnos que lo soliciten, a ser realizadas en la Biblioteca Asencio Abejón de Playa Unión, y realizar 100 horas de trabajo no remunerado en favor de la biblioteca de la Legislatura.

A todos esos requisitos se sumaron las reglas de conducta habituales que deberá cumplir, como fijar residencia ante la Oficina Judicial de Rawson y presentarse cada seis meses en esa dependencia, además de abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

Con información del Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.

De la mano del Concejal Tomás Buffa, recientemente elegido como Presidente de la Convención, Damián Biss, Presidente del partido a nivel provincial, y Miguel Echaniz, Presidente del Comité Comodoro, empezaron una recorrida por la Comarca Andina donde se reunieron con diferentes autoridades de los comités de la UCR.

La recorrida comenzó el viernes en Esquel donde se reunieron con el comité local para escuchar las diferentes opiniones de los correligionarios.

El sábado se realizó un acto donde varias autoridades asumieron su nueva gestión en los comités departamentales de Gualjaina, Cushamen, Epuyén, Cholila, El Hoyo y El Maitén.

Más tarde, fueron al Comité de Trevelin donde buscaron generar diferentes acuerdos para empezar a trabajar de manera conjunta.

Luego de un fin de semana movido, el concejal Buffa expresó: «Se está gestando algo importante que tiene al radicalismo como principal protagonista» y continuó «nuestra preocupación no son los nombres sino realizar un programa de Gobierno que lleve soluciones ante la crítica solución que se vive en la provincia».

De cara a lo que viene, la UCR Chubut empezó el fortalecimiento del partido en vista de la contienda electoral del 2023.

En base a esto, el presidente de la Convención expuso que la idea como partido es armar un proyecto serio, confiable y responsable.

El secretario de Industria, Ariel Schale, autoridades de cámaras empresarias y sindicalistas concurrirán el martes próximo al Congreso nacional para respaldar ante un plenario de comisiones la reforma a la ley de Compre Argentino, que propone ampliar el margen de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas.

El oficialismo, que aspira a poder votar cuanto antes esta iniciativa para apuntalar a las empresas nacionales, necesita enhebrar acuerdos con Juntos por el Cambio y otras bancadas opositoras para poder llevarla al recinto, debido a la extrema paridad que existe entre las principales fuerzas parlamentarias.

Las comisiones de Industria y Presupuesto -que conducen los diputados del Frente de Todos (FdT) Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente- volverán a reunirse este martes a las 13 para continuar analizando este proyecto promovido por el Gobierno nacional.

El titular de la comisión de Industria dijo a Télam que «el martes van a exponer el secretario de Industria Ariel Schale, y vamos a invitar a empresarios nacionales que invierten y generan empleo en la Argentina y coinciden con la ley en las distintas ramas industriales»

Casaretto agregó que «vamos a citar también a sindicatos de trabajadores que están en esos sectores que defienden el Compre Argentino, con lo cual van a hablar el funcionarios, empresarios y sindicalistas».

La iniciativa contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que sus precios se excedan -hasta un determinado tope- a las propuestas que puedan hacer compañías extranjeras.

A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros.

Por otra parte, el proyecto eleva las preferencias de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales de un 15% a un 20%, en tanto que las demás pasan del 8% al 15%.

Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales, mientras que también habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.

Objetivos del proyecto

La iniciativa amplía el alcance de la ley vigente al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico

La incorporación de la obra social de los jubilados, la creación de un Fondo Fiduciarios, y los nuevos márgenes de preferencia fueron criticadas desde Juntos por el Cambio y otras bancadas opositoras.

Sobre estos puntos, Casaretto aclaró el jueves pasado que se introducirán algunas reformas, entre las que mencionó la posibilidad de que algunas empresas puedan estar comprendidas dentro de un margen «del 23 por ciento temporario y sujeto a aprobación de Jefatura de Gabinete para provincias que tienen asimetrías regionales».

Casaretto adelantó que otro cambio que se impulsará al texto original sería la modificación del artículo 16 que es «la definición de lo que es el bien estratégico», al precisar que «serán considerados bienes estratégicos aquellos que se traten productos innovadores o potencial de empleos de calidad o generar impactos significativos en la cadena de valor»

La bancada del Frente de Todos -que conduce German Martínez- requiere de acuerdos para poder sancionar las iniciativas debido a la extrema paridad que tiene con JXC ya que el oficialismo cuenta con 117 legisladores y la principal oposición con 116.

El oficialismo aspira a poder contar con el respaldo de los cuatro legisladores del bloque Provincias Unidas, uno del Movimiento Popular Neuquino, dos del bloque SER y aguarda la definición del Interbloque Federal, que tiene ocho diputados que son clave para sancionar esta ley.

De todos modos tampoco descarta poder consensuar la iniciativa con Juntos por el Cambio, ya que en el 2017 el proyecto de Compre Argentino se aprobó a instancias del Gobierno de Cambiemos, que ahora objeta que se haya incluido al PAMI en la nueva ley, entre otras cuestiones.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán resolverá la fecha en la que se iniciará el juicio de lesa humanidad de la denominada causa Jefatura III, el decimoquinto proceso de este tipo que se desarrollará en la provincia y en el cual se investigarán crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El miércoles último se realizó la audiencia preliminar destinada a establecer, entre las partes, un acuerdo referido al desarrollo del juicio, en la que el tribunal propuso el inicio del debate luego del receso invernal y que las audiencias se realicen lunes y martes, con jornadas prolongadas desde las 9, y semana de por medio.

Los fiscales y las querellas solicitaron adelantar el inicio y que las audiencias tengan lugar con más periodicidad, un pedido que el TOF analizará y resolverá durante esta semana a través de una comunicación que remitirá a las partes, según indicaron fuentes judiciales.

Se trata de una megacausa en la que se juzga la responsabilidad de 30 imputados, entre los que se encuentran policías y militares, por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán y que tuvo como víctimas a 237 personas.

El Tribunal está integrado por Carlos Jiménez Montilla y por los jueces subrogantes Abelardo Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, que escucharán a lo largo del debate a más de 300 testigos.

Actúan en la causa como acusadores el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc).

En tanto, uno de los imputados, Luis Rolando Ocaranza, cuenta con una abogada particular que llevará adelante su representación, mientras que los restantes son asistidos por el Ministerio Público de la Defensa.

Los hechos que se debatirán integran la tercera parte del universo procesal de Jefatura de Policía de Tucumán.

Los hechos

Estos crímenes tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la Jefatura y en las instalaciones del ex Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción azucarera en 1966.

Las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y las comisarías de casi todo el territorio provincial.

En efecto, Tucumán contaba entonces con 80 comisarías y al menos 32 de ellas fueron escenario de los delitos descriptos por la Fiscalía.

«En todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departamento de Policía de la Provincia de Tucumán», señalaron los encargados de impulsar la acción penal en 2015

La causa

Los imputados, se trata de autores mediatos, autores directos, partícipes necesarios y partícipes secundarios, según el caso.

«Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabiendas, de una macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad», indicaron.

Cada uno de ellos «cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales», según se explica en la elevación a juicio elaborada por el Ministerio Público Fiscal.

Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.

Además se los acusa por homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad, violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas, abuso deshonesto, asociación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.

La Argentina y el FMI ingresaron en la etapa final de las reuniones para la concreción de la primera revisión del programa con el organismo multilateral suscripto en marzo último para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares tomada durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Desde ambas partes anticiparon la posibilidad de que se concreten cambios en determinados puntos, aunque no en las metas fundamentales del acuerdo.

El jueves, el presidente Alberto Fernández -durante un contacto que mantuvo con la prensa en París, en el marco de la gira europea que abarcó también a España y Alemania- anticipó que el acuerdo alcanzado a fines de marzo con el organismo multilateral contendrá cambios en virtud de la guerra desatada entre Rusia y Ucrania, que está impactando en la economía global.

Fernández dijo que si el Fondo Monetario Internacional tomó la decisión de revisar los acuerdos firmados con distintos países, en función de las consecuencias de la guerra, esto también «será aplicable» para la Argentina.

«El FMI ya ha dicho que hay que revisar los acuerdos porque la economía se alteró significativamente» con la guerra en Ucrania y «si es una decisión, una idea del Fondo, también será aplicable a nosotros», sostuvo el Presidente.

«Tenemos que ver exactamente cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina. El primer indicio, muy negativo, es el índice de la inflación», aseveró Fernández en relación al indicador macro económico que si bien no constituye una meta primaria en el acuerdo con el FMI, puede condicionar su implementación.

«Tenemos que ver exactamente cómo es la repercusión de los efectos de la guerra en Argentina. El primer indicio, muy negativo, es el índice de la inflación»

De esta forma, el jefe del Estado no descartó la posibilidad de revisar algunos puntos del acuerdo.

Al ser consultado sobre esta cuestión, sostuvo que «cuando llegue el momento, entiendo que el Fondo lo propiciará como la ha dicho públicamente», y destacó que el Ministerio de Economía tiene «diálogo permanente» con el organismo multilateral.

En este sentido, hay, por otro lado, un nuevo Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad del FMI, vigente desde el 1 de mayo, del que la Argentina podría beneficiarse mejorando las condiciones crediticias en los plazos, si bien el alcance es acotado para el país, ya que el monto del que podría disponer es de apenas 1300 millones de dólares.

La semana pasada, cuando el Indec informó que la inflación de abril fue del 6%, los funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central continuaron con las reuniones virtuales que vienen manteniendo con el staff del FMI, encabezado por Julie Kozack, subdirectora del departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para Argentina, para la concreción de la primera revisión del acuerdo.

El aval del organismo a la revisión permitirá gatillar un desembolso de 4.100 millones de dólares, necesario para pagar los vencimientos de junio próximo.

Encuentros virtuales

Estos encuentros continuarán durante las próximas semanas, y la recomendación final del staff del organismo al Directorio con el ok para liberar el desembolso podría darse incluso en los primeros días de junio.

Las reuniones por la primera revisión comenzaron a mediados de abril, durante la cumbre de Primavera conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washington.

Desde ambos lados explicaron que las reuniones se están dando desde la «virtualidad» y que la pandemia cambió la lógica de las tradicionales revisiones, que tenían un principio y fin, con visita presencial.

Los analistas no ven mayores complicaciones para dar por aprobada la primera revisión – las metas exigibles de déficit, reservas, y financiamiento del BCRA al Tesoro serían cumplidas-, si bien advierten que a medida que avance el año el logro de los objetivos podría complicarse en base a las metas establecidas en el programa firmado en marzo.

Hay economistas que observan que, dado el contexto internacional y los costos de la energía, podría tonarse muy difícil cumplir con la meta de déficit fiscal (2,5%) establecido en el acuerdo, entre otras cuestiones.