Autoconvocados de créditos UVA de todo el país cuestionaron este miércoles fuertemente ese instrumento implementado durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de un plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados, donde advirtieron sobre la situación crítica que enfrentan quienes apelaron a este tipo de financiamiento por el aumento de la inflación.

La problemática fue debatida en el marco de un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que conducen los diputados del FdT Alicia Aparicio y Carlos Heller, en el que expusieron especialistas y referentes del sector.

Al iniciar la reunión, Aparicio confirmó que se realizarán dos reuniones informativas y una de debate de los diputados para avanzar en un dictamen.

La primera en exponer fue María Luisa Schwab, integrante de Hipotecados UVA de Tandil, quien sostuvo que «los aumentos desmedidos de las cuotas es dinero que no está en nuestros bolsillos», y consideró que este sistema «sólo está programado para enriquecer a los bancos y empobrecer mes a mes a las familias».

Además, pidió que prime «la sensibilidad y la sensatez”, y afirmó que “están en deuda quienes votaron esta ley».

A su turno, Paola Gutiérrez, integrante de los Autoconvocados UVA, aseguró que «los créditos se tornan impagables porque las cuotas subieron casi 700%”, por lo cual consideró que “no hay salario que alcance esos niveles de actualización».

También cuestionó al gobierno de Macri por impulsar una «una comunicación engañosa» sobre esta «verdadera trampa financiera», y sostuvo que «no es la justicia la que debe resolver el problema sino el Congreso».

 

Por su parte, Gastón Rinaldoni, de Autoconvocados UVA Mendoza, pidió «renegociar estos contratos», y afirmó que no es posible “mantener el endeudamiento que la familia hipotecada argentina ya tiene».

«Todos los días siento tener un Titanic estacionado arriba» de la vivienda, graficó Rinaldoni, quien pidió «tasa cero y rever tasas preferenciales».

En tanto, la investigadora del Conicet Ivana Sokolofcuestionó “las promesas con las que se promocionaron los créditos UVA”, y consideró que «no falló por su mecanismo de indexación, sino por dos falsas premisas desechadas por la evidencia: que el aumento de la oferta de la vivienda va a bajar su precio y que la facilitación del crédito hipotecario aisladamente contribuye a resolver el problema de la vivienda».

Luego fue el turno de Iván Kerr, exsecretario de Vivienda durante el gobierno de Cambiemos, quien defendió este instrumento, y señaló que por estos créditos «120.000 personas pudieron acceder a su vivienda».

Además dijo que “el crédito hipotecario necesita apoyarse sobre una economía estable con capacidad de proyectar en el mediano plazo».

Por su lado, el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, recordó que los créditos UVA son «un nombre que se le dio a algo preexistente en el gobierno de (Eduardo) Duhalde», y dijo que este instrumento «permitió reducir el pago inicial que es constante a largo del tiempo y permitió mayor acceso a la vivienda».

También sostuvo que «es responsabilidad de esta cámara permitir que siga existiendo el crédito hipotecario».

En la misma línea, el gerente de Créditos y Alquileres en el Instituto de Vivienda porteño, Federico González Rouco, defendió el sistema de créditos, y destacó que “hoy la mora es del 1,3%”.

Asimismo, señaló que, “si hay un pasivo, es porque hay un activo, y esto también debería ser parte de esta conversación”.

«Si queremos que haya más crédito hipotecario, hay que entender que primero necesitamos demanda y después necesitamos oferta», afirmó Rouco.

Finalmente, y desde el colectivo de créditos hipotecarios UVA, Perla Figueroa, relató visiblemente emocionada su situación personal e invitó a los legisladores a «ubicar a la política en ese lugar de transformación”.

“Ustedes tienen esta oportunidad de transformar nuestras vidas y las de los que podamos tomar los créditos de ahora en más”, remarcó Figueroa.

Los créditos UVA

Los créditos hipotecarios UVA consisten en un préstamo en pesos ajustable por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) -que refleja la evolución del índice de precios al consumidor- y que está expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

Se estima que en la actualidad hay 120.000 familias que tienen estos préstamos expresados en UVA que, cuando se implementaron, tenían una cuota mucho menor a un préstamo tradicional.

Juntos por el Cambio había pedido una sesión especial en los primeros días de mayo para tratar la situación de las familias que tomaron este tipo de crédito.

Luego, acordó con el oficialismo hacer el análisis de los proyectos sobre la materia en un plenario de comisiones, al igual que lo que sucedió con la reforma a la ley de alquileres.

En un acta firmada entre JXC y FDT se acordó que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas inicien el tratamiento de los diferentes proyectos existentes sobre el tema, con el fin de «unificar propuestas y contar, en lo posible en un plazo no mayor a 30 días, la posibilidad de ser tratado en el recinto de sesiones».

Este sistema crediticio se creó en el 2016 como un mecanismo de «ahorrar en ladrillos».

En ese momento, la cuota en general no superaba el monto de un alquilar y eso entusiasmó a muchas familias que buscaron acceder a un préstamo en UVA, pero desde el 2018, con el aumento de la inflación, esas cuotas comenzaron a sufrir fuertes incrementos.

El Gobierno llegó a un acuerdo con el Club de París para diferir los pagos de deuda hasta el 30 de septiembre de 2024, mientras se avanza en un entendimiento que contemple un nuevo mecanismo de repago de los compromisos, condición que quedó establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 286/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial.

A través del texto el Gobierno dispuso “el diferimiento de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales con los países nucleados en el Club de París”.

La postergación regirá “hasta la existencia de un nuevo acuerdo marco”, fruto de una negociación del país con las autoridades del Club y sus 16 países integrantes», o, en su defecto, «hasta el 30 de septiembre de 2024», fecha máxima otorgada por el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De todas formas, el objetivo del Gobierno es alcanzar una renegociación «antes del 30 de junio de 2022» -plazo fijado en la última visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, a Paris-, en el que se incluyan nuevas condiciones de tasas de interés, plazos e incorporación de los US$ 430 millones ya abonados en dos pagos en febrero de 2022 y julio de 2021.

«El nuevo decreto» -explicaron las fuentes- «permite formalizar este tiempo normativo para trabajar en estas negociaciones y establecer que la Argentina difiere los pagos hasta 2024 o hasta un nuevo acuerdo con el Club de Paris, lo que suceda antes».

«El objetivo de Argentina es renegociar el acuerdo y encontrar mejores condiciones para el país, lo antes posible. La expectativa y lo que estamos trabajando es finalizar la renegociación con las autoridades antes del 30 de junio», detallaron.

La fecha del 30 de septiembre de 2024 obedece a un acuerdo entre ambas partes a sabiendas de que el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI otorga esa fecha como plazo máximo, aunque la meta es cerrar el entendimiento mucho antes.

Actualmente, el Gobierno está trabajando en negociaciones con cada uno de los países acreedores y con las autoridades del Club para llegar a un esquema de nuevo esquema de repago.

La Argentina debía afrontar el 31 mayo de 2021 un pago cercano a los US$ 2.450 millones -correspondientes a 40 créditos otorgados por 14 países y en 8 monedas distintas- en los términos del Acuerdo firmado en 2014, el cual contemplaba un periodo de gracia de 60 días.

Sin embargo, el 22 de junio de 2021, el ministro Guzmán anunció haber llegado a un entendimiento con el Club para obtener un puente de tiempo que permitía a la Argentina no caer en default y continuar con la negociación.

 

Según Guzmán, «pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales y por lo tanto hubiese generado más inestabilidad cambiaria y más inestabilidad macroeconómica».

Aquel entendimiento quedó sellado a través del Decreto 412/2021, en el que el Gobierno fijó un diferimiento del Acuerdo Marco y los Acuerdos Bilaterales suscriptos con los países nucleados en el Club de París hasta el 31 de mayo de 2022.

El nuevo DNU -que será publicado en forma inminente- es el que extenderá el plazo del acuerdo, para cumplir con las con las condiciones legales que el propio DNU 412/2021 había fijado.

De todas formas, el 22 de marzo de este año el ministro Guzmán y el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, habían anunciado un nuevo plazo de negociaciones hasta el 30 de junio de este año para llegar a un nuevo acuerdo, mientras continuaban las negociaciones con el FMI para acordar un programa sostenible y consistente con los objetivos de estabilidad macroeconómica del país.

Desde entonces se realizaron dos pagos, el 28 de julio de 2021 y el 28 de febrero de 2022 por un total de US$ 430 millones en concepto de capital, que estuvieron en concordancia con los desembolsos que se efectuaron a otros acreedores bilaterales, mientras avanzaban las negociaciones con el FMI.

El saldo de capital, los plazos e intereses se definirán en la negociación en la que Argentina ahora avanza de forma paralela con las autoridades del Club y los 16 países integrantes, que quedará fijada en los términos de un nuevo acuerdo, que ya no tendrá como base el entendimiento de 2014.

«Si el nuevo acuerdo fijara pagos durante 2022, esos montos se descontarían de la meta de acumulación de reservas, establecida en el Programa de Facilidades Ampliadas firmado con el Fondo Monetario Internacional», según explicaron los voceros oficiales.

Según consta en el anexo del Decreto 412/2021, la Argentina debe renegociar el pago de cerca de US$ 2.500 millones que adeuda a 24 agencias y bancos de 16 países: Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Canadá, Israel, Italia, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, y Países Bajos.

Un exintegrante del Ejército Argentino prófugo de la Justicia de Bahía Blanca fue detenido en la provincia de Tierra del Fuego en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, informaron este martes fuentes judiciales.

Se trata de Ernesto Emilio Ramón Etchart, exjefe de la compañía de Comunicaciones y Comando del Batallón 181.

Los voceros señalaron que «el exmilitar fue detenido el jueves pasado en Ushuaia por personal de la Policía Federal tras haber estado prófugo en el marco de una causa sospechado de haber secuestrado y torturado a 16 personas» durante la dictadura.

Etchart era buscado desde 2015 por el Juzgado Federal de Bahía Blanca, que en febrero del año pasado lo declaró en rebeldía y ordenó la detención.

Diputados de los bloques opositores buscarán este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitir dictamen sobre el sistema de Boleta Única de Papel para elecciones de candidatos a la Presidencia de la Nación y a legisladores nacionales, que es rechazado desde el Frente de Todos y el Gobierno nacional.

El plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto -que conducen los oficialistas Rodolfo Tailhade, Hernán Perez Araujo y Carlos Heller, respectivamente- fue convocado para las 14 para analizar los dictámenes que propondrán, por un lado, la mayoría de los bloques opositores y, por otro, el Frente de Todos (FdT).

En ese contexto, Juntos por el Cambio (JxC), el Interbloque Federal y Juntos por Rio Negro estuvieron en las últimas horas terminando de definir el texto que impulsarán en las comisiones.

Por su parte, la postura del Gobierno en este punto fue transmitida por la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, quien subrayó la semana pasada en el Congreso que «el sistema de boletas partidarias es imparcial, se basa en la fiscalización cruzada y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas».

En ese marco, García Blanco cuestionó al método de la Boleta Única de Papel porque «genera que el votante desconozca la oferta electoral completa al momento de elegir», pero además «otorga mayor exposición a las cabezas de listas, desvaloriza a la agrupación política y personaliza a los candidatos».

 

En esa línea, el titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, alertó que la intención de aplicar el sistema de Boleta Única de Papel traería «más riesgos que soluciones» porque implicaría hacer una «reforma muy importante, sustancial, pero sin los datos necesarios», a partir de una «discusión exprés» y con «ausencia de acuerdo entre las principales fuerzas».

En las comisiones que estudian el tema solo están representados cuatro de los espacios políticos que integran la Cámara: el FdT, JxC, el interbloque Federal y el Frente de la Concordia misionero, ya que el sistema D’Hont por el que se reparten los lugares no dio margen para que estuviera alguno de los integrantes de los bloques de menor volumen.

La postura del interbloque Federal sobre el tema, desde su posición de coimpulsores del pedido de debate, le da, en la figura de la bonaerense Graciela Camaño, la firma clave para que la oposición saque ventaja en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.

En la primera, el FdT y JxC tienen 17 miembros cada uno, y la silla restante es la de Camaño, al igual que en Justicia, donde la exministra de Trabajo nacional es la encargada de desequilibrar entre los 15 representantes que posee cada una de las dos fuerzas mayoritarias.

Presupuesto es la única comisión en la que el oficialismo podría conseguir que prevalezca su rechazo al cambio de sistema electoral, ya que, de sus 49 integrantes, 24 son propios y otra bancada pertenece al aliado del reformismo misionero, por lo que reúnen 25, uno más que los 24 que puede sumar la oposición entre los 23 de JxC y el representante de Córdoba.

La Cámara de Diputados terminará este martes de completar la grilla de sus comisiones con la conformación de los órganos de Legislación Penal, Defensa, Transportes, Minería y Energía, con lo que quedarán finalmente constituidos los 46 cuerpos asesores.

La primera comisión en constituirse este martes, a las 11, será la de Legislación Penal, que hasta diciembre estuvo en manos de la diputada del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, y que pasará a manos de la oposición como parte del acuerdo al que arribaron el oficialismo y Juntos por el Cambio (JxC) como consecuencia de la paridad numérica que tienen las dos principales fuerzas que integran el cuerpo.

En tanto, a las 13 se conformará la Comisión de Transportes, que hasta diciembre era presidida por el exdiputado radical tucumano José Cano y que continuará en manos de la UCR, ya que sería encabezada por el jujeño Jorge «Colo» Rizzotti, según fuentes parlamentarias.

A las 15, en tanto, fue convocada la Comisión de Minería, que hasta diciembre era presidida por la diputada del FDT por Catamarca Lucía Corpacci, quien asumió como senadora nacional por esa provincia, y que seguirá en manos del oficialismo.

Por otro lado, a las 16, se conformará la Comisión de Energía y Combustibles, también presidida por un legislador del FdT.

Finalmente, a las 17, se reunirá la Comisión de Defensa, que hasta diciembre era presidida por el radical bonaerense Carlos Fernández, quien finalizó en diciembre su mandato como diputado.

La Cámara de Diputados continuará este martes con el análisis del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo y remitido por el Senado, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.

El debate comenzará a las 14 en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), con exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial.

La de este martes será la tercera reunión con invitados desde que se puso en marcha el debate del proyecto, el pasado martes 17, luego de la jornada constitutiva de las comisiones de trabajo, el martes 10.

El oficialismo continúa en la búsqueda de consensos para conseguir la aprobación del proyecto, ya que de acuerdo con el escenario que se dio en la votación del Senado no le alcanza con los diputados propios para avanzar con el dictamen y la consecuente votación en el recinto.

Sobre este escenario, Pérez Araujo señaló que «el Frente de Todos no puede por sí solo ratificar el proyecto que viene del Senado«, al afirmar que el oficialismo está «dialogando, revisando proyectos de otros diputados para ver si podemos encontrar una salida a esta ilegalidad en que nos ha metido la Corte. Ese es el camino para aquellos temas que afectan a los argentinos».

El Frente de Todos, con sus 118 miembros, podría sumar como aliados a los cuatro integrantes del interbloque Provincias Unidas, al santacruceño de SER Jorge Vidal y uno o dos votos más, número insuficiente en pos del objetivo de 129 que habilita el inicio de una sesión.

En contra del texto enviado por el Senado ya se expresaron los 116 diputados de Juntos por el Cambio (JxC), los cuatro «libertarios» y algún miembro de monobloques.

Por la principal bancada opositora, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, señaló: «El Consejo de la Magistratura debe garantizar independencia del poder judicial para proteger los derechos de todas las personas contra el abuso y la impunidad. A eso debe apuntar la reforma que estamos discutiendo hoy en la Comisión (de Asuntos) Constitucionales»

La situación de paridad la debería definir, entonces, el interbloque Federal, que cuenta con ocho integrantes que responden a tres espacios políticos diferentes: Identidad Bonaerense, el Socialismo santafesino y Córdoba Federal.

La diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) y única integrante del interbloque con presencia en las comisiones que estudian el tema, anticipó en declaraciones a Télam que escuchará «la opinión de los especialistas» antes de decidir si presenta un dictamen propio, aunque adelantó que «no está de acuerdo» con el proyecto aprobado por el Senado.

«Tiene que haber un equilibrio. La Corte Suprema tiene que integrar el Consejo pero no presidirlo, y mucho menos tener doble voto», expresó la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura mientras el proyecto se debatía en el Senado.

A esta posición se suma la del bloque Córdoba Federal, que tiene tres integrantes y que es la única fuerza del Interbloque Federal con representación en el Senado, por lo que ya dejó formalmente expresada su postura .

 

«El tema del Consejo de la Magistratura está claramente enmarcado en la Constitución Nacional. Y en la iniciativa hay dos cuestiones que van a contramano de lo que la propia Constitución Nacional ha fijado», remarcó la senadora Alejandra Vigo, referente del Gobierno cordobés, al justificar su voto en contra del proyecto del Poder Ejecutivo.

Para Mónica Fein, del Socialismo santafesino, «cualquier reforma institucional requiere amplios consensos y hoy el oficialismo no está buscando eso, sino imponer una mayoría circunstancial. De esa forma no están dadas las condiciones para hacer cambios sustantivos porque no hay una disposición al diálogo por parte del Gobierno Nacional», aseveró.

«Para que estas transformaciones sean estables en el futuro tienen que tener un acuerdo mayoritario», agregó.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de las comisiones mencionadas.

Por esa razón, el Consejo empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes y ya tuvo su primera reunión con la nueva conformación, presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

De ese encuentro participaron los dos últimos consejeros que se incorporaron: el senador nacional peronista Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes, designados por sus respectivas cámaras, de acuerdo con lo ordenado por la Corte.

En ese primer encuentro se acordó una agenda de prioridades y una dinámica de funcionamiento; y se resolvió fijar el próximo jueves 2 de junio, a las 9.30, como día de primer plenario ordinario que será transmitido públicamente a través de una plataforma virtual.

El presidente Alberto Fernández encabezará este martes el acto de inicio de las obras de construcción de la Variante Cañuelas, que forma parte del proyecto de transformación en autopista de la ruta nacional 3, entre las ciudades bonaerenses de Cañuelas y Azul.

La actividad está anunciada para las 11 y participará el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se informó oficialmente.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibirá a las 9 en su despacho al ministro de Cultura, Tristán Bauer.

En tanto, a las 10.30, el canciller Santiago Cafiero participará acompañado de la titular de Cascos Blancos, Sabina Frederic, del relanzamiento del programa «ProHuerta», dando inicio al Proyecto «Huertas Agroecológicas Escolares en Haití como Estrategia de Construcción de Seguridad Alimentaria y Nutricional».

A las 16, en la Casa Rosada, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la titular del Inadi, Victoria Donda, presentarán el nuevo Mapa Nacional de la Discriminación.

Una foto que supera a la grieta política, así la definieron algunos. Se lo ve a Juan Pablo Luque (único intendente); a Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén; Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro;Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo; y Gustavo Béliz, Secretarío de Asuntos Estratégicos de la Nación.

Es la foto política, y lo tuvo a Luque entre los principales actores institucionales del encuentro. En su cuenta de twitter, el intendente comodorense citó «en Bariloche, participando del Encuentro Nacional de Hidrógeno 2030, junto a los gobernadores. Es muy importante que nuestra región, con el potencial que tenemos, esté presente en estos debates para pensar el futuro energético del país».