El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este viernes una reunión con las cámaras pesqueras para analizar la resolución del Consejo Federal Pesquero (CFP) que habilitó que el langostino obtenido en aguas nacionales sea procesado en Mar del Plata.

Tras el encuentro, el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar, explicó que «el mandato del gobernador es aunar esfuerzos conjuntos para hacer un planteo unificado institucional y asegurar que la Provincia no va a permitir de ninguna manera que se atente contra la fuente de trabajo de nuestra Patagonia y es lo que vamos a trasladar desde ahora en adelante».

En cuanto a los lineamientos a seguir, el funcionario informó que «vamos a armar una agenda de trabajo en lo inmediato, marcada en dos grandes etapas: una reacción inmediata de la provincia, analizar que posibilidades tenemos nosotros de incentivar a los barcos de Mar del Plata a que se queden y procesen ese producto acá».

«Por otro lado volver a reivindicar que la Patagonia viene discutiendo hace mucho tiempo el reembolso de puertos patagónicos y el costo diferencial de combustible que atenta contra las postura que tienen algunos polos productivos que no cumplen con las normas como nosotros que hoy si tenemos a los trabajadores en blanco», añadió el titular de la cartera pesquera.

Para finalizar, Aguilar indicó que «en la próxima reunión con una agenda de trabajo conformada se sumarán los gremios y seguramente contaremos con su apoyo ante esta presentación».

El Gobierno nacional aseguró que «ni los miembros de la tripulación» ni el avión de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana, que llegó al aeropuerto de Ezeiza el lunes de la semana pasada y se encuentra bajo custodia judicial, tenía «alertas ni antecedentes».

Así lo expresó este jueves la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno. «El Gobierno llevó adelante todas las medidas que había que llevar adelante. El avión circuló por los cielos de México, Paraguay, Uruguay y fue detenido precisamente en la Argentina», dijo.

En ese marco, precisó que «ninguno de los miembros de la tripulación tenía alertas ni antecedentes ni el avión» y añadió que, en referencia a la información relevada, «todos los datos están a la vista».

Asimismo, explicó que la aeronave «no podía cargar nafta porque las empresas proveedoras tenían una sanción económica de Estados Unidos hacia esos países pero no así los tripulantes».

«Después, razonablemente entendemos que la novela periodística sobrepasa los límites de lo razonable y entendemos que se puede generar cierta sensibilidad tratándose de un país en el cual la Argentina sigue reclamando el esclarecimiento de los atentados sucedidos en el país», dijo y agregó: «Más allá de esta sensibilidad que entendemos, el resto forma parte de la novela que cada medio quiera hacer».

Ante otra consulta, Cerruti insistió en que el Gobierno, «a través de sus agencias, consultó en todas las bases y en todos los lugares por donde se consulta frente a estas situaciones» y reiteró que «no había ningún tipo de alerta». «No pesa ninguna inhibición ni sobre el avión, ni sobre los que lo estaban tripulando», añadió.

«Ahora hay una causa en la justicia por una denuncia hecha por un diputado opositor, que no pierden oportunidad de generar escándalos en lugar de trabajar para el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas, y allí deberán dirimir otro tipo de situaciones», analizó.

De esta forma, se refirió a la denuncia realizada por diputados contra la directora de Migraciones, Florencia Carignano, por el avión venezolano-iraní.

La acusación es impulsada por Ricardo López Murphy y Gerardo Milman (de Juntos por el Cambio), quienes alegaron «incumplimiento de los deberes públicos» y aseguraron en el escrito que se puso «en riesgo la seguridad nacional».

El Consejo de la Magistratura aprobó las ternas de candidatos a jueces de tres concursos para girar al Poder Ejecutivo y logró elegir, por consenso, las autoridades de las comisiones, indispensables para funcionar y que tendrán mandato hasta noviembre.

Los diecinueve consejeros, más el presidente de la Corte Suprema de Justicia y también del Consejo, Horacio Rosatti, lograron aprobar las ternas de los concursos 423, 427 y 428, para cubrir cargos vacantes en la justicia Civil, de Familia y de Menores.

La idea original era aprobar cerca de diez ternas para concursos con consenso interno pero finalmente se aceptó postergar el tratamiento a pedido de los consejeros que ingresaron en abril y no tuvieron tiempo de estudiar los expedientes.

En cuanto a las autoridades de las comisiones, los consejeros llegaron al plenario de este jueves -transmitido en vivo a través de una plataforma digital-, con un acuerdo alcanzado para que el vice del cuerpo sea el representante de los abogados Carlos Matterson, el titular de “Acusación” el diputado del PRO Pablo Tonelli y la de “Disciplina” la senadora del Frente de Todos, María Pilatti.

Completando las cinco comisiones que tiene el Consejo, el acuerdo interno contempló que la comisión de “Selección” la presida el académico Diego Molea; la de “Administración y Financiera”, el abogado Diego Marías y finalmente la de “Reglamentación” la diputada Graciela Camaño.

Rosatti felicitó a los consejeros y pidió un aplauso cuando se votaron por unanimidad los candidatos a autoridades e integrantes de las comisiones: “Estoy muy contento por lo que han trabajado para el consenso”, expresó el titular de la Corte.

La expectativa del mismo Rosatti, acompañada por los consejeros más afines al oficialismo, era “sacar” -en los términos de la jerga del Consejo- más ternas sin oposición de las que finalmente se aprobaron.

 

Ante el pedido de postergación solicitado por el veterano consejero Tonelli (con siete años ya en el Consejo), Molea pidió la palabra para expresar que “hace dos meses que venimos trabajando y coincidimos en que es una necesidad imperiosa de este cuerpo empezar a votar ternas”.

“Postergamos –aceptó el consejero académico- pero en la próxima sesión las votamos porque hay algunos casos que no comprendo por qué la postergación, como la Cámara Federal de Tucumán: se presentaron quince candidatos al examen, doce no aprobaron, aprobaron tres; entonces la terna va a ser de los que aprobaron”.

La síntesis del compromiso la hizo Rosatti cuando dijo que “es la primera reunión plenaria que trata ternas y tenemos que ver la parte llena del vaso: comenzamos a destrabar concursos que estaban postergados”.

“La idea es buscar los mayores consensos posibles, por tanto tomaría las palabas que aquí se dijeron (Molea) del compromiso de que en el próximo plenario vamos a considerar el resto de los concursos ya tramitados”, cerró el santafesino.

Las ternas aprobadas en el concurso 423 están destinado a cubrir cuatro cargos en los Juzgados Nacionales en lo Civil 9, 25, 77 y 85 de la Capital Federal, con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas.

El 427 apunta a cubrir dos cargos en los Juzgados Nacionales en lo Civil y Comercial Federal 2 y 6 de la Capital Federal y el 428 se convocó para ocupar dos cargos de magistrados en el Juzgado Nacional de Menores 2, también de la Ciudad de Buenos Aires.

El acuerdo primigenio contemplaba aprobar también los ternados para cubrir vacantes en tribunales orales, en juzgados laborales y más vacantes en la justicia Civil, dejando afuera las ternas que siguen debatiéndose, principalmente las que tienen que ver con juzgados y cámaras de la justicia federal.

El concursos más complejo para alcanzar una mayoría entre los miembros es el que busca reemplazar a los camaristas de traslado, declarados “provisorios” por la misma Corte, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Ambos camarista firmaron hace pocos días un fallo controversial que ordenó a la jueza María Servini volver a fundamentar el cierre del expediente que investigó el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, que la jueza había declarado prescripto.

 

Sobre el final del plenario, la flamante consejera Jimena de la Torre, representante de los abogados y exfuncionaria del macrismo en la AFIP, planteó cierto malestar por los expedientes que se archivan por tener más de tres años y mencionó que, en septiembre próximo, se cumplirá el plazo de la denuncia presentada por el fallecido juez federal Claudio Bonadio contra su par, entonces del distrito Dolores, Alejo Ramos Padilla por “prevaricato”.

El guante fue recogido por el senador del Frente de Todos Mariano Recalde, quien advirtió que no se debe caer en el “derecho penal de autor” que evalúa las causas por el protagonista y no por los hechos; y aprovechó para chicanear a Rosatti: “Hubo un fallo de la Corte que desordenó un poco el Consejo”, dijo el abogado laboralista en referencia a la decisión que declaró inconstitucional la integración de trece miembros del Consejo, firmado por el presidente de la Corte, hoy titular también del Consejo de la Magistratura.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad y giró al Senado el proyecto de ley de alivio fiscal que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y 140.000 autónomos, como parte de las medidas propiciadas por el oficialismo para mejorar la situación de estos sectores clave en la vida económica del país.

Algunos de los diputados que no estuvieron presentes fueron Ricardo López Murphy y el libertario Javier Milei.

La iniciativa, presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

 

El Frente de Todos propuso cambios que había acordado con el Interbloque Federal y esas modificaciones permitieron que Juntos por el Cambio también respalde el proyecto, al sumar nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementar en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

Los cambios fueron propuestos por los diputados del FdT Mónica Litza y Leandro Santoro, y el legislador del Interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez.

Los cambios implementados al proyecto original contempla que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.

Para darle progresividad a la medida este beneficio es para los monotributistas «puros», es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo al dictamen, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país.

Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.

Al defender en el recinto el proyecto como miembro informante del oficialismo, la diputada Mónica Litza destacó que la iniciativa busca «cuidar el bolsillo de los argentinos y mantener la integridad de los ingresos de los monotributistas y autónomos» y sostuvo que «si no hiciéramos esta corrección se corre el riesgo que, al 1 de julio, muchos monotributistas tengan riesgo de saltar de categoría o incluso algunos salir del régimen simplificado».

La iniciativa busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

«Es muy importante también aclarar que esta actualización no implica un aumento de la cuota para monotributistas, porque van a seguir pagando lo mismo», señaló Litza, tras lo cual enfatizó que «se trata de un tema que está en la gente. Es una alegría traer este alivio para tantos trabajadores».

Por el lado de la oposición, al fundamentar la postura de Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace (Evolución Radical), aseguró que JXC comparte «el espíritu de mejorar la situación fiscal de los monotributistas pero en el cómo es distinto. Lo que hace el dictamen es insuficiente mientras lo que proponemos asegura justicia para que ningún monotributista sea pobre y pague y ningún autónomo sea tratado con desigualdad».

 

Por su parte, el diputado del Interbloque Federal, Alejandro «Topo» Rodriguez señaló que «estamos discutiendo esta solución que es importante, aunque parcial, en el marco de una Argentina que dilapida confianza a nivel internacional. La invitación es a trabajar en conjunto en este tema y ser también un impulso a trabajar otros temas».

En tanto, el legislador del Frente de Todos, Leandro Santoro, cuestionó la ausencia de diputados libertarios.

«Fíjense la paradoja: Hoy que veníamos a votar una baja de impuestos para los trabajadores, los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva no vinieron a trabajar. Hoy que venimos a bajar impuestos se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha«, dijo Santoro.

«No tengo ninguna duda que si hubiésemos votado una ley para reducir salarios seguramente hubiesen estado presentes. No me extraña, porque forma parte de la hipocresía con la cual se discute en buena parte del sistema político argentino», agregó el legislador porteño en referencia a Javier Milei.

Desde Libertad Avanza, José Luis Espert, le respondió a Santoro y dijo que «algunos liberales si estamos presentes en defensa de los ingresos de los trabajadores, monotributistas y autónomos».

Por su parte, el diputado del Pro, Luciano Laspina, dijo no se estaba «votando un alivio impositivo, sino votando, tanto en el caso del monotributo o las deducciones de ganancias para autónomos, una mayor indexación del régimen».

«Como no pueden bajar la inflación, aumentan la indexación», sostuvo el legislador opositor.

Desde la izquierda, Romina del Pla señaló que «siempre denuncié el fraude laboral del monotributo. No es culpa de los derechos laborales que crece el trabajo en negro, sino de un régimen sostenido gobierno tras gobierno, que quiere avanzar sobre los derechos laborales conquistados».

Arcioni se refirió este jueves a la decisión del Consejo Federal de Pesca (CFP) que habilitó que la pesca obtenida en aguas nacionales sea procesada en las plantas de Mar del Plata, lo cual fue cuestionado por el sector pesquero chubutense.

Ante este panorama, el Gobernador anticipó que “mañana convocaremos a una reunión con todos los sectores y los intendentes. Pueden pescar en aguas nacionales pero siempre el desembarco y procesamiento se hizo en la Provincia y vamos a hacer todo lo posible para que eso continúe”, sentenció.

En este contexto, el Gobernador evaluó que “hay una disparidad de costos”, pero apuntó que se debe a que “acá (en Chubut) nos caracterizamos por tener a todos los trabajadores en blanco y lo que es Mar del Plata no”.

En la localidad bonaerense, “son cooperativas que trabajan totalmente en negro y los de aquí que tiene todo en blanco no pueden competir, se les hace muy difícil. Y por eso se está yendo a querer procesar en Mar del Plata, no lo vamos a permitir”, disparó.

En este contexto, el mandatario anticipó que se buscará abordar la cuestión de las horas de pesca, “con eso hay que trabajar para que vengan a procesar acá”.

En cuanto a la reunión que se convocará, remarcó que “trabajamos para sentarnos con varias opciones” para abordar y plantear.

“La primera es que todos tengan las mismas reglas de juego, que los que vengan de afuera desembarquen acá cuando pesquen frente a nuestras costas, suspender el pago de la 931 y varias cuestiones que vamos a poner en la mesa para conversar con las cámaras”, sentenció.

El exembajador en Brasil Daniel Scioli llegó en la madrugada de este lunes a la Argentina para asumir en los próximos días como ministro de Desarrollo Productivo, luego de haberle agradecido al presidente de ese país, Jair Bolsonaro, por «los avances logrados en la relación bilateral».

Scioli llegó en la madrugada del lunes al país y en los próximos días, en el transcurso de esta semana, jurará en su nuevo cargo, informaron a Télam fuentes de su entorno.

«Agradezco al presidente Jair Bolsonaro por su gesto de recibirme en la Alvorada previo a mi regreso a la Argentina. Le expresé mi gratitud por haberme facilitado mi trabajo como embajador en Brasil y por los avances logrados en la relación bilateral», escribió Scioli en su cuenta de Twitter antes de dejar Brasil, en un posteo acompañado por fotos junto a Bolsonaro.

En su despedida, Scioli le regaló al mandatario «una réplica (en miniatura) de La Gran Argentina, lancha con la que fue campeón mundial» en motonáutica, según detalló en sus redes sociales.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández le ofreció a Daniel Scioli asumir en el Gabinete luego de pedirle la renuncia a Matías Kulfas y el diplomático, exvicepresidente, exgobernador bonaerense y excandidato presidencial en 2015, aceptó la propuesta, por lo que dejará sus funciones en Brasilia.

La sala II de la Cámara Federal porteña convocó a un tercer juez para resolver un planteo de sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de dinero en la que se condenó al empresario Lázaro Báez y otros acusados.

La sala II del Tribunal de Apelaciones convocó a un miembro de la sala I, Pablo Bertuzzi, ante los votos con diferente criterio de los dos jueces que resuelven en la causa, Eduardo Farah y Mariano Llorens, informaron fuentes judiciales.

Bertuzzi tendrá que desempatar entre sus dos colegas.

Es curioso que hayan designado justamente a ese magistrado, a quien la vicepresidenta acusó en más de una oportunidad de tener animosidad contra su persona y de haber sido nombrado a dedo por Mauricio Macri.

El planteo de sobreseimiento de la expresidenta está bajo análisis del Tribunal de Apelaciones tras ser rechazado por el juez de la causa, Sebastián Casanello, luego de la oposición a concederlo por parte del fiscal Guilermo Marijuan.

La expresidenta tiene falta de mérito en el caso.

La defensa presentó el planteo de sobreseimiento y advirtió que existe una «incesante campaña de persecución política» y que en la causa no hay «evidencia alguna» de una «eventual participación» de la vicepresidenta en alguna maniobra de lavado de activos.

Báez fue condenado a 12 años de prisión al término de un juicio oral por supuesto «lavado de dinero» en el que también hubo condenas para otros acusados, en un veredicto que ahora está bajo revisión en la Cámara Federal de Casación.

Casanello tiene aún abierto un tramo de la investigación en el que está imputada la expresidenta, quien fue indagada en el caso por orden de la Cámara Federal y luego se le dictó la falta de mérito.

Un árbitro polémico

Pablo Bertuzzi fue designado juez para desempeñarse en el TOCF N°1 de La Plata, luego fue trasladado al TOCF N°4 de la Capital Federal -jurisdicción diferente para la que había obtenido acuerdo del Senado- y desde allí, el 19 de septiembre de 2018, fue trasladado a la Sala I de la Cámara Federal porteña, a pesar de que existía un concurso en trámite destinado a cubrir las vacantes en esa Cámara (concurso 412)».

Las vacantes se debían cubrir en el marco del concurso que se encontraba en trámite y donde se habían presentado más de noventa aspirantes, pero el Poder Ejecutivo cubrió esa vacante sin concurso, trasladando a Bertuzzi a un Tribunal con distinta competencia en razón de la materia, del grado y con una función diversa».

La marcha atrás

En septiembre de 2020, El Gobierno nacional dejó  sin efecto, a través de tres decretos, los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura notificó a la Cámara Federal de Casación, autoridad administrativa de los jueces federales, la decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos en 2018 por un decreto del entonces presidente Mauricio Macri.

El decreto 750/2020, que deja sin efecto el 278/2018, establece que el traslado de Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal «no había completado el procedimiento» previsto en la Constitución Nacional, «ni se ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas 4/18 y 7/18».

De la misma forma, el decreto 751/2020 suspende el 902/18, que dispuso el traslado del juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

Finalmente, el decreto 752/2020 deja sin efecto los 438/10 y 835/18 que dispusieron el traslado del juez Pablo Bertuzzi del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de éste a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Entre sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que la Constitución establece «un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales» en base a «una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública».