El presidente Alberto Fernández renovó un llamado a la «unidad» de los argentinos como condición básica para lograr una «patria libre, justa y soberana» y, al recordar el legado del tres veces mandatario y fundador de Partido Justicialista, Juan Domingo Perón, sostuvo que «el poder pasa por la capacidad de convencer» que, dijo, «es una tarea más ardua pero más segura».

Alberto Fernández fue el orador central del acto organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en homenaje a Juan Domingo Perón por el 48° aniversario de la muerte del líder justicialista, ocasión en la que dio un discurso en el que reivindicó la figura del tres veces presidente, defendió el rumbo de su gobierno y exhortó a la unidad del gobernante Frente de Todos (FdT).

Flanqueado en el escenario del salón «Felipe Vallese» de la CGT, por dos de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), el Jefe de Estado inició su discurso resaltando la figura de Perón a quien definió como «un hombre inmenso» que significó «un antes y un después para la Argentina».

 

Tras trazar un recorrido sobre la trayectoria política del expresidente fallecido el 1 de julio de 1974, Alberto Fernández sostuvo que Perón fue el artífice de «la mayor revolución social» que experimentó la Argentina, a partir de la implantación de los derechos laborales, pero también por su aporte en el impulso de la educación y la salud pública.

Ante un salón colmado y que contó con la presencia de gobernadores, funcionarios nacionales y dirigentes gremiales y sociales, Fernández, presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, resaltó que Perón «impulsó la salud pública con la figura de Ramón Carrillo» y consideró que sus opositores «fueron impiadosos» con su obra de gobierno.

Asimismo, recordó que sufrió el exilio y hasta se prohibió que fuera nombrado después de su derrocamiento, a la vez que señaló que «la presión social del pueblo fue tan grande que debieron permitir su retorno a Argentina».

 

En otro tramo de su discurso, el Presidente pareció enviar un mensaje hacia el interior del FdT.

Fue cuando afirmó que Perón advirtió en su último mandato que era «indispensable crear valores para gobernar» y sostuvo que el expresidente creía que «el poder pasa por la capacidad de convencer».

«El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por convencer», sostuvo el mandatario, para agregar luego que esa es «una tarea más ardua pero más segura».

Y abundó: «Perón nunca necesito una lapicera. Lo importante no eran las herramientas que se usaban, sino para qué se usaban: para preservar los derechos en la Argentina».

Perón –manifestó el jefe de Estado– «fue un pragmático que entendió que lo más importante eran las herramientas para mantener los derechos» y consideró que en la actualidad «hay que darle vida a la economía popular», cuyos actores «no pueden quedar desamparados» en el actual contexto mundial.

Sobre la marcha de la economía, remarcó el crecimiento sostenido, un incremento del 82% en la recaudación fiscal y la creación de 1.200.000 nuevos empleos.

 

«Llegamos al gobierno para poner el equilibrio (económico y social) que se había roto. En el peor escenario tuvimos que enfrentar deudas, ordenar la economía, reconstruir el sistema de salud. Y lo estamos haciendo», dijo optimista el mandatario.

Por otra parte, afirmó que durante la pandemia de coronavirus «se vio lo que significaba la presencia del Estado» y recordó que, «a pesar de haber recibido un país endeudado», su gobierno trabajó para que «ningún argentino se quedara sin atención médica».

En esa línea, consideró que «si después de la pandemia no se entiende que debemos hacer un mundo más igualitario es que no entendimos nada», y citó a Perón al afirmar que «la única forma de realizarse es en comunidad».

 

El Presidente también reclamó poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia «porque es tiempo de reencuentros» en un mundo que sale de una pandemia, y consideró que en el actual contexto global «los argentinos tienen que estar unidos para tener una patria libre, justa y soberana».

El acto, que se hizo en el Salón Felipe Vallese de la central obrera, fue convocado por el Partido Justicialista con el lema «Perón siempre vuelve», en homenaje por el 48 aniversario del fallecimiento del expresidente.

Alberto Fernández llegó al histórico edificio de la calle Azopardo poco después de las 18, y junto a algunos integrantes del Gabinete nacional se dirigió primero al 4 piso de la central sindical (donde esté el salón donde se reúne normalmente el Consejo Directivo) para mantener una reunión con dirigentes de la CGT, de la que también participaron algunos gobernadores como el bonaerense, Axel Kicillof.

Además de Kicillof, en el acto estuvieron presentantes los mandatarios provinciales, Jorge Capitanich, (Chaco); Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Además de funcionarios nacionales, como el canciller, Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros, de Interior, Wado de Pedro; de Economía, Martín Guzmán y de Justicia, Martín Soria.

Otras figuras del Gabinete fueron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Cultura, Tristán Bauer; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Obras Públicas, Gabriel Katopidis; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y de Agricultura, Julián Domínguez, además de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

Entre los sindicalistas, estuvieron Antonio Caló (UOM), Hugo Moyano (Camioneros), Juan Carlos Smith (Dragado y Balizamiento), Gerardo Martínez (Uocra), Amadeo Genta (Municipales porteños) y Mario Calegari (UTA).

Entro los dirigentes sociales estuvieron el coordinador nacional de Barrios de Pie y Subsecretario de políticas de integración y formación en el Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, el referente del Movimiento y secretario de Economía Social, Emilio Pérsico y Luis D’Elía.

También llegaron hasta el salón Felipe Vallese, Gabriel Fuks (designado embajador ante Ecuador) y el diputado nacional Julio Pereyra y el exintendente de Berazategui, Juan José Mussi.

En una de las butacas de la sala también se ubicó Carlos Pascual, más conocido como «Tula» o como el bombista mayor del PJ, como se autodefine, quien contribuyó a la liturgia peronista del acto.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor que durante la última dictadura militar ordenó la tortura y muerte en 21 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, murió este sábado a los 93 años, condenado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y su figura será recordada en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.

No obstante, no llegó a ser condenado por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado en sendos juicios en La Plata y sin revelar el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani, a quien retiró en sus brazos tras acribillar a balazos a su madre, ni el del albañil y militante Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para que Etchecolatz recibiera, por primera vez en la historia judicial argentina, una condena por genocida.

Etchecolatz, quien falleció a las 5.30 de este sábado en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, partió sin arrepentirse de sus crímenes ni pedir perdón a sus víctimas; por el contrario, siempre justificó su accionar ante los tribunales federales que lo juzgaban y cuya competencia rechazaba.

 

Sin titubear, mirando a los jueces con sus ojos pequeños y oscuros y sus labios finos curvados en una sonrisa sarcástica que parecía una mueca, aseguraba: «Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados».

Etchecolatz nació el 1 de mayo de 1929, en Nieves, una estación ferroviaria del partido bonaerense de Azul.

Tras un paso por la escuela pública y de estar pupilo en un colegio religioso de Olavarría, ingresó a la Escuela de Policía Juan Vucetich y poco después comenzó la carrera policial que lo acercaría al jefe de la Policía Ramón Camps, llegando a ser Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Estaba casado y tenía tres hijos; una de ellas, Mariana, quien pidió y obtuvo el cambio de apellido en un acto de repudio a lo que hizo su progenitor tanto en su rol policial como por la violencia que ejercía al interior de su familia, donde su sola presencia sembraba el terror; y ya como Mariana Dopazo no dudó en calificar a su padre como «la encarnación del mal en todos los ámbitos».

 

Etchecolatz tuvo a su cargo 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, donde ordenó la tortura y muerte de miles de hombres y mujeres alojados allí, como lo determinaron las nueve condenas a cadena perpetua que recibió; la última en mayo de este año.

Fue el responsable de la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, en el hecho que se conoció como La Noche de los Lápices, y fue quien conocía qué pasó con Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida tras asesinar a su madre Diana Teruggi en un operativo de fuerzas conjuntas en la casa de la niña, en la ciudad de La Plata, el 24 de noviembre de 1976.

Por varios testimonios se pudo saber que, tras la intensa balacera contra la casa -que incluyó un obús que destruyó parte del frente-, un policía retiró a la beba de la vivienda y la entregó a Etchecolatz, que aguardaba en un vehículo y se la llevó, sin decir nunca a quien la entregó.

En 1986, Etchecolatz fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida.

En el 2001 se lo detuvo por el robo de una beba hija de desaparecidos, Carmen Sanz, nacida en el Pozo de Banfield, y fue condenado a 7 años de prisión y por su estado de salud, se le aplicó el beneficio del arresto domiciliario que le fue revocado en junio de 2006, al constatarse que poseía un arma de fuego en su domicilio.

En el 2004, en el marco del juicio que se siguió al médico de la policía Jorge Bergés, Etchecolatz fue condenado a 7 años de prisión, sentencia que fue recurrida, reduciéndose a 3 años.

En el 2006 comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde se oyó uno de los testimonios más conmovedores y precisos sobre el accionar de Etchecolatz en los centros clandestinos a su cargo: fue el que brindó el albañil Jorge Julio López.

 

El albañil, que desapareció en el marco de ese juicio el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para ir a escuchar los alegatos del juicio, no dudó en afirmar al declarar que Etchecolatz «era un asesino serial, no tenía compasión».

El 19 de septiembre de 2006 fue condenado a reclusión perpetua por «delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio», imputación que se aplicó por primera vez en el país.

En el 2011 fue condenado por el accionar represivo y el genocidio aplicado en lo que se denominó Circuito Camps.

En el 2013, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó estas tres condenas por delitos de lesa humanidad que recibió Miguel Etchecolatz en una única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua.

Mientras se leía la sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de dos décadas de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.

 

En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición en junio de 1977 de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez, aunque le fijó una pena única de prisión perpetua debido a las sentencias anteriores que ya existen en su contra.

A pesar de tener tantas condenas por genocida, Ertchecolatz seguía siendo policía de la provincia de Buenos Aires y recién en agosto de 2017 fue exonerado de la fuerza policial provincial. Cuando le fue notificada su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió «prisionero de guerra».

En octubre de 2018 fue condenado a perpetua por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.

En el 2020 sumó otra condena a perpetua por los secuestros, torturas y muertes a detenidos alojados en la Brigada San Justo y finalmente, en mayo de este año se lo condenó a perpetua por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices.

 

Etchecolatz se va impune de los delitos cometidos contra 500 víctimas en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús y también quedará impune su participación en los crímenes de cinco personas, entre ellas una mujer Vicenta Orrego Meza, a quien le arrebataron sus tres hijos, que fueron entregados al Hogar Belén en Banfield, donde sufrieron maltratos y abusos sexuales por los que aún sufren secuelas psicológicas.

Murió un hombre que fue símbolo de la dictadura, de la saña y el terror sembrados en aquellos años y del silencio que mantuvo hasta el final en una perversa actualización de la tortura que supo aplicar a miles de víctimas y que seguía infligiendo a los familiares de éstas al negarles saber dónde están enterrados o con quien están viviendo los bebes apropiados.

Rubén López, uno de los hijos del albañil y militante peronista Jorge Julio López, expresó con exactitud a Télam la sensación que deja esta muerte, donde no está presente el alivio.

«Siento una sensación rara, como un dolor de estómago cuando estás nervioso por algo. Estoy nervioso y no es por tristeza y tampoco es por alegría. Lamento que se haya muerto impune, sin decir dónde está Clara Anahi y qué pasó con mi viejo. Es un día extraño, raro», afirmó.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, junto al presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco, firmaron este viernes un convenio marco de cooperación para posicionar a las cooperativas en el exterior e impulsar sus exportaciones.

La Cancillería precisó mediante un comunicado que «la suscripción del Convenio Marco busca contribuir a la internacionalización del sector cooperativo, difundiendo su relevancia como actor económico y social del país y promoviendo el posicionamiento de las cooperativas argentinas, sus productos y servicios exportables en el exterior».

A la vez, el acuerdo propicia la atracción de inversiones extranjeras hacia el sector cooperativo.

Los anuncios se realizaron en la víspera del Día Internacional de las Cooperativas, que se conmemorará este sábado con el eslogan «Las cooperativas construyen un mundo mejor».

Durante la ceremonia celebrada en el Palacio San Martín, Todesca Bocco reafirmó el compromiso de la Cancillería en colaborar para potenciar los negocios internacionales de las cooperativas.

Para tal fin, la funcionaria «se refirió a acciones de promoción comercial concretas a desarrollar en el segundo semestre de este año, en el marco del convenio firmado, y a incluir en el Plan de Promoción de Exportaciones 2023 acciones específicas para el sector de las cooperativas».

Ariel Guarco destacó el papel de las cooperativas en la “diplomacia civil”, a través de los contactos desarrollados por más de 100 años con sus pares de otros países. Al respecto, destacó que Cooperar y sus miembros pueden ser facilitadores de ventas a cooperativas de otros países.

La Confederación Cooperativa de la República Argentina, que cumple este año siete décadas de vida institucional, está integrada por 76 federaciones, asociaciones, cámaras y cooperativas de prácticamente todos los rubros y todas las regiones del país.

En Argentina, el sector cooperativo está compuesto por más de 8600 empresas de todas las ramas de la producción y genera cerca de 200 mil puestos de trabajo en forma directa.

Alberto Fernández visitará hoy la provincia de La Rioja, donde recorrerá el parque eólico Arauco y participará de la inauguración de una nueva fábrica y de la ampliación de la planta actual de la empresa textil de capitales nacionales Enod S.A.

La agenda de actividades comenzará a las 11 y acompañarán al mandatario el gobernador, Ricardo Quintela, y el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, se informó oficialmente.

En tanto, a partir de las 9, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindará su habitual conferencia de prensa de los días jueves a agenda abierta en la Casa Rosada

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibirá a las 11.30 al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en Casa Rosada.

Una hora más tarde, el ministro coordinador mantendrá un encuentro con representantes del Seminario Rabínico Latinoamericano, también en Casa de Gobierno.

Por la tarde, a las 18, Manzur encabezará, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el acto de firma de un convenio para la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica en esa provincia.

Por amplia mayoría, la cámara provincial estableció un nuevo plazo de seis meses y dejó suspendidas las renuncias de diez cirujanos del Hospital Zonal Trelew y todos los centros asistenciales que dependen del nosocomio. El diputado oficialista, Juan País, dijo respecto de los médicos que “se comportan violando el juramento hipocrático y extorsionando a los funcionarios públicos”. En tanto, el radical Manuel Pagliaroni rechazó que “nos vamos a abstener a la aprobación del proyecto porque aprobarlo sería también respaldar de alguna manera esta improvisación del Ministerio de Salud”.

“La Ley 55/22 establece en el artículo 2º que mientras dure el nuevo plazo de la emergencia “se continuará con el espacio de diálogo abierto, tanto con los citados profesionales como con la asociación que los nuclea que permita arriba a una solución inmediata en el Hospital Zonal de Trelew”.

El artículo 3º indica que “durante el período de emergencia declarada, las renuncias de los profesionales médicos cirujanos que cumplen funciones de la especialidad en el Hospital Zonal Trelew, y en todos los centros asistenciales de él dependientes, quedarán suspendidas hasta tanto otro profesional acepte desempeñar las mismas funciones, o sea aceptada su renuncia”.

En el mismo sentido el artículo 4º remarca que “mientras dure la emergencia declarada ningún médico cirujano con desempeño en el Hospital Zonal de Trelew y todos los centros asistenciales de él dependientes podrá negarse a cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales hasta tanto sea reemplazado por otro, bajo apercibimiento de la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la legislación vigente, y de proceder a promover las acciones civiles y penal que por ley correspondan”.

“Tenemos en nuestras manos, al menos parcialmente, la posibilidad de solucionar un problema urgente que aqueja a los vecinos de Trelew y de otras ciudades que deben atenderse y ser intervenidos en el Hospital”, fundamentó el diputado oficialista Juan Pais.

“No podemos mirar hacia el costado, debemos expresar si estamos a favor o no de que algunos profesionales se comporten violando el juramento hipocrático, extorsionando a los funcionarios públicos en su manera de reclamar”, recriminó.

“Seguramente no todos, pero ha trascendido informalmente que en la auditoría realizada surgen datos relevantes, por ejemplo cirujanos que han recibido determinados beneficios o para que no se investiguen anormalidades”, expuso.

“Hay que poner los puntos sobre las sienes y tampoco englobar los médicos cirujanos a todos en la misma bolsa, pero lamentablemente unos tapan a otros cuando todo el conjunto presenta la renuncia, desamparando a cualquier persona que se accidenta y es derivada al Hospital”, acusó Pais.

“Actuemos requiriéndole al ministro que ejerza todas sus facultades para terminar con este tipo de comportamiento en la salud pública”, sentenció.

Por su parte, el radical de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni admitió que “por supuesto que es atendible la situación del Hospital Zonal de Trelew, además de carácter de regional donde se atiende mucha gente y sobre todo vecinos que si no tienen obra social deben recurrir a la salud pública, sobre todo tratándose de cirugías que tienen un alto costo”.

Sin embargo aclaró que “este pedido que realiza el Ejecutivo es razonable pensando en los pacientes, en los principales damnificados cuando no se programan cirugías o se programan y finalmente no se concretan, que es lo que está sucediendo en el Hospital de Trelew”.

“Hemos recibido quejas de varios vecinos y lo hablamos con el propio ministro de la suspensión de cirugías de un día para el otro de pacientes con turnos ya asignados. Y no se dice que es por un conflicto entre los profesionales y el sistema de Salud, se exponen varias excusas, pero se sabe que hay un conflicto”, analizó.

“Esto mismo que estamos tratando hoy se trató hace unos meses e incluso hicimos venir al ministro de Salud (Fabián Puratich) para que explicara los alcances de la emergencia que estaba solicitando para el sector”, recordó.

“Esa vez nos explicó que estaba prevista una auditoria que iba a durar alrededor de una semana, eso hace meses, y que iba permitir ordenar el servicio y no se iban a seguir produciendo estos problemas”, endilgó.

“Sin embargo finalizó el período de la emergencia y la situación es la misma que el día cero, o peor. Porque vuelven a recurrir a esta emergencia por la falta de solución a los problemas”, reprobó Pagliaroni.

“Esto también da cuenta de una improvisación absoluta, el proyecto ingresó ayer por mesa de entradas, no hubo tiempo para volver a convocar al ministro que para que explicara porque el problema no se solucionó como él lo había comprometido”, criticó.

“Incluso le dijimos si no necesitaba un plazo mayor y nos dijo que en pocos días le iba a dar una solución a un problema”, reprendió.

“Nunca aparece un responsable, parece que nadie tuviera la responsabilidad política”, remarcó además sobre de las denuncias sobre las horas guardias.

“Nos vamos a abstener a su aprobación porque aprobarlo sería también respaldar de alguna manera esta improvisación del Ministerio de Salud”, afirmó Pagliaroni.