En concreto, se espera que la facultad dé el visto bueno a la operación, más que nada porque solo fue consultada por los efectos en la valorización en pesos de las carteras de los organismos
Después de la polémica que generó la decisión del Gobierno de obligar a los organismos públicos a desprenderse de sus bonos en dólares y canjearlos por duales, finalmente hoy se conoció el dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, casa de estudios a la que el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió su opinión.
En concreto, la facultad le dio el visto bueno a la operación, más que nada porque solo se centró en las preguntas por los efectos en la valorización en pesos de las carteras de los organismos y no en algunas de las críticas que hicieron economistas y parte de la oposición, como que implicaba endeudarse en dólares al 45%.
Según el escrito, si bien la gran mayoría de los títulos del decreto bajo análisis forman parte de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), el fondo mencionado constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de los haberes jubilatorios. “La operatoria bajo análisis no se corresponde con ningún impacto directo en el haber a percibir por los beneficiarios enmarcados en el SIPA”, afirmaron.
Por otro lado, dijeron que el FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
“En consecuencia, la operatoria de canje en proceso de análisis implicaría, con independencia de la valuación resultante, de efecto neutro para el sector público consolidado, dentro del cual la ANSES se encuentra incluida”, sostuvieron.
Sin perjuicio de ello, la facultad dijo que debe considerarse el efecto relacionado con el aumento de la deuda pública nominada en moneda extranjera en manos del sector privado, que resultaría como parte de la operación bajo análisis de la eventual venta de títulos públicos en el mercado a precios muy por debajo de la par, y cuya contrapartida es la convalidación de elevados retornos en moneda extranjera.
En particular, sobre la pregunta por la operación de venta de los bonares y posterior suscripción del bono dual 2036 aseguraron que implicaría una revalorización patrimonial del 45,99%.
En segundo lugar, plantearon que el canje de los bonos globales implicaría una ganancia contable promedio del 104,4%, aunque si se toman precios de mercado potenciales de los títulos a canjear el resultado sería de +23,4%.
Para terminar, hicieron hincapié en que, más allá de las preguntas formuladas por el ministro de Economía, atendiendo a los principios de objetividad, rigurosidad e independencia de la FCE-UBA, sería necesario un análisis macroeconómico integral que excede el informe técnico para evaluar las consecuencias agregadas de la operación de canje.
“La valorización favorable de la cartera en términos de valor técnico se logra a costa de una extensión de la vida media de la cartera de los organismos involucrados, por lo que subas de la tasa de interés local o internacional podrían afectar negativamente su rendimiento. Adicionalmente, la operatoria de desprendimiento de los títulos incluidos convalida reducidas paridades en el mercado actual. Queda fuera del presente informe evaluar si la premura por realizar la operatoria, hubiese tenido similares márgenes de ganancia contable en escenarios financieros más estables”, señalaron.
Recibida la consulta, la facultad había sacado un comunicado diciendo que iba a responder a las consultas de forma “si bien no le corresponde, en términos institucionales, expedirse sobre la conveniencia o no de las decisiones de política económica adoptadas por las autoridades”.
“La FCE-UBA deja en claro que las consultas efectuadas no abarcan al conjunto de operaciones ni a la totalidad de impactos potenciales de la propia valuación peticionada, cuyos alcances han sido discutidos en diversos medios a partir del anuncio de la medida. El informe que emitirá la FCE-UBA, en consecuencia, no supondrá opinión sobre aquellas operaciones y sus potenciales consecuencias, para las que, como se mencionó, no ha sido consultada”, agregó.
Los profesores encargados de dar respuesta fueron Daniel Miliá y Julian Leone. La universidad había negado ayer que los profesores a cargo del dictamen hayan cambiado y sobre los mencionados en comentarios periodísticos aclaró que Andrés Lopez, consejero directivo, trabaja en temas totalmente distintos al eje de este informe; Sebastián Katz se ve impedido de emitir opinión desde la UBA por su cargo en el Banco Central como gerente de Investigaciones Económicas, y Javier Curcio no tiene expertise en la valuación de activos financieros.
En tanto, desde la facultad también precisaron los pasos que siguieron para designar a las autoridades que realizaron el dictamen. Dijeron, sobre eso, que una vez recibido el pedido de estudio, se trasladó primero al sector de asistencia técnica que realiza este tipo de trabajos, tanto para el sector público como para el sector privado. Después, se consultó a quienes tienen injerencia en el tema e incumbencia en la materia y ellos propusieron al consejo directivo -que es el órgano de gobierno de la facultad- los nombres de quienes creían que deberían realizar el estudio, para que se vote.
“El profesor titular regular de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Andrés Lopez, como consejero directivo, fue quien propuso a Julián Leone y Daniel Miliá como coordinadores de la respuesta al ministerio. La propuesta fue votada por unanimidad del consejo directivo”, precisaron desde la casa de estudios.
Doctor en Economía de la UBA, Leone es especialista en mercado de capitales, trabaja como subsecretario de Investigación en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y, además de hacer trabajos de consultoría, es profesor adjunto regular en Economía I. Integra la cátedra de Matías Tombolini, el actual secretario de Comercio.
Por su parte, Miliá es magíster en Gestión Económica y Financiera de Riesgos de la UBA con orientación en ingeniería financiera, y también especialista en mercado de capitales. Trabaja como asesor financiero, y asimismo es docente de grado y posgrado en esa universidad pública.
FUENTE LA NACION
