El diputado provincial Carlos Gómez, integrante del bloque de Chubut al Frente, afirmó que el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta “garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, norma que desde hace 17 años establece restricciones a la actividad y la delimitación de una región para su desarrollo.

Gómez hizo comparaciones entre la actividad hidrocarburífera y la minera, dijo que la Ley Provincial de Hidrocarburos “es espejo” del proyecto de zonificación y, además, cuestionó el “doble discurso” vinculado a la industria petrolera como “columna vertebral de la economía” del Chubut y el rechazo a la minería por parte de intendentes y otros sectores de la comunidad. En este sentido, apuntó de manera directa al ex intendente de Comodoro, Carlos Linares.

“Ley Provincial de Hidrocarburos es el espejo del proyecto de zonificación”, ya que prevé “la obligación de cualquier inversor de contratar mano de obra local en un 70 u 80%, lo mismo en contratación de empresas y proveedores. Está establecido por la Ley de Hidrocarburos que se cumple a rajatabla y lo mismo ocurre en Santa Cruz”, dijo Gómez en declaraciones a FM Del Lago, de Esquel.

En este contexto mencionó que los gremios petroleros controlan el cumplimiento del cupo laboral, así como de la garantía de inversión y de estabilidad laboral previstas en los acuerdos y en las normas provinciales y nacionales.

Regalías y doble mensaje

“Cada intendente de Chubut está al tanto de lo que produce la industria hidrocarburífera porque todos los meses consulta las regalías que le llegan”, afirmó Gómez, y sostuvo que eso genera “a veces un doble mensaje porque somos ambientalistas en algunos aspectos, pero cuando se trata de regalías petroleras no le hacemos asco a la distribución”.

“Sabemos que (la petrolera) es una actividad que tiene sus problemas ambientales pero que tiene un estricto control de Provincia, de los municipios, de los gremios y de Nación. Y es la columna vertebral del presupuesto provincial”, indicó el legislador.

En cuanto al panorama para este 2021, dijo que al igual que el año que pasó “va a ser muy difícil”, debido a “la situación de quebranto que vive la provincia, toda la economía regional y cada municipio”, aunque celebró la reestructuración de la deuda nacional y provincial, en este último caso luego de la aprobación por parte de la Legislatura.

En este marco, en cuanto a las posibilidades de que este año, que es electoral, se trate el proyecto de zonificación minera, afirmó: “Sea en una extraordinaria o en marzo, se tiene que llevar adelante el debate”.

“En la última movilización que realizaron los trabajadores petroleros, Camioneros, la UOCRA, bancarios, Comercio en diciembre, se le ha solicitado al gobernador abrir el debate sobre el proyecto porque es uno de los pocos que garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, dijo Gómez.

Afirmó que la zonificación “genera un desarrollo sustentable y, por otro lado, la posibilidad de llevar adelante una motorización del empleo en la zona de incidencia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, todo el Valle como sector multiplicador de la actividad”.

Apoyo sindical

“El debate se tiene que dar. El apoyo lo están movilizando los grandes sindicatos”, enfatizó. “Cada uno de los secretarios generales ha sido claro, en un contexto con un aumento de la pobreza en un 40%, cuando hay más de 80.000 familias en la provincia que han estado cobrando el IFE”, especificó.

Agregó Gómez que “en 2020, 36.000 familias de Chubut cobraron la Asignación Universal por Hijo, hubo 54.000 jubilados y pensionados de la actividad privada con un promedio de ingresos de entre 26.000 y 40.000 pesos; tuvimos casi 3.000 empresas gestionando el ATP, casi 27.000 trabajadores cobrando el ATP mientras las empresas no podían pagar sueldos”.

En este marco, afirmó, “no te podés dar el lujo de embarrar la cancha para que un proyecto con posibilidad de multiplicación de empleo, de recuperación de empresas contratistas regionales, empresas en general, quede un año más guardado en los cajones de la Legislatura”.

Por ello, enfatizó: “Seguramente la movilización (sindical) va a ser permanente hasta que se debata la ley. Se tiene que dar en la Legislatura y en los municipios, y no hay que tener doble discurso”.

En este sentido puso como ejemplo: “Nosotros tuvimos a Carlos Linares como defensor de la minería cuando fue intendente (de Comodoro) e incluso llegó a decir: ‘Si no te gusta la minería no cobres regalías’. Hoy ha cambiado un poco el discurso Carlitos (sic), pero la idea es dar el debate y leer bien el proyecto, donde el área de zonificación está solamente en dos de los Departamentos de la provincia”.

Ser serios

“Ya han pasado 17 años en los que se tendría que haber cumplido con la obligación de la Ley 5.001. Y este proyecto se encuadra en la política minera del presidente Alberto Fernández. Entonces hay que ser serios en el momento del debate, sin fundamentalismos”, continuó.

Enumeró que “el proyecto preserva la 5.001, ríos, cauces de ríos, impone un distanciamiento de 5 kilómetros a cada costado de los ríos donde no se puede habilitar ningún tipo de actividad minera; preserva acuíferos, establece estrictos controles de ambiente con participación ciudadana”.

“En los últimos 17 años en los que hubo gobiernos peronistas se ha dejado a la Meseta que padezca y naturalice su pobreza”, dijo. “Ya lo planteamos en 2014. A la hora del debate, por lo menos los petroleros tratamos de ser coherentes y no andamos con dobles discursos”, planteó.

“El desarrollo minero tiene que ser sustentable porque 60.000 familias dependen de la recaudación de la Provincia, sin sumar a los empleados municipales”, dijo.

Y se preguntó: “¿De dónde recaudan el Estado Provincial y los municipios? De la actividad privada. Hoy las empresas privadas están quebradas. ¿De qué nos vamos a disfrazar?”.

Por eso, “tenemos que ser serios en el momento debate. Y leer bien el proyecto. Porque está garantizado el empleo local, el compre local, las inversiones para la infraestructura de servicios. Y el inversor va a tener que perforar sus propios pozos para poder capturar agua, igual que en la actividad petrolera”, finalizó. 

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó habilitar la feria judicial de enero para dar curso a las apelaciones del fiscal Carlos Stornelli y del detenido abogado Marcelo D’Alessio a los procesamientos en su contra en la causa por extorsión y espionaje ilegal que se investiga en Dolores.

La decisión fue de la camarista de feria del máximo tribunal penal federal del país, Liliana Catucci, quien resolvió que todo se tramite desde febrero, en la sala de Casación que ya lleva el caso, informaron fuentes judiciales.

«Por no darse en el presente los supuestos» previstos para habilitar la feria judicial de enero, «remítase a Secretaría General, para ser enviada a la sala de origen una vez transcurrida la feria judicial», decidió Catucci.

Se trata de las apelaciones concedidas por la Cámara Federal de Mar del Plata el 5 de enero último a las querellas del caso, entre ellas la Unidad de Información Financiera y también a algunos de los procesados, como el fiscal federal Carlos Stornelli.

La investigación está a cargo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

La Cámara de Mar del Plata habilitó las apelaciones ante Casación pero recién desde febrero este tribunal comenzará a analizar si admite o rechaza los recursos.

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedará promulgada este jueves en un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, con el que el Gobierno buscará resaltar el peso histórico de una norma que amplía los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Fuentes oficiales confirmaron que la ceremonia, prevista para las 18.30 en el Museo del Bicentenario, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional.

Impulsada por el Presidente -incluso desde antes de asumir el Gobierno-, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por el Senado el 30 de diciembre pasado, con el voto favorable de 39 legisladores y el rechazo de otros 29.

Ese día, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en disponer de una legislación de este tipo y se sumó a una lista de 66 naciones que permiten el aborto, mayoritariamente ubicadas en el hemisferio norte.

En el acto, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por el Senado el 30 de diciembre pasado.

Hasta ese día Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de riesgo para la vida de la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el Plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El objetivo es afianzar el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las «niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

El 30 de diciembre pasado la legalización del aborto fue recibida con júbilo y festejos en las calles, especialmente de los colectivos de mujeres de todo el país, tras décadas de buscar sin éxito el debate y luego de una larga vigilia de madrugada alrededor del Congreso Nacional y en plazas de las provincias, con los característicos pañuelos verdes.

La ley entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

La IVE tiene como eje central la consagración del «derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo» en los servicios del sistema de salud «en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento».

Establece que el aborto «se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional», que fuera de ese plazo «sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante».

La norma avala también el derecho a ejercer la «objeción de conciencia» del profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo.

«Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación», dispone la norma.

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, destacó este jueves que en el Gobierno mantienen encuentros con empresarios e inversionistas en todo el país para «escuchar, planificar y después trabajar para hacer una Argentina federal, justa y libre».

De Pedro, junto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, mantuvieron un encuentro con empresarios, funcionarios e inversores de esa provincia.

Allí firmaron diferentes convenios de obras, como la construcción de un hospital en la localidad de Villaguay, y otros acuerdos institucionales con una inversión de más de 140 millones de pesos por parte de Nación.

El encuentro fue fomentado por el Gobierno nacional porque «el federalismo dejó de ser normas vinculadas solamente a un sistema de administración federal, y tiene que ver con que cada argentino y argentina pueda desarrollarse y vivir en el lugar donde nació».

Para ello se creó «el plan de desarrollo federal, escuchando a gobernadores, intendentes, empresarios y trabajadores, porque la única forma de generar una Argentina multipolar es generando empleo genuino e igualdad de oportunidades en cada región del país», afirmó.

«La única forma de generar una Argentina multipolar es generando empleo genuino e igualdad de oportunidades en cada región del país»

El ministro nacional consideró que «hace falta comercio, producción y evitar la concentración», por lo que buscan generar «igualdad de oportunidades con infraestructura y normas».

En ese sentido, remarcó que «cada vez más» los argentinos «se van concentrando alrededor del puerto de Buenos Aires», lo que hacen al país «uno de los más extensos del mundo pero con mayores índices de concentración».

De Pedro detalló que en el AMBA vive «el 40% de la población, de manera digna y en muchos lugares de manera indigna»; y comparó con el Distrito Federal de México, que «concentra el 20%, o San Pablo (Brasil), con el 22%».

Ante funcionarios y empresarios entrerrianos, aseguró que el Gobierno nacional «aportará para que este sector pujante tenga competitividad, y pueda generar más empleo».

Finalmente, mencionó que las economías regionales desarrollarán «empleo genuino en todo el país, y de esa forma vamos a empezar a cumplir el sueño de que cada argentino pueda vivir y desarrollarse en el lugar donde nacieron».

El expresidente Mauricio Macri pidió hoy al Gobierno que se abran las escuelas en el inicio del ciclo lectivo 2021, a través de un texto que difundió por Facebook esta mañana.

En la publicación, Macri sostuvo que «un nuevo año comenzó y las definiciones sobre la apertura de las escuelas aún siguen sin resolverse».

«Las autoridades del gobierno nacional insisten en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica, incluso cuando desde noviembre pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales de contagio», afirmó el exmandatario.

Macri formuló este pedido días después de que el Gobierno nacional, a través del ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificara que el ciclo lectivo 2021 volverá a la presencialidad.

«La presencialidad debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo en 2021», dijo Trotta, y afirmó que «toda la Argentina, con los cuidados necesarios y los protocolos adecuados, está preparada para el comienzo de clases presenciales».

En su posteo, el líder de Pro aseguró que «somos plenamente conscientes de que todo está permitido, excepto el ingreso de nuestros chicos a las aulas, y eso responde a un orden de prioridades que debe ser revertido en la inmediatez si deseamos realmente construir un futuro próspero y con oportunidades para los jóvenes».

«Vamos a perder el potencial de una generación de jóvenes si las aulas siguen vacías», afirmó Macri, y argumentó que «la Ciudad de Buenos Aires demostró que es posible abrir las escuelas, respetando los protocolos y las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud».

En este sentido, indicó que «ese camino es el que esperamos que tome la Provincia de Buenos Aires, que tiene la enorme responsabilidad de educar a 5 millones de chicos -prácticamente la mitad del país-«.

«No dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases por `luchas´ que ahora parecieron abandonar», opinó el expresidente.

El oficialismo de la Cámara de Diputados inició una serie de reuniones informales con representantes de los bloques de la oposición para buscar consenso para la primera sesión del año, que se realizaría el próximo miércoles 20 e incluiría los proyectos sobre sostenibilidad de la deuda externa, incentivos a la construcción y una prórroga a la ley de biocombustibles.

Según confiaron a Télam fuentes de la bancada del Frente de Todos ya existe un principio de acuerdo para renovar el protocolo de trabajo que funcionó hasta fin de año, y que contempla las sesiones presenciales con excepciones, siempre con el sistema de registro por VPN (virtual private network).

Hasta ahora dieron su conformidad para avanzar la mayoría de los bloques opositores de la Cámara, salvo Juntos por el Cambio que lo haría en los próximos días.

Desde la principal bancada opositora se mostraron predispuestos a sesionar, aunque aclararon que varios de sus integrantes se encuentran de vacaciones fuera de sus ciudades de residencia.

Para que los temas lleguen con el trámite parlamentario reglamentario a la sesión del 20 (o a más tardar del jueves 21), se trabajaría en comisión entre el lunes y el martes próximos en el despacho de los dictámenes.

Además de los tres temas mencionados, se incluiría en el temario un proyecto que prevé un resarcimiento económico para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan; otro que fija una meta presupuestaria para el área de Ciencia y Tecnología y un sexto referido a dominio de tierras.

La de la semana próxima sería la primera sesión del período extraordinario, que formalmente tuvo inicio el pasado lunes 4 y se extenderá hasta el 28 de febrero.

El Ministerio de Economía comenzó ayer a repasar los principios de sostenibilidad de la deuda que siguió en su reestructuración y coordinó acciones con las provincias, en el proceso de renegociación que llevan adelante.

El responsable de la Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública de las provincias, Rafael Brigo y los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Mariano Sardi, se reunieron con los ministros de Economía de Buenos Aires, Pablo López; Entre Ríos, Hugo Ballay; Chaco, Maia Woelflin; Jujuy, Carlos Alberto Sadir; La Rioja, Jorge Quintero; Salta, Roberto Dib Ashur; y Tierra del Fuego, Guillermo Fernández. Por Córdoba participó el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano.

En un comunicado, se consignó que «la reunión se centró en el estado de los procesos de reestructuración llevados adelante por esas provincias».

Las autoridades provinciales brindaron un panorama general sobre el estado de cada una de sus negociaciones y celebraron la realización del encuentro para tener una visión global de los procesos de reestructuración provinciales que se están desarrollando.

Asimismo, según la información oficial se evaluó «la situación particular de cada jurisdicción, contemplando el impacto en la disponibilidad agregada de reservas internacionales y se enfatizó en la necesidad de respetar los principios de sostenibilidad de la deuda trazados por el Gobierno Nacional que constituyeron la base de la reestructuración de la deuda soberana en 2020».

Este miércoles al mediodía, el gobernador Mariano Arcioni junto al ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, recibió en Casa de Gobierno, al secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), Guillermo Quiroga, y parte de la dirigencia gremial. 

Participaron además los secretarios de las Seccionales de Puerto Madryn, Roberto Cabeda; de Sarmiento, Alejandra Wright y de Comodoro Rivadavia, Verónica Rosales.

El encuentro se dio en el marco del compromiso asumido por el Gobernador y su gabinete de continuar con el diálogo permanente, en pos de seguir mejorando las condiciones laborales de los empleados estatales.