El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igon, junto al coordinador de Municipios de la Región Patagonia Sur del Ministerio del Interior de la Nación, Emanuel Coliñir, se reunieron este jueves con el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, para profundizar en la problemática energética que sufren municipios de Chubut y proyectar la intervención de Nación. Del encuentro surgió el compromiso de que MArtínez visite CHubut próximamente, en fecha a confirmar.

De la reunión también participaron el ministro de Infraestructura de la Provincia, Gustavo Aguilera, el subsecretario de Energía de ese organismo, Eugenio Kramer; el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) de Chubut, Gustavo Monesterolo, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, de Alto Río Senguer, Miguel Angel Gutiérrez, de El Hoyo, Pol Huisman, de Lago Puelo, Augusto Sánchez, de Epuyén, Antonio Reato, de El Maitén, Oscar Currilén, de Trevelin, Cano Ingram y representantes de los Municipios y Concejos Deliberantes de Cholila y Río Mayo.

En varios pueblos de Chubut continúa el gran problema de las interrupciones en el suministro de la energía eléctrica que acarrea, además, otros inconvenientes como el corte de agua o la pérdida de las comunicaciones.

“Tenemos que lograr que estas localidades cuenten con los servicios públicos necesarios para no sufrir las consecuencias, sobre todo en invierno, justamente porque se trata de zonas donde es muy crudo. Al trabajo que venimos haciendo desde Nación esperamos profundizarlo este año y traer soluciones concretas para las vecinas y vecinos de estos lugares”,señaló Igon quien además forma parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Coliñir dijo“la demanda de los municipios que estuvieron presentes en la reunión viene de los últimos años. Nunca fueron escuchados. Es nuestra responsabilidad hacerlo y fue lo que pasó hoy. Con el Ministro de Energía venimos trabajando el tema pero siempre es mejor escucharlo de los protagonistas directos; por eso también la próxima visita de él a la zona. Luego de eso, se profundizarán las líneas de acción que sean consideradas las más acertadas”.

Por parte de los intendentes, cada uno expuso sus situaciones específicas y, como remarcó la intendenta de Camarones, Claudia Loyola es primordial contar con este servicio porque de eso depende el desarrollo productivo y económico de los municipios y comunas.

El intendente Currilén resaltó la gestión de Igon:»a través de él podemos acceder a gestiones que habían sido postergadas durante años».

Luego de escuchar cada una de las exposiciones, Martínez resaltó el trabajo de Coliñir coordinando con los municipios y en gestión para llevar soluciones a cada uno de ellos y de Santiago Igon en el Congreso logrando para Chubut una ampliación del presupuesto 2021 para obras en esa materia.

«Debemos llevar soluciones a municipios grandes y chicos, sobre todo a estos últimos que han sido tan relegados. Cuando hablamos de energía hablamos de obras importantes; que esperamos ir haciendo»,puntualizó Martínez.

FUENTE: DIARIO JORNADA.

En medio del escándalo por la vacunación irregular contra el coronavirus, conocido como el “Vacunagate”, la oposición lanzó una fuerte ofensiva en las redes sociales para exigir la renuncia de todos quienes se vacunaron por fuera de los protocolos dispuestos por el gobierno nacional.

La lista incluye, entre otros, a funcionarios del ministerio de Salud, de Economía (incluyendo al titular de esa cartera, Martín Guzmán), el procurador del Tesoro, Carlos Zannini y los legisladores oficialistas Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros.

La iniciativa de movilizar el próximo sábado 27 de febrero a Plaza de Mayo fue convocada por tres grupos, denominados “Campo más Ciudad”, “Gorilas” y “Banquemos”, quienes lograron viralizar la convocatoria.

En un comunicado conjunto, estos grupos autodenominados “independientes”, sostuvieron: “Nos movilizamos para exigir la renuncia de todos los vacunados VIP”, explicando que “es la decisión de un pueblo cuya tolerancia se acabó.

Los organizadores instalaron algunos hashtags para convocar a la minfiestación, como #27F y #YoVoy, además de incluir en los afiches la frase “Terminemos con la payasada”, utilizada por el presidente Alberto Fernández al pedirle al fiscal Taiano que no investigue el escándalo de vacunados VIP.

La convocatoria recibió las inmediatas adhesiones de legisladores de Juntos por el Cambio, como Waldo Wolff y Fernando Iglesias, quienes confirmaron su asistencia a la marcha y llamaron a acompar el reclamo opositor.

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, destacó que, con la aprobación por parte del Senado del Consenso Fiscal acordado con los gobernadores, las provincias van a «recuperar los fondos necesarios para fortalecer su autonomía y reactivar la economía».

«El Senado aprobó el Consenso Fiscal que firmamos con los gobernadores y gobernadoras en diciembre pasado. Con este acuerdo, las provincias recuperan fondos necesarios para fortalecer su autonomía y reactivar la economía, y sentamos las bases para la #ReconstrucciónArgentina», publicó De Pedro en su cuenta de Twitter.

Asimismo agregó: «El Congreso confirma con fuerza de ley lo que explicamos en numerosas oportunidades: los recursos que acompañan toda transferencia de servicios NO se distribuyen por el régimen de coparticipación federal. Es el caso de los fondos que recibe el @gcba por el traspaso de la policía».

El miércoles el Senado aprobó iniciativas giradas por el Poder Ejecutivo que buscan impulsar la reactivación económica y que incluyen el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias y una serie de incentivos tributarios para el sector de la construcción.

En ambas votaciones, los senadores del Frente de Todos apoyaron las propuestas, mientras que los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio se pronunciaron en forma dividida.

En primer término, los senadores respaldaron y giraron a la Cámara de Diputados el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

El entendimiento aprobado por 49 votos afirmativos y 15 negativos fue firmado el 4 de diciembre último en un acto que se realizó en la Casa Rosada por todos los gobernadores, con excepción de los de San Luis y La Pampa y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pese a no firmar el acuerdo, San Luis y La Pampa brindaron su apoyo a la iniciativa parlamentaria debido a que tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal.

FUENTE: TÉLAM.

El presidente Alberto Fernández participará este jueves del tercer encuentro de gobernadores del Norte Grande que se realizará en la ciudad correntina de Yapeyú, donde se efectuará un acto por el 243° aniversario del nacimiento del libertador José de San Martín.

La jornada comenzará a las 11 en el Patio de Armas, al lado del templete de la casa natal de José de San Martín, según consignó Presidencia.

Luego del homenaje, los gobernadores se trasladarán a un predio ubicado a metros de allí para comenzar con el tercer encuentro de la región, que incluye a las provincias del noroeste y nordeste argentinos: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.

En Yapeyú, los mandatarios debatirán sobre obras de infraestructura para la región, cuestiones sobre energía y combustible, y buscarán unificar una postura sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales.

«El espíritu de todos los gobernadores del Norte Grande -tanto oficialistas como opositores- sigue siendo la suspensión de las PASO», confiaron a Télam desde el entorno de uno de los mandatarios que participarán del encuentro sobre las internas de agosto, cuando se espera una situación sanitaria compleja por cuestiones estacionales.

Esta postura es avalada también por los gobernadores de la oposición Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), pero los principales dirigentes de Juntos por el Cambio no se inclinan a modificar el cronograma electoral, por lo que no hay avances en una posición de consenso.

Por eso, los gobernadores del PJ de la región le reclaman a sus pares de la oposición que intercedan y se apruebe con mayoría en el Congreso una ley que suspenda las PASO por única vez.

En ese contexto, los gobernadores empezaron a evaluar otras alternativas: una de esas opciones es posponer las primarias de agosto a septiembre.

Por otra parte, Valdés, Morales y el catamarqueño Raúl Jalil anticiparon que el bloque de mandatarios del Norte Grande desplegará en la jornada una agenda referida a la promoción del empleo y las tarifas de energía, según indicaron en conferencia de prensa.

Valdés adelantó que, entre otros puntos, los mandatarios de la región dialogarán con el Presidente sobre la necesidad de una ley de promoción del empleo, mientras que Morales anticipó que intentarán articular paridad en las tarifas que pagan el sur y el centro argentino con las del norte.

«Estamos todos juntos, a pesar de ser de distintos partidos, por políticas de Estado para el Norte argentino»

RAÚL JALIL

A su vez, Jalil ponderó la unidad de los gobiernos provinciales más allá de las diferencias partidarias: «Estamos todos juntos, a pesar de ser de distintos partidos, por políticas de Estado para el Norte argentino».

Valdés y el chaqueño Jorge Capitanich habían recibido el martes pasado en la capital de Corrientes a representantes de las diez uniones industriales del Norte Grande, con el objetivo de trabajar en la agenda de temas prioritarios y estructurales para el desarrollo del NEA y NOA.

Entre otras propuestas, las diez provincias en cuestión proponen que el valor de la tarifa de electricidad tenga un reconocimiento especial para esos distritos, algo similar o inspirado con lo que ocurre con el gas -imprescindible para la calefacción- en las provincias de la Patagonia, según pudo averiguar Télam.

En una radiografía política, de las diez provincias incluidas en la región Norte Grande, cinco son gobernadas por peronistas (Tucumán, Formosa, La Rioja, Chaco y Catamarca), tres son comandadas por aliados (Misiones, Santiago del Estero y Salta) y dos están ejercidas por gobernadores de la oposición (Jujuy y Corrientes).

FUENTE: TÉLAM.

El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, fue convertido en ley por unanimidad, durante una sesión especial celebrada este miércoles en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los siete millones de pesos para cada grupo familiar.

El texto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».

Por otro lado, la flamante norma establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

Aunque la ley fue aprobada por unanimidad, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, que se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.

La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la peronista chubutense Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri ya que el submarino desapareció durante su mandato.

«Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable. Ojalá la justicia muy pronto falle porque responsables había, desde el Presidente de la Nación y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos, no renunciaron pero se dedicaron a perseguir familiares e intervenir sus teléfonos», aseguró.

González también dijo que el submarino «no fue buscado por mucho tiempo» y que, luego, el rastreo se hizo «de manera irregular». Además, sostuvo que «nunca fue encontrado».

Por el contrario, la radical jujeña Silvia Giacoppo pidió que «se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente, sino desde que en septiembre de 2011 la entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que se lo había reparado para que funcionara por treinta años».

«Quiero que se averigüe cuánto se pagó por aquella reparación y cuál fue el desperfecto que causó el hundimiento», destacó.

El radical mendocino Julio Cobos trató de atemperar los ánimos y mencionó que se trata de un «homenaje» y de una decisión «justa» del gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, su coterránea del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que el Gobierno de Macri «montó un espionaje ilegal a los familiares de los marinos que buscaban justicia».

Agregó que «a veinte días de la desaparición del submarino, el Gobierno de Macri sabía dónde había sido la implosión y que, por su magnitud, no había posibilidad de vida».

«Esta es una manera de reparar algo que es irreparable. Estoy convencida de que una de las formas es decir la verdad de lo que sucedió. El alma se empieza a reparar cuando hay memoria, verdad y justicia», concluyó.

FUENTE: TÉLAM.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este jueves que la construcción «es un motor potente para dinamizar la economía y generar empleo», al destacar la aprobación en el Senado y su consecuente sanción de la ley que otorga incentivos tributarios para el sector.

En su cuenta de Twitter, Guzmán remarcó que «la construcción es un motor potente para dinamizar la economía y generar empleo, con impacto transversal en diversas cadenas productivas».

«Hoy, el Senado convirtió en ley por unanimidad la iniciativa enviada por el Ejecutivo para impulsar la industria de la construcción», sostuvo el ministro.

Indicó que «la Ley contiene incentivos tributarios para aquellos que canalicen sus ahorros en inversiones destinadas a la construcción».

Destacó que «las inversiones en nuevas construcciones serán eximidas del pago del impuesto sobre Bienes Personales durante dos años», y añadió que «obtendrán crédito fiscal igual al 1% del desembolso».

Puntualizó que «la ley también establece una adecuación y diferimiento de los impuestos a las Ganancias y sobre Transferencia de Inmuebles, adaptando el monto imponible a su evolución en términos reales, y alineando los momentos del pago y de la percepción de los ingresos por la inversión».

Precisó que «a quienes declaren la tenencia de moneda nacional o extranjera y la destinen a la construcción, normalizando su situación frente al fisco, se les cobrará un único impuesto y se le concederá un bloqueo fiscal respecto a la eventual omisión de impuestos sobre esos fondos».

«Este proyecto se suma a diversas iniciativas del Gobierno Nacional para promover la actividad económica y la generación de trabajo. Una vez más, gracias al Congreso de la Nación por el acompañamiento y fuerte respaldo», concluyó Guzmán.

FUENTE: TÉLAM.

El empresario Lázaro Báez fue condenado ayer a 12 años de prisión al término del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 también halló responsables a los hijos del empresario, a su contador Daniel Pérez Gadín; a su abogado Jorge Chueco; al «valijero» Leonardo Fariña (a quien se le redujo la pena en función de su colaboración con la investigación) y a los financistas que facilitaron el lavado, entre otros.

Martín Báez fue condenado a 9 años de prisión como coautor de la maniobra, Leandro a 5 años y Luciana y Melina a 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso, dado que figuran como beneficiarios de las cuentas radicadas en Suiza por las que circuló el dinero al que luego se le buscó dar apariencia de legalidad.

Además, el TOF 4 le impuso a Báez padre, quien hasta que la sentencia quede firme continuará con prisión domiciliaria, una multa de 8 veces el monto de las operaciones investigadas y dispuso el decomiso de más de 60 millones de dólares producto de los hechos investigados.

La mayoría de las condenas –como en el caso de la de Báez- fueron dictadas por una mayoría integrada por los jueces Néstor Costabel y Adriana Palliotti, mientras que su colega Gabriela López Iñiguez votó en disidencia porque discrepó, por ejemplo, en el monto de la pena del empresario y en el análisis del delito precedente a partir del cual se habría generado el dinero que luego fue lavado.

Para los jueces Costabel y Palliotti, el delito que dio origen al dinero está en maniobras de evasión impositiva y también vinculado al supuesto direccionamiento de la obra pública que se juzga en otro tribunal mientras que para la tercera jueza el juicio oral solo arrojó luz sobre las maniobras de evasión impositiva, según pudo reconstruir Télam.

En el caso de López Iñiguez había votado por aplicar a Báez una condena de 7 años y medio de prisión, más cercana a la que finalmente recibieron los financistas Martín Eraso (4 años y medio) y Juan De Rasis (6 años), quienes facilitaron la colocación momentánea del dinero lavado en cuentas del banco suizo Lombard Odier.

En el caso del valijero Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años de prisión mientras que durante la lectura del veredicto se aclaró que la pena le fue reducida en 3 años respecto de la que le correspondía “por su rol de imputado colaborador”.

De los restantes 27 imputados, el contador Pérez Gadín y el abogado Chueco fueron condenados a 8 años, Julio Mendoza, quien fuera presidente de Austral Construcciones, a 6 años y el piloto Walter Zanzot a 5 años de prisión.

También fueron condenados Claudio Bustos (4 años y 6 meses), Fabián Rossi (5 años) y el financista Federico Elaskar (4 años y 6 meses), entre otros.

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y siguió las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de transferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido, y semanas atrás la Cámara de Casación ordenó que se analice la posibilidad de morigerar su situación por el prolongado tiempo que lleva en prisión preventiva.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia por coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa, en la que intervino el fiscal Guillermo Marijuan.

FUENTE: DIARIO EL CHUBUT.

El Centro de de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que el periodista Horacio Verbitsky, quien presidía la institución hasta la semana pasada, «presentó un pedido formal de disculpas y de licencia que fue aceptado por la Comisión Directiva» del organismo, luego de que admitiera haber sido vacunado contra el coronavirus en el Ministerio de Salud, un hecho que derivó luego en la renuncia de Ginés González García.

«Ante los hechos de público conocimiento, Horacio Verbitsky presentó un pedido formal de disculpas y de licencia que fue aceptado por la Comisión Directiva. Sofía Tiscornia, en su condición de vicepresidenta, se encuentra a cargo de la presidencia del CELS», informó la ONG por medio de su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, el CELS consideró que «la crisis generada por la pandemia debe responderse con solidaridad y políticas igualitarias».

En un hilo de tuits, la organización de la sociedad civil destacó que, «durante dos décadas, Horacio, comprometido con el movimiento de derechos humanos, hizo aportes importantes a la vida política del país y a la historia de nuestra organización que, desde 1979, es parte de las luchas por una sociedad justa»

Finalmente, el CELS anunció que su «Comisión Directiva decidió que en las próximas semanas se dé inicio a una transición en las formas de gobierno de la organización».

El viernes pasado, en su habitual columna en el programa Habrá Consecuencias, Verbitsky reveló que había accedido a la vacuna Sputnik V tras una gestión ante el entonces ministro Ginés González García.

«Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas», había contado Verbitsky.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dará a conocer este miércoles el veredicto en el juicio al empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, mientras que el fiscal del juicio es Abel Córdoba.

El dueño de Austral Construcciones tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que su defensa reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial».

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una «persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial».

La fiscalía reclamó 12 años de prisión para Báez por el delito de lavado de activos y una multa de 2.121 millones de pesos.

En cuanto a los hijos del empresario, el Ministerio Público pidió nueve años de prisión para Martín, cinco para Leandro, y cuatro años y seis meses de cárcel para Melina y Luciana.

Todos los juzgados, junto con Báez y su hijo mayor, considerados autores del delito, fueron acusados por el fiscal como presuntos coautores de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad

El fiscal también pidió penas para el contador Daniel Pérez Gadín (ocho años), para el abogado Jorge Chueco (ocho años), para el financista arrepentido Leandro Fariña (cinco años) y para el financista Federico Elaskar (cuatro años y seis meses).

Además, se juzga al exmarido de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi, que tiene pedido de cinco años de prisión, entre otros acusados.

Todos los juzgados, junto con Báez y su hijo mayor, considerados autores del delito, fueron acusados por el fiscal como presuntos coautores de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y por haber sido perpetrados por miembros de una banda conformada «para la comisión continuada de los hechos».

Además, los jueces deberán analizar un planteo fiscal para decomisar todos los bienes que, según la acusación, hayan sido adquiridos a través de los ilícitos, entre ellos estancias, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

Ocho de los imputados tienen pedido de absolución fiscal.

Por su parte, las defensas de los Báez reclamaron la absolución y nulidad de la causa, mientras que las querellas de la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la Unidad de Información Financiera también pidieron condenas de prisión efectiva.

El embajador argentino en México, Carlos Tomada, aseguró que, a partir del viaje del presidente Alberto Fernández, «empieza otro tipo de vínculo» con ese país.

«No me gusta hablar mucho de las cosas fundacionales, pero creo que el salto cualitativo en estos 132 años de relaciones internacionales con México, a partir de este viaje empieza otro tipo de vínculo con el pueblo y con el gobierno mexicano», dijo Tomada en diálogo con Télam, en el marco del tercer día de la visita del Presidente argentino a ese país.

El embajador destacó las reuniones que tuvo el primer mandatario «con empresarios mexicanos, por un lado, y con argentinos, por otro», donde «hubo una gran acogida, una esperanza», y la decisión de «ponerse a disposición para ayudar en esta salida post pandemia, lo que ha quedado muy claro».

Tomada resaltó que la visita de Fernández al laboratorio Liomont «tuvo un sentido muy importante: la de ratificar esta alianza que hizo el sector privado, pero con un apoyo muy fuerte tanto del gobierno de Argentina como de México en la elaboración de la vacuna AstraZeneca» contra el coronavirus.

Para el embajador argentino, «no fue menos importante la serie de encuentros con líderes políticos mexicanos» que tuvo el Presidente el martes en el Senado, con los presidentes de ese cuerpo, Eduardo Ramírez Aguilar; y de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.

Fernández «habló con el poder político del Estado», refirió Tomada, entre los que se incluyó al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, un órgano colegiado de gobierno que tienen las cámaras de Senadores y Diputados a través del cual se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos que permitan el pleno desarrollo de sus funciones.

Según el embajador argentino, «el gobierno de (el presidente mexicano) Andrés Manuel López Obrador está encarando una gran transformación y Alberto ha podido expresar sus ideas, intercambiar con la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es un cuadro político muy importante de la política mexicana» y que nombró al mandatario argentino Huésped Distinguido de la capital del país.

Tomada destacó asimismo «la empatía política y personal» entre ambos presidentes, «pero fundamentalmente política», que «se cristalizó en la reunión de ayer, con el presidente López Obrador en las ‘mañaneras’, que es un clásico en México muy escuchado y muy considerado popularmente y en el cual invitó al Presidente a participar como a cualquiera de sus colaboradores, en un diálogo muy intenso».

En cuanto a las distintas reuniones que Fernández mantuvo con empresarios, Tomada señaló que «lo de (Carlos) Slim está claro», en referencia a la voluntad del magnate de invertir en la Argentina, tras asegurar que es un buen momento para hacerlo.

En cuanto al resto de los empresarios mexicanos que mantuvieron encuentros con Fernández, «algunos tenían inversiones en la Argentina y agradecieron el apoyo que el gobierno les dio», según explicó Tomada.

«La empatía política y personal entre ambos presidentes se cristalizó en la reunión de ayer»

CARLOS TOMADA

«Otros tenían pocas inversiones y salieron muy entusiasmados con este momento de relanzamiento del crecimiento de la economía, por cierto moderado, lento, pero que perciben claramente y así se lo dijeron a los otros empresarios que estaban; y finalmente algunos empresarios que aún no han invertido en la Argentina y que salieron también muy entusiasmados».

Según Tomada, mucho tuvo que ver en eso el ministro de Economía, Martín Guzmán, que «dio una verdadera explicación del plan que está ejecutando, frente a preguntas alrededor del tema de la inflación y al tema (de la cotización) de los dólares».

Guzmán «fue muy claro, muy contundente, y ellos así lo expresaron cuando salieron de la reunión», señaló el exministro de Trabajo.

Sobre la reunión bilateral de 45 minutos que Fernández y López Obrador mantuvieron el martes en el Palacio Nacional, Tomada acotó que fue un encuentro «en el que se fortaleció la relación y en donde se hablaron temas concretos que desembocarán en una declaración conjunta».

«Esa declaración bilateral va a recoger todo lo que ha sido estos días pero también reflejará esta conversación más directa que hay entre ellos», concluyó el embajador argentino.