El oficialismo suprimió del dictamen la eliminación de las facultades para modificar asignaciones específicas, así como la facultad delegada amplia que figuraba en el artículo 13°, vinculada a la competencia, y también se modifican y limitan las facultades sobre prórroga de jurisdicción y rescisión de contratos.
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Asimismo, y de acuerdo a lo consensuado con los bloques, se eliminó el artículo sobre la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) al Tesoro Nacional, que figuraba en el artículo 194 del proyecto, y sólo se accedió a la consolidación de deuda, a la vez que se quitó el artículo de derogación de la incompatibilidad tras ser funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
También se formalizó la eliminación del capítulo fiscal, que contemplaba la discusión por las retenciones y la fórmula previsional para calcular los haberes de los jubilados, así como el blanqueo de capitales, que ya había sido anticipada el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo.
En torno al Impuesto PAIS, se dispuso que no habrá prórroga para ese gravamen, que está vigente por 5 períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024.
Se excluyeron además del dictamen el Régimen Impositivo de la Zona Fría y las Reformas a la Ley de Hidrocarburos.
Además, entre otras cuestiones, se retiraron del capítulo de Ambiente los artículos referidos a la Ley de Bosques y su financiamiento, como reclamaban desde el radicalismo y Hacemos Coalición Federal y se eliminaron las sanciones más duras a los organizadores de protestas.
En ese sentido, quedaría sin efecto la definición de reunión o manifestación como «la congregación intencional y temporal de treinta (30) o más personas en un espacio público» y se suprime además el artículo vinculado a la vulneración a terceros por reuniones o manifestaciones sociales.
Otro de los cambios está vinculado con la eliminación del todo el capítulo vinculado con la reforma política que incluía desde la eliminación de las PASO hasta la instauración del sistema de circunscripciones uninominales.
En tanto, de las 11 emergencias que establecían en el dictamen de mayoría, quedaron vigentes 6: la económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Repercusiones
Tras la lectura de esos artículos, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, calificó de «inédito» el debate y dijo que es «gravísimo» lo que ocurrió con los cambios, al proponer una moción de orden para que el expediente vuelva a comisión.
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«Si quieren cuidar al Presidente (Javier Milei) hagan que este tema vuelva a comisión. El momento para decir un no es este», enfatizó, aunque su moción fue luego rechazada por 149 diputados en la votación.
Foto: Camila Godoy
También desde el Frente de Izquierda Myriam Bregman respaldó esa moción y afirmó: «Está bien que recordemos qué hizo cada uno, nosotros podemos demostrar nuestra coherencia. Una cosa es que se quiten artículos pero estamos frente a un dictamen nuevo. Va a haber modificación de artículos como en el tema seguridad. Lo que se está discutiendo es un nuevo dictamen. No alcanza con decir que se quita, porque hay que ver el tenor de esas modificaciones».
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“Son prácticas autoritarias”, señaló Bregman sobre los insultos que le propinaron
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Sin embargo, desde Hacemos Coalición Federal, Miguel Angel Pichetto rechazó ese planteo y recordó que el martes en la reunión de Labor Parlamentaria «se validó este procedimiento», al señalar: «Estamos dispuestos a tratar artículo por artículo hasta que termine este tema. Necesitamos clarificar posiciones».
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En esa misma línea, el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, coincidió con Pichetto al precisar que la reunión de Labor «es el lugar donde coordinamos reglas del recinto de una ley que va a ser muy larga» y dijo que «hay que recordar los últimos años de sesión y ver cuántas cosas que hoy critican fueron hechas por ustedes».
La moción fue finalmente sometida a votación nominal, a pedido de UXP, y fue rechazada por 149 votos y 103 a favor.
Foto: Camila Godoy
Artículo por artículo
Este es el detalle de los artículos que se quitaron del dictamen: articulos 13, 31, 71, 72, 81; se suprimen además todos desde el 81 hasta 167 (medidas fiscales) y del 169 hasta 175 (retenciones), a la vez que se eliminan el 179, 180, 182, 194, 195 y el 196 y del 211 hasta el 292.
En el capítulo de Seguridad se eliminan los artículos 301, 303 y 305 (vinculados a los organizadores de las protestas y el que establecía entender como manifestación a la congregación temporal de 30 o más personas en un espacio público), así como los artículos 308; 311, 312, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341 y 342, y todo el capitulo electoral (del 460 al 487) y el 512 de Bosques Nativos.
Asimismo, se eliminará el articulo 513 y el 520 y se suprimen también los Anexos VI y VII y el artículo 62 del Anexo III (RIGI).
Esta noche, pasadas las 21.30, se llamó a un cuarto intermedio y el debate continuará este jueves desde las 12, por lo que el oficialismo espera que el dictamen de mayoría que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas se apruebe el jueves en general y el viernes en particular.
Foto: Camila Godoy
A ocho horas de haber comenzado el tratamiento de la iniciativa aún quedaban por disertar unos 140 oradores, luego de las disertaciones de los diputados que defendieron los dictámenes de mayoría y minoría y cada titular de bloque parlamentario.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que «en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio», pero ante el planteo del presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien dijo que esa medida se tenía que votar, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.
El diputado de UxP Martínez dijo que «el oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones» y denunció que no tienen el texto definitivo que se está tratando.
«Todos los que dicen que no hay dictamen, mienten. El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio para mañana porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos», replicó el liberal José Luis Espert.
El plenario legislativo reanudará el jueves al mediodía el debate para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votosque serán aportados por la Libertad Avanza, UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.
Foto: Pablo Añeli
La sesión tuvo sus momentos de tensión cuando este mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales, presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y por la denuncia de UxP de la presencia de militantes de Revolución Federal.
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También hubo una concentración en las adyacencias del Congreso donde se produjeron algunos incidentes entre militantes de izquierda y de organizaciones sociales y la policía, con el resultado de al menos un detenido.
El secretario parlamentario Tomas Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.
Sin embargo aun persistían diferencias diferencias entre el oficialismo y algunos bloques opositores, centrados en la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar empresas públicas, sobre el capitulo de Seguridad, y el régimen de Biocombustibles, entre otros.
En las últimas horas, el oficialismo y bloques oficialistas aun discutían limitar las facultades delegadas ya que la UCR y Hacemos quería eliminar la emergencia en materia energética y tarifaria, y reformar la redacción del capítulo de privatizaciones.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de «un shock de libertad para los argentinos».
Foto: Pablo Añeli
Foto: Pablo Añeli
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que «estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la Argentina. Es por eso que el presidente Javier Milei está reclamando esta herramienta para salir de esta crisis de manera ágil y más ordenada”.
El diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria (UxP), adelantó que el kirchnerismo votará en contra en general y en particular la totalidad de la ley «Bases», y declaró que la propuesta «bien podría llamarse 4 M» porque «tiene ese denominador común».
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En ese sentido, mencionó al ex ministro de Economía durante la dictadura militar, José Martínez de Hoz; y a los ex presidentes Carlos Menem y a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei «como un denominador común».
Por su parte, el ex gobernador de Entre Rios y diputado peronista, Gustavo Bordet, dijo que «esta ley tiene un castigo para los que no la acompañan, pero es un castigo a los ciudadanos que habitan en las provincias. No vamos a acompañar porque la ley va en contra de los principios de las provincias».
El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, defendió la decisión de respaldar el dictamen de mayoría y dijo que ese despacho «es el resultado de un trabajo extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro. Este gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado».
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Por su parte, la ex gobernadora y diputada del PRO, María Eugenia Vidal, dijo que «desde el bloque PRO creemos que es nuestra responsabilidad respetar la decisión de los ciudadanos y darle a este gobierno que empieza las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no sea aún peor«.
El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolas Massot, dijo que iban apoyar el dictamen de mayoría pero advirtió que «no podemos financiar la tarea fiscal de la Nación a costa de las provincias y los municipios y del ajuste más repetido en la historia Argentina, el ajuste a los jubilados, a los asalariados y a las economías regionales».
Foto: Camila Godoy
Foto: Camila Godoy
La Presidenta del bloque Innovación, Pamela Calletti, dijo que «en el marco de crisis estamos en el debate contribuyendo de esa manera a la gobernabilidad, de esta acuciante crisis se sale sin egoísmos por eso tenemos que dar el debate», pero señaló que «no estamos haciéndolo sin dejar marcar las disidencias» que tienen sobre algunos puntos del proyecto.
Foto: Camila Godoy
Por su parte, la diputada de Buenos Aires Libre, Carolina Piparo, dijo que va a «apoyar la Ley de Bases» luego del trabajo que «se ha hecho para consensuar modificaciones en distintas cuestiones sobre las que muchos de los presentes expresamos nuestros reparos o preocupaciones», como en el caso de la privatización del Banco Nación y la venta de acciones del FGS».
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Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla dijo que «esta ley agrava todos los fundamentos de los gobiernos de estos últimos 40 años que nos han llevado a este nivel de pobreza, a este nivel de precarización laboral, lo agrava con nuevas privatizaciones«.
Apenas arrancó la sesión, la primera bajo la conducción del presidente de Diputados, Martín Menem, la cámara baja tomó juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (Unión por la Patria-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Mónica Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.
Además, y debido a que había quedado pendiente tras la elección de autoridades de la cámara el pasado 10 de diciembre, se aprobó por unanimidad la continuidad de Ana Laura Lozano como Prosecretaria parlamentaria, a propuesta del bloque de UXP.
Luego, Menem propuso realizar un minuto de silencio en homenaje al fallecido exdiputado nacional y exgobernador de la Pampa, Rubén Marín.
Foto: Camila Godoy
Foto: Eliana Obregón.
Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tuvo su tramo que se extendió casi dos horas de homenajes y cuestiones de privilegio, previo al debate del dictamen de mayoría.
Lo que sucede es que la LLA tiene 38 diputados y 7 aliados firmes, pero necesita el respaldo de las tres bancadas dialoguistas para aprobar cada artículo de la ley y eso no lo tenía garantizada en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.
Hasta ahora tiene garantizados más de 140 votos para la aprobación en general y necesita reunir por lo menos 128 sufragios -teniendo en cuenta que Menem no vota- para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos.
Foto: Alejandro Santa Cruz (archivo).
Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.
Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo hasta conversaciones con los bloques dialoguistas para superar las diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.
En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.
Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas -con excepción de YPF- y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.
De Loredo ratificó que «daremos las herramientas para que un Gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Defendemos ideas y el interés del país. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre».
La decisión fue adoptada en una extensa reunión de la bancada Hacemos, que preside Miguel Ángel Pichetto, con el fin de conciliar las diferentes posturas que tienen, ya que algunos legisladores respaldaron con disidencias el dictamen de mayoría y otros como la Coalición Cívica y el Socialismo junto al Gen presentaron sendos despachos de minoría.
Sobre la decisión de la bancada, el diputado santafesino Esteban Paulón dijo: «Los socialistas votamos en contra en general tal como lo venimos anticipando».
En tanto, fuentes de la CC y del Gen señalaron que respaldan la postura de la bancada de apoyar en general y plantear diferencias en particular.
El diputado remarcó que el PRO va a «apoyar todo» el dictamen de mayoría en la sesión prevista para mañana a las 10 en la Cámara baja y cuestionó que haya «más cambios» en el texto del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.
Llaryora, también presente en la reunión en la Federación Agraria Argentina (FAA) en Buenos Aires, indicó que es parte de una «oposición que colabora y que lo que quiere es que Argentina salga adelante».
«Nosotros vamos a dar quórum y vamos a acompañar en general aunque después vamos a plantear modificaciones en muchos artículos que creemos que son mejores para la Argentina, defendiendo claramente también los recursos provinciales», indicó.
Martín Llaryora. Foto: Osvaldo Fantón (archivo).
Si bien señaló el consenso en «colaborar con el Gobierno en sancionar la ley de Bases», remarcó que en lo que respecta a biocombustibles no están de acuerdo y que «llevarán una propuesta superadora».
También subrayó que espera que pronto puedan tratarse las reformas fiscales porque, argumentó, «hay muchos inversores que están esperando que se apruebe el paquete fiscal de las grandes inversiones para invertir, lo mismo para los que esperan el blanqueo o el plan de moratoria para poder blanquear empleados que hoy tienen en negro».
«Un plan fiscal no va a salir sin un plan de inversiones y que genere futuro. Con el ajuste sólo no se va a ningún lado. Necesitamos un país que corrija el déficit, pero que pueda salir adelante produciendo y generando empleo», sostuvo Llaryora.
«Mañana va a haber sesión y los legisladores de Juntos por Entre Ríos van a estar presentes y van a acompañar. Creemos que el Gobierno necesita estos instrumentos y ojalá que se llegue a un consenso y se puedan juntar las voluntades para que este proyecto de ley se transforme finalmente en ley»Rogelio Frigerio
La vicegobernadora de Santa Fe planteó que desde su provincia tienen «voluntad de apoyo muy grande» al Gobierno nacional porque «si le va bien a la Argentina nos va bien a todos», pero también han planteado que «no se puede meter la mano siempre en el mismo bolsillo y sacarle siempre a los mismos».
«Lo que hablamos con nuestros diputados es que no vamos a acompañar ningún capítulo que tenga que ver con un daño hacia nuestra provincia. Hay algunos puntos que seguiremos discutiéndolos porque creemos que somos de las provincias más importantes en materia de producción de algunas cuestiones, como por ejemplo biocombustibles», advirtió Scaglia.
Y concluyó: «Vamos a seguir adelante en la defensa de la producción de la provincia de Santa Fe y del no a las retenciones, ya sea en el complejo de economías regionales, industria o campo».
LA MESA DE ENLACE DISCUTIÓ CON GOBERNADORES SOBRE RETENCIONES, LEY DE SEMILLAS Y REFORMA LABORAL
Autoridades de las entidades mantuvieron una reunión con los gobernadores de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, ante quienes plantearon su rechazo a la adhesión al UPOV-91 sobre la protección de derechos intelectuales en semillas, la necesidad de discutir una reforma laboral y el tema retenciones.
En ese marco, los dirigentes ruralistas también manifestaron sus dudas respecto al tratamiento del tema retenciones en el marco de la Ley de Bases, luego de que el Gobierno anunciara el viernes pasado que retiraba el capítulo fiscal de la iniciativa enviada para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
En un encuentro que se llevó a cabo en la sede porteña de la Federación Agraria (FAA), su presidente Carlos Achetoni, junto la titular de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales (CRA), Carlos Castagnani; y el vicepresidente de Coninagro, Marcelo Federici, recibieron al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y a la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
«Creímos oportuno comenzar esta sesión con los distintos gobernadores, no en contra de nadie, sino en favor de todo aquel que se ponga que se ponga de nuestro lado para que la producción pueda ser un vehículo para salir de la situación de Argentina», dijo Achetoni en una conferencia de prensa tras la reunión que se extendió por espacio de algo más de una hora.
Las retenciones fueron uno de los principales temas que se discutieron, sobre todo porque, según plantearon los ruralistas, continúan las dudas en el sector respecto a la posibilidad de que finalmente sea abordado por la Cámara de Diputados.
«Entendemos que el capítulo se ha retirado y que las retenciones quedan como estaban antes. Creo que van a mantenerse ahí, pero hay dudas porque hay versiones donde se dice que todavía el capítulo está dentro del dictamen, por lo cual estamos con incertidumbre», dijo Achetoni al respecto.
Pino, por su parte, señaló que «es muy bueno tener a tres representantes de las provincias más productivas y escuchar de ellos que están en contra de las retenciones».
«La situación amerita ciertos ajustes que nos han comentado desde el Gobierno que impiden tomar ciertas medidas, pero lo que sí sería bueno es que si necesitan que el campo una vez más apoye a la Argentina, nos den señales claras. Si es temporal (una suba de retenciones) tiene que tener un principio y un final. Empecemos a hablar de eso también», completó Pino.
Otro de los puntos que se tocaron durante la reunión es la adhesión propuesta por el Gobierno nacional al convenio internacional UPOV-91, que trata sobre la protección de los derechos intelectuales en semillas, cuestión que es rechazada por el campo.
«Hay que pagar la tecnología, pero también creemos que tenemos que dar el debate necesario, que se dé cuando comiencen las sesiones ordinarias y que podamos llegar a una reforma de la Ley de Semillas, pero vemos como un serio peligro al UPOV-91 porque dejaría a la disponibilidad del gobierno, que nos ha hecho saber de que todos se expresen, pero que esta imponiendo que se acepte la adhesión primero y después generar las condiciones de la reglamentación», dijo Achentoni.
Para el dirigente agrario, «si se aprueba el UPOV-91 disminuye la posibilidad de que haya una reforma de la Ley de Semillas, porque todo lo que se tendría que discutir en esa ley, se estaría imposibilitando de desarrollar»-
También la reforma laboral, que se incluye en el DNU y que está frenado por la Cámara del Trabajo, fue uno de los temas que se trataron.
«Se planteó el tema de la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de hacer una reforma laboral y en eso coincidimos con los tres gobernadores. Creemos que para que todo se pueda desarrollar es que esa reforma se trate y se llegue a un punto, porque de la manera en la que estamos va a ser muy difícil generar más trabajo e inversión, que es en definitiva lo que todos los productores necesitamos: dar más laburo y que la argentina vaya para adelante», agregó Pino.
Por su parte, Federici sostuvo que «la mayoría de los empleos están dados por pymes y hoy un conflicto (laboral) nos puede llevar a la desaparición. Si queremos seguir agregando valor, ruralidad, y mas trabajo en los lugares de origen, necesitamos tener una relación más fluida entre el empleado y el empleador. Es necesario que tengamos una modificación, un proceso de aggiornamento y motorizar el avance y la movilidad social que necesitamos».
Por último, Achetoni aclaro que «no estamos de acuerdo con que se pierdan los derechos adquiridos de los trabajadores. Queremos que nos simplifiquen las condiciones para generar mayor cantidad de empleo y que comencemos un camino diferente. No estamos en desmedro de la clase trabajadora».