Los bloques legislativos en el Congreso comienzan a definir su posición de cara al debate que se avecina sobre el proyecto de ley enviado el miércoles por el Gobierno, que incluye la declaración de emergencia pública hasta 2025 y comprende reformas tributarias, laborales, penales, energéticos, electorales y la privatización de empresas públicas.

Para abrir el debate del megaproyecto enviado el miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estaba terminando de armar las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto, que se abocarán a analizar esa iniciativa de 664 artículos.

 

De esta manera, los legisladores comenzarán a debatir el proyecto denominado «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», que contempla una profunda reforma del Estado, la privatización de 41 empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, un nuevo mecanismo para actualizar las jubilaciones y pensiones, y restricciones a las manifestaciones de protesta.

La intención del oficialismo es convocar la próxima semana a ministros del Poder Ejecutivo para que expongan sobre la iniciativa, cuyo debate se va a extender por lo menos unos veinte días, previo a la emisión del dictamen y buscar su tratamiento en la última semana de Enero.

Si bien la Libertad Avanza (LLA) tenía previsto armar solo cuatro comisiones, la magnitud del proyecto obliga a las autoridades de la cámara a ampliar la cantidad de comisiones que debe tratar el proyecto ya que también deberían analizarlo Educación, Salud, Seguridad interior, Justicia, y Legislación penal.

En declaraciones a Radio con Vos, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, dijo que «habíamos preparado un trabajo para cuatro comisiones: Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Eso era lo que habíamos previsto, pero ahora vamos a tener que ampliar a otras comisiones».

Zago anticipó que este viernes se empezará a «trabajar en el armado de las comisiones que falten» para el tratamiento de este proyecto.

 

Pero mientras se avanza en el armado de comisiones donde se va a definir cómo estarán integrados esos organismos parlamentarios claves que deben emitir los dictámenes que deben tratarse en el recinto de sesiones, los bloques empiezan a definir su propia estrategia.

El oficialismo ya definió que concentrará sus fuerzas en el debate en comisiones y no en la comisión bicameral, ya que sostienen que el DNU también será parte del debate debido a que fue incluido en uno de los últimos artículos del proyectos, y analizará en los próximos días su estrategia de cara al debate.

No será una tarea fácil para la Libertad Avanza convencer a los bloques que se muestran permeables a respaldar algunas de las propuestas del Gobierno que acepten las delegación de facultades legislativas, el recorte a los jubilados, las privatizaciones y la suba de retenciones.

La UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal reúnen 106 legisladores que son claves para aprobar el proyecto, ya que la LLA tiene 37 diputados y unos seis aliados, con lo cual necesita al menos 84 votos de estos bloques dispuestos a dialogar y proponer reformas al mega proyecto, a diferencia de UxP y la izquierda que rechazan de plano la propuesta del Gobierno.

La bancada radical -que preside Rodrigo De Loredo- está analizando la iniciativa punto por punto en diversas reuniones por Zoom y por Whatsapp, pero ya definió que habrá tres aspectos centrales que rechazará, que son la declaración de emergencia pública hasta el 2025, la suspensión de la fórmula para actualizar haberes jubilatorios, y la suba de retenciones.

Sobre este punto, la vicepresidenta del bloque Karina Banfi señaló que La UCR siempre se opuso a los superpoderes y a delegar facultades del Congreso al Ejecutivo.

«No se puede legislar a ciegas, cada propuesta deberá garantizar mejoras para jubilados, trabajadores y/o empresarios y defender las minorías que deben tener representación en el Congreso», indicó.

La bancada del PRO -que conduce Cristian Ritondo- que es la fuerza política que tiene mas afinidad con el Gobierno, empezó a analizar el proyecto y se han dividido su estudio por tema entre los legisladores y volverán a reunirse el miércoles para difundir su postura sobre ese proyecto.

Ritondo señaló que el PRO quiere tener «un acompañamiento responsable a lo que proponga el Presidente Milei y su gobierno, para que tengan las herramientas que necesitan en esta primera etapa para poner en marcha su plan de gobierno. Con esa misma idea vamos a analizar el proyecto de ley, y actuaremos en consecuencia para sostener la gobernabilidad que necesita en el parlamento», informaron voceros parlamentarios.

 

Uno de los temas que concentrará ese debate es el artículo que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Sobre este punto, el diputado de la Libertad Avanza Carlos D’Alessandro (La Libertad Avanza) defendió hoy la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo para que el Congreso le delegue facultades que le son propias, incluida en el proyecto de ley enviado ayer al Congreso, al señalar que “estos mismos poderes ya los solicitaron otros presidentes”.

En declaraciones a El Destape Radio, D’Alessandro, miembro de la bancada oficialista en Diputados, estimó que “en estos últimos 40 años estamos acostumbrados a que los presidentes soliciten poderes especiales al Congreso”.

“Siempre el Congreso se los ha otorgado, y el Presidente está pidiendo estos mismos poderes que solicitaron otros Presidentes”, afirmó el legislador nacional por la provincia de San Luis.

En cambio, el presidente del bloque de UxP Germán Martinez dijo que la bancada que encabeza articulará «todos los mecanismos disponibles para frenar», tanto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) como el proyecto de «Ley ómnibus» enviado por el Gobierno al Congreso nacional.

Agregó «es cierto que no nos alcanza con los legisladores que tenemos en el bloque de UxP. Somos 102 diputados y diputadas y para rechazar un proyecto debemos contar con 129. Por eso, en esta instancia, necesitamos tener mucho diálogo con otras fuerzas políticas».

Fuente: Télam

Consultado sobre las distintas protestas contra el Gobierno y el paro nacional lanzado por la CGT para el 24 de enero, el exmandatario respondió que «hay gente que va a intentar defender sus privilegios», pero celebró que «el cambio» en Argentina «es profundo por decisión» de la sociedad.

«No puedo creer. Me hace dudar«, dijo sobre la medida de fuerza sindical, e ironizó: «Quiero creer que, antes de las 12, la CGT va a decir que fue una broma porque hoy es el Día de los Inocentes».

Y acusó a la central obrera de haber sido «cómplice» de lo que consideró el «peor Gobierno de la historia», en referencia a la administración de Alberto Fernández.

Macri anticipó así que el país atravesará un «verano» en el cual «los argentinos vamos a marcar si este cambio va en serio o es solamente un amague», al advertir que «el prólogo del cambio» fue su administración, de 2015 a 2019, y que «ya no puede haber otro prólogo, ahora viene el definitivo».

Macri evaluó que el DNU y la ley ómnibus presentada por Milei representan una «propuesta de cambio profundo en un contexto de extrema fragilidad«, al marcar que «la herencia que recibió» la actual administración «es mucho peor» que la que le había tocado a Cambiemos en 2015.

Pero destacó que la «habilidad» del equipo económico que encabeza por Luis Caputo «ha ido cortando algunos cables y la bomba no explotó».

«Nadie sabe cómo desarmar este cepo, y lo tienen que ir haciendo paso a paso», evaluó Macri.

El exmandatario remarcó que «si uno quiere la libertad política tiene que tener libertad económica«, y reiteró su apoyo a Milei al graficar que el «56%» obtenido por el libertario en la balotaje «refleja una vocación de cambio mucho más profunda que la de 2015».

Al enviar un mensaje a Juntos por el Cambio (JxC), el referente del PRO pidió el apoyo para el DNU y el paquete de leyes ómnibus al advertir que «la fragilidad está ahí» y que una hiperinflación «empobrecería a los argentinos aún mucho más profunda de lo que nos hemos empobrecidos».

«En todo lo que sea para fortalecer la competencia me van a encontrar», enfatizó Macri y pidió «demostrarle al mundo que acá hay un cambio en serio».

Fuente: Télam

El DNU 70 fue firmado por el presidente Javier Milei e integrantes del Gabinete nacional y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último y por Ley entró en vigencia ocho días más tarde, es decir, desde este viernes 29, salvo medida cautelar judicial que lo suspenda.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari rechazó disponer una precautelar de suspensión de los efectos del DNU en el proceso colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad porque «al día de la fecha, las disposiciones del DNU 70/2023 no han entrado en vigencia (cfr. arts. 5º y 6º CCyCN)», según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

 

Por su parte, la CGT apeló este jueves la decisión del juez nacional del Trabajo Ignacio Ramonet que desestimó el dictado de una medida cautelar «interina» que suspenda el capítulo IV del Decreto vinculado a la reforma laboral porque aún no entró en vigencia.

El magistrado concedió la apelación, habilitó días y horas inhábiles del 28 y 29 de diciembre y ya giró el expediente a la sala ocho de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En el escrito de apelación, firmado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT. se advirtió que «se trata de conjurar un acto de autoridad que impone una reforma laboral peyorativa sin recurrir al Congreso y que los afecta en los aspectos individuales y colectivos», según el texto al que tuvo acceso Télam.

Con esta presentación intervendrá por primera vez un Tribunal de Apelaciones en relación al DNU, aunque sólo en lo referido a las normas de índole laboral.

«Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el DNU 70/23, pretende introducir modificaciones permanentes y no de coyuntura o de emergencia temporal (en derecho individual del trabajo y derecho colectivo) y esta circunstancia es relevante porque no se trata de implementar remedios temporales para una alegada crisis, lo que constituye otro motivo de invalidez ostensible», argumentaron los sindicalistas al reclamar una medida cautelar de «no innovar» y la suspensión de la puesta en vigencia del Título IV del DNU 70.

 

Ramonet concedió la apelación ante «la innegable trascendencia de la presente causa» y también a raíz de fallas del sistema judicial LEX registradas este jueves que «no permiten que la causa sea despachada con la premura que requiere» por lo cual habilitó «días y horas inhábiles para la tramitación de la misma los días 28 y 29 de diciembre del corriente año, debiendo estarse a lo ya dispuesto en cuanto a la posibilidad de habilitar la feria judicial», si alguna de las partes lo requiere.

En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez reclamó el dictado de una medida precautelar para suspender el DNU en su totalidad, mientras tramita su amparo contra esa norma.

Como hecho novedoso, explicó ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 que al presentar el miércoles el proyecto de Ley para sesiones extraordinarias, el Gobierno incluyó «una cláusula de ratificación» del DNU, algo que implica el «reconocimiento» por parte del Poder Ejecutivo de que no hay motivos para que las reformas propuestas no se traten en el Congreso Nacional.

En ese mismo fuero ingresaron durante la jornada otras dos demandas contra el DNU, uno del CELS y otro de la Confederación Argentina de Deportes, que resultaron sorteados en diferentes juzgados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales reclamó la inconstitucionalidad del DNU porque «se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales».

En otro de los amparos iniciados esta semana, la demandante Betina Stein presentó un recurso de revocatoria ante el rechazo por parte del juzgado interviniente, el Contencioso Administrativo Federal 8, a dictar la medida cautelar de suspensión a la espera de un informe «sobre la existencia de otro proceso colectivo».

Stein reclamó que revoque esa decisión y «se ordene en forma urgente la suspensión».

 

El proceso colectivo en cuestión es el iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad junto a Hugo Godoy, Claudio Lozano y Rodolfo Aguiar, aceptado por el juez Furnari e inscripto así en el Registro de Procesos Colectivos.

Finalmente, en La Plata, el juez federal Alberto Recondo rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU al argumentar que «solo el carácter de ciudadano no otorga legitimación activa».

Fuente: Télam

Vecinos autoconvocados se manifestaron este miércoles por la noche frente al Congreso de la Nación y en diversos puntos del país contra las medidas del Gobierno Nacional, específicamente el megaproyecto de ley presentado este miércoles por el presidente Javier Milei.

El proyecto denominado «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, y busca delegar facultades legislativas al Ejecutivo.

Desde las 21, algunos manifestantes comenzaron a congregarse en la Plaza del Congreso, en las intersecciones de avenida Rivadavia y Entre Ríos, frente al edificio de la cámara Baja, donde algunas personas realizaron una sentada sobre la vía pública, dificultando el paso de los automóviles.

“Abajo el decretazo”, “Unidad de los trabajadores”, “Paro nacional”, “Que se vayan todos” y “La Patria no se vende” eran algunas de las proclamas que se cantaban en la manifestación y no se vislumbraban cartelerías vinculadas a partidos políticos.

 

Cerca de las 22, unos 70 policías de la Ciudad de Buenos Aires, se acercaron desde Rivadavia con el fin de aplicar el protocolo anti protesta, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los efectivos formaron un cordón sobre la calle, rodeando a los manifestantes, para evitar que pudieran salir de la Plaza y cortar la calle.

Diego de 57 años, vecino del barrio de San Telmo, en declaraciones a Telam, dijo que “esto es un atropello a la democracia. Milei superó un límite y esto debe acabar”.

Por su parte, Jesica de 21 años señaló que el proyecto enviado por el Presidente “es un retroceso para la lucha por los derechos humanos y en especial para las mujeres”.

 

Sofía, de 25, calificó al proyecto de “autoritario” y espera que el Congreso “no apoye la iniciativa”.

“Lo que envió Milei no tiene precedente. Es terriblemente autoritario. No respeta lo más mínimo los derechos que conseguimos. Ojalá que el Congreso no apoye la iniciativa”, expresó sobre el ruido de los golpes a las cacerolas.

Otros de los distritos donde se replicaba esta protesta eran las ciudades bonaerenses de La Plata, Pergamino, Ituzaingó, Haedo, Tandil, en las proximidades de la Quinta de Olivos; Villa María en Córdoba; los barrios porteños de Caballito, Retiro, Villa Urquiza, Recoleta, entre otros.

Fuente: diario Madryn