La Cámara de Diputados pasó a cuarto intermedio y postergó hasta este viernes la aprobación del proyecto de ley de Bases, con la incorporación de nuevos cambios en el capítulo de privatizaciones, en una sesión especial cargada de tensión por los incidentes entre las fuerzas de seguridad y militantes que realizaron una marcha en contra de esa iniciativa frente al Congreso.

En la segunda jornada de la sesión especial y tras veinticuatro horas de debate, entre los dos días, faltaba unos 17 oradores para hacer uso de la palabra previo a la votación en general, en la que el oficialismo tenía garantizado el respaldo de los bloques dialoguistas.

La propuesta de pasar a un cuarto intermedio fue formulada por el jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago.

 

El Gobierno tenía el apoyo de unos 143 diputados para aprobar en general el dictamen de mayoría con el aporte de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.

La sesión especial, conducida por Martín Menem, se desarrollaba en una clima de tensión por los graves incidentes sucedidos en las adyacencias del Congreso entre las fuerzas de Seguridad y los militantes de izquierda y organizaciones sociales que rechazan el proyecto propiciado por el Gobierno.

En cada uno de los discursos de Unión por la Patria había referencia a los serios incidentes cerca del Parlamento, e incluso respaldaron un pedido de la diputada de izquierda Romina del Pla de hacer un cuarto intermedio «por la represión» que fue rechazado por la LLA, el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación.

En ese contexto y en un clima de fuerte tensión, el presidente del bloque de UxP Germán Martín presentó una moción para establecer un cuarto intermedio por la «terrible represión que se vive en la calle», que fue rechazado por otros bloques opositores e incluso el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto, señaló que «no se puede interrumpir la labor de un poder del Estado».

 

También respaldó la propuesta de su bloque Máximo Kirchner, a través de una cuestión de privilegio, en la que planteó: «Vamos a ver qué sucede afuera, es solamente para que haya la menor cantidad de argentinos y argentinas lastimados, trabajen en una fuerza de seguridad o no».

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el portavoz presidencial, Manuel Adorini, concurrieron este jueves por la tarde a Diputados y a la noche se sumó el ministro del Interior, Guillermo Francos, para seguir de cerca el desarrollo de la sesión.

A lo largo de la jornada también se sucedieron reuniones entre diputados oficialistas y opositores para superar las diferencias sobre seguridad, facultades delegadas y privatizaciones, y a la noche LLA envió un nuevo borrador de modificaciones donde se tomaron algunas sugerencias de los bloques de la UCR y Hacemos.

 

En ese sentido, La Libertad Avanza propuso a los bloques llamados «dialoguistas» eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley Bases y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechacen todas las ventas de las empresas públicas.

 

En cambio, mantuvieron la declaración de emergencia en materia económica, financiera, administrativa, tarifaria, energética, seguridad y administrativa, y el capítulo sobre deuda donde se elimina la obligación de pedir autorización al Congreso previo a tomar un endeudamiento como establece la ley vigente.

Las reformas que habían transcendido generaron la queja del diputado de UxP Germán Martínez, quien señaló: «Pasaron 9 horas de la segunda jornada de debate de la ley ómnibus. Si sumamos las 11 horas de ayer (por el miércoles), llevamos 20 horas de debate» y «aún no tenemos el texto que se pretende votar».

 

El plenario legislativo retomó a las 12.30 de este mediodía el debate con varias cuestiones de privilegio planteadas por parte de diputados de la oposición contra funcionarios del Poder Ejecutivo, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo policial del miércoles en las afueras del Congreso, donde se registraron incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes.

Al iniciarse la sesión, y luego de que los diputados de todos los bloques expusieran en el recinto sobre los incidentes ocurridos anoche, los legisladores rechazaron las amenazas que habría sufrido la diputada de la UCR, Carla Carrizo, a través de sus redes sociales, y se solidarizaron con la legisladora que se mostró muy sensibilizada y con lágrimas en los ojos, por lo que varios colegas se acercaron a su banca a brindarle su apoyo.

 

Al retomar el debate del proyecto, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que «la grieta sigue» en el Congreso y defendió a las provincias, en medio de la controversia entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores por el Impuesto PAIS.

«Muchos de nosotros tenemos nuestra referencia en las provincias que gobernamos y ya estamos hartos de ser un papelito al viento, de ser la cenicienta de este Congreso. Nos conducen nuestros gobernadores a nosotros», afirmó Gutiérrez.

 

Por su parte, la diputada libertaria por Santa Fe, Romina Diez, defendió las privatizaciones de empresas públicas, uno de los capítulos que incluyó el Gobierno en la Ley de Bases, y dijo que se trata de «dos conceptos antagónicos que tratan de disfrazarlos de patria para justificar aguantaderos de militantes. Una empresa no debería ni puede ser pública. Las manejan empresarios, los naturales benefactores sociales».

Desde la oposición, en tanto, la diputada de Unión por la Patria por Córdoba, Gabriela Estévez, sostuvo que la ley «modifica todos los aspectos de la vida de los argentinos» y cuestionó al asesor presidencial, Federico Sturzenegger, al señalar: «Ese funcionario sin cargo y sin funciones que, sin embargo, otra vez le devuelven la potestad de que entregue en bandeja a nuestro país. No sabemos quién escribió la ley, pero sí quiénes son sus principales beneficiarios y perjudicados».

En esa línea, la diputada de UxP, Paula Penacca, sostuvo que «en realidad es la ley de bases y condiciones para la venta de la Argentina».

 

Para el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, la delegación de facultades que solicitó Milei «no es igual de las que se le dio a otros presidentes como de (Fernando) De la Rúa, (Carlos) Menem, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Esta es una delegación de facultades que intenta cambiar la matriz de la Argentina, la matriz social, institucional y cultural de Argentina» y adelantó que votará en contra del proyecto, tras citar en su discurso las estrofas del Himno Nacional Argentino.

A lo largo del debate, la diputada del Pro Silvia Lospenatto dijo que con esta iniciativa se trata de otorgar «herramientas para que pueda llevar adelante su plan de Gobierno» y «yo les deseo de corazón el mejor de los éxitos. La Patria está en peligro cada vez que nuestros hijos no puedan desarrollar su vida«.

 

El diputado cordobés de Hacemos, Juan Brugge, señaló: «Nosotros vamos a acompañar el proyecto en general porque creemos en la institucionalidad y en que es necesario avanzar en establecer reglas de juego claras, pero peca de algo importante: mezcla las emergencias con la desregulación económica».

Fuente: télam

Por su parte, y tras finalizar el 10 de diciembre su gestión al frente del Senado, Fernández de Kirchner había publicado en esa oportunidad imágenes sobre su regreso a las instalaciones del Instituto Patria, ubicado en la calle Rodríguez Peña al 80, y que funciona como sede política del kirchnerismo.

«Otra vez en casa», había anunciado la exmandataria el 14 de diciembre del año pasado.

Fuente: Télam

Al iniciarse el debate, el encargado de leer todos los artículos que se suprimían fue el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, quien detalló cada uno de los ítems que se sacaban del dictamen de mayoría que se debatía en la Cámara baja, en una maratónica sesión.

Los cambios

El oficialismo suprimió del dictamen la eliminación de las facultades para modificar asignaciones específicas, así como la facultad delegada amplia que figuraba en el artículo 13°, vinculada a la competencia, y también se modifican y limitan las facultades sobre prórroga de jurisdicción y rescisión de contratos.

Asimismo, y de acuerdo a lo consensuado con los bloques, se eliminó el artículo sobre la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) al Tesoro Nacional, que figuraba en el artículo 194 del proyecto, y sólo se accedió a la consolidación de deuda, a la vez que se quitó el artículo de derogación de la incompatibilidad tras ser funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

También se formalizó la eliminación del capítulo fiscal, que contemplaba la discusión por las retenciones y la fórmula previsional para calcular los haberes de los jubilados, así como el blanqueo de capitales, que ya había sido anticipada el viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En torno al Impuesto PAIS, se dispuso que no habrá prórroga para ese gravamen, que está vigente por 5 períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024.

Se excluyeron además del dictamen el Régimen Impositivo de la Zona Fría y las Reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Además, entre otras cuestiones, se retiraron del capítulo de Ambiente los artículos referidos a la Ley de Bosques y su financiamiento, como reclamaban desde el radicalismo y Hacemos Coalición Federal y se eliminaron las sanciones más duras a los organizadores de protestas.

En ese sentido, quedaría sin efecto la definición de reunión o manifestación como «la congregación intencional y temporal de treinta (30) o más personas en un espacio público» y se suprime además el artículo vinculado a la vulneración a terceros por reuniones o manifestaciones sociales.

Otro de los cambios está vinculado con la eliminación del todo el capítulo vinculado con la reforma política que incluía desde la eliminación de las PASO hasta la instauración del sistema de circunscripciones uninominales.

En tanto, de las 11 emergencias que establecían en el dictamen de mayoría, quedaron vigentes 6: la económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.

Repercusiones

Tras la lectura de esos artículos, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, calificó de «inédito» el debate y dijo que es «gravísimo» lo que ocurrió con los cambios, al proponer una moción de orden para que el expediente vuelva a comisión.

«Si quieren cuidar al Presidente (Javier Milei) hagan que este tema vuelva a comisión. El momento para decir un no es este», enfatizó, aunque su moción fue luego rechazada por 149 diputados en la votación.

 

También desde el Frente de Izquierda Myriam Bregman respaldó esa moción y afirmó: «Está bien que recordemos qué hizo cada uno, nosotros podemos demostrar nuestra coherencia. Una cosa es que se quiten artículos pero estamos frente a un dictamen nuevo. Va a haber modificación de artículos como en el tema seguridad. Lo que se está discutiendo es un nuevo dictamen. No alcanza con decir que se quita, porque hay que ver el tenor de esas modificaciones».

 

Sin embargo, desde Hacemos Coalición Federal, Miguel Angel Pichetto rechazó ese planteo y recordó que el martes en la reunión de Labor Parlamentaria «se validó este procedimiento», al señalar: «Estamos dispuestos a tratar artículo por artículo hasta que termine este tema. Necesitamos clarificar posiciones».

 

En esa misma línea, el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, coincidió con Pichetto al precisar que la reunión de Labor «es el lugar donde coordinamos reglas del recinto de una ley que va a ser muy larga» y dijo que «hay que recordar los últimos años de sesión y ver cuántas cosas que hoy critican fueron hechas por ustedes».

La moción fue finalmente sometida a votación nominal, a pedido de UXP, y fue rechazada por 149 votos y 103 a favor.

 

Artículo por artículo

Este es el detalle de los artículos que se quitaron del dictamen: articulos 13, 31, 71, 72, 81; se suprimen además todos desde el 81 hasta 167 (medidas fiscales) y del 169 hasta 175 (retenciones), a la vez que se eliminan el 179, 180, 182, 194, 195 y el 196 y del 211 hasta el 292.

En el capítulo de Seguridad se eliminan los artículos 301, 303 y 305 (vinculados a los organizadores de las protestas y el que establecía entender como manifestación a la congregación temporal de 30 o más personas en un espacio público), así como los artículos 308; 311, 312, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341 y 342, y todo el capitulo electoral (del 460 al 487) y el 512 de Bosques Nativos.

Asimismo, se eliminará el articulo 513 y el 520 y se suprimen también los Anexos VI y VII y el artículo 62 del Anexo III (RIGI).

 

 

 

 

 

La Cámara de Diputados abrió este miércoles el debate sobre la denominada ley Bases impulsada por el Gobierno nacional, en medio de incidentes entre policías y manifestantes de izquierda a las afueras del Congreso y de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y Unión por la Patria, que denuncia que no se conocen los cambios del dictamen puesto a discusión.

Esta noche, pasadas las 21.30, se llamó a un cuarto intermedio y el debate continuará este jueves desde las 12, por lo que el oficialismo espera que el dictamen de mayoría que establece la emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de empresas públicas se apruebe el jueves en general y el viernes en particular.

 

A ocho horas de haber comenzado el tratamiento de la iniciativa aún quedaban por disertar unos 140 oradores, luego de las disertaciones de los diputados que defendieron los dictámenes de mayoría y minoría y cada titular de bloque parlamentario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que «en base a las conversaciones en Labor Parlamentaria se invita a pasar un cuarto intermedio», pero ante el planteo del presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien dijo que esa medida se tenía que votar, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, presentó una moción de orden en ese sentido.

El diputado de UxP Martínez dijo que «el oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones» y denunció que no tienen el texto definitivo que se está tratando.

«Todos los que dicen que no hay dictamen, mienten. El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio para mañana porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos», replicó el liberal José Luis Espert.

El plenario legislativo reanudará el jueves al mediodía el debate para agotar la lista de oradores y proceder a votar en general a la noche, para lo cual el oficialismo tenía garantizado unos 140 votos que serán aportados por la Libertad Avanza, UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Buenos Aires, Creo, Avanza la Libertad, y Unidad Mendocina.

 

La sesión tuvo sus momentos de tensión cuando este mediodía se decidió expulsar de las gradas a Tomas Agote, quien se presenta como emprendedor en sus redes sociales, presente en uno de los palcos del recinto, desde donde propinó insultos a legisladores mientras hacían uso de la palabra, y por la denuncia de UxP de la presencia de militantes de Revolución Federal.

También hubo una concentración en las adyacencias del Congreso donde se produjeron algunos incidentes entre militantes de izquierda y de organizaciones sociales y la policía, con el resultado de al menos un detenido.

 

 

El dictamen de mayoría que se discute que se redujo de 524 a 385 artículos tiene como como ejes centrales la declaración de emergencia pública en seis materias, una amplia reforma del Estado y la privatización total de 36 empresas públicas y otras tres en forma parcial.

El secretario parlamentario Tomas Figueroa leyó cada uno de los cambios al texto, vinculados al Régimen de Pesca, impuestos internos, seguridad, zonas frías y el artículo que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como el capítulo electoral, entre otras cuestiones.

Sin embargo aun persistían diferencias diferencias entre el oficialismo y algunos bloques opositores, centrados en la propuesta del Gobierno para tener autorización para privatizar empresas públicas, sobre el capitulo de Seguridad, y el régimen de Biocombustibles, entre otros.

En las últimas horas, el oficialismo y bloques oficialistas aun discutían limitar las facultades delegadas ya que la UCR y Hacemos quería eliminar la emergencia en materia energética y tarifaria, y reformar la redacción del capítulo de privatizaciones.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Legislación General, el diputado de LLA por Córdoba, Gabriel Bornoroni, destacó la presencia de 12 funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a exponer y respondieron más de 300 preguntas, así como 200 organizaciones no gubernamentales que participaron de los plenarios donde se debatió la iniciativa y señaló que se trata de «un shock de libertad para los argentinos».

 

 

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, dijo que «estamos atravesando una crisis como jamás se vivió en la Argentina. Es por eso que el presidente Javier Milei está reclamando esta herramienta para salir de esta crisis de manera ágil y más ordenada”.

El diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria (UxP), adelantó que el kirchnerismo votará en contra en general y en particular la totalidad de la ley «Bases», y declaró que la propuesta «bien podría llamarse 4 M» porque «tiene ese denominador común».

En ese sentido, mencionó al ex ministro de Economía durante la dictadura militar, José Martínez de Hoz; y a los ex presidentes Carlos Menem y a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei «como un denominador común».

Por su parte, el ex gobernador de Entre Rios y diputado peronista, Gustavo Bordet, dijo que «esta ley tiene un castigo para los que no la acompañan, pero es un castigo a los ciudadanos que habitan en las provincias. No vamos a acompañar porque la ley va en contra de los principios de las provincias».

El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, defendió la decisión de respaldar el dictamen de mayoría y dijo que ese despacho «es el resultado de un trabajo extremadamente solidario y cooperativo de bloques como el nuestro. Este gobierno tiene las herramientas para llevar adelante el plan de gestión que el pueblo ha votado».

Por su parte, la ex gobernadora y diputada del PRO, María Eugenia Vidal, dijo que «desde el bloque PRO creemos que es nuestra responsabilidad respetar la decisión de los ciudadanos y darle a este gobierno que empieza las herramientas que pide para salir de esta crisis y que no sea aún peor«.

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolas Massot, dijo que iban apoyar el dictamen de mayoría pero advirtió que «no podemos financiar la tarea fiscal de la Nación a costa de las provincias y los municipios y del ajuste más repetido en la historia Argentina, el ajuste a los jubilados, a los asalariados y a las economías regionales».

 

 

La Presidenta del bloque Innovación, Pamela Calletti, dijo que «en el marco de crisis estamos en el debate contribuyendo de esa manera a la gobernabilidad, de esta acuciante crisis se sale sin egoísmos por eso tenemos que dar el debate», pero señaló que «no estamos haciéndolo sin dejar marcar las disidencias» que tienen sobre algunos puntos del proyecto.

 

Por su parte, la diputada de Buenos Aires Libre, Carolina Piparo, dijo que va a «apoyar la Ley de Bases» luego del trabajo que «se ha hecho para consensuar modificaciones en distintas cuestiones sobre las que muchos de los presentes expresamos nuestros reparos o preocupaciones», como en el caso de la privatización del Banco Nación y la venta de acciones del FGS».

Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla dijo que «esta ley agrava todos los fundamentos de los gobiernos de estos últimos 40 años que nos han llevado a este nivel de pobreza, a este nivel de precarización laboral, lo agrava con nuevas privatizaciones«.

La primera sesión de la gestión del presidente Javier Milei comenzó a las 10.30 luego que el oficialismo consiguiera la presencia de 137 diputados en el recinto y lograra ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

 

 

Apenas arrancó la sesión, la primera bajo la conducción del presidente de Diputados, Martín Menem, la cámara baja tomó juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali (Unión por la Patria-San Luis), intendente de La Toma que pidió licencia para asumir su banca de diputado, y Mónica Ferreyra (La Libertad Avanza-CABA), que reemplazará a Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores.

Además, y debido a que había quedado pendiente tras la elección de autoridades de la cámara el pasado 10 de diciembre, se aprobó por unanimidad la continuidad de Ana Laura Lozano como Prosecretaria parlamentaria, a propuesta del bloque de UXP.

Luego, Menem propuso realizar un minuto de silencio en homenaje al fallecido exdiputado nacional y exgobernador de la Pampa, Rubén Marín.

 

 

Posteriormente, el plenario del cuerpo legislativo tuvo su tramo que se extendió casi dos horas de homenajes y cuestiones de privilegio, previo al debate del dictamen de mayoría.

Fuente: Télam

El oficialismo se garantizó el piso de 129 diputados para habilitar la sesión, ya que tanto la bancada radical, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación anunciaron que colaborarán para conformar el quórum y anticiparon que votará en general el dictamen de la mayoría.

Lo que sucede es que la LLA tiene 38 diputados y 7 aliados firmes, pero necesita el respaldo de las tres bancadas dialoguistas para aprobar cada artículo de la ley y eso no lo tenía garantizada en algunos capítulos, como la privatización de empresas públicas.

Hasta ahora tiene garantizados más de 140 votos para la aprobación en general y necesita reunir por lo menos 128 sufragios -teniendo en cuenta que Menem no vota- para imponerse en cada capítulo del dictamen de un proyecto que tiene 385 artículos.

 

Tras quitar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones, los principales puntos del dictamen de mayoría que se debatirán serán la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado, y las privatizaciones de empresas públicas.

Por ese motivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo hasta conversaciones con los bloques dialoguistas para superar las diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.

En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aún había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Sobre las privatizaciones, el Poder Ejecutivo propone vender todas las empresas públicas -con excepción de YPF- y en el caso de Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

El presidente del bloque de diputados nacionales radicales, Rodrigo De Loredo, afirmó  que la UCR dará quórum para habilitar el debate del proyecto de ley «Bases» en la Cámara baja y confirmó que «acompañará en general» esa iniciativa para darle al Gobierno «las herramientas que necesita», aunque exigió al oficialismo que sea «una sesión razonable», sin «circos romanos».

De Loredo ratificó que «daremos las herramientas para que un Gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales, ni el apoyo a personas. Defendemos ideas y el interés del país. Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre».

El bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) anunció que dará quórum este miércoles en la cámara de Diputados y acompañará en general en la sesión convocada por La Libertad Avanza (LLA) para tratar el proyecto de Ley Bases, aunque reiteró que planteará sus diferencias en la discusión en particular de la iniciativa.

La decisión fue adoptada en una extensa reunión de la bancada Hacemos, que preside Miguel Ángel Pichetto, con el fin de conciliar las diferentes posturas que tienen, ya que algunos legisladores respaldaron con disidencias el dictamen de mayoría y otros como la Coalición Cívica y el Socialismo junto al Gen presentaron sendos despachos de minoría.

Sobre la decisión de la bancada, el diputado santafesino Esteban Paulón dijo: «Los socialistas votamos en contra en general tal como lo venimos anticipando».

En tanto, fuentes de la CC y del Gen señalaron que respaldan la postura de la bancada de apoyar en general y plantear diferencias en particular.

Desde el Pro, el jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, expresó que su partido «garantizará el quórum y la votación en general» del proyecto de ley «Bases», advirtió que ese texto «no se puede modificar más de lo que ya se modificó» y planteó que el Gobierno «necesita» que la iniciativa sea aprobada para luego sí poder ser evaluado «una vez que tenga las herramientas».

El diputado remarcó que el PRO va a «apoyar todo» el dictamen de mayoría en la sesión prevista para mañana a las 10 en la Cámara baja y cuestionó que haya «más cambios» en el texto del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

Fuente: Télam