El oficialismo consiguió demorar la discusión por una semana en el Senado, pero no pudo evitar que los bloques dialoguistas respalden la interpelación del funcionario.

– La Libertad Avanza logró demorar por una semana la sesión donde se tratará un proyecto de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el 2 de julio, con lo cual ahora el Gobierno tiene quince días para definir si mantiene al funcionario o lo separa de su cargo.

El oficialismo pudo postergar la sesión hasta el 25 de junio, pero no pudo evitar que hasta los bloques dialoguistas respalden la decisión de promover la interpelación y una posible moción de censura del cuestionado titular de ministros.

Como adelantó la agencia Noticias Argentinas,  los dialoguistas no estaban dispuestos a esperar y solo aceptaron demorar una semana más la sesión a la espera que el Gobierno separe al cuestionado funcionario.

Adorni fracasó en su intento de solo ir al Senado a exponer el 2 de julio sobre la marcha del Gobierno, ya que en forma previa deberá responder las preguntas de los senadores sobre su patrimonio, y estará expuesto a una posible moción de censura.

La decisión se adoptó en la reunión de Labor Parlamentaria, en cuyo transcurso se resolvió a propuesta de los bloques opositores tratar en la próxima sesión un proyecto para citar a una interpelación al funcionario para la misma jornada donde está previsto que Adorni brinde su informe de gestión.

La reunión de Labor Parlamentaria se realizó luego de un extenso encuentro entre la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques dialoguistas donde desde la UCR, el PRO y bloques provinciales, le anticiparon su decisión de promover la interpelación, aunque aceptaron demorar la sesión por una semana.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aclaró que la inclusión de este proyecto fue propuesto por los bloques opositores y «no será acompañado por La Libertad Avanza«, aclaró que los impulsores de esta propuesta deberán reunir mayoría absoluta.

«Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que se acuerde; es un artículo operativo de la Constitución y requiere mayoría absoluta», aclaró Bullrich.

La legisladora anticipó que le comunicaría al Gobierno la decisión del arco opositor de impulsar la interpelación del funcionario.

Dijo que en la sesión se debatirán también tratados internacionales, y el proyecto sobre propiedad privada.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su bloque acompañará “un pedido de censura o remoción” si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.

“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión” aseveró el parlamentario del PRO.

Cómo están los votos

El proyecto de interpelación ya tiene asegurados tiene 25 votos, sumar 3 de Convicción Federal que responden a los gobernadores aliados de Salta Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, y se sumaría la mayoría de la decena de radicales y 2 del PRO.

A esa lista hay que agregar 2 santacruceños, 2 de Provincias Unidas, una salteña,  2 legisladores del Frente de la Concordia, 1 de Despierta Chubut, y uno de la Neuquinidad.

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Sucede luego de los reveses que tuvo en la Justicia para intentar frenar las reforma laboral .

La CGT inició una serie de encuentros sectoriales con sus confederaciones para «compartir un diagnóstico común sobre la situación social, laboral y productiva» y avanzar «en una agenda de acción colectiva», que todo indica será la de implementar medidas de fuerza escalonadas, por actividad.

Luego de los reveses que tuvo en la Justicia para intentar frenar las reforma laboral y de haber ratificado sus cuestionamientos al gobierno de Milei en la reciente conferencia de la OIT en Suiza, la central obrera se reunió este miércoles para iniciar la nueva etapa de acción frente al Poder Ejecutivo, que se resolverá en un encuentro del Consejo Directivo pautado para la semana próxima.

Con la presencia de sus tres secretarios generales, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, comenzó a discutir alternativas al típíco para general.

«Frente al deterioro de las condiciones de trabajo, la pérdida de empleo, el retroceso de la actividad económica y el avance sobre derechos conquistados, reafirmamos la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero organizado y construir respuestas colectivas que estén a la altura del momento histórico», sopstuvo la CGT en su cuenta de X.  

Y agregó que «el desafío es transformar el diagnóstico compartido en organización, coordinación y un plan de acción sostenido que permita defender el trabajo, la producción nacional y los derechos de nuestro pueblo».

La opción que se baraja como estrategia para los próximos meses son medidas de fuerza escalonadas, dondeirían rotando los sectores del transporte, industria, puertos, alimentación y medios, para sostener el conflicto. 

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El plan inicial del Gobierno era dictaminar este miércoles e incluir el proyecto en el temario de la sesión prevista para el 24 de junio, pero la propia Casa Rosada avaló ponerle un freno y bajó las expectativas.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados reanudó hoy el análisis del proyecto del Gobierno nacional sobre «ley de lobby«, que crea un «régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses», iniciativa que enfrenta un panorama de incertidumbre y que el propio oficialismo viene estirando su tratamiento a raíz de las resistencias que se acumulan en torno a su redacción.   

El plan inicial del Gobierno era dictaminar este miércoles e incluir el proyecto en el temario de la sesión prevista para el 24 de junio, en paralelo a la ley de Súper RIGI, pero la propia Casa Rosada avaló ponerle un freno y bajó las expectativas.

La idea de las autoridades era avanzar a máxima velocidad para cumplir el compromiso asumido por el país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a fin de alinearse a sus recomendaciones sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. 

Sin embargo, el texto presentado suscitó el rechazo transversal y casi unánime por parte de los expositores de la sociedad civil, colegios profesionales y cámaras empresarias que participaron de la segunda reunión informativa el miércoles pasado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

En este tercer encuentro, un variopinto arco de organizaciones de la sociedad civil volvió a expresar reparos con las definiciones laxas sobre gestión de intereses, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.

También se advirtió que el nuevo esquema impone un esquema burocrático de imposiciones que puede asfixiar operativamente a las entidades alcanzadas por la norma.

Las exposiciones

El director ejecutivo del centro de estudios Fundar, Martín Reydó, planteó una postura sumamente crítica frente al proyecto del Poder Ejecutivo, advirtiendo que tal como está redactado, «todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario».

Para el representante, la definición actual de «gestión de intereses» pone en la misma bolsa a las actividades de lobby desarrolladas por corporciones económicas y a las actividades de incidencia desarrolladas por otro tipo de organizaciones de la sociedad civil.

Reydó advirtió sobre la excesiva «burocratización» que podría generar en las organizaciones la imposición de reportes trimestrales, al tiempo que cuestionó que la normativa genere un marco de sospecha generalizada.

En tanto, señaló que el texto posee «grandes problemas» estructurales que, lejos de transparentar de forma eficiente, podrían entorpecer el diálogo democrático y la participación ciudadana legítima.

Por su parte, el director de Servicios de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini, advirtió que la redacción del proyecto de la ley de lobby es tan amplia y ambigua que no distingue correctamente entre el cabildeo corporativo-financiero tradicional y la participación o requerimientos técnicos de las cámaras empresariales.

Además sostuvo que el marco propuesto por el Gobierno puede poner bajo sospecha de manera injustificada las reuniones habituales entre pymes, cámaras industriales y funcionarios, afectando la elaboración de políticas públicas productivas legítimas. 

Al igual que otras agrupaciones, Corradini cuestionó el diseño de las sanciones y multas (que van desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación)- 

El representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Adrián Luna Vázquez, planteó una fuerte preocupación institucional respecto a cómo el proyecto de ley de lobby podría obstaculizar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y limitar el accionar de las entidades agropecuarias gremiales.

En tanto, indicó que tal como está la redacción, existe un riesgo de que la normativa termine criminalizando como «intereses oscuros» o lobby corporativo clandestino las mesas de diálogo técnico, los reclamos sectoriales o las propuestas de políticas públicas que las entidades rurales elevan habitualmente a legisladores y funcionarios.

Si bien Vásquez se mostró a favor de avanzar en esquemas que doten de transparencia a los actos del Estado, condicionó el apoyo de la entidad a que el Gobierno acepte profundos cambios en el articulado para no ahogar la libertad de expresión institucional de las asociaciones civiles.

El director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, argumentó que «la propuesta equipara erróneamente el lobby privado con la defensa del interés público, dificulta la participación ciudadana y burocratiza el funcionamiento de las ONG».

El ex presidente y actual vocal de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), Carlos Rozen, insistió en la necesidadde que la normativa diferencie el lobby tradicional, «cuyo fin único es influir en decisiones para un beneficio financiero directo», de los marcos internos de compliance de las empresas y ONG, que actúan bajo estándares internacionales de transparencia y prevención de delitos. 

Por otra parte, coincidió con otros expositores en que un exceso de exigencias de reportes e inscripciones obligatorias para cualquier tipo de interacción técnica o civil desvirtúa el propósito de la ley. 

Al respecto, advirtió que, en lugar de generar verdadera transparencia, esto puede colapsar el sistema con trámites innecesarios, alejando el foco de los verdaderos riesgos de corrupción estatal.

El abogado Sebastián Pilo, asesor estratégico de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA), cuestionó que las regulaciones que incorpora la ley de lobby del Gobierno sobre «intereses foráneos» o la cooperación internacional técnica puedan ser utilizadas para restringir el financiamiento, la asistencia y la labor de las ONG ambientales que litigan o inciden en políticas de preservación.

En tanto, argumentó que la redacción del Poder Ejecutivo tiende a una «participación vigilada», equiparando erróneamente el cabildeo de corporaciones comerciales con la legítima defensa del interés público y los derechos colectivos. 

Las claves del proyecto

Con la iniciativa para regular el «lobby«, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del P6oder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Sin embargo, un variopinto arco de organizaciones advirtió que hay problemas de delimitación en las definiciones conceptuales sobre la gestión de intereses y beneficiarios finales, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

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La senadora reafirmó la postura del Presidente de la Nación en torno a las polémicas que rodean al jefe de Gabinete debido a su declaración jurada patrimonial.

 La senadora Patricia Bullrich afirmó que “el presidente Javier Milei considera que no existen razones para desplazar” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros.

En declaraciones televisivas, la legisladora sostuvo que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y remarcó que no existe “nada que cuestionarle al presidente de la Nación”, respecto de su respaldo al integrante del Gabinete.

Bullrich también se refirió al escenario parlamentario que podría abrirse en los próximos días y explicó que este miércoles finalmente no habrá sesión. “Mañana no va a haber, pero sí el 25, donde los bloques opositores han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas”, señaló.

En ese sentido, indicó que una eventual citación al Congreso dependerá de la voluntad de las distintas bancadas. “De eso se trata la sesión. Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura”, afirmó.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la senadora explicó que la postergación de la sesión fue producto de un entendimiento entre los bloques parlamentarios. “Fue un acuerdo porque se levantó la sesión de mañana. Informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman. Esto se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista”, manifestó.

La dirigente también rechazó que el oficialismo haya impulsado la suspensión del debate para proteger al funcionario. “Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, sostuvo.

La situación de Adorni se encuentra bajo fuerte atención política desde que se conocieron detalles de su declaración jurada patrimonial y de las explicaciones brindadas sobre sus ahorros y ganancias obtenidas mediante inversiones. A raíz de la controversia, distintos sectores de la oposición impulsaron proyectos para interpelarlo en el Congreso y reclamar mayores precisiones sobre su patrimonio.

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Sucedió luego de que legisldores porteños de Fuerza Buenos Aires, junto a una asociación civil, presentaran un amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo Nro. 2

 La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires suspendió los desalojos que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había ordenado por supuesto peligro de derrumbe; esta situación se dio luego de que legisldores de Fuerza Buenos Aires, junto a una  Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI), presentaran un amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 2

Los diputados de la Ciudad Alejandro ‘Pitu’ Salvatierra y Victoria Freire, quien también es presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, fueron quienes enviaron el texto que impulsó la medida cautelar para el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales en el distrito porteño. 

En dicha medida ordenó a la gestión de Macri que “se abstenga» de «ejecutar medidas materiales o administrativas de evacuación» o bien impedir el ingreso a las viviendas de uso habitacional, «fundadas en razones edilicias, de salubridad, seguridad o riesgo constructivo«, sin cumplir con los recaudos mínimos para los ciudadanos que se encuentran en esa situación. 

Asimismo, establece como regla comunicarse de manera «inmediata» con el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de turno «ante una situación en la que deba intervenir de manera urgente en un inmueble por supuestos riesgos de la estructura edilicia«, ya que pueden poner en peligro la salud y la vida de las personas que permanecen allí.

Al mismo tiempo, la Justicia dispuso que el Gobierno de la Ciudad deberá brindar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva, adecuada a la composición y necesidades del grupo familiar afectado” en caso de que la medida impida a las familias pernoctar en sus hogares. Además, citó una audiencia para todas las partes involucradas.

“Es muy importante que la Justicia ponga un freno a la prepotencia de Jorge Macri que viene manipulando trámites administrativos para llevar adelante desalojos y dejar a cientos de familias en la calle. Una de cada tres personas desalojadas son niños y niñas. El Gobierno de la Ciudad vacía y desfinancia toda política de vivienda y persigue y expulsa de la Ciudad a las personas que más necesitan acompañamiento de políticas públicas«, concluyó Freire. 

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La Provincia asumió la ejecución de los trabajos paralizados bajo la órbita nacional y destinó más de 4.000 millones de pesos para completar la obra.

 El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este miércoles las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, luego de más de una década de retrasos e interrupciones en los trabajos que originalmente estaban bajo la órbita del Estado nacional.

La intervención permitió recuperar uno de los principales símbolos patrimoniales del país, con tareas destinadas a preservar su valor histórico, arquitectónico y cultural, además de garantizar su conservación para las futuras generaciones.

Durante el acto, Pullaro destacó la importancia del Monumento para Rosario, Santa Fe y la Argentina. “La inmensidad del Monumento Nacional a la Bandera habla por sí misma. No tenemos que agregar ningún adjetivo para describir esta majestuosidad y lo que representa para el pueblo de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “los argentinos, y particularmente quienes vivimos en esta ciudad, no nos merecíamos tener un obrador instalado año tras año, quitándole belleza y esplendor a esta obra magnífica que nos representa y nos une”, y remarcó que la Provincia decidió finalizar los trabajos “con recursos de todos los santafesinos”.

Según se informó durante la inauguración y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno provincial destinó una inversión total superior a los 4.000 millones de pesos para concluir la obra. La administración santafesina asumió además una deuda de 1.456 millones de pesos que el Estado nacional mantenía con la empresa contratista y aportó otros 2.600 millones para completar las tareas pendientes.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la restauración constituye “otro ladrillo que ponemos en la construcción de la nueva Rosario” y recordó que la obra había quedado paralizada bajo responsabilidad del Gobierno nacional.

“Tomamos la decisión de que Santa Fe se hiciera cargo, retomara los trabajos, cancelara la deuda que existía con la empresa contratista y completara la obra para llegar a este nuevo aniversario del Día de la Bandera con el Monumento terminado”, expresó.

Tras el corte de cintas, alumnos de cuarto grado realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. En ese contexto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó la presencia de los niños en el Monumento y afirmó que cada promesa representa “una muestra de amor y de identidad”.

Las obras incluyeron la restauración integral de la Sala de las Banderas, con el desmontaje y reacondicionamiento de vitrinas, reemplazo de vidrios y marcos, reparación de cielorrasos y trabajos de pintura y conservación. También se restauraron la llama votiva y numerosas piezas de bronce, entre otras intervenciones destinadas a recuperar el esplendor del conjunto monumental.

La finalización de los trabajos permitió poner en valor uno de los espacios más emblemáticos de Rosario y recuperar sectores históricos del Monumento Nacional a la Bandera, cuya restauración era reclamada desde hacía años por la comunidad local.

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El gobernador bonaerense también inauguró una nueva planta de producción de medialunas.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó escrituras gratuitas a familias de Chascomús y aseguró que “mientras el Gobierno Nacional pretende destruir al Estado» el programa provincial de viviendas «llegó para reducir desigualdades”.

En el discurso que brindó en el acto que compartió con la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis y el intendente local, Javier Gastón, señaló que es «fundamental» el rol del Estado «en el día a día de las familias» y que las 347 escrituras gratuitas que entregaron «no son un regalo, son un derecho de los bonaerenses y lo estamos haciendo valer”.

“Los títulos que entregamos certifican la propiedad de las casas, brindan una palanca para apostar al progreso y garantizan el legado que va a facilitar el futuro a las próximas generaciones”, manifestó el mandatario provincial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la intendencia de Gastón informó que debido al programa ‘Mi Escritura, Mi Casa‘ ya se otorgaron en total 1.986 escrituras en Chascomús, desde el inicio de la gestión de Kicillof.

Además, con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el gobernador bonaerense inauguró una nueva planta de producción de medialunas de la empresa Atalaya, y junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entregó 17 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de escuelas secundarias y de educación especial.

“Las escrituras pueden tramitarse en el sector privado, pero cuestan muy caro y no todos tienen los recursos: estamos demostrando que las soluciones no aparecen por la mano invisible del mercado, sino por un Gobierno comprometido con su obligación de garantizar derechos”, concluyó Kicillof. 

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A través del Decreto 473/2026, la administración de Javier Milei implementó el “suplemento por título” para el personal de las Fuerzas Armadas

 El Gobierno oficializó este miércoles un aumento que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales para los integrantes de las Fuerzas Armadas, y que apunta a reconocer la capacitación académica y técnica de sus integrantes, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los restantes miembros del gabinete ministerial, se estableció la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales de los uniformados.

La medida comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla, según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a través de redes sociales.

“Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas”, señala el comunicado.

Esta recomposición será extensiva, cuando corresponda, a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

“El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento”, indicó el comunicado.

El nuevo suplemento, según la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, reconoce tecnicaturas, títulos de grado y posgrados vinculados con las funciones desempeñadas por el personal militar.

Su incorporación al régimen de haberes “permite establecer un criterio objetivo, uniforme y verificable para valorar la formación acreditada, incentivar la continuidad educativa y acompañar el proceso de profesionalización del instrumento militar”, se indicó.

La escala establecida contempla un suplemento equivalente al 10% del haber mensual correspondiente al grado para tecnicaturas o títulos equivalentes; 15% para títulos de grado; y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

Al calcularse sobre el haber mensual correspondiente al grado, el suplemento no se establece como una suma fija, sino que acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar. De esta manera, el reconocimiento a la formación se integra de forma permanente al régimen de haberes.

La medida también corrige una asimetría dentro del Estado, ya que este tipo de reconocimiento existía en otros ámbitos de la administración pública nacional. A partir de esta incorporación, el personal militar contará con un régimen ordenado y equitativo para el reconocimiento de titulaciones afines a sus funciones.

Además, el ‘Suplemento por Título’ contempla al personal militar retirado y a los familiares con derecho a pensión. En esos casos, el reconocimiento podrá incorporarse siempre que el título haya sido obtenido con anterioridad al pase a retiro del causante, preservando la correspondencia entre los haberes del personal en actividad y los haberes de retiro y pensión.

“La profesionalización del personal militar constituye una prioridad estratégica para el fortalecimiento del instrumento militar. La formación académica no solo contribuye al desarrollo individual de cada integrante de las Fuerzas Armadas, sino que también mejora las capacidades institucionales en áreas críticas para la defensa moderna”, se puntualizó.

El Ministerio de Defensa recalcó que “la modernización de las Fuerzas Armadas exige perfiles cada vez más especializados en ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, ciberseguridad, derecho internacional humanitario y otras disciplinas fundamentales para la Defensa Nacional”.

“Formar y retener ese capital humano demanda tiempo, recursos y experiencia, por lo que reconocerlo también implica proteger la inversión que realiza el Estado”, se indicó.

Este proceso se apoya “en un sistema educativo de defensa consolidado, con una oferta de 69 tecnicaturas, 31 carreras de grado y 46 posgrados”.

“Ese entramado académico -se añadió en el Decreto- demuestra que la profesionalización militar ya es una realidad concreta dentro de las Fuerzas Armadas y que el reconocimiento por título viene a acompañar un proceso en marcha”.

Con esta decisión, el Ministerio de Defensa consolida lo que considera “una política orientada al desarrollo del capital humano militar como base de la recuperación, modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas”.

“Cada militar que estudia, se capacita y perfecciona sus conocimientos fortalece a su Fuerza y contribuye a una Argentina con mayores capacidades para proteger sus intereses estratégicos. Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza”, sostuvo el Ministerio.

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