El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, aseguró que «hay cientos de miles de viviendas» en todo el país, otorgadas durante años a través de planes financiados con fondos públicos, que jamás se escrituraron, y sostuvo que «pasar de la informalidad a la formalidad garantizará a quienes accedieron a las mismas el ejercicio pleno de la ciudadanía».

«Existen cientos de miles de viviendas construidas con aportes del Estado nacional en distintas épocas y a través de distintos programas, donde las familias que las recibieron no cuentan con el título de propiedad», remarcó Scatolini en declaraciones a Télam.

Avanzar en esa formalización, subrayó el funcionario, les permitirá a los beneficiarios «contar el DNI de su propiedad».

A principios de mes el Ministerio de Desarrollo Territorial creó el Programa de Regularización Dominial, que tiene el objetivo de escriturar a favor de beneficiarios de inmuebles que hayan sido financiados total o parcialmente con aportes del Estado.

Los siguientes son los principales tramos de la entrevista con Télam:

Télam: ¿Qué es el Programa de Regularización Dominial?

Luciano Scatolini: La Organización Naciones Unidas, en su programa Hábitat, determina que hay distintas causas de la informalidad, y una es la falta de seguridad jurídica de la tenencia de la propiedad. Garantizar la seguridad jurídica de la tenencia implica que quien habita un inmueble pueda disponer jurídicamente de esa propiedad. Y en nuestro país, para que eso sea posible, garantizar ese derecho es poder otorgar una escritura traslativa de dominio. Lo que nos hemos encontrado es que existen cientos de miles de propiedades de viviendas construidas con aportes del Estado nacional en distintas épocas y a través de distintos programas, donde las familias que recibieron las viviendas no cuentan con el título de propiedad.

A principios de mes el Ministerio de Desarrollo Territorial creó el Programa de Regularización Dominial.

T.: ¿Ya se sabe cuántas son las viviendas en esa condición?

L.S.: Estamos haciendo un relevamiento provincia por provincia, y de acuerdo a los convenios con cada una. Pero para poner un ejemplo, solo en la provincia de Buenos Aires, son más de 100.000 las viviendas construidas con fondos públicos sin escriturar. En el resto de las provincias lo estamos relevando.

T.: ¿Qué tan importante es para estas familias contar con su escritura?

L.S.: Contar con el título de propiedad es muy importante porque no solo garantiza la seguridad jurídica, sino también permite a la familia acogerse a los beneficios del bien de familia, una situación consagrada en nuestro Código Civil y en nuestra Constitución. Tener la vivienda como bien de familia otorga la seguridad de que la casa nunca la van a perder. Es importante la regularización dominial, además, porque permite acceder a créditos para mejorar las condiciones de hábitat de la propiedad. Pasar de la informalidad a la formalidad es garantizar a quienes accedieron a viviendas con fondos públicos, el ejercicio pleno de la ciudadanía. Es contar con el DNI de su propiedad.

T.: ¿Cómo es el trabajo previo a la escrituración?

L.S.: Primero se relevan los barrios no regularizados. Hay barrios donde hay 200 viviendas, pero aparece que hay una sola parcela porque no fueron subdivididas las casas por planos. Entonces hay que hacer la mensura, y la subdivisión. Posteriormente de hacer este relevamiento, hay que hacer la escritura individual para cada uno de los planos. Esta tarea la llevamos adelante a partir de acciones con gobiernos provinciales, la Escribanía General de la Nación y las escribanías provinciales, el Consejo Federal del Notariado (que reúne a los colegios de escribanos del país) y la Federación Argentina de Agrimensores (FADA).

T.: ¿El Estado se encarga de cubrir los costos de planos y escrituras?

L.S.: Este es un programa que va a financiar los planos y la escrituración. Tenemos claro que vamos a avanzar con todos los casos que podamos, aunque todavía no está cuantificada la cantidad. En muchos casos hay que cambiar ordenanzas en municipios para rezonificar el suelo. Históricamente, la vivienda promovida en la Argentina tuvo el problema de que los barrios se localizaron en áreas que nos son las mejores. Esa localización deficiente tiene que ver con que no hay una ordenanza que establezca el uso urbano que permita la rezonificación para ese barrio. Hay que tramitar entonces una ordenanza de rezonificación.

T.: En esos casos ¿cómo se va a proceder?

L.S.: Venimos trabajando, paralelamente a esto, en el Programa de Ordenamiento Territorial, para tener un registro nacional de suelo apto para destinar a programas habitacionales, para que no se vuelquen en cualquier zona del territorio. Ya logramos en tres provincias que presentaran en sus legislaturas propuestas de ley de planificación y ordenamiento territorial. Estas provincias son La Rioja, Chaco y Catamarca. En poco tiempo desde que iniciamos este programa, que ya tres provincias tengan cerca de votar la ley de planificación y ordenamiento es un logro. El objetivo que nos trazamos cuando comenzamos con el programa es que hubiera cuatro provincias con legislaciones sobre orden territorial de acá a fin de año, y ya van tres.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este domingo que el aumento de los precios de los alimentos es el «problema más grave» que tiene en la actualidad la economía argentina y adelantó que el Gobierno analiza la eliminación del IVA para la comercialización de carnes, lácteos, frutas y verduras mediante la Tarjeta Alimentar y avanza en la puesta en funciones del sistema de venta por telefonía celular para pequeños productores.

En diálogo con C5N, Arroyo advirtió que «lo más crítico hoy es el precio de los alimentos» y alertó que, «por eso, aun con actividad económica se mantiene la cantidad de gente que asiste a los comedores», durante la pandemia de coronavirus.

En este marco, consultado sobre una eventual iniciativa para eliminar el IVA de productos alimentarios, Arroyo respondió: «Sí, estamos evaluando y queremos llevarlo a la práctica».

«Lo estamos evaluando y queremos llevarlo a la práctica», comentó Arroyo sobre la quita del IVA con el plástico.

El ministro entendió además que el aumento de precio de la comida está reflejada en el hecho de que no descendió el número de personas que asistió a los comedores durante los meses en los que las actividades estuvieron habilitadas.

Tras indicar que en los últimos 3 meses la demanda en esos centros se mantuvo igual, pronosticó que es probable que, con las nuevas restricciones, «seguramente hará que vaya más gente a los comedores», para quienes el Estado aumentó en un 50% su ayuda.

Arroyo remarcó que el aumento de los precios de la comida hizo que «mucha gente aún pudiendo hacer changas en los últimos meses igual tuviera que ir a buscar comida». De igual forma, mencionó que en el último tiempo «familias enteras» pasaron a vivir en las calles «por el aumento de los alquileres».

Entre los dispositivos diseñados por el Gobierno para enfrentar la situación de los sectores vulnerables, Arroyo mencionó también un sistema que permitirá, por ejemplo, que «quien tenga una huerta pueda vender (su producción) a través de su celular, con un código QR», una iniciativa que «ya terminó su período de prueba» y que será lanzada próximamente.

Remarcó que hay «4 millones de personas que viven de su ingreso diario» y que las limitaciones a la circulación que buscan poner freno a la segunda ola de contagios de coronavirus «complica» su sistema de vida.

«Hay mucha gente que la pasa mal en la diaria y esto requiere de la presencia del Estado», expresó Arroyo.

El presidente, Alberto Fernández, dijo que «no puede haber 24 planes distintos para enfrentar la pandemia» de coronavirus, en función de cada una de las jurisdicciones federales que tiene el país, y aseguró haber advertido lo que podía pasar ante una segunda ola de contagios pero lamentó que algunas autoridades provinciales no lo hayan escuchado.

«Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir. Hubo municipios y provincias que mantuvieron todo abierto en las últimas semanas y eso nos pasa porque Argentina es un país federal. Pero el covid no ha leído la Constitución Argentina y afecta a todos por igual», sostuvo este sábado por la noche en declaraciones al canal CNN en Español, en una entrevista grabada de día en la Quinta de Olivos.

El jefe de Estado indicó que analizó la experiencia europea en cuanto al manejo de la pandemia y recordó lo que le dijo el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quien le señaló que cuando «al virus se le da un metro de distancia, no se lo alcanza más».

En relación a la ley que se discute en el Congreso para darle al gobierno herramientas para administrar la situación sanitaria, Fernández aseguró que no le pide «superpoderes» al parlamento, ya que la iniciativa que se envió «se los restringe».

«Hasta en eso la oposición miente y se equivoca. Es tiempo que estemos unidos y no hagamos política con la pandemia y tengamos un mismo criterio», subrayó.

En relación al fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente observó que la sentencia mencionó que el Gobierno planteó «conjeturas» cuando sostuvo que las clases generan un aumento de los contagios.

«Dijeron que lo nuestro fue conjetural. Pero consultamos a científicos antes de emitir un DNU que prohibía las clases presenciales en el AMBA. ¿A cuantos científicos consultaron los ministros de la Corte antes de producir ese fallo», cuestionó el presidente

En relación al tema de habilitar el turismo interno durante Semana Santa, a principios de abril, Fernández aseguró haber desaconsejado las aperturas en esos días y lamentó que los mandatarios provinciales o municipales no lo hayan seguido.

«Entiendo lo importante que puede ser el turismo para Bariloche, Jujuy, o MIsiones. Dijimos que eso no era bueno (por la circulación de turistas). Tomé medidas estrictas para inducir a a que me siguieran. Si no lo hacen, no tengo solución», sostuvo.

«Es tiempo que estemos unidos y no hagamos política con la pandemia y tengamos un mismo criterio»

El presidente afirmó que en estos nueve días de restricciones se aplicará «la estrategia del martillazo», que le permitirá al Gobierno «barajar y dar de nuevo» para ganar tiempo con los sistemas de salud y cortar los contagios.

«Si todos cumplimos y respetamos las reglas, es posible que lo logremos, está previsto que sea así. Lo último que quiero es que la gente padezca más de lo que ya padece, la gente padece lo que dejaron en el 2019 y ahora se le sumó la pandemia», remarcó.

Fernández aseguró que Argentina «está mejor que muchos países» en materia de aplicación y distribución de vacunas contra el coronavirus, y recordó que «todos» los Estados tuvieron problemas en conseguir fármacos para combatir al Covid

«Nos costó conseguir vacunas como al resto de los países. Nos sucedió lo mismo que a España o Francia. Y eso fue porque hubo incumplimientos de los contratos por parte de las empresas que producen las vacunas», señaló.

Fernández observó que «hay una fantasía» de que Argentina «sólo le compró vacunas a los comunistas», en relación a los convenios con la Federación Rusa para importar las dosis de la Sputnik V y aseguró que habló «con todos los productores de vacunas».

«Pfizer probó su primera vacuna acá, en Argentina. ¿Por qué no iba a querer comprarla? Ellos no cumplieron con las entregas en varios países y eso fue en parte porque Estados Unidos decidió preservar las vacunas para sus habitantes», explicó.

«Desde el retorno a la escolaridad en marzo, los contagios aumentaron en un 110 por ciento»

En cuanto a la suspensión de las clases presenciales, Fernández afirmó que todas las decisiones que se tomaron se basaron en decisiones del Consejo Federal de Educación y afirmó que desde el retorno a la escolaridad en marzo, «los contagios aumentaron en un 110 por ciento».

«Los chicos necesitan estar en las aulas. Dediqué como docente parte de mi vida a la educación y sé lo importante que es la prsenciualidad. Pero no podemos poner en riesgo a la gente. Tenemos que evitar los contagios», expresó.

En cuanto a las tarifas, Fernández aseveró que habrá un solo aumento, del 9 por ciento en el año, e insistió en que «ese es un tema que está decidido».

En cuanto a la inflación, consideró que ese es una cuestión cíclica en Argentina, y que «hay empresarios que nunca quieren perder la oportunidad y consideran que siempre es su momento» de aumentar los precios.

«Al frenar la exportación de carne buscamos que haya un volumen que se destine al mercado interno. Sabemos que la entrada de China como comprador al mercado internacional complicó la cuestión interna. Esperemos llegar a un acuerdo en este lapso con los productores. Pero no vamos a perjudicar a los argentinos, no vamos a aceptar que nos se los respete», advirtió.

En relación al FMI, el jefe de Estado estimó que se está cerca de lograr un acuerdo sobre la sobretasas que le cobra el organismo a los países deudores como Argentina.

«El mundo hoy no tiende al equilibrio fiscal. El plan de Joe Biden (presidente de los Estados Unidos) no tiene que con eso. El FMI divide el mundo en tres franjas, como si los países fueran hermanos. Al mayor le exigen ser perfecto. El menor es el mimado y al del medio no le prestan atención. Argentina está en el medio y por eso no la ayudan», apuntó.

En cuanto al conflicto palestino israelí, Fernández instó a terminar con la violencia en Medio Oriente y consideró que si «hay una agresión terrorista debe haber una respuesta proporcionada»

Sobre la situación en Venezuela, el presidente recordó que según los últimos informes de Naciones Unidas, «la situación de los derechos humanos mejoró» en ese país pero aclaró que se deben investigar las violaciones que pudieron haber cometido por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

«El mundo debe ver que no se pueden aplicar políticas ortodoxas. En Estados Unidos los tenemos a ‘Juan Domingo Biden’, por las políticas que quiere aplicar. Veo con esperanza lo que está haciendo. Como gobernante argentino padecí a un presidente como Donald Trump», sostuvo sobre la realidad política estadounidense.

En cuanto a la postulación de Daniel Rafecas para el cargo de jefe de los fiscales, el mandatario aseguró que «sigue siendo» su «candidato» y apuntó que «si hoy no tenemos» una persona al frente de la Procuración General de la Nación con acuerdo del Senado se debe «a las presiones que ejerció el macrismo para que Alejandra Gils Carbó renunciara al cargo».

La Cámara de Senadores tendrá una agenda colmada la semana que viene cuando los legisladores se aboquen a debatir los proyectos sobre Ganancias para empresas y la iniciativa para postergar las elecciones, en tanto que se espera la presencia en el recinto del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En principio, el ministro coordinador tiene fecha para enfrentarse a los senadores el próximo jueves 27 de mayo, en horario a confirmar.

La última vez que Cafiero estuvo presente ante los integrantes de la Cámara alta fue el 7 de octubre del año pasado. Antes lo había hecho el 18 de junio.

Según informó oficialmente la Jefatura de Gabinete, el funcionario enviará por escrito respuestas a 1160 preguntas formuladas tanto desde el oficialismo como de la oposición, un récord de consultas de parte de senadores desde la creación del cargo, con la Reforma Constitucional de 1994.

El jefe de Gabinete enviará por escrito respuestas a 1160 preguntas formuladastanto desde el oficialismo como de la oposición, un récord de consultas

Cafiero, como ocurre habitualmente en estos casos, formulará un discurso ante los legisladores para narrar la marcha del Gobierno, al término del cual responderá preguntas de los senadores que estén presentes en el recinto y de los que se encuentren participando de la sesión especial por videoconferencia.

De acuerdo al artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete debe brindar un informe sobre el acontecer del Ejecutivo de manera mensual ante el Poder Legislativo, alternándose una vez en cada Cámara.

Según la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud es el área que más preguntas recibió (237), seguido por el Ministerio de Economía (173).

Luego, en una suerte de ranking de requerimientos, continúan los ministerios de Desarrollo Social (78), Desarrollo Productivo (75) y Educación (71), entre otras carteras del Gabinete.

«Se trata del máximo histórico desde la creación del cargo en 1994: 1160 consultas», indicó la subsecretaría, que conduce Cecilia Gómez Mirada.

En cuanto a los bloques legislativos, la bancada que remitió al Ejecutivo la mayor cantidad de consultas es la UCR (619), seguida por el PRO (264) y el Frente de Todos (108).

Respecto de las senadoras y los senadores que mayor número de preguntas hicieron llegar al jefe de Gabinete se destacan Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) con 159; Pamela Verasay (UCR-Mendoza) con 118; Esteban Bullrich (PRO-Buenos Aires) con 94; y Guadalupe Tagliaferri (PRO-CABA) con 90.

El último informe del funcionario ante el Congreso lo realizó ante la Cámara de Diputados, el 28 de noviembre pasado, donde respondió 1899 preguntas de los legisladores.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. visitará a los senadores el próximo jueves 27 de mayo.

Además de la presencia de Cafiero, los senadores comenzarán a estudiar dos proyectos de ley que esta semana fueron aprobados por la Cámara baja: la postergación de las elecciones legislativas y el proyecto sobre Ganancias para Empresas.

Mediante un acuerdo entre el oficialismo y la oposición se acordó retrasar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 8 de agosto hasta el 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre.

Mientras el Congreso se apresta a modificar las fechas del llamado a las urnas, el Ejecutivo ya puso en marcha el calendario electoral, a través de un decreto, con el cronograma previsto inicialmente.

Sin embargo, en la Casa Rosada aguardan la sanción de la ley para correr los plazos que ya están rigiendo y amoldarlos a la norma que se apruebe en el Parlamento.

El proyecto para postergar un mes las PASO y las generales fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos, con la conducción de Juntos por el Cambio.

Una de las condiciones que hizo posible el consenso fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

En su artículo 6, el proyecto fija que «la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución».

Tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición se acordó retrasar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre

Por otro lado, los senadores discutirán en comisión el proyecto de ley sobre Ganancias para Empresas, que establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada por cada sociedad.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 50.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 50.000.000 de pesos, pagarán el 35%.

Las alícuotas se abonarán con un criterio escalonado y progresivo, ya que si una empresa supera los 50 millones pagará por los primeros 5 millones, el 25 por ciento, luego el 30 por ciento y por el resto de lo que supere los 50 millones, recién abonará el 35 por ciento.

Además, la Cámara de Diputados introdujo dos modificaciones a la iniciativa sobre Ganancias para empresas: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de empresas, y en segundo término, se aclaró en la redacción que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.

El ministro de Educación Nicolás Trotta, convocó a todos sus pares del país a «intercambiar perspectivas» sobre el sistema bimodal vigente con el objetivo de «garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes de todos los niveles educativos», informó la cartera educativa.

La reunión virtual será hoy a las 9.30 el marco del cumplimiento del DNU vigente y las restricciones que afectan a las clases presenciales en zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica.

Trotta expresó que “es importante alinear las acciones como dijo nuestro Presidente, es necesario gestionar en conjunto con todas las provincias, el país no puede tener 24 estrategias distintas porque hay una sola pandemia».

En un nuevo encuentro desarrollado este viernes entre funcionarios del Gobierno y gremios de la Educación en Rawson, se informó que los docentes que cobran entre $65.000 y hasta $90.000 percibirán sus salarios adeudados el próximo jueves 27 de mayo, y no el 25 como se comunicó días atrás.

Según precisaron desde la ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) en un comunicado, debió correrse la fecha del depósito debido al feriado puente del 24 de mayo. De esta manera, el próximo jueves se cancela la totalidad de lo adeudado a los empleados que perciben hasta esa suma.

Participaron del encuentro los ministros de Gobierno José Grazzini, y de Educación Florencia Perata, la subsecretaria de Coordinación Técnica Silvia Reinoso y los sindicatos Sadop, Amet, Sitraed, Uda y ATECh, además el Subsecretario de Trabajo y la Directora General de Asuntos Legales.

«El gobierno informa que por el feriado del día 24, el depósito de haberes de abril de aquellos que cobran entre $65.000 Y $90.000 se realizará el miércoles 26 para cobrar el 27 de mayo», manifestaron en el texto difundido este viernes.

Y agregan: «Respecto a la cancelación de este pago, observamos que existen trabajadores que superan extraordinariamente los $90.000 debido a devolución de ganancias en los haberes del mes de abril, por tal motivo se solicita sean incluidos en el esquema de pagos informado».

En ese sentido, y según señalan desde la ATECh, «el gobierno responde que en la medida que el sistema lo permita se realizará para esa fecha, de lo contrario se abonará en un pago complementario para incluirlos en la franja de quienes cobran entre $65.00 y $90.000».

El gremio volvió a rechazar la propuesta del Ejecutivo de cancelar los haberes para los trabajadores con ingresos de más de $90.000 en cinco cuotas: 18 de Junio, 19 de Julio, 20 de Agosto, 20 de Septiembre y 18 de Octubre del presente año. En este sentido, explicaron que «el gobierno ratificó que aplicará el esquema de pago de deuda anunciado».

Por otra parte, en respuesta a una solicitud sobre medios de conectividad y mayores recursos para garantizar el vínculo pedagógico, el Ejecutivo informó que «se hará acompañamiento para los docentes frente a alumnos del ámbito público e instituciones de gestión social durante el lapso de tres meses, de $1.000 por agente, a percibir entre el 10 y el 15 de cada mes, comenzando a cobrar con los haberes correspondientes al mes de Junio». Pasado estos tres meses se revaluará la continuidad del mismo.