Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se reunirá para continuar con el debate de un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca «prevenir y erradicar» estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Se trata de la cuarta reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos), y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (Frente de Todos), que se realizará a partir de las 11, con la presencia de expertos en la materia.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».

Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de derechos humanos para las fuerzas de seguridad.

La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz

La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».

De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».

El presidente Alberto Fernández mantendrá a las 10 una videoconferencia desde la Residencia de Olivos con la canciller alemana, Ángela Merkel, para completar la agenda de diálogo con mandatarios de países europeos que sostuvo hace dos semanas en su gira por el Viejo Continente.

La videoconferencia fue acordada durante la gira de Fernández por Portugal, España, Francia e Italia, durante una conversación telefónica en la cual Merkel le pidió a Fernández «hacerla en forma remota» desde Buenos Aires «en los próximos días», debido a las restricciones de circulación que hay en ese país.

El apoyo de líderes europeos para la reestructuración de las deudas con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, y el encuentro en Roma con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, fue el saldo de la gira por Europa que el propio Fernández calificó como «muy productiva».

En sus encuentros con los líderes europeos, el mandatario argentino recibió el apoyo en su postura para la renegociación de la deuda contraída por el Gobierno anterior con el FMI, así como también el respaldo a la eliminación de las sobretasas que cobra el organismo multilateral de crédito.

Durante ese viaje, el Presidente había adelantado que en los próximos días se comunicaría con la canciller alemana y, así «ya el escenario europeo quedará cubierto».

El ministro del Interior Eduardo de Pedro expondrá este miércoles ante la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en la apertura del debate para disponer la postergación por un mes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones legislativas, debido a la segunda ola de contagios de coronavirus.

La presidenta de la comisión, la senadora del Frente de Todos (FdT), María de los Angeles Sacnún, convocó a la reunión para las 14 con la exposición del ministro para luego dar lugar al debate de los senadores, con el objetivo de emitir dictamen este miércoles mismo, informaron fuentes legislativas.

La iniciativa, aprobada el 19 de mayo por la Cámara de Diputados tras un acuerdo entre oficialismo y oposición, establece que las PASO se trasladarán del 8 de agosto al 12 de septiembre y que las elecciones generales en las que se elegirán 127 diputados y 24 senadores se traspasarán del 24 de octubre al 14 de noviembre.

El proyecto que ahora deberá ser revisado por la Cámara de Senadores fue avalado en Diputados por 223 votos a favor contra tres rechazos y ocho abstenciones.

La postergación fue respaldada por el FdT, Juntos por el Cambio -aunque algunos de sus miembros se abstuvieron- y los interbloques de Unidad Federal para el Desarrollo y el Interbloque Federal.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, manifestó su enojo contra los intendentes que expresan estar preocupados por la situación epidemiológica actual pero después habilitan una serie de actividades donde se concentra un gran número de personas sin ningún tipo de control. Aclaró que Policía no realizará más los controles operativos, sino que deberá ser concretados por las propias municipalidades.

Según detalló Massoni, “en la última reunión que mantuvimos con el Comité de Crisis nos pusimos de acuerdo en que Policía no era quien se tenía que encargar de que se cumplan las normas que se van estableciendo, más que nada porque es muy complejo ya que hay un decreto nacional, un decreto provincial y cada una de las localidades después emite resoluciones, saca disposiciones por las cuales se van a regir”. Entonces “entendemos que el papel principal lo tiene que cumplir la gente de Habilitaciones Municipales o la Guardia Urbana que tiene cada una de las ciudades”.

“De lo que se encarga Policía es de atacar fiestas clandestinas, los partidos de fútbol que se estaban armado donde concurría muchísima gente, pero nos encontramos con intendentes que lo habilitan”.

“Me encuentro con que hay muchos casos de doble discurso porque por un lado hablan de la gran preocupación que tienen por lo que ocurre, pero por otro lado autorizan a realizar distintas actividades que conllevan el cúmulo de personas en un lugar determinado. No podemos decir `Estamos muy mal´ pero después salir y aprobar que se abran los boliches, que la gente se encuentre en una feria o hagan algún recital. Es contradictorio. Tenemos algunos intendentes que por un lado dicen que están muy preocupados y por el otro salen aprobando cualquier tipo de cuestión. Por eso hemos tomado la determinación que como ellos establecen normativa y autorizaciones, que sean ellos los que controlen”.

Hay locales nocturnos abiertos “porque son autorizados por la municipalidad entonces, ellos deben velar por el cumplimiento de la norma, no será Policía la encargada de ir a restringir las cuestiones autorizadas por el mismo municipio. Cada uno de los intendentes deberá asumir la responsabilidad de lo que autorizó y con la gente de Habilitaciones o Guardia Urbana proceder al cierre o la clausura cuando no cumplan la normativa que ellos establecieron”.

El ministro informó que desde Policía se han dispuesto retenes en todas las ciudades para restringir la circulación, en los mismos “se hace el control permanente y son preventivos, para que la gente desista de circular por dar un paseo”.

Los retenes son en el día, “durante la noche está prohibida la circulación y aquel que lo haga será infraccionado”, advirtió Massoni.

Igualmente aclaró el funcionario que ahora “no se habla de prohibir realizar cualquier tipo de actividad, como se hizo al principio, sino que se está diciendo hacer las actividades cumpliendo con los protocolos sanitarios”.

“Soy consciente de que no podemos ir al nivel del comienzo de la pandemia porque no se van a morir de Covid, pero sí de hambre porque perdieron el trabajo”.

“Digo no afectemos el comercio, regulemos, pero si aprobamos una feria controlemos, no como ocurrió, y hablo de lugares que es un descontrol de personas”, según consideró el ministro.

La iniciativa surge dada la situación de los habitantes que vieron afectada su conectividad, sumado al duro golpe económico que afectó al sector agropecuario por las inclemencias climáticas registradas el año pasado en Chubut. Para ello, se requiere que se establezca el financiamiento necesario para garantizar la conectividad de todas las familias afectadas por los mencionados hechos climáticos sufridos el año pasado, donde las zonas de Gastre, Languiñeo, Tehuelches, Paso de Indios, Río Senguer y Telsen de la Provincia de Chubut se vio vieron comprometidos.

En el mencionado proyecto se estipula el acceso en condiciones de conectividad de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica.También es importante destacar que el sector agropecuario recibió un duro golpe en los meses de junio y julio de 2020 por los fuertes vientos y nevadas en el interior de la Provincia, donde hasta el día de hoy siguen sufriendo las consecuencias de las inclemencias climáticas.

Para finalizar el Legislador Nacional Torres expresó que «Tenemos que asistir a todos los Chubutenses del interior que cuentan con una conectividad escasa o nula. Es prioritario que desde el Estado se brinden herramientas que garanticen el acceso a la comunicación siendo este recurso tan vital en el contexto que estamos viviendo, y considerando también, las distancias de muchas de estas localidades de los grandes centros urbanos» concluyó.

El dictamen de mayoría del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo busca poner en consideración del plenario de Diputados suma los cambios realizados oportunamente al texto enviado por el Senado y modificaciones que se aceptaron en pos del apoyo de otros bloques legislativos de la Cámara baja.

El despacho firmado el martes último -que obtuvo 34 firmas, sobre las 30 del de Juntos por el Cambio y la rubricó la representante de Consenso Federal- contempla un abordaje más profundo de cuestiones de género, de federalismo y de defensa de los consumidores.

Para alcanzar el dictamen de mayoría, el ministro de Justicia, Martín Soría, promovió la incorporación de algunas propuestas sugeridas por asociaciones de fiscales y por bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón.

En cuanto a género, el texto que cosechó el visto bueno de la mayoría del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja a partir de lo expuesto por las fiscalas federales, propone fortalecer la perspectiva de género, que se estableció como principio general en el inciso k) del artículo 9, con modificaciones concretas:

* En los casos de vacancia, se modifica el requisito de antigüedad como fiscal general para cubrir el cargo interinamente, reduciéndolo de 10 a 5 años, ya que actualmente solo el 18 por ciento de los fiscales generales son mujeres, sin cumplir la mayoría de ellas con los 10 años de antigüedad que se proponía originalmente.

*Las ternas de los concursos deberán respetar la composición equitativa de género y que al menos uno de los casos de evaluación verse sobre la temática de género.

*En la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, la dupla de fiscales elegidos por sorteo deberá respetar la paridad de género. A la eliminación del requisito de ser fiscal general prevista en la media sanción del Senado, se incluye la eliminación del requisito de 10 años de antigüedad en el cargo.

*Se establece como falta grave, en forma explícita, el ejercicio de violencia o discriminación por motivos de género.

En cuanto al tema de vacancia, además de lo mencionado en cuestión de género, se propone que el procurador interino sea elegido por el Poder Ejecutivo, en base a una terna propuesta por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación y que la permanencia en el cargo no sea superior a seis meses no prorrogables.

En cuanto al nombramiento del procurador interino, a propuesta del ministro Soria se recortaron las facultades de la Comisión Bicameral, en tanto ya no lo elige directamente, sino que eleva una terna de tres al Presidente para que lo seleccione y que además no puede permanecer más de seis meses en ese interinato.

«Se trata de una propuesta superadora, ya que respeta el esquema de designación del procurador y del defensor general, que implica precisamente la necesaria participación del Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado a través de la Comisión Bicameral», explicaron durante el debate diputados del Frente de Todos.

Sobre los concursos, se propone que la integración del jurado de los mismos vuelva a la conformación en la ley vigente, manteniendo la exigencia de selección por sorteo público.

En lo referido al Tribunal de Enjuiciamiento, se propone una composición más «moderada», con un representante del Poder Ejecutivo, dos de la Comisión Bicameral (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado según la competencia y dos fiscales elegidos por sorteo respetando la paridad de género.

En relación a la competencia del abogado, por ejemplo, si el acusado es un magistrado federal, participará un abogado de la matrícula federal, y, si el acusado, es un magistrado nacional, lo hará un abogado del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el dictamen busca que la composición sea más federal, ya que elimina al abogado de Capital Federal cuando se trata de un fiscal federal, pero lo mantiene cuando el fiscal es nacional.

Por otro lado, se mejora la composición de género, ya que en vez de un fiscal general se proponen dos fiscales de entre todos los magistrados del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto al funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento, se propone mantener el quórum en la mayoría de sus miembros (cuatro integrantes) y modificar las mayorías para la toma de decisiones: para la toma general de decisiones, se necesitaría mayoría absoluta de los miembros, y, para la remoción de un fiscal, las dos terceras partes de los miembros.

Además, se propone que la presidencia del Tribunal se designe por sorteo, con rotación cada seis meses.

En la ley vigente, el quórum se logra con la totalidad de los miembros y se traduce en que el funcionamiento del órgano dependa de la voluntad de uno solo de sus siete integrantes, cuyo voto resulta clave para inclinar una decisión. Por eso, el Frente de Todos en sus argumentos destacó que el quórum esté dado con la mayoría de sus miembros, como prevé la media sanción del Senado.

«La propuesta superadora», según el oficialismo «es modificar las mayorías para la toma de decisiones»: para la toma general de decisiones -por ejemplo, dictar un apercibimiento o imponer una multa a algún fiscal-, se mantiene la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros, en tanto, para remover a un fiscal, se requerirá una mayoría agravada.

Concretamente, para la remoción de un fiscal la mayoría necesaria es de dos tercios de los miembros, por ende, de los siete miembros, se requieren cinco; y durante el debate, el Frente de Todos explicó que, de acuerdo con la ley, «los representantes del ocasional oficialismo serán dos».

En ese sentido, se pone de relieve el compromiso de la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a derechos de usuarios y consumidores, a propuesta del diputado Ramón, se agregó una undécima procuraduría especializada bajo el rótulo «Procuración de Defensa de Usuarios y Consumidores».

El camarista federal de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, consideró necesario que se elija cuanto antes a un procurador de la Nación y se ponga fin al mandato de Eduardo Casal en ese cargo por entender que «carece de legitimación», y consideró que las objeciones de la oposición tienen una «motivación política», que sólo apuntan a «ampliar la grieta».

En una extensa entrevista con Télam, Lugones se manifestó a favor de la sanción de una nueva ley de Ministerio Público y que, luego, el nuevo procurador sea elegido «conforme los requisitos que imponga esa norma».

«Un procurador, cualquiera que sea, que tenga puesta ‘la camiseta de la justicia'», postuló el profesor adjunto de Derecho Constitucional de la UBA y planteó que cualquier funcionario en ese cargo «no puede jugar a la política y, si lo quiere hacer, que deje su lugar y se afilie al partido político que más lo represente».

-Télam: ¿Qué importancia le da al proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público que debate el Poder Legislativo?

-Alberto Lugones: Es necesario que se sancione esta nueva ley y, fundamentalmente, que se elija pronto un procurador General conforme los requisitos que imponga la nueva ley. Un procurador, cualquiera que sea, que tenga puesta «la camiseta de la justicia», no puede jugar a la política y, si lo quiere hacer, que deje su lugar y se afilie al partido político que más lo represente.

El actual procurador carece de legitimación por la forma en que fue elegido: porque es interino hace más de cuatro años, condición que la propia Corte (Suprema de Justicia) dispone que no puede mantenerse en el tiempo para ningún cargo en la Justicia, sino que debe cubrirse en forma efectiva para poder, por ejemplo, convocar los concursos para cubrir las más de 150 vacantes que existen en todo el país y que impiden el adecuado funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

«El actual procurador carece de legitimación por la forma en que fue elegido: porque es interino hace más de cuatro años».

Para mí es central la existencia de un Ministerio Público Fiscal independiente de cualquier presión política, mediática o empresarial, o de cualquier lobby, y también de cualquier grieta, y garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional, convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos. Creo que esta ley cumple mínimamente con esos requisitos en lo que hace a la designación del procurador, su remoción y su funcionamiento.

No se puede seguir trabajando para lo que mandan los medios y los lobbies.

-T: ¿Cree que la política se ha metido en la discusión de esta ley?

-A.L: No existe un motivo real de cuestionamiento político. Acá la grieta está a full. Basta leer el proyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia Germán Garavano o el presentado por los senadores Miguel Pichetto o Federico Pinedo y otros. Son muy similares. Entonces, ¿Por qué tanto cuestionamiento?

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura se manifestó a favor de la sanción de una nueva ley del Ministerio Público Fiscal.

Hablan de que la ley es para elegir un «procurador amigo» o «ideológicamente afín» y yo me pregunto: ¿Cuál es su opinión respecto de las actuales cabezas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, elegidos respectivamente por Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora María Eugenia Vidal, que por cierto no fueron elegidos por ser contrarios a los Gobiernos de turno, sino por ser cuadros políticos de quienes los eligieron.

«Es central la existencia de un Ministerio Público Fiscal independiente de cualquier presión política, mediática o empresarial, o de cualquier lobby, y también de cualquier grieta».

Entonces no parece que ese cuestionamiento sea sincero, sino que lo que están buscando es que no sea separado de su cargo Casal, con quien se sienten muy cómodos, por su endeble situación.

Aquellos que se molestan porque el Gobierno quiere remplazar al doctor Casal deberían recordar cómo fue el desplazamiento (de la Procuración) de Alejandra Gils Carbó, a quien se la sacó de su cargo con los medios más deplorables, bajo amenazas de causas penales para sí y sus hijas.

Incluso, organizaciones empresariales de nuestro país y extranjeras, algunos representantes de colegios de abogados y grandes estudios de abogado cuestionan el proyecto, y lo hacen con una virulencia que no recuerdo hayan mostrado cuando se discutió en el ámbito legislativo el proyecto de la gestión anterior, que es a toda vista similar al actual.

-T: ¿Cuál es su conclusión entonces respecto a esta situación?

-A.L: No es el proyecto en sí lo que les preocupa, sino quién tiene la lapicera o la mayoría para elegir a los fiscales. Con eso digo que, no es que no se coincida con este proyecto, sino claramente con la que se teme podría ser la formación de los futuros fiscales designados.

El poder real, empresas, representantes de estudios jurídicos y algunos colegios de abogados, no aceptan la soberanía de la democracia y del voto popular y de ahí surgen reclamos y cuestionamientos. Insisto, no es un problema del régimen legal que se aplique, el problema es quién tiene el poder para elegir a las personas que se van a encargar de aplicar el nuevo Código Procesal Acusatorio en todo el país.

-T: ¿Cuál es su evaluación respecto a la extensión del mandato y a la forma de elección?

-A.L: La discusión sobre el mandato del procurador General acotado en el tiempo o vitalicio tiene cientos de años y media biblioteca a favor y media en contra. Como para sumar a la discusión sobre si cinco años en el cargo y cinco más de extensión es positivo, puedo mencionar que en por lo menos 22 provincias argentinas se aplica, al igual que sucede en muchos países del mundo. El beneficio es que brinda la posibilidad de implementar políticas públicas y criminales, en sintonía con la administración nacional de turno.

«La elección del titular del Ministerio Público con una mayoría simple de la mitad más uno, es un sistema posible».

En cuanto a la forma de elección, hasta el momento no se ha logrado hacer funcionar la mayoría especial (de 2/3) para la elección del procurador. Sólo se alcanzó esa mayoría en el caso de la designación de Gils Carbó, a la que luego la sacaron sin importarle en lo más mínimo que había sido elegida por esa mayoría especial.

La elección del titular del Ministerio Público con una mayoría simple de la mitad más uno, es un sistema posible, así lo sostuvieron entre otros, el actual Presidente de la Asociación de Fiscales cuando fue invitado al Senado (año 2017) para opinar sobre alguno de los anteriores proyectos.

Lugones cuestionó la legitimidad de Eduardo Casal, el procurador interino.

-T: ¿Qué otro beneficio considera que trae esta ley y cuál revisaría?

-A: Las reformas que se han incorporado en su articulado, como las cuestiones relativas a política de género, lo que permitirá que haya más fiscalas y se apliquen políticas de género en toda actuación del Ministerio Público y también otras correcciones necesaria como agregar un representante más elegido por los fiscales para el jury, lo que claramente, es por demás positivo.

Lo que sí creo que es materia de revisión y evaluación en el tiempo, es la comisión bicameral que se crea a los efectos de controlar al Ministerio Público Fiscal porque lo que se debe evitar es que la función de control se convierta en una especie de cogobierno. Eso tiene que estar muy controlado para que el Ministerio Público Fiscal siga actuando de manera independiente.

-T: ¿Existe algún otro aspecto que considere que haga necesaria la sanción de una nueva ley para el Ministerio Público?

-A.L: Otro aspecto de inmediata reforma es el régimen disciplinario hoy vigente, que fue dictado en 2017 y que es absolutamente cuestionable en cuanto a la violación de las garantías constitucionales y convencionales en lo que hace al derecho de defensa de los fiscales y fiscalas. Lo que se cuestiona es que hay una doble vara en la forma en que son tratados los fiscales amigos respecto de los cuales no avanza ninguno de los sumarios en su contra. Respecto de los que no son amigos hay dos varas, una es avanzar rápidamente y dejarlos sujetos a una investigación que no es posible controlar, vigilar o cuestionar adecuadamente, en tanto que para otros lo que se aplica es el régimen de dejarlos colgadas de un pincel, por largo tiempo, para que pueda ser presionable, llegado el momento.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró este lunes que la circulación de vehículos en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en la región del AMBA disminuyó un 66 por ciento respecto al fin de semana pasado, y advirtió a quienes se fueron el fin de semana largo de turismo que no se les permitirá el paso por los controles cuando regresen, recibirán una infracción y serán sometidos a una causa judicial.

«La circulación vehicular disminuyó en toda la traza del Área Metropolitana de Buenos Aires el 66 por ciento si comparamos el sábado 22 con el sábado 15. Por eso consideramos que hubo un acatamiento altísimo y estamos muy satisfechos, porque la mayor parte de la ciudadanía tomó conciencia de la importancia de cumplir con las medidas del nuevo decreto», dijo la funcionaria nacional en declaraciones a Télam.

«Los controles van a ser estrictos y los pocos que se fueron de turismo, deberán esperar hasta cuando se venza el actual decreto para regresar a sus casas»

De esta manera, la titular de la cartera de Seguridad realizó un balance sobre los resultados de los operativos de control realizados en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, y resaltó «el trabajo coordinado de las tres áreas en materia de seguridad: la Nación con las fuerzas federales, la ciudad y la provincia con sus policías».

Frederic también se refirió a la fuerte disminución de movimiento turístico por el fin de semana largo y advirtió que quienes salieron hacia lugares turísticos como la Costa Atlántica, no podrán regresar hasta el 31 de mayo, cuando vence el actual decreto, y serán sometidos a «una causa penal, a una imputación».

«Estaremos alertas mañana martes y el miércoles, porque el turismo está prohibido y si hubo gente que se fue no va a poder volver y eso lo vamos a evitar», dijo la ministra, quien agregó que «de todas formas bajó muchísimo la circulación».

«Los controles van a ser estrictos y los pocos se fueron de turismo, algunos a la costa pero muchos a distintos sectores del Gran Buenos Aires o del interior de la provincia, deberán esperar hasta cuando se venza el actual decreto para regresar a sus casas», enfatizó la ministra.

«Estaremos alertas mañana martes y el miércoles, porque el turismo está prohibido».

Por su parte, el secretario de Articulación Federal de Seguridad Gabriel Fuks explicó que, según los registros, la cantidad de gente que viajó de turismo a la costa fue «mínimo» y agregó que consideró que «el movimiento de vehículos en los peajes del Sistema Vial Integral del Atlántico, que componen las rutas que van hacia Mar del Plata, por ejemplo, registró el día sábado apenas el 10 por ciento de movimiento en relación al fin de semana pasado».

En ese sentido también se refirió el secretario de Seguridad Eduardo Villalba, quien aseguró que las personas que circulen sin su autorización «podrán recibir sanciones».

«Cada juzgado actúa de acuerdo a cada circunstancia y si hay una retención del vehículo puede permanecer retenido y bajo custodia de la autoridad pertinente. Luego, además, serán sometidas a causas judiciales y podrán recibir las sanciones que establece el código penal para los delitos que forman parte del decreto», explicó Villalba.

Según un relevamiento realizado por las distintas fuerzas de seguridad federales, el pasado sábado en la Autopista Buenos Aires-La Plata se registró una caída en la circulación de vehículos del 66 por ciento respecto al sábado anterior, y en las rutas que van hacia la Costa, del 75 por ciento.

Además, según ese informe al que accedió Télam, entre el sábado y el domingo se labraron un promedio de 133 infracciones por día de personas que no tenían los certificados habilitantes para poder circular, y apenas se secuestraron 7 autos que fueron remitidos al sedes judiciales.

Unos 11.500 efectivos de las fuerzas federales de seguridad participan de los controles que se llevan a cabo en los puestos fijos en las principales autopistas, peajes y rutas de acceso a la ciudad, como también en 31 municipios del Gran Buenos Aires.

Además, la Policía de la Ciudad participa de los operativos en 50 de los 56 controles de acceso y advirtió que quienes circulen sin autorización se les retendrá la licencia de conducir, se les labrará un acta contravencional y se consultará a la fiscalía interviniente para determinar si es necesario el secuestro del vehículo.

Por otra parte, Frederic advirtió que intentarán evitar todo tipo de movilizaciones, como una que está prevista para mañana por agrupaciones «que están en contra de todo y que ni siquiera creen que hay una pandemia».

«Acordamos en una reunión del viernes en evitar las movilizaciones, no están prohibidas pero hay un principio que se impone que es el de la vida y el cuidado, así que las desalentamos», dijo.

Frederic agregó que «todo lo que transite por los controles que estamos nosotros, que son los puentes La Noria y Pueyrredón, nos ocuparemos de frenarlas como lo hicimos con anterioridad» y aclaró que «la Ciudad también tiene un compromiso que ha asumido para evitarlas».

«El sector que más nos preocupa es el sector que convoca mañana, que está en contra de todo y ni siquiera cree que hay una pandemia, y es el más peligroso», agregó.