La Cámara en lo Comercial dispuso que continúe la intervención judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar «potenciales perjuicios a acreedores» ordenó el «desplazamiento total» de sus directivos, por lo que se sumó otra disposición adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que la deuda reconocida.

La resolución de primera instancia, dictada en el marco del proceso de «salvataje» de la empresa, había sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhirió el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de «vaciamiento».

Contra esa resolución, dictada luego de dos décadas de iniciada la causa, la concursada presentó un recurso que fue rechazado por la Sala B de la Cámara, en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.

Desde la accionista y principal controlante Socma sostuvieron que esa sociedad siempre colaboró para evitar la quiebra de Correo Argentino, que, afirmaron, «se mantiene» por sus aportes «desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado Nacional, que actualmente continúa utilizándolos», señalaron los representantes legales del Grupo Macri.

Además, plantearon que eran «erróneas» las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la jueza Cirulli, y solicitaron que se aclaren cuáles eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de cramdown (salvataje).

Las accionistas pidieron medidas de prueba, pero la Sala B de la Cámara Comercial determinó que las mismas «resultan incompatibles con el examen de esta medida provisional, limitada a esta etapa acotada del procedimiento de cramdown y porque, además, la cuestión puede resolverse con las constancias obrantes» en la causa.

El tribunal, en ese punto, recordó que la ley 24.522 (ley de concursos y quiebras) habilita al juez a disponer la separación del concursado de la administración cuando se incurre en algunas de las conductas enunciadas en la misma norma, como «la omisión de información que el juez o el síndico le requieran» y «en general, cualquier acto en perjuicio potencial o evidente para los acreedores».

La Cámara Comercial añadió que la juez Cirulli profundizó la medida teniendo en cuenta el pasivo posconcursal que «aun cuando se tomara como referencia aquel reconocido por la apelante de 118.363.388,68 pesos (la intervención indicó 191.997.055,52 pesos), se aprecia relevante, considerando la casi nula actividad que la deudora desplegara durante estos años».

Las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso dijeron que «a ese respecto no sólo cabe cuestionar la existencia de que esas deudas que sin hesitación agravan la situación de la masa de acreedores, sino el hecho de que en esta instancia todavía no pueda determinarse de modo claro su extensión, con la consiguiente imposibilidad de garantizar un adecuado control del Magistrado concursal».

En tal sentido, para justificar la intervención judicial, integrantes de la Sala B señalaron que «resulta necesario controlar que estas situaciones no se sigan produciendo» y que el juez del concurso «pueda estar al tanto» de las operaciones de la empresa «que en el pasado no fueron canalizadas para lograr la pertinente autorización».

Sobre las referencias efectuadas por la concursada respecto de que sus bienes habrían sido «expoliados» por el Estado Nacional, el tribunal de segunda instancia remarcó que «dichas cuestiones competen al Fuero Federal, donde son ventiladas».

La referencia es a la causa que tramita ante la justicia federal, en la que el fiscal de ese fuero, Pedro Zoni, luego desplazado, formuló imputación contra el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por un acuerdo de pago entre la concursada y el Estado Nacional, durante el anterior gobierno.

El acuerdo fue rechazado en coincidencia con el dictamen de Boquin, quien se opuso por considerar que implicaba una quita de casi el 99 por ciento de la deuda, mientras que en el fuero federal un representante del Ministerio Público lo consideró «abusivo» y «ruinoso» para el Estado.

En concreto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) de la Procuración General de la Nación había estimado que extender el pago hasta 2033 (cuando finalizaría si se aceptaba la propuesta de la concursada), el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos.

Boquin, a quien la concursada le atribuye «falacias» en sus dictámenes y a la que intentó sin éxito apartar del expediente, determinó que el Correo Argentino se benefició con un estado de ‘eterno’ concurso -la causa se inició en 2001- para suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores, lo que implicó «perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa».

A principios de mayo, la fiscal presentó un nuevo dictamen en el que puso el foco sobre la relación entre Correo Argentino SA y el banco austríaco Meinl Bank, entidad financiera a la que se quitó la licencia y es investigada por lavado de dinero, que aparece como acreedor en el proceso concursal, y remitió documentación a la Justicia penal.

El mismo día en que la Cámara Comercial ratificó la intervención judicial de la empresa concursada, Correo Argentino SA presentó varios escritos en los que cuestionaron otra vez a Boquin y pidieron que las actuaciones pasen al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que suele ser permeable a los intereses del expresidente Macri.

Además, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, se opuso a todos los pedidos de quiebras que se presentaron en el concurso, entre ellos los promovidos por titulares de créditos laborales.

El senador Carlos Reutemann continuaba hoy internado en la sala de cuidados intensivos de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe y se encontraba «clínicamente estable» y ya comenzó con una «rehabilitación motora», según indicó el nuevo parte médico.

El exgobernador santafesino, de 79 años, experimentó un agravamiento de sus problemas de salud a partir del 5 de mayo, cuando permaneció internado tres días en Santa Fe y luego debió ser trasladado hasta un sanatorio de Rosario porque al cuadro de anemia y deshidratación se le sumaron sangrados digestivos.

En las últimas horas mantuvo parámetros hemodinámicos dentro de rangos normales y no tuvo fiebre, en tanto sigue siendo asistido con soporte nutricional y comenzó terapia de rehabilitación motora, según indicó Sebastián Del Pazo, coordinador del Departamento Clínico del Sanatorio Santa Fe.

El expiloto de Fórmula Uno tiene patologías preexistentes, como «hepatopatía crónica, hipertensión portal de larga data e insuficiencia hepática».

Se trata de secuelas derivadas de una intervención quirúrgica a la que fue sometido en 2017 en Nueva York a causa de un cáncer de hígado, que le dejaron impedimentos físicos.

Reutemann atravesó una primera internación entre el 5 y el 21 de mayo, cuando recibió el alta médica, pero debió ser reingresado el 30 del mismo mes y en razón de un estado febril fue trasladado a una sala de cuidados intensivos el 2 de junio, donde permanece.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que «la política criminal no puede seguir a cargo de un procurador que no tiene un solo voto», al cuestionar a la oposición por rechazar las reforma del Ministerio Público Fiscal para que se pueda designar al reemplazante de Eduardo Casal.

«Recordemos que Mauricio Macri tampoco designó a un procurador y, mientras discutimos eso, el que está efectivamente siendo el procurador no está recibiendo ni un voto», dijo la funcionaria en una entrevista que el diario Tiempo Argentino publicó este domingo.

En ese marco, Ibarra remarcó que «la Justicia tiene que ser justa, oportuna, razonablemente rápida y utilizar procesos limpios», pero lamentó que «nada de eso tenemos y lo sabemos», al tiempo que recordó que «uno de los compromisos de nuestra coalición de Gobierno durante la campaña electoral fue reformar esta Justicia.«

«El primer proyecto de reforma de la Justicia federal de Capital Federal y los jueces federales del interior no logramos sancionarlo hasta aquí. Pero si algo no puede pasar es que la política criminal esté a cargo de un procurador que hace años desarrolla un interinato sin un voto», apuntó la secretaria Legal y Técnica.

De esta manera, la funcionaria se refirió a las dificultades que tiene el oficialismo en sancionar en la Cámara de Diputados la reformas de la justicia y del Ministerio Publico Fiscal, debido a que Juntos por el Cambio y algunos bloques provinciales rechazan estas iniciativas que se deben sancionar con mayoría absoluta.

«Propusimos acuerdos para que el procurador no sea vitalicio y tenga un tiempo corto de mandato.»

VILMA IBARRA

En ese sentido, recordó: «Tuvimos una oposición muy fuerte a tratar el pliego de nuestro candidato -en alusión al pliego de Daniel Rafecas-, entonces propusimos buscar acuerdos para modificar la ley, que en vez del procurador que sea vitalicio, tenga un tiempo corto de mandato y requiera mayorías no tan graves».

No obstante eso, remarcó Ibarra, «también nos encontramos con una oposición, con lo cual la impresión que tenemos es que quieren mantener al que no tiene ningún voto y que no están defendiendo los dos tercios, no están defendiendo la constitucionalidad y ni la república, quieren defender al que está».

Asimismo, la funcionaria nacional señaló que Casal es quien «protegió al fiscal federal Carlos Stornelli, que se negó una y otra vez a presentarse al llamado de declaración de un juez».

Sobre este tema añadió: «No sé si nosotros como ciudadanos tomamos conciencia de lo que significa que el procurador general de la Nación acepte y colabore para que un fiscal federal se niegue a concurrir (a declarar), y que después no se le dé ni un tirón de orejas. ¿Qué les decimos a los ciudadanos y ciudadanas comunes a los que les exigimos que cumplan con la Justicia?».

Dijo que «todo esto se combina con la negativa a pagar el impuesto a las Ganancias, y eso es una cosa francamente increíble».

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, iniciará este domingo una gira por Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con funcionarios del presidente Joe Biden y del Congreso norteamericano, con el objetivo de afianzar las relaciones bilaterales.

Según se informó en un comunicado, la agenda del titular de la Cámara Baja incluye reuniones con la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung; el asesor especial del presidente Biden, Juan González; y el expresidente Bill Clinton, en el marco de una serie de actividades con empresarios y legisladores estadounidenses.

Tras su arribo a Washington, la agenda comenzará con una cena con González, que ingresó al Departamento de Estado en 2004 y es el hombre de confianza de Biden para América Latina.

En Nueva York, Massa se reunirá con el titular del Congreso Judío estadounidense, Jack Rosen

En tanto, el lunes, Massa participará de una reunión de trabajo con la delegación en la embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Jorge Argüello.

Por la tarde, mantendrá una entrevista con el diputado demócrata Gregory Meeks, que encabeza la comisión de Relaciones Exteriores y con quien Massa intercambió mensajes luego de que respaldara la posición argentina en el contexto de negociación para la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según se informó en el comunicado.

El martes se encontrará con Chung, funcionaria clave del Departamento de Estado para América Latina, y completará la tarde con una visita al Capitolio para un almuerzo interparlamentario con diputados estadounidenses

Al cierre de su gira por los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Diputadosse reunirá con el exmandatario Bill Clinton

También mantendrá reuniones con el Comité Judío estadounidense, el Caucus de Congresistas Latinos y Judíos de la Cámara de Representantes, y el titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.

El presidente de la cámara de Diputados mantendrá una entrevista con el diputado demócrata Gregory Meeks, que encabeza la comisión de Relaciones Exteriores.

La actividad de ese día concluirá con una cena de honor en la embajada argentina en Estados Unidos, organizada por el embajador Argüello, a la que serán invitados empresarios.

El miércoles, el líder del Frente Renovador tendrá una reunión con el presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental y Política Económica Internacional de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Albio Sires, y luego expondrá en el Diálogo Interamericano (Interamerican Dialogue).

Ese día finalizará con una nueva recepción en la embajada argentina con actores políticos y legislativos.

Finalmente, el jueves 17 de junio, ya en Nueva York, Massa se reunirá con el titular del Congreso Judío estadounidense, Jack Rosen; compartirá un almuerzo con la presidenta del Council of Americas, Susan Seagal, para luego hacer una disertación en ese foro; y finalmente, a las 19, se reunirá con el exmandatario Clinton.

La documentalista y realizadora Virginia Croatto, querellante en el juicio de la causa de «Contraofensiva Montonera», aseguró que los familiares de las víctimas siguieron «un camino colectivo que les permitió encontrar justicia después de tantos años», tras el fallo del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín que esta semana condenó a prisión perpetua a cinco represores por delitos de lesa humanidad.

«Siento que después de tantos años de lucha, los familiares de las víctimas y los querellantes logramos que el Estado nos escuchara. Es muy importante que el fallo de los jueces haya mencionado que nuestros padres, madres, hermanos, y hermanas hayan sido reconocidos como perseguidos políticos», señaló Croatto en declaraciones a Télam.

Virginia es hija del exdiputado nacional Armando Croatto, integrante de Montoneros que murió en 1979, cuando había retornado al país desde el exilio para sumarse a la «Contraofensiva», un intento de esa organización de volver a combatir contra la dictadura cívico-militar en el territorio argentino.

Varios de las hijas e hijos de esos militantes que retornaron a Argentina en 1979 y 1980 para sumarse a un proyecto de resistencia popular, permanecieron en La Habana, Cuba, en una guardería al cuidado de otros integrantes de esa organización.

Por la vía virtual, el juicio fue seguido por familiares y compañeros que estaban en Europa, México e Israel.

En base a esas vivencias, Virginia dirigió el documental «La Guardería», una historia sobre aquel lugar en el cual convivió con otros chicos del exilio y que era dirigido por su madre Susana Brardinelli.

El jueves pasado, en los Tribunales de San Martín se puso fin al debate de una causa de la «Contraofensiva», en la que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos por el aparato de inteligencia de la última dictadura contra los militantes montoneros que emprendieron ese fallido retorno.

Cinco represores, Roberto Bernardo Dambrosi, Luis Ángel Firpo, Jorge Eligio Bano, Eduardo Eleuterio Ascheri y Marcelo Cinto Courtaux fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidio, y fueron sentenciados a prisión perpetua que deberán cumplir de manera efectiva.

En función de las limitaciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus, Virginia y otros querellantes debieron presenciar la lectura del veredicto en la playa de estacionamiento de los Tribunales de San Martín, mientras otros familiares y público en general siguieron las alternativas de esta audiencia por el canal de YouTube del sitio «La Retaguardia», que cubrió la mayor parte de este proceso oral que se prolongó durante más de dos años.

«Después de tantos años de lucha, los familiares de las víctimas y los querellantes logramos que el Estado nos escuchara» planteó Virginia..

«Por la vía virtual, el juicio fue seguido por familiares y compañeros que estaban en Europa, México e Israel. Hubo muchos reencuentros a lo largo de todos estos años. Y todo eso fue muy movilizador para nosotros», apuntó Virginia.

En ese proceso oral, se analizaron crímenes en perjuicio de 94 víctimas, y sus familiares formaron un colectivo de más de 200 personas que impulsó este juicio.

Entre los integrantes de este colectivo de querellantes y familiares estuvieron Florencia Tajes Albani, Ana Montoto Raverta, Martin Mendizabal, Oscar Benitez, Joaquin Frias, Maria Jose Lujan, Maria Maggio, Benjamin Antonio, Luis Picoli, Ana Maria Avalos, Luciana Milberg, Susana Brardinelli, Lucia Presta, Carolina Romagnoli, Daniel Cabezas y Gustavo Molfino, entre otros.

«Fue para nosotros muy importante que en su alegato, la fiscal (Gabriela) Sosti haya hablado del ‘derecho a la resistencia que tienen los pueblos’ ante las dictaduras. También quedó en claro que a nuestros padres no los obligaron a volver, lo hicieron porque estaban convencidos», remarcó Virginia.

«Eran militantes, que tenían contradicciones, miedos, pero decidieron que no podían quedarse con los brazos cruzados ante el avance de una dictadura»

La cineasta también ponderó el trabajo que realizó en el juicio el abogado de la querella Pablo Llonto, que también fundamentó en su alegato la tesis de la Contraofensiva como un hecho de resistencia a una tiranía.

Y en ese sentido agregó: «Eran militantes, que tenían contradicciones, miedos, pero decidieron que no podían quedarse con los brazos cruzados ante el avance de una dictadura».

Armando, el padre de Virginia, resultó asesinado en Munro, en septiembre de 1979, por los grupos de tareas de la dictadura, cuando estaba junto Horacio Mendizábal, un importante cuadro de Montoneros que fue trasladado herido y murió dos días más tarde en Campo de Mayo.

«En estos años, encontramos un excolimba que nos contó a mí y a Martín (Mendizábal, el hijo de Horacio) que vio los cuerpos de nuestros padres y pudimos saber cosas importantes de esa historia y de la causa. Son parte de las muchas cosas que pudimos reconstruir entre todos», indicó.

«Siento que este juicio fue un cierre de muchas cosas pero que se abrieron otras. Tenemos que seguir juntos porque otros juicios que se van a venir después de esta causa»

A lo largo de la audiencias, los integrantes de este colectivo llevaron como emblema una rosa roja, de fantasía, que fueron tejidas por Irma Ortolani que tiene 98 años y es la madre de Susana Brardinelli.

«Fue la forma que tuvo de acompañarnos. No pudo estar en el final de juicio por su edad, pero estuvo junto a mi mamá cuando tuvo que declarar. Siento que este juicio fue un cierre de muchas cosas pero que se abrieron otras. Tenemos que seguir juntos porque otros juicios que se van a venir después de esta causa», subrayó.

«Lo fundamental, para nosotros es el camino colectivo que emprendimos y nuestro crecimiento como grupo. Ir por más justicia», concluyó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, «vuelve a confundir a los porteños» ya que «está insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria» por la cantidad de casos de coronavirus.

«Hay que esperar y ver esos números para confirmar que la ciudad haya descendido a la categoría de ‘alto riesgo'», dijo Cafiero en declaraciones a radio Mitre, en las que insistió en que Rodríguez Larreta «no cumplió la norma nacional y tomó la decisión de mantener las clases a pesar de tener saturado el sistema de salud».

Más tarde, en declaraciones a radio La Red, dijo que -con las medidas anunciadas el viernes por Rodríguez Larreta- «la ciudad va a estar incumpliendo el DNU, porque al día de la fecha no tienen el riesgo epidemiológico que los haya hecho bajar de alarma a alto riesgo».

«Larreta no cumplió la norma nacional y tomó la decisión de mantener las clases a pesar de tener saturado el sistema de salud»

«Ellos deben tener una proyección de que seguirán bajando, pero hoy no es el caso. El tema es que se confunda a los porteños diciendo que la situación es una cuando no lo es», insistió el jefe de Gabinete.

Este viernes, el Gobierno porteño anunció flexibilizaciones para el desarrollo de actividades en CABA, donde los horarios para circular fueron ampliados hasta la medianoche y la atención al público en comercios y locales gastronómicos al aire libre se extendió hasta las 23, debido a que se «consolidó» en el distrito una «tendencia a la baja» de la cantidad de contagios de coronavirus, según adujo el político de Juntos por el Cambio (JxC).

En tanto, afirmó que «no se trata de la voluntad de un dirigente» para «abrir o cerrar actividades sino de la realidad epidemiológica» de cada distrito según su cantidad de casos de coronavirus.

«La provincia de Buenos Aires exhibe una realidad que le permite hacer más aperturas de actividades, pero no es la voluntad de un dirigente, sino los parámetros establecidos», dijo Cafiero y agregó que «la realidad epidemiológica en la provincia permitió una nueva apertura de algunas actividades, pero con muchísimo cuidado».

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció el viernes la vuelta a clases presenciales «gradual y cuidada» desde el próximo miércoles en el conurbano, debido a que la baja de casos de coronavirus detectados en los últimos días permite al conurbano salir de la fase de «alarma epidemiológica», la de mayor gravedad en la clasificación de los expertos.

En ese marco, Cafiero remarcó que el gobernador Kicillof «se guía por los parámetros nacionales, y está teniendo una tasa de incidencia proyectada por debajo de los 500 casos cada 100.00 habitantes, y ese no es el caso de Rodríguez Larreta, que insiste con actividades que no están permitidas cuando se está en alarma».

Las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno nacional fueron prorrogadas hasta el 25 de junio.

Las medidas de restricción adoptadas por el Gobierno nacional para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus en el país fueron prorrogadas hasta el 25 de junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 381 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Cafiero explicó que «lo que hace el Gobierno nacional es fijar la normativa general, desde hace ya dos meses, con el DNU que se viene prorrogando, y lo que se plantean son parámetros objetivos sin determinar zonas, como cantidad de contagios cada 100.00 habitantes y ocupación de terapias intensivas».

El Jefe de Gabinete nacional destacó que los períodos de aislamiento estricto -nueve días y luego el fin de semana del 5 y 6 de junio- sirvieron para «para bajar la circulación», y destacó que se logró hacer «en consenso con gobernadores y gobernadoras, y el jefe de Gobierno porteño, y dieron el resultado de ahora, de tener una baja de contagios en muchos distritos y provincias».

«Habíamos tocado los 40.000 casos diarios, y ayer tuvimos 26.000, que es muy alto aún, pero bajó mucho en el AMBA, eso es real», apuntó y alertó: «Tenemos lamentablemente muchos fallecimientos, y hay 7.500 personas internadas en terapias intensivas».

De cualquier modo, advirtió que «hay que seguir cuidándose, y seguir evaluando, ya que no puede ser un ámbito donde nos relajemos en actividad y en acciones pensando que esto se superó».

El Ministerio de Salud oficializó la autorización «con carácter de emergencia» de la vacuna Convidencia contra el coronavirus, luego de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Así fue oficializado a través de la Resolución 1671/2021, que lleva la firma de la ministra Carla Vizzotti, y que fue publicada este sábado en el Boletín Oficial.

El viernes el Gobierno nacional anunció que avanza un acuerdo para la adquisición de 5,4 millones de dosis de esta vacuna, que se sumarán a las 19 millones ya arribadas a la Argentina.

La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es de una sola dosis y fue desarrollada por laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology). Es la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

La aprobación fue autorizada «en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Anmat», según indica el texto.

La cartera de Salud adelantó el viernes la noticia desde su cuenta de Twitter: «La ministra de Salud @carlavizzotti firmó la Resolución 2021-1671 que autoriza el uso de emergencia de la vacuna Convidencia de la empresa Cansino Biologics INC y avanza el acuerdo por 5.4 millones de dosis en función de su disponibilidad».