El presidente Alberto Fernández aseguró que la ley de Fortalecimiento del sistema de Bomberos Voluntarios «intenta a volver a poner las cosas en orden» y celebró que la iniciativa haya surgido del Congreso de la Nación y recibiera el apoyo de todas sus bancadas.

En un acto en la Residencia de Olivos, el mandatarioaseguró que «la Argentina necesita hombres y mujeres solidarios» como los bomberos voluntarios y reivindicó su accionar en el marco de la promulgación de la ley, que pone a disposición de los más de 43.000 mujeres y hombres los «recursos necesarios y la atención en caso de que padezcan daños como consecuencia de su accionar».

Fernández afirmó además que «la acción humana más cercana a lo solidario» es la de los bomberos, «porque no es gente que trabaja de esto sino que presta un servicio voluntario desinterasado», a los que «no los mueve el lucro, el dinero, sino la voluntad de socorrer a quién lo necesita».

Con la firma del decreto 386/2021, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, el jefe de Estado puso en vigencia una legislación que incluye, entre otros aspectos, un régimen tarifario especial.

La ley, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, también amplía la cobertura ante riesgos y contingencias que los bomberos voluntarios puedan enfrentar en el ejercicio de sus funciones.

«Estos beneficios se sumarán al ya existente del subsidio por parte del Gobierno nacional por el cual se asiste a los 1024 cuarteles que prestan servicio en todo el territorio», destaca el comunicado oficial.

La norma otorga beneficios a las asociaciones de bomberos voluntarios, en la que se establecen exenciones al pago de los servicios públicos y el reintegro del IVA para las compras y contrataciones para el cumplimiento de su función, además de prestaciones en caso de accidentes.

La Ley había sido sancionada el pasado 2 de junio, en coincidencia con el Día del Bombero Voluntario, una iniciativa presentada por el diputado justicialista Eduardo «Bali» Bucca (Consenso Federal) con el objetivo a hacer más eficiente el uso de recursos para equipamiento y capacitaciones por parte de las asociaciones de bomberos.

Por medio del decreto 386/2021 se promulgó la ley 27.629.

Entre los beneficios que otorga la ley se destaca que las «entidades beneficiarias gozarán de un tratamiento tarifario especial gratuito para los servicios públicos de provisión de energía eléctrica, gas natural provisto por red, agua potable y colección de desagües cloacales».

Esa tarifario especial también incluye la «telefonía fija, telefonía móvil en todas sus modalidades y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que se encuentren bajo jurisdicción nacional».

Se prescribe que el régimen tarifario especial es aplicable a las asociaciones y federaciones de bomberos voluntarios, al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina y a la Fundación Bomberos de la Argentina, como entidades conformantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

El texto establece además que el sujeto responsable inscripto en el IVA que realice ventas a estas entidades de bomberos voluntarios emitirá sus facturas con IVA tasa cero y la leyenda: «venta sujeto ley 25.054».

La norma había sido sancionada el pasado 2 de junio, en coincidencia con el Día del Bombero Voluntario.

La iniciativa también prevé ampliar la cobertura ante riesgos y contingencias que los bomberos voluntarios puedan sufrir en el ejercicio de sus funciones.

Además, se incluyen prestaciones destinadas a cuidar a los bomberos y bomberas que sufran algún tipo de accidente, como asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación y traslados. También se contempla una prestación económica en el caso de incapacidad laboral temporaria.

«En el Día del Bombero Voluntario, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer el Sistema Nacional y cada uno de los 1000 cuarteles de nuestro país, y proteger a las 43.000 personas que arriesgan su vida para salvar las vidas y los bienes de la comunidad», destacó Bucca el día que fue sancionada la norma.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunirá este miércoles con el titular del Subcomité del Hemisferio Occidental y Política Económica Internacional de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, Albio Sires, en el marco de la gira que realiza por ese país.

El líder del Frente Renovador expondrá luego en el Diálogo Interamericano (Interamerican Dialogue), y el día finalizará con una recepción en la embajada argentina con actores políticos y legislativos, según lo previsto, indicaron fuentes oficiales.

Ayer Massa se reunió con Julie Chung, subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y por la tarde realizó una visita al Capitolio, donde participó de un almuerzo interparlamentario con diputados estadounidenses.

También mantuvo reuniones con el Comité Judío estadounidense, el Caucus de Congresistas Latinos y Judíos de la Cámara de Representantes, y el titular de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez.

La actividad concluyó con una cena de honor en la embajada argentina en Estados Unidos, organizada por el embajador Jorge Argüello.

En tanto, mañana, ya en Nueva York, Massa se reunirá con el titular del Congreso Judío estadounidense, Jack Rosen; compartirá un almuerzo con la presidenta del Council of Americas, Susan Seagal, para luego hacer una disertación en ese foro; y finalmente, a las 19, se reunirá con el exmandatario Bill Clinton.

La gira de Massa por Estados Unidos comenzó el domingo pasado e incluyó otros encuentros con asesores del presidente Joe Biden para América Latina y congresistas.

El vocero del laboratorio chino CanSino Biologics, Adolfo Hernández Garduño, manifestó que «se están cerrando los acuerdos» con el Gobierno nacional y provincias como Córdoba para que la vacuna Convidecia «llegue a la Argentina en cuestión de días».

En declaraciones formuladas este miércoles a Canal 12 de Córdoba, Hernández Garduño, sostuvo que en el país «hay varios procesos de negociaciones con las provincias que aún no están cerradas», aunque -indicó- se está «avanzando».

En ese sentido, detalló que ese proceso se aceleró luego del 12 de junio, cuando el Gobierno nacional, por intermedio de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), oficializó la autorización, con carácter de emergencia, de la vacuna Convidecia contra el coronavirus.

Al ser consultado si los acuerdos conllevan alguna cláusula legal extraordinaria por parte de la empresa china, el vocero dijo que, «al tratarse de una aprobación para el uso de emergencia, todo lo relacionado con el manejo de la vacuna corre por cuenta el territorio argentino», como «el Ministerio de Salud, las autoridades y el Gobierno».

La vacuna es monodosis y tiene una eficacia del 65%.

Asimismo destacó que la vacuna es monodosis, es decir que se logra la inmunización con una sola aplicación, y que «tiene una eficacia del 65%».

«Esto quiere decir que 65 de cada 100 personas que tomen contacto con el virus no van a desarrollar la enfermedad», aseveró Hernández Garduño en la entrevista que concedió esta mañana.

En tanto, sobre el 35 por ciento restante, indicó que el «el 90% de esas personas, es decir 9 de cada 10, no van a desarrollar una forma grave (de la enfermedad), sino de forma leve y moderada».

También, remarcó que es de fácil y seguro manejo porque la vacuna necesita de una temperatura de 2 a 8 grados centígrados para su conservación.

Recientemente el Gobierno de Córdoba había anunciado la compra de un millón de dosis de la vacuna Convidecia, del laboratorio chino CanSino, que podrían arribar a fines de julio próximo o principios de agosto.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, disertará este miércoles en un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), entidad empresaria que encabeza el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.

La participación de Guzmán será el primer contacto formal que tendrá con el nuevo titular de la entidad fabril, que al asumir la semana pasada se manifestó de manera crítica con algunas medidas de Gobierno vinculadas a la política antiinflacionaria y de resguardo de los puestos de trabajo ante las restricciones de la pandemia.

Funes de Rioja encabezó en 2020 el reclamo de la industria de la alimentación por los acuerdos alcanzados en los programas Precios Máximos y Precios Cuidados.

En particular, al asumir la presidencia de la UIA Funes de Rioja reclamó la baja de la prohibición de los despidos y la doble indemnización, a la vista del crecimiento que viene registrando el empleo en los últimos meses.

Funes de Rioja encabezó en el segundo semestre de 2020 el reclamo de la industria de la alimentación en su rol de presidente de la Copal -que mantiene a la par de titular de la UIA- por los acuerdos alcanzados en los programas Precios Máximos y Precios Cuidados en rubros que este año se incrementaron por encima de la inflación.

Guzmán tiene previsto exponer a las 14 en el evento que se realizará de manera presencial en La Mansión y los jardines del hotel Four Seasons, para aprovechar espacio al aire libre.

Según los organizadores, en el encuentro estarán Miguel Acevedo, expresidente de la UIA; Daniel Pelegrina, extitular de la Sociedad Rural; Eduardo Eurnekian, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Iván Szczech, de la Cámara de la Construcción; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercios, y Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), entre otros.

Una policía de El Bolsón denunció el sábado al diputado nacional chubutense Santiago Igón, quien habría agredido verbalmente en la caminera del acceso norte a la localidad, sobre la Ruta Nacional Nº 40, al momento de llamarle la atención por una infracción de tránsito.

La mujer, integrante del cuerpo de Seguridad Vial, interceptó al legislador, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok gris oscuro, para notificarlo porque «se adelantó a otros vehículos en un sector prohibido, cometiendo una infracción». En ese momento, al bajar la ventanilla, Igón le habría gritado «soy diputado, ya vas a saber de mí». Pese a ello, la funcionaria no dudó en labrar el correspondiente parte de infracción.

De igual manera, la uniformada dejó constancia de lo ocurrido a las 13.10 del sábado 12 de junio, con una denuncia formal en la sede de la Comisaría 12°, haciendo valer la ley 26.485 (Protección integral de la mujer) e indicando que «fue maltratada por el diputado, quien en todo momento se dirigió hacia ella violenta y descalificativamente».

Según se informó, «el conductor fue identificado como Santiago Nicolás Igón, de 43 años de edad, domiciliado en la ciudad de Esquel provincia del Chubut, quien ingresaba desde el norte. Finalizada la diligencia, este ciudadano solicita los datos de la empleada, los cuales se le aportan y se retira a los gritos diciendo ‘los voy a denunciar a todos, a vos te voy a denunciar’».

La causa quedó a resolución de la jueza de Paz de El Bolsón, Zulma Steneir, quien deberá resolver en las próximas horas si cita a declarar al diputado chubutense.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, promulgó la Ley I Nº 707, por medio de la cual se adhiere al Decreto Nacional Nº123/21, para la creación del Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.

En un principio, este Consejo se integrará con los titulares de los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, y de las Mujeres, Géneros Y Diversidad de la Nación, quienes dictarán el Reglamento interno de funcionamiento. Con esta adhesión de Chubut, se permitirá incorporar a los titulares de los ministerios locales para comenzar a desarrollar políticas en conjunto.

Entre las funciones que tendrá este nuevo órgano, se destaca la elaboración en forma conjunta de los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Además, el Consejo tendrá que elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

Asimismo, busca unificar los sistemas de registro y gestión de la información; promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida y coordinada gestión de los casos de violencias por motivos de género; recomendar la elaboración y aprobación de normas que contribuyan con los objetivos propuestos.

Cabe destacar que este Consejo busca promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral de situaciones de violencia por motivo de género. También, se encargará de promover en cada jurisdicción la organización de mesas de trabajo locales con participación de los gobiernos locales, integrantes del poder judicial y ministerios públicos, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos y expertas en la materia.

Finalmente, el Consejo Federal tendrá que redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional en el marco del referido Consejo, el que deberá ser enviado al Congreso de la Nación.

El Frente de Todos buscará enhebrar en los próximos días acuerdos con los bloques opositores de la Cámara de Diputados para poder convertir en ley, entre el martes 22 y el miércoles 23 de junio, el proyecto de «Emergencia Covid», con media sanción del Senado, que establece un marco normativo a partir de parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

El Gobierno dictó el sábado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 381 -debido a que Diputados aún no aprobó la iniciativa sancionada por el Senado- que prorroga hasta el 25 de junio las medidas de restricciones para evitar una nueva suba de contagios del coronavirus.

La intención del oficialismo es aprobar la semana próxima el dictamen que emitieron el jueves pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa), y de Acción Social y Salud Pública, que encabeza Pablo Yedlin (FdT-Tucumán), pero para ello necesitará el apoyo de los bloques provinciales, informaron fuentes parlamentarias.

El Frente de Todos suma 118 diputados -incluido el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que vota sólo en caso de desempate aunque su presencia sí se tiene en cuenta para conformar el quórum-, por lo que necesita 11 diputados más para alcanzar el piso mínimo de 129 legisladores para iniciar la sesión.

Según informaron fuentes de la Cámara Baja, los 6 diputados que integran el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, a cargo del mendocino José Luis Ramón, respaldarán la iniciativa ya que están de acuerdo con los cambios y las incorporaciones realizadas en el Senado sobre el proyecto inicial enviado por el Ejecutivo.

Desde el oficialismo, además, ya tienen el respaldo de dos de los diputados del Bloque Justicialista -Eduardo «Bali» Bucca (Buenos Aires) y Andrés Zottos (Salta) – y confían en sumar a los legisladores de Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino.

En ese contexto, en el FdT esperan avanzar en conversaciones con Córdoba Federal -cuyo bloque tiene cuatro integrantes- y Consenso Federal, que cuenta con tres legisladores, para que al menos colaboren con la conformación del quórum, ya que para su aprobación el proyecto no requiere de una mayoría calificada.

Esta semana no habrá sesión debido a que Massa, presidente de la Cámara, estará en Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con asesores del presidente de EE.UU Joe Biden, el exmandatario Bill Clinton y miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de ese país.

Sergio Massa se encuentra de visita en lo Estados Unidos y no estará presente esta semana.

Massa, que estará cinco días entre Washington y Nueva York, también se entrevistará con representantes de la comunidad judía estadounidense y expondrá ante los foros Interamerican Dialogue y American Society-Council of Americas que dirige Susan Segal.

Por otro lado, en cuanto a la actividad de Diputados, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, como también la titular de Legislación General, Cecilia Moreau, más los jefes de los distintos bloques volverán reunirse con representantes de laboratorios productores de vacunas contra el coronavirus, como lo hicieron el martes pasado con los directivos de Richmond y de Pfizer.

En esa ocasión, el gerente del laboratorio de EEUU, Nicolás Vaquer, desacreditó las denuncias realizadas por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien el mes pasado señaló en una entrevista en el canal LN+ que las dificultades de la Argentina para adquirir vacunas de Pfizer obedecían a una supuesta pretensión del exministro de Salud Ginés González García de «tener un retorno».

Vaquer subrayó que en «ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios» en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el Covid y descartó que Pfizer haya manifestado «interés» por bienes naturales o reservas del Banco Central a modo de garantía.

Si para esta semana se prevé una nueva reunión de comisión con los representantes de los laboratorios, para dentro de diez días se espera debatir ya en el recinto el proyecto de «Emergencia Covid» que sistematiza y busca darle un rango de ley a los criterios epidemiológicos sostenidos en los DNU emitidos por el Ejecutivo desde el inicio de la pandemia.

El proyecto, entre otras cuestiones, hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales y sobre todo establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con cuatro categorías de riesgo sanitario: bajo, mediano, alto y alarma epidemiológica y sanitaria.

Estas cuatro categorías se definen a partir de tres indicadores: razón, incidencia y la tasa de ocupación de las camas de terapia intensiva en cada jurisdicción.

El proyecto, ya aprobado en el Senado, determina que en las zonas declaradas en alarma epidemiológica deben implementarse medidas restrictivas a la circulación y concentración de personas, como la suspensión de la actividad de centros comerciales y ferias, al igual que de locales gastronómicos, y además queda vedada la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre y en gimnasios.

En la iniciativa también se determina que en las zonas de alarma epidemiológica quedará prohibida la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.

Otro de los puntos del proyecto es la suspensión, para las localidades y departamentos en alarma epidemiológica, de las reuniones sociales en domicilios particulares y en espacios públicos al aire libre si superan las diez personas; también se prohíbe la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados y las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas, como asimismo la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos que impliquen concurrencia de personas.

Por último, el texto que se aprobó en el Senado, y que espera por su sanción en Diputados, establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico.

El Gobierno argentino decidió expulsar al detenido exmilitar chileno Walter Klug Rivera, quien ingresó en forma ilegal al país y está acusado del homicidio calificado de 23 personas y otros delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, informó el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro.

«Hemos dispuesto la expulsión del ciudadano chileno Walter Klug Rivera, que ingresó a Argentina de forma ilegal escapando de la justicia de su país, donde se lo acusa del homicidio calificado de 23 personas durante dictadura de Pinochet«, informó De Pedro a través de la red social Twitter.

Agregó que «Klug Rivera tiene además una notificación roja de Interpol para su detención por delitos de lesa humanidad».

El ministro destacó que «con esta medida, la República Argentina reafirma su compromiso con el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, la justicia y el orden internacional».

Klug Rivera -condenado en Chile por delitos de lesa humanidad- había ingresado a la Argentina a principios de este mes con un pasaporte alemán, y fue seguido desde entonces por las autoridades hasta que lo detuvieron este fin de semana.

Luego del golpe de Estado de 1973 en Chile, liderado por Pinochet, Klug Rivera, quien entonces era un teniente de 23 años, organizó un campo de detención y tortura en las caballerizas del Regimiento de Infantería N°3 de Montaña en Los Ángeles, informó el Diario UChile.

«Sobrevivientes de dicho campo de torturas describieron a Klug como ‘particularmente brutal y sádico’. De acuerdo a diversas organizaciones, la mayoría de los cien desaparecidos de la región del Biobío pasaron por ese campamento», añadió la información.

También indicó el medio trasandino que «el abogado presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, valoró la noticia porque ‘pone termino, satisfactoriamente, a una situación muy compleja que se ha vivido en Chile producto de la desidia e indolencia de los tribunales de no garantizar que este famoso criminal, que ya se había escapado en otra oportunidad, tuviese todas las restricciones propias de una persona condenada por crímenes tan graves'».

El exDestacamento de Inteligencia 101, una vieja casona ubicada en el centro de la ciudad de La Plata desde donde se impartían órdenes de desaparición y secuestro de personas durante la última dictadura, será transformado en la sede del Archivo Provincial de la Memoria.

«Constituye un acto de reparación y resignificación de un lugar clave del esquema represivo», coincidieron funcionarios nacionales y provinciales.

El vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Juan Debandi, dijo a Télam que la desafectación del inmueble se basa en «la mirada que tiene el Estado nacional sobre los bienes del Estado, en la creencia de que cumplen un rol estratégico, tanto para las políticas de memoria como también para la producción, para la economía, para la salud, y para la educación».

Añadió que se busca «poner en valor la tierra como un fin estratégico» en un trabajo «coordinado con las distintas dependencias, en beneficio de la sociedad», algo «muy diferente de lo que puede ser una mirada especuladora, basada por ejemplo en desarrollos inmobiliarios y privatizaciones», apuntó.

La exsede del Destacamento de Inteligencia 101 está emplazada en la Calle 55 Nº 619, abarca una superficie total de 655,35 m2, y fue señalizado en el año 2014.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, remarcó a Télam que «recién ahora se pudo avanzar en la desafectación del inmueble, lo que constituye un acto de reparación y resignificación».

Moreno recordó «la desafectacion de la casa como dependencia del Destacamento de Inteligencia 101 había sido ordenada en la sentencia en el Juicio de «La Cacha» -el excentro clandestino de detención que funcionó detrás del penal de Olmos- en el año 2014, a pedido de las querellas pero en los cuatro años posteriores del macrismo, donde hubo un total desinterés por las políticas de derechos humanos, no se pudo avanzar».

Añadió que «por eso, ni bien asumimos, nos pusimos en contacto con la AABE con quienes estuvimos trabajando un año y medio para que esto sea posible».

En octubre de 2014, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a 15 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en La Cacha, nueve de ellos militares que se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

Por primera vez se estableció la responsabilidad de los oficiales de inteligencia no sólo en la identificación de personas, sino también en su secuestro e interrogatorio. En el fallo se indicó al Poder Ejecutivo Nacional y al Provincial, la adopción de medidas necesarias para desafectar los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha, para ser Sitios de Memoria.

El miércoles pasado fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 40/2021 firmada por el titular de la AABE, Martín Cosentino, y el vicepresidente Debandi, que desafectó de la jurisdicción del Ministerio de Defensa el inmueble a fin de transformarlo en asiento del Archivo de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

Moreno indicó que «en diciembre pasado, el gobernador Axel Kicillof decidió que por primera vez en la historia la Provincia de Buenos Aires contara con un archivo propio», que actualmente funciona en oficinas de la subsecretaría de Derechos Humanos.

«Pero ahora, que se ordenó la desafectación del exDestacamento, empezarán las obras para la recuperación del lugar que se encuentra en mal estado por el tiempo, y luego podremos instalar allí la sede del archivo», apuntó Moreno.

Sumó que la conformación de un archivo bonaerense «era una deuda ya que hay muchas provincias que contaban con uno, y además obedece a la Ley Nº 12.498, que crea el Registro Único de la Verdad y dictamina como valor primordial el derecho a la verdad de una comunidad».

Moreno valoró la «decisión política» de constituirlo y recordó que su conformación se sustenta también «en las normativas internacionales a las que nuestro país adhiere y que tienen que ver con la desafectación de los lugares desde donde se ejerció la represión ilegal».

«Así, un lugar oscuro, donde existió el horror se transformará ahora un lugar abierto, de memoria, donde albergar el acervo documental de lo que fue la dictadura, en un trabajo articulado también con los municipios», sumó.

Debandi consideró que «alcanzar esta meta simbólica es muy bueno» porque muestra que «el Estado puede transformar un sitio que representó una de las etapa más cercana y difícil de nuestro país, invirtiendo los roles, y dándole una mirada de reparación, de inclusión y de contención para toda la sociedad. Eso, es tremendamente valioso para nosotros.

La creación del Archivo Provincial de la Memoria fue establecida por el Gobierno provincial mediante el decreto 37/2020 con el objetivo de «unificar en un solo organismo centralizado las tareas de supervisar, diseñar y evaluar políticas para la recopilación, conservación y archivo de materiales vinculados a la actuación del terrorismo de Estado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, gestionando lo relativo a la aplicación y observancia de las citadas leyes provinciales, contribuyendo así al proceso de Memoria, Verdad y Justicia».

Además de permitir la consulta permanente funciona como soporte y resguardo de este acervo documental en tanto prueba para los procesos judiciales respecto de las responsabilidades del accionar del terrorismo de estado en la última dictadura cívico-militar.

El Destacamento 101 del Ejército cumplió un rol clave durante la dictadura en el esquema represivo de la región, ya que desde allí se recolectaba información para planificar secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.

Fue el centro neurálgico del sistema represivo de gran parte de la Provincia de Buenos Aires, una unidad de inteligencia del Ejército dependiente del Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, que funcionó en pleno centro comercial y político de La Plata.

Se trató de la base de operaciones desde la cual se planificaron y ejecutaron secuestros, interrogatorios bajo tortura, asesinatos y otras acciones represivas ilegales del Estado en el partido de La Plata y otras localidades bonaerenses a partir de 1975.

Desde 1976 esas acciones se sistematizaron y multiplicaron en el marco del plan represivo de la dictadura.

Desde el Destacamento 101 se desplegaron tareas de inteligencia principalmente en jurisdicción de la Subzona 11, que abarcaba a la zona sur del conurbano bonaerense y San Andrés de Giles, Luján, Mercedes, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Navarro, Lobos y Cañuelas. Además, tenía injerencia sobre las ciudades de San Nicolás, Mar del Plata y Junín. En todo ese vasto territorio funcionaron 18 centros clandestinos de detención, entre los que sobresalieron el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Pozo de Arana, El Banco, Vesubio y La Cacha.