El Consejo de la Magistratura terminará la próxima semana de consensuar un reglamento para que los abogados de todo el país elijan a sus nuevos representantes en el organismo, tal como dispuso la Corte en el fallo que declaró inconstitucional su composición y le ordenó volver a un esquema de veinte miembros.

«La Corte se equivocó», evaluó en la última reunión del Consejo el representante de los jueces, Alberto Lugones, ante las dificultades que plantea el plazo de 120 días que fijó el tribunal para que se celebren las elecciones entre letrados, jueces y académicos para lograr el «equilibrio» en la relación de fuerza.

Tanto la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), en audiencia con el Consejo, plantearon la dificultad de desarrollar elecciones entre todos los profesionales matriculados.

Al respecto, consignaron que se trata de un universo de casi 200 mil profesionales del derecho que están ubicados a lo largo de todo el país, y que la compulsa debería llevarse a cabo en menos de cuatro meses.

El Consejo, que volverá a reunirse el próximo martes, corre detrás de la decisión de la Corte que dispuso que para mediados de abril, el organismo debe volver a la composición de veinte miembros y para ello debe incorporar, además del presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, a dos representantes de los abogados (uno por Capital Federal y otro por el interior); a una jueza y a un académico.

En el caso de los jueces, será una representante mujer la que debe ser elegida para equilibrar la composición de género en el sector.

Actualmente, hay tres representantes de magistrados hombres: el mismo Lugones, Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo.

El Consejo fijó el 8 de abril como fecha tope para que los magistrados celebren la elección de su representante y dejó a su arbitrio también la fecha límite para la postulación de candidatas y la confección del padrón.

A diferencia de los abogados, los jueces calculan una base de electores cercana al millar, que estiman permitirá una elección ágil y un escrutinio relativamente sencillo en comparación al recuento que deberán enfrentar los letrados particulares, que tuvieron una asistencia de 25 mil profesionales en la última elección al Consejo.

De las tres elecciones que deben organizar y validar el Consejo por mandato de la Corte, la del representante académico será la más sencilla ya que es el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores de las universidades nacionales y provinciales, quien debe elegir su representante.

Esta planificación electoral podría modificarse si el Congreso sanciona, antes del 15 de abril, una ley que disponga la integración del Consejo en atención a los principios de equilibrios entre los sectores que la Corte evaluó inconstitucional sobre la base de los trece miembros actuales.

El Gobierno prepara su propio proyecto de ley que podría enviar al Congreso Nacional luego que en los próximos días realice su convocatoria a sesiones extraordinarias e incluya este tema en la agenda para que se tratarán desde el 20 de Enero hasta el 28 de Febrero, según señalaron fuentes parlamentarias.

Hasta ahora la la primera iniciativa parlamentaria en este sentido la presentó el titular del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, el miércoles pasado, proponiendo volver a los veinte miembros anteriores a la reforma de 2006 que los dejó en trece.

Negri propuso en su proyecto volver a la composición de un representante del Poder Ejecutivo; cuatro diputados y cuatro senadores, de los cuales cada cámara del Congreso debe elegir dos integrantes por la primera minoría, una por la segunda fuerza y otro por la tercera fuerza; cuatro abogados, dos por la Ciudad y dos por el interior; cuatro jueces con idéntico criterio; dos representantes académicos; el representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte, en este momento, Horacio Rosatti.

El proyecto de Negri apenas difiere del formato del Consejo previo a la reforma de 2006, en que los representantes del sector académico deben ser miembros de alguna de las facultades de Derecho y que uno de ellos debe asumir la representación de la academia en su conjunto.

La subcomisión de Inteligencia del Congreso citó para el martes al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de la investigación sobre la denominada «mesa judicial» macrista durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Conte Grand fue citado tras al difusión de las imágenes de la reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

El audio de esa filmación reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.

El jueves, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban con el objetivo de perjudicar a dirigentes sindicales.

Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Angel Bazze.

Fuentes parlamentarias señalaron que además de recibir a Conte Grand, el mismo martes se buscará tomar declaraciones a dos representantes de dos empresas para establecer cuál de ellas comercializó el equipamiento con el que se grabó la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.

En esa entidad, se realizará además una inspección ocular para conocer cómo estaban dispuestas las cámaras, según lo resuelto por los legisladores.

Los juicios de lesa humanidad por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico militar se reanudarán en febrero, tras la finalización de la feria judicial, con la realización de cuatro procesos orales y públicos que se desarrollarán en Bahía Blanca, San Juan, Santiago del Estero y Mar del Plata.

Megacausa de la Zona 5

El 17 de febrero, comenzará en Bahía Blanca el juicio de la Megacausa de la Zona 5 que involucra a 40 imputados, exintegrantes de varias fuerzas armadas y de seguridad, acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra 270 víctimas y que incluirá la declaración de más de 300 testigos.

Con estas cifras, este juicio será el debate más grande en la historia de Bahía Blanca y en el cual deberán responder por primera vez dos profesionales de la salud acusados de contribuir a mantener con vida a los secuestrados en el centro clandestino de detención «La Escuelita», donde nacieron dos niños en cautiverio que aún no recuperaron su identidad.

Estos acusados se trata del entonces capitán médico Luis Fortunato Adalberti y del enfermero Adalberto Osvaldo Bonini, que era sargento primero en la División Sanidad.

Otra particularidad del juicio será que por primera vez se juzgará a doce oficiales y suboficiales del Ejército por un caso de abuso deshonesto contra una mujer cautiva en la «compañía de combate My. Keller» del Batallón de Comunicaciones 181, donde operaba un grupo de tareas.

Por este caso, la Cámara Federal bahiense dispuso meses atrás una serie de detenciones, entre las que se encuentran la del coronel retirado Enrique Stel, quien se desempeñó como funcionario público en Tucumán.

 

La elevación a juicio formulada por que formuló el fiscal Pablo Fermento abarca además a tres ex miembros del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V de Ejército.

Se trata de Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont y Norberto Eduardo Condal; y a otros tres del Destacamento de Inteligencia 181: Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre.

En esta megacausa, los abogados defensores rechazaron incorporar registros audiovisuales de declaraciones de testigos que participaron en juicios anteriores.

La causa está en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, compuesto por los magistrados Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido.

En tanto, habrá una querella tripartita compuesta por representantes legales de la agrupación Hijos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Será así el octavo juicio consecutivo por delitos de lesa humanidad que se realizará en la ciudad, desde sus inicios en el año 2011.

 

Juicio al exjuez Juan Carlos Caballero Vidal

El exjuez Juan Carlos Caballero Vidal, acusado de no promover la investigación penal para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal, comenzará a ser juzgado por delitos de lesa humanidad el 21 de febrero en San Juan.

El Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Carolina Pereira, estará a cargo del debate de esta causa que se iniciará el próximo 21 de febrero.

El exministro del máximo tribunal sanjuanino está acusado por no promover la investigación este último, torturado salvajemente en el Penal de Chimbas, ambos casos, durante la última dictadura.

En 1977, cuando ocurrieron los hechos que son investigados Caballero Vidal era juez penal de primera instancia y por su «inacción» se configuró una «omisión» al momento de promover la investigación que se considera como un crimen contra la humanidad.

Las absoluciones en la Megacausa III

El mismo día, pero en Santiago del Estero, se realiza un nuevo juicio para revisar las absoluciones en la Megacausa III en Santiago del Estero en base a un pedido formulado por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Cuatro años después del juicio oral por la Megacausa III, la justicia federal de Santiago del Estero llevará a cabo un debate para revisar las absoluciones de siete acusados, entre ellos el ex fiscal federal Santiago Olmedo de Arzuaga y el exmilitar Jorge Alberto D’Amico.

El juicio oral de la Megacausa III en Santiago del Estero terminó en diciembre de 2017 y tras el veredicto, las querellas y el Ministerio Público Fiscal recurrieron las absoluciones a la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala IV finalmente las revocó en julio de 2019 y ordenó el reenvío de la causa para una nueva sentencia.

El nuevo debate se realizará dos años y medio después del fallo de Casación y a más de 45 años de los hechos.

La Megacausa III fue el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero en tener entre sus acusados a funcionarios judiciales de la última dictadura cívico militar.

Junto a Olmedo de Arzuaga también estaba imputado el ex juez federal Arturo Liendo Roca, quien falleció durante el debate.

Ambos ex magistrados fueron acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y sobrevivientes del terrorismo de Estado declararon que los vieron cuando visitaban el centro clandestino de detención D2 y desoían las denuncias sobre las torturas que se aplicaban en ese lugar.

 

«La Huerta»

En Mar del Plata, el 25 de febrero, los magistrados federales Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Machado Pelloni, del Tribunal Oral Federal número 1 de esa ciudad, estarán a cargo del proceso oral y público en el que ventilarán los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención ilegal denominado como «La Huerta», que funcionó en Tandil durante la última dictadura militar.

Además se investigarán crímenes contra la humanidad cometidos en el circuito represivo de la Sub Zona 12 que comprendió el centro de la provincia de Buenos Aires, y entre ellos los crímenes que se perpetraron en la Quinta de los Hermanos Méndez.

Se analizaran los hechos que ocurrieron en el campo General Mariano Necochea, que estuvo a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada y que se encuentra situado a unos metros de la ruta provincial 226, camino a la Base Aérea Militar de Tandil, donde funcionó «La Huerta».

Entre 1976 y 1978, operó en ese lugar un centro de detención ilegal que estuvo a cargo de del Ejército y la Policía Bonaerense.

En este juicio habrá 18 imputados, entre ellos los hermanos Julio y Emilio Méndez, los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad, y se analizarán delitos contra 70 víctimas.

Organismos de derechos humanos, gobernadores, ministros del Gobierno nacional y diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) reclamaron en una solicitada la libertad de Milagro Sala, quien este domingo cumple seis años detenida, y advirtieron que «con presos políticos no hay democracia plena».

«Una vez más nuestra profunda preocupación y nuestro total repudio ante la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala, quien este domingo cumple 6 años de prisión arbitraria e ilegal», expresaron los firmantes.

Y añadieron: «El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública».

En ese marco, plantearon que «la criminalización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes políticos, sociales y sindicales como práctica durante el macrismo fue una constante que en el caso de Milagro y sus compañerxs pone de manifiesto la malicia de sus mentores, ejecutores y cómplices».

La líder de la organización Tupac Amaru y entonces integrante del Parlasur fue detenida el 16 de enero de 2016 por participar de una protesta que se organizó en forma de acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a días de la asunción del radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia.

El 29 de enero de 2016 un juez ordenó la excarcelación de Sala pero el mismo día pidió su detención en otro expediente conocido como «Pibes Villeros». La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, está desde marzo de 2020 bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia.

En la solicitada publicada este domingo, los distintos sectores sostuvieron que «el caso de Milagro es el que mayor visibilidad tiene en Jujuy, provincia en la que hay aún hoy otros siete presas y presos políticos de la organización social que más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables». Por último, advirtieron que la detención de Milagro Sala «debe cesar cuanto antes» debido a que esta situación «lesiona gravemente la democracia.»

Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó hoy de «ilegal, arbitraria e injusta» la detención de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, y reclamó a la Corte Suprema que resuelva una de las causas contra la dirigente que «hace dos años espera resolución».

«Se cumplen seis años de la ilegal, arbitraria e injusta detención de Milagro y hay que decir que además de Milagro siguen presos y presas varios compañeros y compañeras de la Tupac en Jujuy», dijo la exabogada de Sala en diálogo con Radio 10. Agregó que «hace dos años espera la resolución en la Corte Suprema de Justicia una de las causas que es puntualmente por la que Milagro fue condenada a 13 años. Me parece que en este contexto se hace más larga y más pesada, hoy son seis años».

La letrada sostuvo que «son tres poderes del Estado según la Constitución», esto «quiere decir que hay tres cabeza de gobierno» y «nadie puede dudar que la Corte es un organismo donde se toman decisiones de gobierno». A su vez, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, dijo que el día que encarcelaron a la dirigente jujeña comenzó en el país «la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución».

En diálogo con Radio 10, confirmó que la Liga Argentina por los Derechos Humanos convocó a la marcha contra la Corte Suprema y pide «la renuncia de los miembros» del máximo tribunal porque «fue diseñada y construida por (el expresidente Mauricio) Macri».

El dirigente de derechos humanos recordó que su organización presentó dos proyectos en el Parlasur, y uno de ellos es justamente la «tipificación del lawfare», porque en su opinión «no es cualquier política judicial de persecución, sino que está inserta en un plan de dominación colonial».

La solicitada fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

También lo hicieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela De Carlotto, Taty Almeyda y Nora Cortiñas, y ​el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Asimismo, suscribieron los ministros nacionales Eduardo «Wado» de Pedro, Aníbal Fernández, Daniel Filmus, Gómez Alcorta, Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta, Jorge Taiana, Jaime Perczyk, Martín Soria, Tristán Bauer y Santiago Cafiero.

Desde el Gobierno se sumaron además la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra; y los secretarios de Relaciones Parlamentarias Fernando «Chino» Navarro, y de Derechos Humanos Horacio Pietragalla; y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

La directora del PAMI, Luana Volnovich, volvió a la Argentina tras sus polémicas vacaciones por las playas de Holbox en el Caribe mexicano. Tanto ella como su pareja, Martín Rodríguez, deberán volver a sus funciones a partir del próximo lunes. Desde la oposición denunciaron penalmente a la funcionaria, mientras que desde el oficialismo hay hermetismo respecto al tema.

La diputada nacional, Graciela Ocaña, fue quien decidió llevar a Luana Volnovich a la Justicia. La ex directora del PAMI denunciará penalmente a la actual titular del área y al subdirector, Martín Rodríguez. «Vamos a hacer la denuncia porque han incumplido con la función que tienen determinada por decreto», confirmó la dirigente de Juntos por el Cambio.

La presentación judicial se terminaría de concretar la próxima semana y se basaría en el artículo 3 del DNU 2/2004. El mismo indica que «el Subdirector Ejecutivo del PAMI (Rodríguez) tiene como principal función reemplazar al Director Ejecutivo (Volnovich) en caso de ausencia o impedimento».

«Si se va de vacaciones con la directora ejecutiva no puede ejercer su responsabilidad primaria para la cual fue nombrado. Es decir la función del subdirector es incompatible con tomarse vacaciones con la de la directora. No existe la posibilidad de delegar firma. En el caso de ausencia o incapacidad de ambos, el Poder Ejecutivo debe nombrar por decreto un reemplazo, aunque sea en forma transitoria», explicó Graciela Ocaña.

Las escandalosas vacaciones de la titular del PAMI, Luana Volnovich, Holbox, Caribe Mexicano, generaron enojo en los pasillos de la Casa Rosada ya que nadie en el Gobierno estaba al tanto del destino que había elegido la referente de La Cámpora para descansar, luego de un año de trabajo.

La explosión de casos de la variante Ómicron, sumado a la sequía casi total de dólares generaron el combo perfecto para que las autoridades argentinas incentiven a la sociedad a vacacionar dentro del país. Sin embargo, Volnovich optó por ir a un exclusivo lugar en México sin siquiera consultar si podía viajar ahí, atenta a las repercusiones que siempre generan las vacaciones de un funcionario público en el exterior.

La situación tomó por sorpresa al Gobierno que no pudo reaccionar a la misma velocidad que crecía el escándalo en redes sociales, donde las fotos se estaban difundiendo sin cesar. Es por ello que las declaraciones que dio Casa Rosada hasta el momento fueron muy vagas, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, solo atinó a responder «sin comentarios»cuando le consultaron si le pedirían la renuncia a Volnovich.

Lo cierto es que lo ocurrido con la titular del PAMI no cayó nada bien en el Gobierno que no descarta avanzar con medidas mas duras, como la renuncia. Volnovich viene siendo seguida de cerca por un importante sector del Frente de Todos e incluso de La Cámpora que no aprobaba su relación con Martín Rodríguez, numero dos del PAMI y también referente de la agrupación política. A su vez, el hecho de que maneje una de las cajas más importantes del estado, no la pone en una situación muy cómoda de cara a su futuro; todos quieren ocupar el puesto de Volnovich.

Para fortuna de la titular de la obra social más grande del país, rara vez el presidente, Alberto Fernández, ha optado por tomar castigos tan drásticos contra funcionarios que hayan tenido un correcto desempeño. No lo hizo con Felipe Solá cuando era canciller y mintió sobre conversaciones que tuvo el mandatario con su par norteamericano, Joe Biden; tampoco con la titular del Inadi, Victoria Donda, cuando se reveló que tenía una empleada domestica en negro y le había ofrecido un subsidio en compensación por terminar la relación laboral; ni contra el mismo al trascender la fiesta VIP en Olivos en medio de la cuarentena. La jurisprudencia habla, todo indica que el escándalo con Volnovich será una mancha más en el tigre y a su vuelta continuará en el cargo.

El presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión con su par de Rusia, Vladimir Putin; y otra con el mandatario chino, Xi Jinping, en el marco de una visita que hará el 3 y el 4 de febrero próximos a esas naciones.

Así fue informadopor la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, quien indicó que el encuentro con Putin se enmarcará en una escala de 48 horas en Rusia, previa al viaje que Fernández realizará a China para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en ese país.

El Presidente se reunirá el próximo 3 de febrero en Moscú con Vladimir Putin y al día siguiente ya estará en China, donde se encontrará con Xi Jimping, a poco de cumplirse los 50 años de relaciones diplomáticas con el ‘Gigante asiático’, iniciadas el 19 de febrero de 1972.

En Rusia

En Rusia se hará la reunión bilateral que había quedado pendiente entre Fernández y Putin, en la que ambos jefes de Estado «hablarán acerca de la colaboración en el tema de vacunas, inversiones, ciencia y en otros temas de interés común», detalló Cerruti.

Esta será la primera reunión presencial entre Fernández y Putin, luego de que ambos mantuvieran una conversación telefónica en noviembre pasado, en la que manifestaron su predisposición a encontrarse personalmente apenas la situación epidemiológica lo permitiera.

Los mandatarios se comunicaron telefónicamente el 7 de noviembre último, por espacio de 30 minutos, para repasar la relación bilateral entre ambos países, y en ese diálogo Fernández valoró «la cooperación entre ambas naciones a la hora de enfrentar el desafío» al que sometió la pandemia al mundo, se consignó en aquella oportunidad.

Aquella conversación sirvió también para reafirmar la «disposición mutua» en fortalecer «la asociación estratégica ruso-argentina y la cooperación práctica en varios campos», según un comunicado de prensa del Kremlin.

El pasado 4 de junio, Fernández y Putin habían compartido una videoconferencia con motivo del inicio de la producción en la Argentina de la vacuna Sputnik V; mientras que en febrero y a comienzos de abril del año pasado ambos mandatarios habían dialogado telefónicamente.

Fernández y Putin tenían previsto reunirse precisamente en la Cumbre de Líderes del G20 en Roma, pero el mandatario ruso informó 11 días antes de la Cumbre que participaría a través de videoconferencia, Si bien los dos presidentes tenían pautada una reunión bilateral virtual, no pudo realizarse por cuestiones de agenda.

En aquella gira que el Presidente realizó entre el 30 de octubre y 2 de noviembre pasado, en la que participó también de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) 26 en Glasgow, el canciller argentino Santiago Cafiero y su par ruso Serguéi Lavrov habían acordado una visita del Fondo Soberano para el último mes del año pasado, que se concretó el 7 de diciembre.

En efecto, en un almuerzo de trabajo en el salón Eva Perón de Casa Rosada, Fernández se reunió con autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa y y ejecutivos de empresas y representantes de bancos de ese país para avanzar en asociaciones en diversos sectores estratégicos y potenciar el intercambio.

La visita a China

También en aquella gira europea se acordó el viaje del mandatario a China «para acentuar el comercio», según había adelantado esa vez Cafiero a los periodistas argentinos que cubrieron esos acontecimientos.

«Tenemos una comisión de tratamiento binacional respecto a temas comerciales y uno de los puntos fue que vuelva a trabajar rápidamente», había señalado el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Cafiero explicó entonces que la idea es avanzar en temas como la economía del conocimiento, en términos comerciales, y en robustecer la presencia de la Argentina en China.

En esa gira el canciller se reunió con su par chino Wang Yi para analizar la necesidad de potenciar dispositivos de comercio con comisiones mixtas, de exportaciones e importaciones y la ampliación de la balanza comercial.

Además, el 4 de noviembre último Fernández participó, mediante un mensaje grabado desde Casa Rosada, de la inauguración de la cuarta edición de la China International Import Expo (CIIE), junto a Xi Jinping.

Allí el Presidente resaltó «la creciente recuperación del comercio internacional» y abogó por realizar «mayores esfuerzos para lograr un comercio más abierto, justo y equilibrado» para acercarse «a un mundo en el que nadie quede atrás».

Indicó en ese sentido que, «para ello, será imprescindible abordar el comercio internacional desde una perspectiva «ganar-ganar» como puede corroborarse en el fuerte crecimiento registrado en el comercio bilateral».