La Argentina y el Fondo Monetario Internacional aceleraron las discusiones con la meta de llegar a un entendimiento técnico en diciembre, para pasar luego a la discusión en el Congreso y al posterior tratamiento en el directorio del FMI, que le permita alcanzar el acuerdo antes del cierre del primer trimestre de 2022.

La pauta de la celeridad en las negociaciones la dio el presidente Alberto Fernández cuando anunció, tras la celebración de los comicios legislativos, al envío al Congreso en diciembre próximo de un programa plurianual, que contendrá los avances alcanzados con el FMI ,en la negociación del nuevo programa de financiamiento de la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

También lo confirmó el vocero del Fondo, Gerry Rice, quien aseguró: «Continuamos trabajando para lograr un entendimiento pleno sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más urgentes de Argentina, y que tienen como objetivo fortalecer la estabilidad económica y hacer frente a la alta inflación, que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables».

Fue en el marco de la conferencia de prensa que cada jueves por medio brinda en Washington, donde recalcó que «lo que está sucediendo en este momento son discusiones muy frecuentes y un compromiso muy fuerte, hacia un posible nuevo programa» con la Argentina.

«Estamos activamente comprometidos con las autoridades, no tengo ninguna información sobre horarios específicos o programación de reuniones, pero el compromiso sigue siendo fuerte, y frecuente», reiteró el directivo del FMI.

«Hemos dicho en los últimos días que es importante que este plan cuente con un amplio apoyo político y social», acotó el vocero.

«Nosotros no vamos a firmar un ajuste. Eso es lo que hizo el Gobierno anterior»,Martín Guzmán

«Nuestro objetivo sigue siendo, como dije aquí antes, ayudar a Argentina y al pueblo argentino a sentar las bases para un crecimiento más sostenible e inclusivo», dijo Rice, quien evitó precisar si el organismo conoce destalles del programa económico plurianual anunciado por el jefe de Estado.

En tanto este viernes Martin Guzmán precisó que lo que buscan es «primero alcanzar los entendimientos con el staff del FMI, y luego involucrar a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación».

Según Guzmán, desde el Gobierno están «enfocados» y harán «todo para buscar resolver este asunto lo antes posible; queremos resolverlo este año», aseguró, aclarando que se trata de una negociación que no depende de sólo una parte.

 

El ministro aclaró que, más allá de la necesidad de resolverlo, «nosotros no vamos a firmar un ajuste. Eso es lo que hizo el Gobierno anterior», consideró.

En ese sentido, continuó: «lo quebuscamos es un acuerdo que le permita a la Argentina seguir recuperándose; un ajuste del gasto público no funciona, sería detener la recuperación», dijo tras aclarar que desde el Frente de Todos «estamos en la misma página».

El economista Javier Timerman, en diálogo con Télam, expresó que el discurso del Presidente Alberto Fernández le pareció «muy atinado porque fue moderado y dio tres puntos muy relevantes: uno, que va a haber un acuerdo con el FMI y que ese acuerdo ya está bastante avanzado y cuenta los apoyos de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa».

«Creo que el FMI va a exigir achicar el déficit fiscal y la política de subsidios para que una aceleración del ritmo devaluatorio le permita achicar la brecha»Javier Timerman

Timerman resaltó también que en su discurso «el Presidente se encargó de enfatizar además que va a presentar un plan de varios años, que es lo que el mercado y muchos interlocutores dentro del país estaban exigiendo: un plan que permita ver el largo plazo, y estas dos cuestiones van a acelerar la firma del acuerdo con el FMI».

No obstante, advirtió que «es muy importante que cuando se hacen este tipo de anuncios, se puedan cumplir; la política argentina tiene que demostrar en el terreno de los hechos, porque los rumores y las expectativas no la impactan demasiado». dijo en consonancia con otros especialistas de mercado.

El socio de la firma Adcap consideró que, en términos de un buen entendimiento, el FMI y la Argentina se enfocarán en ir viendo de eliminar la brecha cambiaria, ya que «a estos niveles no permite que se acumulen reservas».

«Creo que el FMI va a exigir achicar el déficit fiscal y la política de subsidios para que una aceleración del ritmo devaluatorio le permita achicar la brecha. Y Argentina podría pedirle al Fondo préstamos adicionales para reforzar las reservas», analizó Timerman.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, sostuvo hoy que la ocupación turística, durante este fin de semana largo, «va a estar nuevamente muy por encima de los valores del 2019 y del 2018» y, por lo tanto, «muy por encima de la prepandemia».

«Va a ser otro fin de semana que va a estar de vuelta muy por encima de los valores del 2019 y del 2018, muy por encima de la prepandemia. Es uno de los puntales de la reactivación económica, hemos hecho mucho para sostenerla», destacó el ministro esta mañana en declaraciones para CNN Radio.

Por otra parte, Lammens dijo que «no va a haber ningún tipo de restricción de acá al verano», debido al «nivel de vacunación altísimo» que viene registrando el país.

En cuanto a la temporada verano, el funcionario indicó que «tenemos que esperar a enero para tener los números finos, pero va a ser una temporada de las mejores de los últimos años, inclusive del 2020».

En este sentido, el ministro destacó el rol del programa del Previaje en la reactivación en el sector del turismo: «Mañana o el lunes va a llegar a los 50.000 millones de pesos vendidos, se va a quintuplicar la primera edición de Previaje», indicó Lammens.

A principios de noviembre el plan Previaje superó los 41.000 millones de pesos de facturación en septiembre y octubre pasados, con lo que cuadruplicó el total de la edición 2020 y fue utilizado por unos 2.000.000 de argentinos, a quienes se les devuelve el 50% del gasto para ser reutilizado en nuevos viajes.

En sus declaraciones de hoy, Lammens afirmó que son números que hasta a ellos mismos les «sorprenden» y anticipó que habrá «un aluvión de turistas» en enero y febrero.

«La idea es que el Previaje quede como una política de Estado», aseguró el ministro y consideró que «el turismo va a ser uno de los protagonistas del desarrollo que viene».

«Veo el Previaje sosteniendo la demanda interna y con un sector muy consolidado para que tenga un crecimiento sostenido en el tiempo, más allá de quién gobierne», añadió.

Asimismo, sobre la posibilidad de que se mantenga esta política cuando finalice la pandemia, Lammens expresó que «la idea es tener Previajes específicos» en temporada baja, para poder «desestacionalizar esa demanda».

Por otro lado, se refirió a la situación sanitaria e indicó que «Argentina está en un nivel de vacunación altísimo», incluso por encima de muchos países europeos que hoy están con rebrote, lo cual «nos permite tener algunas certezas y tener este nivel de aperturas».

Una placa dedicada «a las mujeres protagonistas de las luchas en defensa de la soberanía» se instalará este sábado en el parque histórico Vuelta de Obligado, sobre las barrancas del río Paraná, para recordar a las mujeres anónimas que combatieron contra la flota anglofrancesa el 20 de noviembre de 1845, algunas de ellas muertas en batalla, cuyos nombres se olvidaron o están inmersos en el debate historiográfico a partir del rescate de la transmisión oral, entre ellas Petrona Simonino, lugareña de San Nicolás.

La iniciativa de realizar un homenaje a las paisanas, criollas y afrodescendientes, voluntarias que en buena medida formaban parte de lo que por entonces se llamaba «bajo pueblo» y que lucharon contra los buques de guerra ingleses y franceses desde las fuerzas auxiliares de la Confederación, surgió del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

La participación de esas mujeres en el enfrentamiento contra las dos potencias más poderosas de la época está registrada en documentos históricos, como el parte que el segundo jefe de la Confederación argentina que estaba al mando del combate, el coronel Francisco Crespo, envió al edecán de Juan Manuel de Rosas al día siguiente de la batalla.

En el anteúltimo párrafo del texto escrito desde el campamento de las fuerzas del Departamento del Norte de la provincia de Buenos Aires, Crespo redactó: «También han muerto con heroicidad varias virtuosas mujeres, que se mantuvieron en este sangriento combate, al lado de sus esposos, hijos o deudos, socorriendo a los heridos, y ayudando a los combatientes en la defensa del honor argentino».

El novelista, médico e historiador Mario «Pacho» O’Donnell dedicó uno de sus libros («La Gran Epopeya», publicado en 2010) a investigar y narrar el desigual combate, que comenzó el 20 de noviembre de 1845 a las 8:43 en un recodo del Paraná, donde el río se hace más angosto, a la altura del paraje de Obligado, 30 kilómetros al norte de San Pedro.

Al referirse a la presencia de mujeres en la batalla, O’Donnell llegó a individualizar a María Ruiz Moreno, Josefa Ruiz Moreno, Prudencia Porcel, Carolina Núñez, Francisca Nabarro, Faustina Pereira y Petrona Simonino, cuyos nombres empezaron a repetirse a partir de ese momento en diversos escritos y homenajes, como el que organizó en su memoria el Concejo Deliberante de San Pedro en el año 2012.

La recuperación de biografías de mujeres que protagonizaron acontecimientos trascendentes pero cuyas experiencias no aparecen en los libros es uno de los objetivos de la historiografía con perspectiva de género, en la que han hecho contribuciones historiadoras como Araceli Bellota, Dora Barrancos y Mirta Lobato, entre otras.

 

Sobre estos debates, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, aseguró a Télam que la colocación de la placa en reconocimiento a las mujeres que lucharon en Vuelta de Obligado es un gesto simbólico que apunta a reforzar «toda la tarea que hay por hacer» para recuperar «las historias borradas y perdidas».

«Cuando buscamos referencias históricas de las mujeres que participaron de combates, siempre aparecen como ‘valientes’ o con alguna otra calificación de ese tipo, con valoraciones morales, como si fuera necesario resaltar algún supuesto virtuosismo para justificar que las mujeres estaban allí, peleando, junto a los varones», reflexionó con punzante ironía.

Para Díaz, el reconocimiento de la participación de la mujer en las batallas por la independencia o en las guerras civiles del siglo XIX produce aún algún grado de malestar o incomodidad, y en ese sentido planteó que hasta los historiadores que discutieron con el mitrismo (la visión del país que impuso la elite liberal a partir de la obra de Bartolomé Mitre) «tampoco fueron justos con las mujeres, que fueron olvidadas por el revisionismo».

 

La funcionaria, sin embargo, aclaró que las combatientes que empuñaron fusiles o que colaboraron con los artilleros en medio de la metralla -como Simonino, las hermanas Ruiz Moreno o Faustina Pereira- no integran el único grupo poblacional invisibilizado en los libros de historia, sino que «los sectores populares en general, y los mestizos y afrodescendientes en particular, también han sido negados pese a haber sido protagonistas de hechos claves».

Este panorama empezó a ser revertido en los últimos años con libros como «¡Viva el bajo pueblo!», de Gabriel Di Meglio (2006), que dirige el Museo Histórico Nacional y resguarda un patrimonio que cuenta con objetos reales usados en el combate de Obligado, como una bandera de la Confederación capturada por los ingleses y luego devuelta (inventario 2568) que se distingue por sus dos franjas azul oscuro sobre una más ancha blanca con cuatro gorros frigios y un cara roja con ocho rayos.

Otras iniciativas que han hecho su aporte para recordar a quienes parecen «borrados» de la historia provienen de la investigación sobre el terreno, como la desplegada por el Proyecto de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios de la Universidad Nacional de Luján.

Desde hace años, un equipo dirigido por el doctor en Arqueología Mariano Ramos realiza un relevamiento terrestre y subacuático en el famoso recodo del Paraná y en las dos orillas que fueron escenario de la batalla, lo que en agosto de 2020 permitió localizar «in situ» siete eslabones originales de las cadenas que se cruzaron entre Buenos Aires y Entre Ríos para impedir el paso a los barcos ingleses y franceses.

Una de las integrantes de ese equipo es la antropóloga Alejandra Raies, quien este sábado llegará otra vez hasta el parque histórico natural «Vuelta de Obligado» para participar del homenaje a las mujeres de los poblados de San Nicolás y San Pedro que combatieron allí y, finalizada esa actividad, para continuar las tareas de excavación que se desarrollan en el lugar.

«La placa que se va a poner es en conmemoración de siete mujeres, pero las que participaron en la batalla deben haber sido muchas más, lo que pasa es que la historia nunca pone los nombres. Lo que está claro, y lo demuestran los documentos, es que en Obligado las mujeres cargaron pólvora, pelearon a caballo y en las baterías, estuvieron en la línea de fuego», contó a Télam Raies, quien se especializó en arqueología en la Universidad de Rosario pero vive en Ituzaingó.

 

Aunque sin apelar a la palabra ‘heroísmo’, la antropóloga destacó que este tipo de homenajes -incluso 176 años después- contribuyen a «revertir» lo que describió como una «idea clásica» de los textos emblemáticos sobre la historia argentina del siglo XIX y es que «la mujer no tomaba las armas y simplemente se dedicaba a las tareas de cuidado», lo que a su juicio está probado como falso.

«En Vuelta de Obligado, las mujeres no se limitaron al rol femenino de la enfermería de las fuerzas de la Confederación, que tenía un puesto a tres kilómetros (del escenario del combate) y estaba a cargo del médico oficial del general (Lucio Norberto) Mansilla, Sabino O’Donnell», replicó Raies con el detalle y la minucia por el dato del especialista que no puede ni quiere ocultar un tema que lo apasiona.

El presidente Alberto Fernández encara la segunda parte de su gestión dejando atrás las elecciones de medio término, con la esperanza de haber superado la peor parte de la pandemia y buscando rediseñar su relación con diversos actores políticos e institucionales, entre ellas, la que lo une a los mandatarios provinciales.

Tal como adelantó en sus discursos de la última semana, el Presidente enfrenta un mes de diciembre clave para avanzar en el diálogo con la oposición y la elaboración de un plan plurianual que enviará al Congreso y que fijará las metas económicas para los próximos años, de cara a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Acuerdo con el FMI

Si bien la agenda de los próximos meses parece tener como tema excluyente el acuerdo con el FMI -y más allá de la posibilidad de que algunos de los gobernadores opositores sean convocados al diálogo anunciado días atrás por el Jefe de Estado- el vínculo entre la Presidencia y las capitales provinciales será, obligadamente, en base a un temario más amplio.

En la Casa Rosada se entiende que el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro son dos interlocutores privilegiados para llevar adelante la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jurisdicciones.

«Se conocen, saben trabajar en tándem», comentó a Télam una fuente que trabaja cotidianamente con ambos.

La coordinación entre Manzur y De Pedro hace que, por estas horas, sean vistos en los pasillos de Balcarce 50 como los posibles encargados de llevar adelante un «capítulo de reuniones extraparlamentarias» por el tema FMI con los mandatarios provinciales, mientras que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, podría hacer lo propio desde el Congreso con los representantes legislativos.

 

Consenso Fiscal

Pero, por fuera del tema central que supone la negociación por la deuda, la relación estará signada en el corto plazo por el Consenso Fiscal que, desde hace varios años, se firma a mediados de diciembre.

Respecto de la adhesión o al posible rechazo a ese compromiso, los equipos que ya trabajan en la confección de borradores subrayan que, desde que Alberto Fernández llegó a la Presidencia, los acuerdos fiscales han sido suscriptos mayoritariamente, con niveles de adhesión mayores a los conseguidos durante el macrismo.

«El primer año, sólo faltó un gobernador que no había asumido. El año pasado, (Horacio) Rodríguez Larreta y (Juan) Schiaretti. La verdad, no es una cuestión de que los opositores no firman. Firman por que tenemos un muy buen diálogo con los gobernadores opositores», señalaron en Casa Rosada.

De Pedro, desde el inicio de su gestión, ha buscado diferenciarse del macrismo, al que califica como «discrecional» a la hora de distribuir recursos y obras: en ese análisis incluye el otorgamiento -por decreto- de fondos para la Policía de la Ciudad y el financiamiento del «Paseo del Bajo» porteño, que podría haberse utilizado para decenas de obras vitales en las provincias.

«Tuvimos una fuerza política que gobernó cuatro años, centralista, una fuerza política que nació en la Ciudad de Buenos Aires con un desprecio hacia la política y el interior», dijo el viernes en un acto junto a Juan Manzur.

El tucumano, por su parte, conoce en carne propia los avatares que puede suponer el consenso fiscal.

Esta semana, una persona que trabaja cotidianamente junto al Jefe de Gabinete comentó a la prensa acreditada en Casa Rosada el traumático vínculo que mantenía con el macrismo: «No le giraban fondos y le proponían que se endeudara, cosa que el no hizo. Durante al menos dos años, Tucumán vivió prácticamente con lo suyo, pagando sueldos y pudiendo hacer muy pocas cosas de las importantes».

 

Obra pública

Pero, además de la cuestión fiscal, la relación entre el Gobierno y los estados provinciales estará mediada por la obra pública, una inversión «virtuosa» desde la perspectiva social, porque impulsa especialmente el empleo local y, con él, la reactivación de la economía.

En lo que refiere a la planificación y la ejecución de los emprendimientos hay dos oficinas que son centrales: la de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis; y el Ministerio de Hábitat, de Jorge Ferraresi.

Cerca del exjefe comunal de San Martín exhiben en estos días una planilla de cálculo que muestra montos millonarios, con emprendimientos en ejecución y por ejecutar, distribuidos de manera federal.

«Las obras llevan diferentes tiempos. Están las que se realizan en 2, 3 meses, varias en medio año y muchas en 2, 3, 4, 5 años o más, dependiendo del tamaño y el impacto. Entonces los valores no pueden ser tomados como valores absolutos del año 2021 o 2021/2022, porque hay trabajos que se extienden más allá del 2023 incluso», explican desde esa repartición.

Aclarado ese punto, el Ministerio tiene bajo el concepto «proyectos» unas 1382 obras por 170 mil millones de pesos distribuidas en todo el país.

Por otra parte, en Hábitat afirmaron que en diciembre de este año estarán entregando la vivienda número 30 mil y que habrá 115 mil en ejecución.

En ese punto, el trabajo de los gobernadores es preponderante ya que la concreción de los desarrollos habitacionales depende -en buena medida- de la capacidad de los ejecutivos provinciales para conseguir terrenos y dotarlos de conectividad.

Así, con interlocutores probados, con otros que aportan desde la experiencia de haber estado «gestionando desde el otro lado del mostrador» y a través de la obra pública, la Casa Rosada buscará reforzar su presencia en el territorio.

Al ser consultado sobre lo que vendrá en este campo, un influyente funcionario concluyó: «El año que viene va a ser, esperemos, el primero normal. Se va a poder viajar, se va a poder mostrar todo lo que no se pudo hacer antes por la pandemia, se van a poder ‘cortar cintas’ en todo el país. Eso también va a contribuir a que se perciba mejor el trabajo del Gobierno que quedó invisibilizado por el coronavirus».

Más de 33 mil mujeres se inscribieron en el segundo llamado para adquirir el programa Mi Pieza apuntado a refacciones y ampliaciones de viviendas de barrios populares, lo que equivale a casi 8 mil millones de pesos de inversión del Gobierno nacional, según informó el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta.

Desde la cartera social, resaltaron que en las primeras 48 horas de la segunda convocatoria del programa Mi Pieza se inscribieron 33 mil mujeres, lo que superaría las 100 mil inscriptas junto a las que se anotaron en el primer llamado.

La inscripción seguirá abierta hasta el 28 de noviembre y el sorteo para definir las beneficiarias se realizará el 8 de diciembre, explicaron desde la cartera social.

Asimismo, aclararon que en el próximo sorteo participarán las mujeres que se inscriban durante este segundo llamado sumadas a las casi 70 mil que pertenecen al primero y que no salieron sorteadas en octubre.

En su primera edición de este programa se adjudicó financiamiento para 35.186 mujeres, que significa una inversión social de 8 mil millones de pesos, que ya comenzaron a ser utilizados.

La línea de financiamiento depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social que le entrega a las ganadoras 100 mil o 240 mil pesos en dos cuotas del 50%, a través de su cuenta en Anses.

La primera cuota, que comenzó a entregarse a principios de mes a unas 12 mil mujeres, está destinada al inicio de los trabajos mientras que la segunda, la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Según los datos que se desprenden del formulario de esta nueva inscripción, la mayoría de las mujeres (63%) que se sumaron en estos dos días solicitó $240.000 con el objetivo de destinarlos a ampliar sus viviendas, mientras que el 27% también solicitó ese monto, pero para realizar más de una obra de refacción.

A su vez, el 8% apuntará a refaccionar el techo, informó el Ministerio a través de un comunicado.

Respecto a quienes postularon para obtener $100.000, tienen previsto el mejoramiento y la construcción de paredes internas divisorias las obras de mayor proyección.

También hay quienes, de salir sorteadas, destinarán el dinero a mejoramiento de aberturas, pisos o a trabajos de plomería y/o electricidad, según consignaron.

«La importancia estratégica de Mi Pieza es que apunta a revertir situaciones críticas que son producto de la pobreza estructural», señalaron desde la cartera cuyo titular es Juan Zabaleta.

En este sentido, un 43,5% de las nuevas inscriptas declaró vivir en situación de hacinamiento crítico, es decir que conviven tres o más personas por ambiente; mientras que para el 30,2% el hacinamiento sería «moderado» ya que conviven entre dos y tres personas por ambiente.

En este sentido, la estadística replica los números de la primera edición.

De este mismo grupo de inscriptas, un 11% declaró haber sufrido alguna vez violencia de género, y el 17,6% son hogares monomarentales, es decir hogares en los cuales la mujer es el único sostén de familia.

De esta manera, se resalta un carácter de género prioritario a la hora del diseño de políticas públicas como Mi Pieza. Otro dato relevante que apunta a la ampliación de derechos, es que 13,1% de las inscriptas tiene a su cargo una persona con discapacidad.

Por otra parte, señalaron que ‘Mi Pieza’ es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

Sobre quienes pueden inscribirse, precisaron que el programa está destinado a «mujeres de más de 18 años, argentina o con residencia permanente, y que sean residentes de un Barrio Popular del Renabap. Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y no haber sido ganadoras en el sorteo de octubre».

Asimismo, informaron que «no se pueden anotar las mujeres que salieron beneficiadas».

También se aclaró que «si una mujer ya se inscribió y no salió sorteada en octubre, no es necesario hacer ningún otro trámite para participar del próximo sorteo».

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, fue confirmado esta semana al frente de la causa en la que se investiga si el gobierno de Mauricio Macri espió a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y se espera que en los próximos días defina la situación procesal del exmandatario.

La noticia de que Bava había sido confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata le llegó al expresidente mientras visita Arabia Saudita, viaje que le fue autorizado a pesar que pesa sobre él una prohibición de salir del país que le fue impuesta el 1 de octubre, cuando lo citaron a indagatoria.

Con el fracaso de su segundo intento por recusar al juez que lo indagó, Macri apuesta ahora a llevar la causa a los tribunales federales porteños, ubicados en la Avenida Comodoro Py 2002, donde presentó un planteo de inhibitoria, según informaron fuentes judiciales.

La defensa de Macri hizo ese movimiento el 19 de octubre -un día antes de recusar por primera vez al juez Bava- a través de un planteo que presentó ante el juzgado que encabeza Ariel Lijo, donde ya se había presentado antes el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con un intento similar.

 

Tanto Arribas como Macri niegan haber cometido delitos, pero sostienen que si hay algo que investigar le corresponde a Comodoro Py, porque la sede del gobierno nacional y de la AFI se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.

Arribas hizo el planteo en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de las bases AMBA de la AFI durante el gobierno de Macri, -expediente que posibilitó el hallazgo de la documentación- y si bien el juez Lijo no le hizo lugar, «el exseñor 5» (como se denomina a los titulares de la AFI) consiguió que el juez de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, lo avalara.

El planteo de Macri fue recibido por el juez Lijo que le corrió vista al fiscal Franco Picardi y el representante del Ministerio Público opinó que antes de tomar cualquier decisión había que esperar a lo que resolviera la Cámara de Mar del Plata, en relación al lugar en el cual se debe tramitar el expediente de las bases AMBA que, al menos por ahora, permanece en manos del juez Bava.

En los próximos días, el magistrado, que subroga el juzgado en el que se desempeñaba Alejo Ramos Padilla (hoy juez federal de La Plata con competencia electoral), deberá decidir si sobresee, procesa o le dicta la falta de mérito al expresidente.

 

Fuentes cercanas a la investigación estimaron –en diálogo con Télam– que la decisión ocurrirá cuando Macri ya se encuentre en la Argentina, dado que fue autorizado a salir del país hasta el 25 de noviembre y hay medidas de prueba en curso que concluirán ese mismo día.

El expresidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como jefe de Estado, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.

Además, la Justicia sospecha que el exmandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.

En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están procesados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

 

El juez Bava está en condiciones de resolver la situación procesal de Macri desde el mismo día en el que se concretó su indagatoria, pero aún no lo hizo porque, entre otras cosas, tras aquel acto procesal dispuso una serie de medidas de prueba que solicitó la defensa del expresidente como parte de su estrategia.

En ese sentido, el juez recabó los testimonios del exministro de Defensa del macrismo Oscar Aguad; el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; y los exjefes de la Casa Militar José Yofre y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati.

Para las querellas, las declaraciones de Cecati y Yofre fueron positivas en términos de la acusación porque habrían confirmado que la supuesta colaboración entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y esas áreas por cuestiones de seguridad presidencial, invocada por la defensa del expresidente, no justificaría ninguno de los presuntos hechos de espionaje enumerados en el expediente.

Según pudo reconstruir Télam, esa colaboración estaba vinculada con la detección de posibles vías de escape para el presidente en el marco de sus actos y encuentros, con el señalamiento de eventuales cortes de ruta y con cuestiones vinculadas al clima, pero en ningún caso habilitaba a la AFI realizar tareas de inteligencia con personas con las que el mandatario se iba a reunir.

El canciller Santiago Cafiero se reunió ayer miércoles con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para analizar las bases para que Argentina sea sede de la próxima Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en noviembre de 2022.

El encuentro se hizo en el despacho de Cafiero en la Cancillería, donde también estuvieron Ekaterina Zagladina, presidente del Secretariado de los Premios Nobel de Paz; Odino Faccia, presidente de la Red Voz por la Paz Global, y el diputado nacional Eduardo Valdés, se informó oficialmente.

En la reunión se dialogó sobre el tema de que la Argentina se postulará a fin de ser sede, por primera vez en la historia, de la próxima Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz en noviembre de 2022.

En ese marco, está previsto que se convoque a los líderes humanitarios más importantes y a todos los premios Nobel de la Paz, se informó.

Allí se busca proponer soluciones educativas, culturales, humanitarias, sociales y solidarias, a través de acciones concretas en pos del bien común.

«Me siento honrado de dar inicio al desarrollo de un evento que tiene como prioridad reconocer identidades y traer soluciones en un mundo lleno de conflictos y dificultades», expresó Pérez Esquivel.

En ese sentido, destacó que «Argentina inicia un proceso de recuperación» y dijo que «una de las mejores maneras es apostando al diálogo y a la profundización de la cultura de la paz, la igualdad y la convivencia».