Un proyecto de ley que busca garantizar la «formación integral respecto de la Cuestión Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública» obtuvo este miércoles dictamen unánime de un plenario de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación.

El proyecto establece la capacitación obligatoria en todo lo referente al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

 

El proyecto fue apoyado por el embajador Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, quien participó de la reunión vía Zoom, mientras se encontraba en Perú realizando actividades protocolares.

«Nos interesa que lo antes posible este proyecto se pueda transformar en ley», dijo Carmona, y afirmó que «el objetivo es que se generen posiciones de consenso en un tema tan relevante».

El funcionario señaló que la iniciativa «apunta a la formación permanente de los funcionarios públicos» en la cuestión Malvinas, así como en «la posición argentina respecto de su política exterior».

«Este es un tema que no debe postergarse. Y es importante la predisposición de la Secretaría de Malvinas y del Consejo que dieron sus aportes», enfatizó.

Carmona también reclamó que el «tratamiento dé lugar a un preacuerdo entre las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras respecto de simplificar su tratamiento, para que cuando llegue al recinto del Senado y de Diputados lo haga con un análisis compartido».

Un proyecto nacido en Tierra del Fuego

 

La autora del proyecto, la oficialista fueguina María Eugenia Duré, sostuvo que «la formación integral de Malvinas en los tres poderes del Estado es fundamental».

«Debe ser política de Estado para que los tres poderes puedan nutrirse de lo referente a la cuestión histórica, geopolítica, ambiental, jurídica y geográfica de nuestras islas Malvinas», destacó.

Duré también mencionó la posibilidad de que las provincias y las ciudades «se puedan adherir a esta propuesta de capacitación integral».

«No queremos que esta capacitación quede en una charla o una reunión. Queremos que sea permanente. Que no sea solo una cuestión de sentimiento. Hay que profundizarla y federalizarla. En Argentina damos el ejemplo de que la Cuestión Malvinas es una política de Estado«, sentenció.

Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio reiteraron este miércoles sus críticas al proyecto de gestión de envases, que la semana pasada recibió dictamen de comisión, y rechazaron la inclusión de una tasa ambiental en el texto del Poder Ejecutivo

En un encuentro del que participaron integrantes de varias cámaras empresarias del sector, los legisladores de JxC advirtieron que la inclusión de esa tasa impactará en el precio de los envases.

El encuentro fue organizado por el diputado y economista del PRO Luciano Laspina y se realizó en la sala 2 del Anexo de la Cámara de Diputados.

Empresas presentes en la reunión

Entre las entidades que participaron estuvieron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), el Círculo de Políticas Ambientales, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Estudio LIsicki, Litvin y Asociados, Estudio Ferreres y Asociados y la Asociación Argentina.de Contribuyentes, entre otras.

Al abrir el encuentro, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, adelantó el rechazo de ese espacio a la creación de una tasa ambiental, al afirmar que «no van a acompañar un impuesto más».

«Que quede claro que no vamos a meter impuestos disfrazados de tasas cuando no es tasa ni se presta servicio de ninguna naturaleza», enfatizó Negri.

Desde la UIA, en tanto, manifestaron algunos puntos que deberían ser contemplados en el proyecto, al precisar que si bien coinciden en la necesidad de tener una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, destacaron la importancia de tener «una ley que sea viable de cumplir».

Claudio Terrés, de la UIA, planteó desde esa organización la necesidad de que se limite «a envases domiciliarios» en el texto y no se incluya a envases medicinales o residuos patógenos y se manifestó a favor de «cultivar la cultura de la separación en origen» y consideró «demasiado importante» el régimen sancionatorio incluido en la iniciativa.

Florencia Canzonieri, de la Cámara Argentina de Bebidas Sin Alcohol (Cadibsa), precisó que «todos los materiales que se emplean actualmente en el mercado son reciclables» y dijo que el sector «no está de acuerdo con crear un nuevo impuesto», al afirmar que «es muy preocupante para el sector porque implica una mayor carga tributaria, contradictorio con el esquema de precios congelados».

Desde la industria de laboratorios se advirtió que «no se soporta un impuesto nuevo más» así como que la tasa ambiental «tendrá impacto en la suba directa de los precios de los medicamentos», al afirmar que se le pidió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que se deje afuera de esta iniciativa al sector de los medicamentos.

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) consideró como un «atropello» el apuro del oficialismo en debatir el texto en comisión y sostuvo que el dictamen de mayoría tiene inconsistencias intrínsecas y «avanza sobre el federalismo».

Desde el Estudio LIsicki, Litvin y Asociados, especialistas tributaristas, señalaron que una vez aprobado en el Congreso el proyecto «va a terminar en la justicia», al sostener que «obliga a una doble erogación».

El proyecto del Poder Ejecutivo fue defendido en los últimos días por funcionarios del Gobierno nacional y diputados del Frente de Todos, que rechazaron las críticas de la oposición y aclararon que la iniciativa no crea «un nuevo gravamen», sino que es una tasa ambiental que tendrán que pagar aquellas industrias que elaboren envases que no se puedan reciclar.

La iniciativa, que recibió dictamen la semana pasada en comisión, quedó en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Cámara baja. El proyecto apunta, entre otras cuestiones, a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.

El presidente Alberto Fernández participará hoy del acto por el Día de la Construcción, informaron fuentes oficiales.

La actividad será a las 18 en el edificio de la confitería «El Molino», ubicada frente al Congreso de la Nación.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibirá hoy a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil.

Además, el funcionario mantendrá reuniones con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y con el senador nacional por Misiones Maurice Closs.

Manzur se entrevistará con Jaldo a las 10 y con Jalil a las 18.

Con Zabaleta se reunirá a las 11 y finalmente con Closs a las 18.30.

Todas las audiencias se realizarán en el despacho del jefe de Gabinete en Casa Rosada.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, mantendrá desde las 17 una reunión con el presidente de la Asociación de Abogados de Tucumán, Fernando Rogel, y la consejera de esa entidad, Gabriela Duarte, para abordar temas relacionados a la optimización del servicio de justicia.

En tanto, el ministro Claudio Moroni junto a su par Jaime Perczyk participarán a partir de las 9.45 del relanzamiento del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el partido bonaerense de Campana.

La ministra Carla Vizzotti participará desde las 10 del Consejo Consultivo de Cannabis y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, recorrerá en ese mismo horario la estación terminal de trenes Retiro de la línea Bartolomé Mitre para supervisar los avances de las obras de renovación en la parrilla de vías.

A las 11, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, realizará una serie de actividades durante una visita a Ushuaia, Tierra del Fuego, donde recorre el proyecto de la Reserva Natural Urbana “Cañadón de las No me olvides”, en el marco del Plan Casa Común.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, por su parte, llevará a cabo una reunión con directivos de clubes de barrio beneficiarios del Programa de Fortalecimiento Institucional para instituciones deportivas.

La ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, participará desde las 10 del acto de apertura del Primer Congreso Provincial “La Provincia de Buenos Aires frente a las violencias por razones de género: debates, reflexiones y experiencias”, en la ciudad de La Plata.

A las 15, la ministra asistirá, de manera virtual, del panel de lanzamiento del «Programa de Formación de Capacitadorxs con Perspectiva de Género en las Unidades Académicas de Ingeniería de la Argentina», en el marco de la 70° Asamblea Plenaria de la Confederación Federal de Decanos de Ingeniería.

El Tribunal Oral Federal Número 5 de la ciudad de Buenos Aires condenó al exsargento primero de la Policía Federal Argentina Nicómedes Mercado a la pena de nueve años de prisión por los delitos de torturas y privación ilegítima de la libertad infligidos al estudiante platense Ricardo Alberto Cittadini, secuestrado durante la última dictadura cívico militar y que aún permanece desaparecido.

Los magistrados que componen el tribunal, Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, ordenaron que el expolicía continúe detenido detenido bajo el régimen de prisión domiciliara, y anunciaron que los fundamentos del fallo se conocerán el próximo martes 30 de noviembre, según confirmaron fuentes judiciales.

Esta sentencia se produjo el martes, luego que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenara revisar las penas de cinco años de prisión impuestas en 2016 a Mercado y al excomisario Miguel Ángel Viollaz, quien fue apartado del proceso «por incapacidad sobreviniente».

«Estamos en condiciones de decir que Ricardo Cittadini fue secuestrado, torturado y desaparecido por haber participado activamente en la Juventud Universitaria Peronista, por lo que entiendo que corresponde asimilarlo a la figura de ‘perseguido político’ como la norma lo indica», señaló el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, durante el alegato que pronunció en la audiencia que se desarrolló la semana pasada.

Cittadini, de 21 años, era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En la tarde del 17 de agosto de 1976, mientras observaba un partido de bochas y hacía tiempo para encontrarse con su hermana, fue detenido en la Plaza España del barrio porteño de Constitución, por Mercado y otros tres policías que llegaron al lugar en dos patrulleros.

En el procedimiento también se apresó al militante uruguayo Ricardo Camino Gallo, quien tenía carácter de refugiado de las Naciones Unidas y cuyo testimonio fue fundamental para reconstruir la última información conocida sobre la víctima.

Cittadini y Camino Gallo fueron llevados ese mismo día a la comisaría 28 de la Capital Federal, ubicada en la calle Vélez Sarsfield 170, y el militante de la JUP permaneció en esa dependencia hasta la madrugada del día siguiente.

Durante su detención, Cittadinni «sufrió golpes y se lo sometió a simulacros de fusilamiento», tal como se probó durante el debate de esta causa.

Tras su desaparición, los hermanos de la víctima realizaron «una ardua tarea de reconstrucción de lo que había sucedido», y pudieron contactarse con las familias de otros estudiantes que vivían con él y que desaparecieron en La Plata.

Sin embargo, a pesar de todas las diligencias practicadas desde aquella época no se pudo ubicar a Cittadini, quien permanece desaparecido.

Organizaciones sociales y políticas realizarán esta tarde la Marcha Nacional de la Marihuana desde Plaza de Mayo al Congreso, en reclamo de la implementación de la ley de cannabis medicinal, por la legalización de la planta para todo sus usos y por la liberación de personas detenidas por cultivo.

En esta 12º edición, diversas organizaciones convocaron a concentrar en Plaza de Mayo a partir de las 13 para, desde allí, marchar hacia el Congreso, pasadas las 16.

Desde Igualdad Evita informaron que las consignas serán: «La legalización de la marihuana para todos sus usos y en todas sus formas; basta de persecución y estigmatización; derogación de la Ley 23.737, que es la primera causante de privación de la libertad de mujeres cis y trans; y la inclusión en la Educación Sexual Integral (ESI) del uso de sustancias psicoactivas desde un enfoque respetuoso de los derechos humanos y con perspectiva de reducción de riesgos y daños».

En tanto, el Frente de Agrupaciones Cannábicas Bonaerenses, conformado por sesenta organizaciones, llamó a concentrar a las 13 en La Plata frente a la gobernación para luego ir juntas a la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, durante la mañana se realizará una nueva reunión con Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal que integran, entre otros, la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

El Senado anunció que la obra social del Congreso, Dirección de Ayuda Social, «transformó un déficit heredado en superávit», al difundir los resultados de la gestión en el lapso entre el 10 de diciembre 2019 y noviembre 2021, cuyos números muestran que a partir de la asunción de Cristina Kirchner al frente del cuerpo la prestadora de salud «mejoró los ingresos en casi 1.100 millones de pesos», dado que a la fecha «tiene un superávit de casi 700 millones de pesos», informó la Cámara alta.

En su balance de la administración, que difundió desde su sitio web, el Senado detalló que «al 30 de abril de 2020 el déficit era de 390 millones de pesos» mientras que en «noviembre de 2021, la cuenta de la DAS tiene un superávit de casi 700 millones de pesos (699.993.140 pesos)».

En el informe se consignó que tras la llegada de María Luz Alonso -presidenta- y Liliana Korenfeld -gerenta general- a la conducción de la obra social, la DAS ganó en «organización y transparencia» a partir de una serie de medidas, como «la optimización y unificación de prestadores y coberturas», que permitió eliminar gastos duplicados, y un control más eficiente de la prescripción médica que «evitó un aumento desmedido del gasto en medicamentos» en un período (agosto 2020/agosto 2021) marcado por el aumento de precios del 74,7% dispuesto por los laboratorios.

Alonso es la secretaria administrativa de la Cámara alta, forma parte de La Cámpora y fue candidata a senadora nacional por La Pampa, aunque con la derrota del Frente de Todos no logró acceder a la banca, mientras que Korenfeld, santacruceña y ex diputada nacional, con experiencia en la gestión de salud pública, estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

La DAS es la obra social que garantiza la atención médica de legisladores y legisladoras, como también de trabajadoras y trabajadores de ambas cámaras, y la dirige una comisión administradora que es presidida por un Secretario o Prosecretario de alguna de los dos cuerpos legislativos junto a 15 miembros titulares, vocales suplentes y personal designado a cargo de las comisiones.

«Previo a diciembre de 2019, la DAS tenía un sistema prestacional con una oferta muy onerosa, superpuesta y deficiente respecto a la calidad y cantidad de servicios que brindaban a los afiliados y afiliadas», recordó la presidencia de la Cámara alta en el balance de gestión que difundió hoy, y luego señaló que a partir de aquel diagnóstico las autoridades designadas el 10 de diciembre de 2019 pusieron en marcha «un reordenamiento para hacerlo más ágil y efectivo».

En su repaso de las acciones llevadas a cabo en los últimos 23 meses, el Senado agregó que las iniciativas implementadas «posibilitaron la transformación de un fuerte déficit heredado a la obtención de un superávit financiero» y al mismo tiempo permitieron ampliar «los servicios disponibles para los empleados del Congreso», como un programa de salud bucodental pediátrico, y acelerar el tiempo de realización de algunos estudios, sobre todo cardiológicos, entre otras prácticas médicas.