En este sentido, y en el marco de la conferencia de prensa que brinda los jueves en la Casa de Gobierno, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, aclaró que no se está hablando «de 116 DNU ni disposiciones en contra del Congreso, sino de facultades que tiene el Presidente y que por, una cuestión de usos y costumbres, se reúne la Bicameral y, aunque ya estén vencidos, se cierra el año tratando todo lo que sucedió durante el año».

De hecho, Cerruti sostuvo que la oposición está haciendo «una burbuja muy grande en un tema habitual y normal» en el funcionamiento del Congreso, como es la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

 

Previo al inicio de la reunión de la Bicameral, los presidentes de bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio (JxC), junto con sus integrantes de la Bicameral, brindaron una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, en la que rechazaron lo que consideraron una “maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés” más de un centenar de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y advirtieron sobre la «dudosa actitud constitucional» del oficialismo.

También, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó la convocatoria, al afirmar que «el gobierno comienza la llamada nueva etapa con atropello institucional y rompiendo la posibilidad de acuerdos en el Congreso. El kirchnerismo tiene capacidad de daño hasta el 10 de diciembre».

Al exponer la postura de JXC en la reunión, el diputado del PRO Pablo Tonelli, volvió a plantear el rechazo a la metodología del oficialismo, al señalar que «no es correcto y no se ajusta a la legislación vigente el tratamiento de 116 decretos de manera conjunta en una sola reunión. No convalidamos ni estamos de acuerdo con esta convocatoria».

Juntos por el Cambio anticipó que planteará la invalidez de los decretos, una vez que la comisión avale los DNU.

Tras explicar sus argumentos, la oposición se retiró de la reunión, en tanto que los legisladores del oficialismo continuaron el debate de los decretos.

Disposiciones de Alberto Fernández

En esta reunión, el oficialismo debate un conjunto de DNU dispuestos desde 2020 por el presidente Alberto Fernández que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia, ampliaciones presupuestarias, amortización de las Letes, aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias, así como la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del gobierno.

El primero de los decretos incluido en la convocatoria establece la modificación a la Ley de Ministerios para cambiar la denominación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que pasará a ser Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, jerarquizar nuevamente la sanidad nacional reestableciendo el Ministerio de Salud y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, así como la elevación a categoría de Ministerio a Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como el que dispone un incremento Salarial Mínimo y Uniforme para los Trabajadores del Sector Privado en relación de Dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en diversas prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.

Otro de los decretos que contempla la convocatoria es el firmado el 18 de junio de 2020, por el cual se prorroga por 180 días la renegociación tarifaria prevista en la Ley 27.541, de Emergencia Pública, y hasta el 28 de junio de 2020 la prohibición de cortar el suministro de los servicios públicos por mora.

Asimismo, en el temario se incluyó otro DNU por el cual se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días.

En este contexto, ya sin mencionar a Chubut directamente, ponderó el “modelo San Juan” y la intención del estado nacional de replicarlo en otras jurisdicciones. “El modelo es un faro para aplicar a todo el país”, remarcó y consideró que “sufrimos críticas injustas, basadas en falacias”.

“San Juan es un modelo muy interesante a seguir y replicar, es un gran modelo a seguir”, manifestó, considerando que le falta “comunicar y replicar bien el proceso del modelo minero de San Juan en otras provincias”.

En este sentido, deslizó que “hay Provincias con muchos recursos que podrían dinamizar sus actividades económicas y solucionar en el mediano plazo una situación de crisis económica, la minería sería un elemento” para solucionar esto, opinó.

“San Juan es un camino a seguir y replicar en todo el país -y- puede ser un reflejo claro para las Provincias que tienen dudas en desarrollar la minería”, sentenció.

Por último, se refirió a la explotación de uranio, cuyos mayores reservorios están en nuestra provincia y cerca del Río Chubut, y apuntó que “Argentina tiene recursos identificados y reservas para proveernos de uranio, lo sabemos en el sector”.

Sentenció así que “Argentina tiene una balanza deficitaria (el uranio) no lo producimos y lo importamos. Si está interesada en seguir un Plan Nuclear, hay que pensar cómo acompañar los desarrollos”.

Ese “acompañamiento” sería la explotación de las minas de uranio, “tenemos la oportunidad de producir uranio en Argentina y no solo consumirlo sino exportarlo”, precisó.

Para conmemorar la fecha histórica para el peronismo, que recuerda el regreso al país en 1972 del expresidente y líder del movimiento justicialista, Juan Domingo Perón, los distintos sectores convocantes tienen previsto congregarse desde más temprano en distintos puntos del centro porteño para confluir en la Plaza a las 15.

 

«En un nuevo aniversario del día de la militancia vamos a volver a llenar la Plaza como marca nuestra historia. Todos unidos triunfaremos», dice la convocatoria del Partido Justicialista, cuyo titular del Consejo nacional es el propio presidente Fernández.

«En un nuevo aniversario del día de la militancia vamos a volver a llenar la Plaza como marca nuestra historia. Todos unidos triunfaremos»Convocatoria del PJ

«A las 15 nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo», publicaron en sus cuentas en la red social Twitter los distintos funcionarios del Gobierno nacional.

 

«Con gran fervor, recordaremos uno de los hitos más importantes de la historia peronista», indicó, por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 17 años de exilio, después del golpe de Estado que en 1955 lo había derrocado de la Presidencia.

El peronismo recuerda esa fecha como un símbolo de la resistencia y la militancia, fortalecida por casi 18 años de proscripción.

El Gobierno ratificó ayer martes que «convocará a la oposición y a todos los sectores» para la búsqueda de consensos en torno al Programa Económico Plurianual que anunció el domingo pasado el presidente Alberto Fernández, bajo la premisa de «llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) para tener una deuda sustentable y sostenible».

«Este es un proyecto que se viene trabajando con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por lo que expresa el consenso de la coalición -el Frente de Todos– sobre cuáles son los pasos en los próximos años que hay que dar», dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en declaraciones a la prensa.

Desde la oposición, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que su espacio espera la presentación en el Congreso del proyecto de ley que contendrá el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable y afirmó que será el Parlamento el ámbito en el que se debatirá la propuesta, a tono con lo expresado ayer por la mesa de Juntos por el Cambio.

«Los proyectos hay que verlos, fueron solo comentarios del Presidente, y toda discusión se dará en el seno del Congreso, donde corresponde. El diálogo debe darse en el Congreso», dijo el jefe de Gobierno porteño este martes por la mañana en una rueda de prensa brindada en una escuela en Palermo.

 

Es en el Congreso nacional donde «deberían presentar los proyectos lo antes posible», aseveró Rodríguez Larreta.

Desde el oficialismo, por su parte, aseguran que buscarán «el mayor consenso posible» en torno al proyecto de ley que ingresaría al Congreso en los primeros días de diciembre próximo, con la definición de un programa que contemplará los mejores entendimientos que el Gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Camino hacia el acuerdo con el fondo

La Argentina viene negociando desde el año pasado con el FMI un acuerdo de reestructuración de la deuda por US$ 45.000 millones que asumió la gestión Cambiemos, en 2018, de manera de poder despejar los vencimientos de los próximos años para permitirla consolidación de la recuperación económica.

Por lo pronto, las ideas que guiarán la iniciativa ya fueron «consensuadas» dentro de la coalición gobernante, destacó Cerruti, para luego señalar que «está trabajando el ministro Guzmán y los equipos técnicos para enviar el mejor proyecto posible» al Parlamento.

 

La iniciativa prevé «de qué manera llegar a un acuerdo con el FMI para tener una deuda sustentable y sostenible«, y también incluye «un proyecto económico a largo plazo también sustentable y sostenible teniendo la prioridad en el día a día, en la casa, en la comida, en la salud y la educación de los argentinos y argentinas».

Además del trabajo en el seno de la coalición oficialista, la vocera afirmó que «no alcanza sólo con el Gobierno, sino que este es un proyecto que hay que consensuar también con la oposición, con las fuerzas políticas, sociales y económicas porque estamos hablando de un tema que involucra a todos los argentinos».

El domingo, tras el anuncio realizado por el Presidente tras las elecciones legislativas, fuentes oficiales señalaron a Télam que el envío del proyecto de ley con el programa plurianual es «el camino hacia el acuerdo» con el FMI, con lo que buscaron dejar en claro que para alcanzar el entendimiento final «todavía falta».

El mensaje de Fernández, en ese sentido, buscó dejar en claro que las negociaciones con el organismo multilateral siguen adelante y que se insistirá en alcanzar un acuerdo «sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social», como expresó anoche el jefe del Estado.

Ante la consulta sobre el espacio en el que se comenzará a discutir el programa, fuentes oficiales señalaron hoy a Télam que «por el momento no está definido que el Consejo Económico y Social (CES) que viene trabajando desde los primeros meses del año sea el ámbito de debate del proyecto y sus contenidos».

La precisión se da en momentos en que el Gobierno está convocando a un nuevo encuentro del CES para este jueves, a las 9.30.

Las fuentes dijeron que el CES se abocará a la agenda de trabajo habitual, por lo que el programa económico plurianual no será parte del debate al menos en esta oportunidad.

ADNSUR dialogó con autoridades del PRO quienes afirmaron que la justicia ya ha manifestado a través de dictámenes, que esa banca le corresponde al ex secretario de Esquel, Matías Tacetta.

La integrante de la lista de ‘untos por el Cambio’  mo suplente de Ignacio Torres, Claudia Riveros, confirmó este martes que “la decisión de judicializar ya está tomada. En principio, el planteo sería sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ‘ley de paridad’. Seguramente, va a ser acompañado por una medida cautelar de ‘no innovar’ a los efectos que el Poder Legislativo se abstenga de tomar juramento a Matías Tacetta hasta tanto no se expida la justicia”, anticipó.

Asimismo, señaló que en el acta de proclamación figura que «Nacho Torres es primer titular, yo soy segunda titular y Matías Tacetta es el primer suplente». Y en este marco, agregó que  por aplicación de la ley de paridad del 2017 (pero que tiene un decreto reglamentario del 2019), «hay algunas cuestiones que no se advirtieron hasta que empezaron a existir reemplazos con el cambio del gobierno en la Cámara Legislativa donde estaba encabezada por hombres en su gran mayoría.

«Al momento en que esos hombres se fueron al Poder Ejecutivo, las mujeres que seguían en segundo término se dieron cuenta que -en el orden del reemplazo- no podían ocupar ese cargo porque le tocaba al suplente”, planteó.

Autoridades del PRO aseguran que Matías Tacceta debe asumir la banca que quedará libre en diputados.

Riveros explicó que hay algunas cosas que no se advirtieron – por ejemplo- la Justicia Electoral dijo que una de las cosas que no se advirtió fue el proceso de poner alguna cláusula transitoria para los cargos que fueron elegidos por el sistema del cupo y la aplicación de la ley de paridad. «A partir de ahí, se advierten otras situaciones que perjudican el espíritu que tuvo la ‘ley de paridad’ para garantizar los derechos políticos de las mujeres y también de los hombres”, subrayó.

Más allá del resultado y el fallo de la justicia, afirmó que lo que se pretende es sentar un precedente. «Esta es una cuestión que afecta a todas las mujeres y los hombres que acompañamos y nos encontramos en segundo término y que nos damos cuenta que la ley de paridad –en lo que respecta al reemplazo- no nos corresponde. Es importante saber que –hace poco tiempo- la Corte Suprema  hace una observación sobre eso”, expresó.

“Este decreto reglamentario lo que hace es preferir a los candidatos suplentes antes que a los candidatos titulares que es lo que establece la ley electoral. El año pasado, Máximo Kirchner presentó modificaciones (y fue acompañada por la mayoría del bloque de mujeres de ‘Cambiemos’) pero establece que –hasta que se logre la paridad del 50% hombres y 50% mujeres- recién ahí se empieza a aplicar la ‘ley de paridad”, señaló.

Y sostuvo que «es lógico que se comiencen a revisar estos planteos. Más allá del resultado de la justicia, es el momento de empezar a plantear estas cuestiones”, aseguró en diálogo con La Cien Punto Uno. “En las elecciones del 2023, a varias mujeres y hombres les va a suceder lo mismo e –independientemente- del resultado que pueda tener la Justicia es tomar una acción para sentar un precedente. No me puedo quedar con los brazos cruzados”, dijo.

Finalmente, señaló que “hablábamos de la igualdad real de oportunidades para los cargos partidarios o electivos –realmente- tenemos que hacer algo que siente un precedente. Hay que poner este tema sobre la mesa”, reclamó.

El Juzgado Federal de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, a cargo de la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan, llevará adelante una pericia informática sobre las imágenes captadas tres años atrás durante el hallazgo del casco del submarino a más de 900 metros de profundidad, y citará a exfuncionarios que se desempeñaron en la primera línea del Ejecutivo al momento de su desaparición, en 2017, para que declaren como testigos, informaron fuentes judiciales.

Estas medidas previstas avanzarán sobre la línea indicada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que a partir de planteos de las familias de los marinos pidió avanzar en el esclarecimiento del naufragio, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, y determinar las eventuales responsabilidades penales en el hecho por parte del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que en los últimos meses declararon como testigos ante la jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la investigación, cerca de veinte ex altos mandos de la Armada y exfuncionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos la exsecretaria de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Defensa durante la gestión de Aguad, Graciela Villata.

En esa línea, señalaron que el próximo paso será la citación de exfuncionarios «de relación directa» con el expresidente, para brindar declaración testimonial.

A cuatro años del hundimiento, ocurrido mientras el buque realizaba una patrulla de mar en el Atlántico Sur, y a tres de su hallazgo el 17 de noviembre de 2018, las querellas que representan a los familiares de las víctimas insistieron en el reclamo de «avances concretos» en la instrucción, que al momento acumula 40 cuerpos y decenas de anexos y cajas con documentación.

Incumplimiento de deberes de funcionario público

La investigación se inició en las horas posteriores a la pérdida de contacto de la embarcación, y, en el primer tramo de la instrucción, la jueza ordenó en enero de 2020 el procesamiento de seis altos mandos de la Armada, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en 44 casos.

Los procesados fueron el excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (Cofs) Héctor Alonso; el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa; el jefe de Mantenimiento y Logística y Sección Mantenimiento del Cofs, Jorge Andrés Sulia, y el jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Eduardo Luis Malchiodi.

Esta resolución de la magistrada, que dispuso además el sobreseimiento de José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, fue apelada por las defensas de los marinos imputados, y también por las querellas, que pidieron investigar las eventuales responsabilidades de Macri, Aguad y Srur en el hundimiento.

 

A partir de esos planteos, la Cámara de Comodoro, integrada por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, emitió el 19 de noviembre de 2020 un fallo en el que confirmó parte de las disposiciones de Yáñez e hizo lugar a su vez al pedido, acompañado por el fiscal Norberto Bellver, para profundizar en la cadena de responsabilidades.

La Cámara confirmó los procesamientos de Villamide, López Mazzeo, Alonso y Correa, y revocó los de Malchiodi y Suliá y el sobreseimiento de Marti Garro, y pidió avanzar sobre la línea de Srur, Macri y Aguad, luego de que la jueza consideró que no contaba hasta entonces con elementos suficientes para que fueran indagados.

Declaraciones testimoniales

Una vez devuelta al juzgado, la causa continuó en los últimos meses con declaraciones testimoniales de ex altos mandos de la Armada, y ex funcionarios de Defensa, como Villata y el ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la cartera, José Luis Vila, y fuentes con acceso al expediente indicaron que el próximo paso será citar como testigos a ex funcionarios «de relación directa» con Macri durante su Gobierno.

El objetivo es precisar «qué sabían, qué se les informó y qué no» para hacer «un estado de composición» al momento de la desaparición y hundimiento, aseguraron, e indicaron que la citación podría incluir además a algún ex ministro de Defensa anterior a Aguad.

El juzgado, en línea con otro de los pedidos de la Cámara, realizará además una «pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo» del San Juan por parte del buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, que localizó el casco hundido a más de 900 metros de profundidad frente a las costas de Santa Cruz.

Para esta medida de prueba, ya fue sorteado un perito informático de la Corte Suprema, y ofrecieron los propios la Procuración General de la Nación y la querella mayoritaria de los familiares, encabezada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias.

«Estamos prontos a realizarla, lo más rápido que se pueda», señalaron fuentes de la investigación, y confirmaron que aunque falta definir lugar y fecha, la pericia será realizada por Policía Federal Argentina.

Luis Tagliapietra, padre del tripulante Alejandro Tagliapietra y representante de otra de las querellas, cuestionó esa medida porque aseguró que «no avanza sobre la búsqueda de las causas reales del hundimiento».

Por otra parte, el jugado realizó presentaciones formales para retomar el pedido de colaboración de Estados Unidos y Francia en el esclarecimiento del naufragio, a partir de compromisos alcanzados en ese sentido en diciembre de 2019, antes de la pandemia.