El Consejo Regional del Norte Grande, integrado por diez gobernadores de diferentes signos políticos, realizará hoy en la ciudad misionera de Puerto Iguazú la primera reunión del año con una agenda variada de temas, entre los que se destacan obras públicas estratégicas y tarifas diferenciales para la energía eléctrica y el transporte público.

Con el imponente marco de las Cataratas del Iguazú, los mandatarios de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero volverán a discutir -desde las 10.30- «temas centrales para el desarrollo de la región» en el octavo encuentro del Consejo del Norte Grande, que contará también con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, con el que «se está trabajando en conjunto para lograr avances en cada ítem».

Desde la Casa Rosada confirmaron a la agencia Télam que asistirán al encuentro que se desarrollará en el Hotel Gran Meliá Iguazú –dentro del parque nacional-, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas); Alexis Guerrera (Transporte); el secretario de Energía, Darío Martínez; la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; y el titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Según la agenda de actividades que manejan los organizadores, tras la deliberación de los gobernadores y los funcionarios a puertas cerradas, se realizará una conferencia de prensa a partir de las 13.30, y luego compartirán un almuerzo.

El temario consta de doce puntos, entre los que se destacan: un plan de infraestructura para mejorar la logística con el Corredor Bioceánico Norte; la implementación de una tarifa energética diferencial; subsidio al transporte público de pasajeros; un plan para el desarrollo del litio; la Hidrovía Paraná – Paraguay; y fijar una zona franca para un sistema de transferencia de cargas y puerto seco.

Luego de haber recibido a algunos gobernadores de esa región semanas atrás, Manzur se reunió ayer con el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, “con el objetivo de seguir trabajando por la optimización del sistema energético en el Norte Argentino. Redoblamos esfuerzos para afianzar un país más federal”, señaló el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter.

Este punto de subsidios a la energía eléctrica y al transporte público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es uno de los reclamos recurrentes de los gobernadores de todas las regiones del país y excede el color partidario.

En ese sentido, los mandatarios de Juntos por el Cambio de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Jujuy, Gerardo Morales, han expresado esta situación y coincidido con el resto de los gobernadores que “es una discriminación más”, por lo que se diferencian con la postura del jefe de Gobierno porteño,

Horacio Rodríguez Larreta, que rechaza la quita de subsidios al transporte público alegando que es “un embate más del Gobierno nacional a la Ciudad”.

Así las cosas, todos los gobernadores tienen como meta avanzar con lo que se denomina ‘Zona Caliente’, en comparación a la Zona Fría que lograron varias provincias para tener una tarifa de gas subsidiado por ser una región de bajas temperaturas.

Uno de los que impulsa este tema es el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, quien días atrás sostuvo que «la idea es ratificar -en la cumbre de Iguazú- lo que habíamos iniciado antes del tratamiento de la ley del Presupuesto 2022 que se frustró en el Congreso de la Nación» respecto a la tarifa diferencial energética.

Por este tema se hizo un estudio minucioso y la propuesta de Capitanich cuenta con el aval de sus pares del Norte Grande, ya que prevé una tarifa energética diferencial, sobre todo en los meses de mayor consumo y donde las olas de calor son un factor determinante.

A pesar de que no figura en la agenda a tratar, la principal cuestión que atraviesa a todos los temas será el compromiso explícito del Gobierno nacional en mantener los recursos asignados a las obras públicas previstas para este año, que se han quedado sin sus respectivas asignaciones debido a la falta de la aprobación del Presupuesto 2022.

El exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, fue autorizado a viajar a San Pablo (Brasil) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) por el juez Julián Ercolini, lo que generó el repudio de los familiares de las víctimas de la tripulación del submarino ARA San Juan, quienes denunciaron que al exfuncionario “se le permitió no cumplir con la ley”.

Días atrás, Arribas había solicitado la autorización judicial para salir del país desde el 18 de febrero hasta el 25 de abril de este año, lo que fue aceptado este jueves por Ercoloni, quien en su fallo indicó que “no existe obstáculo alguno para acceder a lo peticionado” por el extitular de la AFI, procesado en dos causas que se siguen por espionaje ilegal.

El fallo judicial destacó que “Arribas se comprometió, en caso de ser requerido, a interrumpir su viaje y regresar a suelo argentino”, y que “se ha acompañado la información relativa a los viajes en torno a sus destinos y pasajes”.

Los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan presentaron un documento en el que rechazan esta autorización y aseguran que a Arribas “se le permitió no cumplir con la ley”.

Asimismo, Ercolini dictaminó que Arribas “deberá presentarse dentro de las 48 horas de su regreso en la comisaría con jurisdicción en su domicilio a los efectos de dar cuenta de su arribo y hacer entrega del pasaporte al tribunal -que se le deberá aportar para el viaje-, como así informar en forma válida e inmediata a esta sede cualquier modificación del itinerario autorizado”.

Al respecto, los familiares de los marinos del submarino ARA San Juan presentaron un documento en el que rechazan esta autorización y aseguran que a Arribas “se le permitió no cumplir con la ley”.

“Arribas no presentó en idioma español y no fue debidamente acreditada (por él) una invitación de Emiratos Árabes Unidos y tampoco informó sobre los motivos del viaje», dijeron.

“Solo presentó los pasajes y una promesa de volver”, denunciaron desde una de las querellas que representa a familiares de los tripulantes en la causa de espionaje ilegal que se sigue contra ellos y en la cual se encuentra también procesado el expresidente Mauricio Macri.

«No estamos errados desde esta querella cuando nos hemos opuesto al pase de esta causa espionaje a (los tribunales federales de) Comodoro Py. Hoy quedó expuesto en ese ámbito no hay igualdad ante la ley”, remarcaron.

“Lamentamos comunicar que, en caso de seguir la causa de espionaje en la cofradía de los juzgados de Comodoro Py, se diluyen las chances de obtener justicia, en la misma proporción que se perdían las chances de vida de los tripulantes en cada llamado desde el submarino”, concluyeron.

Arribas está procesado en las causas en las que se investigó el espionaje ilegal desde as bases AMBA de la AFI y en el seguimiento a las familias de los tripulantes del ARA San Juan.

Las principales figuras de Juntos por el Cambio (JxC) se verán las caras este jueves por la tarde en la localidad bonaerense de Olivos, en el norte del conurbano, para unificar posturas legislativas e intentar bajar las tensiones entre los distintos sectores.

A la cita, que puertas adentro dieron en llamar un «retiro», asistirán los principales referentes de la coalición opositora, como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Patricia Bullrich, entre otros, informaron fuentes de la coalición opositora.

El encuentro tendrá una duración de cinco horas -entre las 13 y las 18- y será una oportunidad de unificar posturas -ante el debate parlamentario por el acuerdo con el FMI, entre otras cuestiones- y también aplacar tensiones entre los distintos sectores.

El 2022 comenzó para JxC con un adelantamiento de los tiempos electorales, en el sentido de que los posibles presidenciables del espacio ya comenzaron a desplegar sus estrategias.

En este sentido, Horacio Rodríguez Larreta ya organizó su mesa política que lo acompañará hacia ese objetivo, encabezada por Diego Santilli y Jorge Macri, y comenzará a recorrer el país.

Estos recorridos también ya comenzaron para Patricia Bullrich, quien se mostró en la Costa Atlántica y seguirá su marcha por otros puntos de la Argentina.

También comenzó a organizar sus equipos técnicos el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien también está dando sus primeros pasos como nuevo titular del Comité Nacional de la UCR.

Tras dos meses de tensiones internas luego de los comicios legislativos del año pasado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio logró en el último mes que la coalición tuviera posturas unificadas, tanto en la cuestión del acuerdo con el Fondo como ante los cambios que pidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno al Consejo de la Magistratura.

Sobre el entendimiento con el FMI, anunciado por el presidente Alberto Fernández, la coalición opositora prometió en un documento analizar el acuerdo, pero pidió «más precisiones» sobre su contenido.

En torno a los cambios solicitados por el máximo tribunal en relación a la composición del Consejo de la Magistratura, la Mesa Nacional de JxC anunció que trabajan en un proyecto unificado entre las distintas fuerzas que integran el espacio opositor.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este miércoles con el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor Rubén González, con quienes charlaron sobre las pautas para la restauración del acuerdo entre el la Provincia y el gremio para la consolidación del sector electroenergético, además del mejoramiento del sistema de prestación de los servicios públicos esenciales.

Estas pautas fueron establecidas a finales del año pasado a pedido del propio gobernador, en reuniones que el líder sindical mantuvo con el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; el subsecretario de Servicios Públicos, Marcelo Mammoliti; y el subsecretario de Energía, Eugenio Kramer.

En aquellos encuentros realizados en diciembre pasado, se entendió necesario profundizar el acuerdo realizado oportunamente, como la creación de la Subsecretaría de Servicios Públicos bajo cuya órbita funcionará la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP) y, eventualmente, la Agencia Provincial de Servicios Públicos (APSP) o la Empresa Provincial de Energía del Chubut (según se defina).

Asimismo, la Subsecretaría de Energía absorberá bajo su órbita a la Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables (APPER), como así también el programa PERMER, actualmente gestionado desde la Secretaria de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura.

Se decidió disponer el fortalecimiento material y operativo de la Subsecretaría de Planificación, con más equipamiento y personal, en virtud de los requerimientos para el desarrollo del programa de política energética, plan de mejoramiento de los servicios públicos esenciales y los requerimientos de otras áreas del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación.

También, consensuar la designación de los directores y síndicos que representan a la Provincia del Chubut en los distintos directorios de empresas del sector electroenergético, que tengan el conocimiento necesario para ocupar esos cargos defendiendo los intereses de la Provincia.

Y se habló de la necesidad de firmado un decreto reglamentario de la Ley 1 – 265 (antes Ley 5121), que crea la Administración Provincial de Servicios Públicos, como parte de una reorganización del área, previo a la presentación de un plan de trabajo para el año 2022.

En tanto, el subsecretario de Energía deberá presentar un plan de política energética que constituya la base de implementación de una política pública para desarrollar el potencial de generación energética de Chubut y proyectar los efectos sobre el modelo productivo provincial.

Arcioni y González coincidieron en seguir de cerca el desarrollo y la implementación de este acuerdo para que se vean los primeros logros en un corto plazo.

El presidente Alberto Fernández participará este jueves, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, del cierre de una reunión conjunta de los Consejos Federales de Salud (Cofesa) y de Educación (CFE) en la que se analizará el nuevo protocolo Aula Segura de cara al inicio del próximo ciclo lectivo en el contexto de la pandemia de coronavirus.

El encuentro, del que participarán la ministra de Salud, Carla Vizzotti; su par de Educación, Jaime Perczyk, y representantes de ambas áreas de las 24 jurisdicciones del país, «busca definir las nuevas pautas en función de los consensos alcanzados con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y los diferentes gremios docentes», explicaron a través de un comunicado de prensa.

Según informó el Ministerio de Salud, la propuesta del protocolo Aula Segura para la vuelta a las clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario consta de seis pilares: asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y limpieza, y distancia.

Las pautas definidas en las reuniones previas de ambos Consejos «buscan ser sencillas, posibles y tendientes a garantizar la presencialidad plena en condiciones de pandemia para que docentes y estudiantes puedan recuperar espacios de aprendizaje, expresión y disfrute», se agregó.

Por último, se informó que «la implementación de un nuevo protocolo es posible por el impacto del avance de la Campaña de Vacunación tanto en docentes como en niños y niñas de entre 3 y 11 años de edad».

La Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia del Congreso presentará hoy ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político a los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusan de «mal desempeño en sus funciones».

La acusación es por haber desligado a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, de una causa que se sigue por espionaje ilegal, tras haber avalado la teoría del «cuentapropismo» en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo, indicó la agencia Télam.

En ese marco, los legisladores del grupo parlamentario que preside el diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) concurrirán al Consejo de la Magistratura, donde se reunirán con miembros de ese organismo con el fin de entregar un escrito, de unas 25 páginas, para pedir el enjuiciamiento de los magistrados de la Cámara Federal Porteña.

El diputado Rodolfo Tailhade (FdT) confirmó que hoy serán recibidos por miembros del Consejo de la Magistratura y anticipó se planteará desde la Bicameral de Inteligencia «el juicio político a Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por el fallo de los cuentapropistas».

La Cámara Federal porteña, con los votos de Llorens y Bertuzzi, desligó a los entonces titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sosteniendo que los agentes del grupo «SuperMarioBross» actuaban por su cuenta.

Tailhade señaló que la reunión se hará a las 14 en la sede del Consejo de la Magistratura, en Lavalle al 700 de la ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, en un comunicado la Comisión Bicameral informó que «entregará en la sede del Consejo de la Magistratura de la Nación, una presentación en la que solicita a ese organismo que disponga las medidas correspondientes» para «iniciar el proceso de juicio político por mal desempeño en sus funciones respecto a los Camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens».

«En un hecho que no registra precedentes institucionales, la comisión parlamentaria entendió que la sentencia dictada de estos jueces en la causa de espionaje ilegal que llevaba adelante el Juzgado de Lomas de Zamora que dispuso el procesamiento de 38 personas, entre ellas, las máximas autoridades de la conducción de la AFI en el período presidencial de Mauricio Macri, fue fulminada por una resolución arbitraria», sostuvo el texto del comunicado.

En ese contexto, señaló que el «objeto principal fue dejar de lado todas las evidencias e incluso confesiones de los propios autores para asegurar la impunidad de quienes encabezaron el sistema de espionaje ilegal y persecución política más grave del que se registra a lo largo de toda la historia argentina».

También informó que los integrantes de la Comisión Bicameral brindarán una conferencia de prensa donde darán a conocer el texto de la presentación, que reúne unas 25 carillas.

Por otra parte, la subcomisión que analiza la grabación de la reunión realizada en el Banco Provincia en junio de 2017, en la que se habló del armado de causas contra sindicalistas, citó para el próximo martes a los directivos de la empresa de seguridad que estaba en la gestión de Juan Curuchet.

La decisión fue adoptada el martes pasado luego de escuchar el testimonio del exgerente de Relaciones Institucionales del Bapro, Hernán Stella, quien «ratificó que ese salón de usos múltiples y el personal de ceremonial era de responsabilidad exclusiva de la Presidencia del Banco Provincia y de la Gerencia General».

Tailhade precisó que, «tras el testimonio de Stella, se citará para el martes próximo a la empresa de Seguridad Hunter Security, que era la encargada de registrar los ingresos».

Los especialistas coinciden en que la revisión del cuadro tarifario tiene un impacto mínimo en términos de recorte del gasto público y pone en crisis el acuerdo con el FMI.

Los recursos públicos destinados a subsidiar la energía resultan el componente discordante que salta a primera vista en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

El reclamo del organismo es que bajen, por lo menos a la mitad, las partidas presupuestarias con este destino. “Lo que pasa es que la única manera de llevar eso a la práctica es golpeando fuerte el bolsillo de muchos que no son ricos que climatizan sus piletas, sino que son trabajadores que llegan con lo justo a fin de mes” expone una fuente de la Secretaria de Energía.

Reducir la bola de nieve de los subsidios a la energía es bastante más complejo que “limpiar” la boleta que le llega al usuario. En la Argentina el Estado compra el 90% de la generación de energía eléctrica y el 70% de la producción de gas. Esto significa que es el gobierno el que promedia el precio y define cuánto traslada a la factura final que reciben los usuarios.

Para Paulo Farina, ex subsecretario de Energía Eléctrica esto explica que el precio no cumpla con los parámetros del mercado. “Como no tenemos claro cuánto vale la energía, tampoco sabemos cuánto se esta subsidiando”, resume.

Farina afirma que en la actualidad “se mantiene el promedio de subsidios de los últimos diez años” y advierte “para resolver el problema que plantean, se requiere una mirada integral del sector, la tarifa es solo una parte”.

El impacto de la segmentación es nulo, es muy poca plata. Los subsidios van a subir igual. Lo más probable es que aumenten y mucho.

Respecto a la cuestión de las tarifas, Farina afirma que “exceptuando el año de la pandemia, y comparando con la evolución del salario, las tarifa están bajando” y por eso “el debate es sobre quiénes tiene que caer el aumento y en qué proporción”. El especialista advierte además que el ajuste “debería haberse hecho antes y lo que faltó es decisión política”.

“La cuestión es identificar si es más eficiente que lo pague la gente a través de una tarifa o que se pague en impuestos. Lo cierto es que es una combinación, y esa combinación como quedó congelada, solo avanzó a través de impuestos”, agrega Farina y propone avanzar “con una transferencia directa como ocurre con el programa Hogar”. En este caso se podría aplicar una tarifa social que cubra al 50% de los usuarios.

Sobre el esquema de segmentación que propuso el actual subsecretario de energía eléctrica Federico Basualdo, Farina afirma que aun si esos 500 mil usuarios “acomodados” pasaran a pagar el triple y el resto asumiera aumentos del 20% como máximo, no alcanzaría para bajar el gasto, como exige el FMI.

“El impacto es nulo, es muy poca plata. Los subsidios van a subir igual. Lo más probable es que aumenten y mucho”, enfatiza Farina

Por su parte, Emilio Apud, ex secretario de Energía del gobierno de De La Rua, opina que “la segmentación que quiere aplicar el gobierno para ajustar o aumentar tarifas, aunque en su léxico es para bajar subsidios, es poco seria”.

“Estamos con una expectativa inflacionaria del 60%, acompañada por un aumento de las importaciones de gas ante el persistente déficit de hidraulicidad en las principales cuencas, más un mayor volumen de importación de gas licuado ante una caída de la producción de Bolivia y en un marco de tendencia al alza del precio internacional que triplica al promedio de 2021”, advierte Apud.

Con estos datos Apud estima que los costos de la energía serán más altos que en 2021, cuando se destinaron 10.900 millones de dólares a subsidiar la energía.

Si se quiere cumplir con el FMI y reducir el déficit fiscal de 3,1% a 2,5%, los subsidios energéticos deberían bajar entre 0,5 y 0,6% del PBI. Si se aplicara la segmentación de Basualdo, el subsidio rondaría 3% del PBI. Es decir, sólo el subsidio a la energía superaría la pauta de 2,5% acordada con el Fondo. No sirve.

 “Si se quiere cumplir con el FMI, en cuanto a reducción del déficit fiscal primario de 3,1% a 2,5% en 2022, los subsidios energéticos deberían bajar entre 0,5 y 0,6% del PBI. Si se aplicara la segmentación de Basualdo, el subsidio rondaría 3% del PBI. Es decir, solo el subsidio a la energía superaría la pauta de 2,5% acordada con el Fondo. No sirve”, concluye Apud.

También para la consultora PxQ que preside el ex vice ministro de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, las tarifas deberían subir un 180% por encima de la inflación para equilibrar el nivel de subsidios.

Y en el mismo sentido se expresa Daniel Gerold, presidente de G&G Energy Consultants. “Los subsidios van a subir pese a que se aumenten la tarifa en dos veces de 20% cada una, y no una como pregona el sociólogo Basualdo”, sostiene Gerold.

El último informe de esta consultora señala que los datos de importación de energía no son alentadores para cumplir con los objetivos de reducir los subsidios tal como lo exige el FMI.

Según consigna G&G el consumo de gasoil en generación termoeléctrica aumentó del 110% interanual en diciembre 2021, en tanto la disponibilidad de gas natural para generación termoeléctrica de diciembre fue 0,6% inferior. Asimismo, la regasificación de gas natural licuado fue mínima en diciembre, con importaciones de gas desde Bolivia promedio en 10,4 millones de metros cúbicos diarios, lo que implica una caída de más del 29% comparado con diciembre 2020.

Agrega el mismo informe que la demanda bruta interna de energía de diciembre 2021 fue 9,5% superior a diciembre del año previo. En efecto, los datos oficiales de Cammesa de diciembre 2021 indican que el consumo de energía eléctrica marcó un incremento interanual de mas del 12,5% respecto al registro de diciembre 2020.

Fuente: La Política OnLine

El Ministerio de Trabajo oficializó hoy los requisitos de preselección y selección para el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) para los salarios devengados en Enero, a través de la resolución 97/2022 publicada en el Boletín Oficial.

La misma –según publica Ámbito– adopta las recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa Repro II en su acta conjunta 15, tras su reunión de ayer.

Podrán acceder al beneficio las empresas de sectores críticos, afectados no críticos y de hotelería que en los últimos dos años hayan tenido una variación nominal de su facturación inferior al 43,8% (caída del 30% en términos reales), que en el caso del sector Salud se eleva al 105,5% (sin variación real), en línea con la inflación acumulada en ese período.

En comparación con la resolución previa (12/2022) que rigió para los salarios devengados en diciembre de 2021, no hubo cambios en el porcentaje de variación nominal y real de facturación para sectores críticos, afectados no críticos y hoteles, aunque en el caso de salud hubo un aumento de dos décimas de punto porcentual respecto del 105,3% del mes anterior.

La principal modificación en relación con la recomendación del Comité de Evaluación y Monitoreo se encuentra en la tasa de variación del IVA Compras, para la que se fijó una variación porcentual nominal menor al 43,8%, en vez del 67% de las resoluciones anteriores, y del 105,5% para el sector Salud.

El resto de los parámetros de selección se mantuvieron, como el caso de una caída mayor al 0% en la variación del cociente entre el costo laboral y la facturación, endeudamiento (mayor a 0,6), liquidez (2,5) y variación del consumo de energía eléctrica y gasífera (menor a 0%).

Respecto de la variación de las importaciones, debe ser de una caída de 20% como mínimo para empresas de menos de 800 de trabajadores, y de 30% para el resto, pero de 0% para las de salud, al igual que en la resolución anterior.

Para acceder al beneficio, las empleadoras y los empleadores deben cumplir con las condiciones de acuerdo con el sector que estén encuadrados, y según los parámetros fijados para cada uno.

En el caso de los sectores afectados tanto críticos como no críticos, deben alcanzar el cumplimiento de al menos cuatro de los seis parámetros establecidos, de los cuales serán de cumplimiento obligatorio las variaciones del IVA compras y de la relación entre el costo laboral y la facturación.

Para el sector salud, entre los cuatro parámetros que se deben cumplir debe estar incluida la variación porcentual de la relación entre el costo laboral y la facturación.