El Gobierno oficializó la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), a través del decreto 834/2021 publicado en el Boletín Oficial.

Otero ya venía cumpliendo funciones en el organismo, y su nominación se evaluó en una audiencia pública llevada a cabo el 30 de noviembre último, tras la renuncia presentada al cargo por Carlos Cruz a fines de octubre.

Otero es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cursó un posgrado en Programa de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos en la UBA, y participó como evaluador internacional en el XIII Seminario de Evaluadores realizado en Río de Janeiro, organizado por Gafisud (actualmente Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).

Se desempeñó en diferentes ámbitos del Estado Nacional, como el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 22; la Superintendencia de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo; la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la propia UIF donde desde septiembre de este año se desempeña como vocal del Consejo Asesor en representación de la CNV.

Junto con la dimisión de Cruz también renunció Mariana Quevedo, quien ocupaba la vicepresidencia de la UIF.

Cruz y Quevedo habían asumido sus cargos en diciembre de 2019, con el inicio de la gestión de Alberto Fernández.

La designación de Juan Carlos Otero quedó oficializada luego de la audiencia pública de rigor prevista en el procecidimiento para cubrir ese cargo, que, por primera vez, no contó con ningún tipo de impugnación al nombramiento propuesto.

En concordancia con la reorganización del gabinete provincial, que comenzó con la salida del ministro de Seguridad, Federico Massoni, luego de la derrota en las elecciones legislativas, se conjeturan nuevos cambios en el Gobierno provincial.

En este marco, el ministro de Turismo, Néstor García, anunció que dejará el cargo y en su lugar asumirá el gerente del Ente Mixto Rawson Turístico (EMRaTur), Leonardo Gaffet.

Otros de los cambios que se vislumbran es la asunción en la cartera de Familia de Mirta Simone. La pareja del dirigente sindical de ATE, Guillermo Quiroga, ocupará el lugar de Gustavo Hermida.

El Gobierno nacional envió el texto al Parlamento en las últimas horas para abrir el debate de la propuesta en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, informaron a Télam fuentes oficiales.

La iniciativa suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.

De este modo, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.

Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

El estamento de los abogados tendrá 4 representantes (hasta el momento eran 3) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las Provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.

También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo Nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.

El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial que fue creado a través de la reforma de la Constitución Nacional, que lo incorporó en su artículo 114, y está regulado por la Ley 24.937.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) debatirá el 13 de diciembre próximo la política de sobretasas que aplica el organismo, en el marco de una discusión amplia sobre esta cuestión.

Así lo confirmó a la agencia Télam una fuente consultada del organismo multilateral, un debate que podría ayudar a la Argentina a disminuir en el futuro el costo de financiamiento con el FMI.

Esta discusión abarca también a varios países que por la pandemia no pudieron cumplir con sus compromisos financieros, y la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, advirtió esta semana sobre la necesidad de resolver la crítica situación de los países pobres para afrontar sus deudas.

Durante la última cumbre presidencial realizada en Roma, el G20 instó al FMI a revisar el tema de sobretasas entre otros ítems de financiamiento.

Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, anunció la formación de un bloque propio en la Cámara de Diputados, dentro de Juntos por el Cambio, y de esta manera formalizó su decisión de alejarse de la conducción que preside el cordobés Mario Negri, luego de no lograran superar las tensiones internas generadas en el seno de esa bancada entre ambos sectores.

Así lo anunció en un comunicado de prensa el sector de la UCR referenciado en la Cámara de Diputados en Emiliano Yacobitti, que venía cuestionando la conducción ejercida por Negri.

«El radicalismo renovador armará un bloque radical dentro de Juntos por el Cambio», adelantaron en el texto los diputados que conformarán el bloque UCR Evolución, integrado por 12 legisladores, presididos por el diputado electo Rodrigo de Loredo, de Córdoba.

El documento se dio a conocer pocas horas antes de la reunión prevista para este lunes a las 18, donde se iban a definir las autoridades del bloque radical, que conduce hasta el momento Negri, de cara a las sesión preparatoria que se realizará el martes, donde jurarán los diputados que resultaron electos el 14 de noviembre y en la que se procederá también a la renovación de autoridades de la Cámara baja.

En el texto, los diputados afirmaron: «Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social».

De esta manera, este espacio que presidirá Rodrigo De Loredo (Córdoba) y estará integrada por los siguientes once diputados y diputadas: Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Dolores Martinez (CABA), Gabriela Brouwer de Koning (CBA), Victoria Tejeda (Sta Fe), Pablo Cervi (Neuquen), Alejandro Cacace (San Luis), Danya Tavela (PBA), Marcela Antola (Entre Ríos) y  Martin Berhongaray (La Pampa).

El presidente Alberto Fernández firmará este lunes a las 17 en la Casa Rosada un convenio con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para la puesta en marcha de la Zona Franca en la localidad de Sierra Grande.

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibe a las 8 al Obispo Castrense, monseñor Santiago Olivera, según informó Presidencia.

A las 9, además, Manzur se reune con el director ejecutivo del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón, y luego, a las 9.45, mantendrá un encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

A las 16, el ministro coordinador recorrerá la 25ª Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en el predio porteño de La Rural, junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

Los cuatro ministros de la Corte Suprema aguardan que el Poder Ejecutivo elija la candidata a reemplazar a Elena Highton, conscientes de las complejidades políticas y con un acuerdo para acelerar la salida de los fallos claves que aguardan definición en el alto tribunal.

En la última semana, las organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la organización Gqual, reclamaron que se designe a una mujer.

En una carta al gobierno de Alberto Fernández, estas organizaciones promovieron «la designación de una magistrada con compromiso con los derechos humanos y perspectiva de género, en el plazo previsto por la ley y sin dilaciones, a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina».

En este sentido, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, mensuró el jueves pasado que «hay candidatas y candidatos, pero todos sabemos que debe ser una decisión tomada según se prevé en el marco de la equidad de género y del cupo federal».

En la Corte acuerdan con esta idea de una mujer que venga del interior del país o no, pero también saben que, en principio, no están los votos en el Senado para completar el trámite constitucional complejo de designación del quinto miembro.

«Cuando la decisión está afuera, la Corte no presta demasiada atención», señaló una fuente del Palacio de Justicia que conoce la complejidad política-institucional de buscar consenso para un nuevo juez de la Corte.

Solo tres mujeres integraron el Alto Tribunal argentino en toda su historia: Margarita Argúas (1970-1973, designada por la dictadura de Roberto Levingston) y Elena Highton y Carmen Argibay, ambas propuestas por el expresidente Néstor Kirchner en 2004. Highton se desempeño entre 2004 y 2021 y Argibay entre 2005 y 2014, año en el que falleció.

Sin embargo, los cuatro jueces -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- siguen con mucha atención los indicios que aportan los dirigentes políticos y parlamentarios sobre el reemplazo de Highton, mientras atienden su prioridad central: agilizar la salida de fallos para ordenar y acelerar todo el funcionamiento del sistema de justicia.

La idea que conduce este período bajo la presidencia del santafesino Horacio Rosatti es que la Corte no debe ser una tercera instancia en la Justicia sino un tribunal de control de constitucionalidad que establezca parámetros para que las instancias ordinarias sepan cómo fallar.

Parte de ese objetivo fue la reunión con los representantes de los superiores tribunales de justicia de las provincias que convocó Rosatti el jueves último para establecer «ejes de trabajo conjunto».

Y en la misma línea, la Corte abrió un proceso de refuerzo del Cuerpo Médico Forense, con promociones internas de sus profesionales y la llegada de diez nuevos médicos legistas, para prepararse y adecuarse a los desafíos técnicos crecientes de la criminología.

En el máximo tribunal recuerdan la postulación fallida en 2015 del ahora embajador en Italia, Roberto Carlés, para estimar que el Gobierno no propondrá una candidata que no tenga asegurados los dos tercios de los votos en el Senado.

Las condiciones políticas para que se logre ese apoyo de oficialismo y oposición tienen un plazo largo, las próximas elecciones presidenciales, y uno corto, la consolidación de un nuevo esquema parlamentario. Y en el medio muchas posibles soluciones que dependerán de las circunstancias y la relación de fuerzas entre los principales frentes políticos.

El Senado de la Nación tendrá el este jueves su última sesión ordinaria con la actual composición de las fuerzas políticas, antes del recambio legislativo, con una amplia agenda de temas vinculados a la salud, la educación y el medio ambiente.

La sesión ordinaria que será convocada por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se iniciará después del mediodía, una vez que finalice la ceremonia de jura de los nuevos senadores y senadoras que fueron electos el 14 de noviembre.

Los principales bloques políticos, el Frente de Todos (FdT), que conduce el formoseño José Mayans, y el de Juntos por el Cambio (JxC), que lidera su comprovinciano radical Luis Naidenoff, se reunirán el martes para intentar llegar a un acuerdo sobre los temas a debatir en este último plenario.

El oficialismo ya adelantó su intención de dar aval a los 116 decretos de necesidad y urgencia emitidos por el presidente, Alberto Fernández, en los últimos dos años, algo que la oposición cuestiona y prefiere dejar para dirimir con la nueva integración del Senado donde tendrá números más holgados.

Una nutrida agenda

Se trata de normas dictadas por la Presidencia que van desde la reforma a la Ley de Ministerios hasta las diferentes disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia de coronavirus, ampliaciones presupuestarias; amortización de las Letes; aumentos jubilatorios, la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias y la rendición de cuentas del Ejercicio 2021 del Gobierno.

También, se buscará ratificar el decreto que declara la emergencia pública en materia ocupacional por 180 días, a partir de la entrada en vigencia del DNU, así como la norma que dispone un incremento salarial mínimo y uniforme para los trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

Además, se incluyó el decreto por el cual se determinan distintos aumentos en prestaciones previsionales y la derogación del DNU que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri, así como el que prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta días.

Con la convalidación de una de las Cámaras, en este caso el Senado, los DNU quedarán firmes

También se incluirían en la discusión proyectos que no conllevan discrepancias entre oficialismo y oposición y sobre los que habría acuerdo para su aprobación en el recinto. Se trata de una norma para incluir el sistema braille en los medicamentos, un proyecto sobre educación inclusiva y otra propuesta que modifica la ley general de Ambiente.

También podrían aprobar en el recinto dos proyectos de ley que resaltan la importancia del corredor bioceánico entre Chile y la Argentina, impulsados por el bloque del FdT.

Un texto de la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo, que busca garantizar la atención y asistencia presencial a las personas mayores,para agilizar trámites, gestiones o diligencias administrativas en oficinas virtuales, se sumaría a la agenda de temas.

Más proyectos a tratar

Asimismo, se prevé tratar una normativa que declara el 3 de diciembre Día Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y un proyecto del senador por Chaco, Antonio José Rodas (FdT) para la promoción del voluntariado social, en actividades sin fines de lucro.

Un proyecto de ley que incluye en el Régimen de Trabajo la obligación por parte de los empleadores de contratar un seguro de vida para las trabajadoras de casas particulares fue aprobado la semana pasada por la comisión de Trabajo del Senado y quedó en condiciones de ser debatido en la próxima sesión.

Otra norma que los senadores buscarán aprobar es un proyecto de ley que establece una reparación simbólica para trabajadores detenidos desaparecidos del sector privado durante la dictadura militar, al incluir en sus legajos laborales su condición de víctimas del terrorismo de Estado.

El presidente de la comisión de Derechos y Garantías, Julio Martínez (Juntos por el Cambio-La Rioja), explicó que el objetivo de la norma, ya aprobada por la Cámara de Diputados, es «llevar igualdad» entre los empleados del sector público y el sector privado.

En el Estado ya existe una norma que obliga a las empresas e instituciones a incluir en los legajos laborales la condición de detenido desaparecido de aquellos empleados que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.