La Unión Cívica Radical deberá elegir este viernes a su nuevo titular en reemplazo del diputado Alfredo Cornejo, y si bien el gobernador de Jujuy Gerardo Morales aparece con mejores chances para alzarse con el puesto, desde el sector minoritario del partido, encabezado por el senador Martín Lousteau, siguen dando batalla por posicionarse y obtener lugares en la conducción.

La elección del titular del Comité Nacional de la UCR se realiza a través de delegados partidarios, quienes están convocados para el mediodía en la histórica sede del partido de la calle Alsina.

La representación se realiza a través de 4 delegados por provincia, lo que multiplicado por 24 (por las 23 provincias más la CABA) totaliza 96 personas, número al que se le suman los representantes de los trabajadores radicales, la juventud y la Franja Morada (rama universitaria), por lo que la cifra final será de 102.

Sin embargo, de ese número, sólo 94 delegados estarán en condiciones de ejercer su voto en el plenario, ya que deben restarse ocho delegados pertenecientes a dos distritos que están intervenidos: Tucumán y Santiago del Estero.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es quien en la previa aparece con más chances de quedarse con la conducción partidaria: el conteo de delegados le daría, según adelantan desde su sector, unos 61, muchos más que la mitad más uno de los necesarios para alzarse con el triunfo.

 

En el espacio de Morales afirman que Lousteau y los suyos tienen 25 delegados a favor, aunque desde la línea interna Evolución (que tiene en Lousteau a su principal figura aunque también la integran el diputado Emiliano Yacobitti y el dirigente Enrique «Coti» Nosiglia) confían en poder lograr hasta 42 voluntades.

Este viernes, siguieron las negociaciones para llegar al plenario con los mayores consensos posibles y tratar de moderar el clima de tensión que se instaló en el radicalismo en los últimos dos meses.

Este clima se fue caldeando a partir de la ruptura del bloque en Diputados (donde Evolución decidió formar una bancada aparte con 12 legisladores), con el fuerte contrapunto personal que protagonizaron Morales y Lousteau en la última reunión del Comité Nacional y con la elección de la nueva titular de la Juventud Radical.

Este último cargo, que recayó en la correntina Valeria Pavón, perteneciente a la corriente que lidera Morales, se definió en el medio de una elección muy tensa en la que que hubo golpes, empujones y agresiones entre los distintos sectores, con acusaciones de intervención de patotas vinculadas a clubes de fútbol.

La otra opción del sector de Lousteau es intentar judicializar la elección.

En el caso de apostar por la vía legal, desde Evolución denunciarían ante la Justicia irregularidades en los mandatos de delegados e invocarían los antecedentes de la intervención de algunos distritos como también la judicialización que se dio en la UCR bonaerense cuando se eligieron las autoridades partidarias de la jurisdicción.

En la definición del resultado será clave lo que voten los delegados de Mendoza, a quienes conduce el actual titular del partido y flamante senador por esa provincia, Alfredo Cornejo.

Un movimiento reciente del propio Cornejo -su postura ante la ruptura del bloque radical en Diputados, donde permaneció con el sector de la mayoría- indicaría que sus delegados votarían a Morales para encabezar el Comité Nacional.

El presidente Alberto Fernández participará este viernes en la cumbre del Mercosur que se realizará de manera virtual desde Brasilia, y que tendrá como ejes centrales de análisis la suma de valor a la producción regional, tecnología y generación de empleo, según se informó oficialmente.

Fernández brindará su discurso a partir de las 10, luego de las exposiciones de los presidentes de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; y de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; espacio en el que dispondrá cada uno de 10 minutos para exponer.

Luego hablarán, por un lapso más breve, sus pares de los Estados asociados al Bloque: del Plurinacional de Bolivia, Luis Arce; de la República de Chile, Sebastián Piñera; de la República de Colombia, Iván Duque; de la República del Ecuador, Guillermo Lasso; de la República Cooperativa de Guyana, Irfaan Ali; de la República del Perú, Pedro Castillo, y de la República de Surinam, Chan Santokhi.

Previo a las declaraciones de los mandatarios, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Alberto Franco França, expondrá los avances y el trabajo realizado por el bloque regional durante el transcurso de la presidencia pro témpore que ejerció Brasil desde julio último.

Más tarde, está previsto que se lleve a cabo la ceremonia de traspaso de mando a la República de Paraguay que estará a cargo del bloque por los próximos seis meses, luego de lo cual los Jefes de Estado suscribirán los documentos consensuados.

Jornada del jueves

En lo que constituyó la antesala del encuentro de jefes de estado, el canciller Santiago Cafiero expuso este jueves en la LIX Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) de los Estados Partes del Mercosur y Bolivia, donde reafirmó que «para la Argentina, el Mercosur es el principal instrumento de inserción económica internacional y constituye una verdadera política de Estado».

En su exposición durante la primera sesión plenaria del día, Cafiero marcó la posición argentina sobre la realidad del bloque regional, sus avances concretos y los temas pendientes, además de agradecer «el constante apoyo expresado por el bloque a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes».

Ante sus pares del bloque, el canciller argentino evaluó que «la pandemia de Covid-19 ha generado un impacto global, regional y nacional sin precedentes y nos ha obligado a trabajar de manera innovadora».

 

Según señaló el Palacio San Martín en un comunicado, Cafiero hizo un balance de los logros y desafíos del bloque, en el que destacó que el Mercosur es «el camino elegido» por la Argentina «para relacionarse con el mundo», definió al organismo como «uno de los procesos de integración más exitosos en América Latina», al tiempo que recordó que «en 2021 cumplió 30 años», lo que demuestra que «la integración regional es un proceso que trasciende los tiempos de un gobierno».

En otro tramo de su ponencia, el jefe del Palacio San Martín subrayó que «el grueso del comercio entre los socios del bloque (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) es de productos industrializados», gracias a las economías de escala y de especialización «que se obtuvieron al ampliar el mercado al que acceden nuestras empresas».

Para el canciller, este «es uno de los grandes logros del Mercosur y de los acuerdos de libre comercio con casi todos los países de la región» y recordó que el bloque también «lidera las exportaciones regionales de servicios basados en conocimiento».

La Cámara Federal de Mar del Plata revocó este jueves la ampliación del procesamiento que se le había dictado al fiscal federal Carlos Stornelli por presunta tentativa de extorsión a un exsecretario privado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la incriminara en la causa conocida como «Cuadernos».

En la misma resolución, el tribunal revocó también la ampliación del procesamiento que el exjuez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le había dictado hace un año al periodista Daniel Santoro como miembro de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, contraria a la Ley de Inteligencia 25.520.

Tanto en el caso de Stornelli como con Santoro, los camaristas Eduardo Pablo Jiménez y Alejandro Tazza dispusieron sendas «faltas de mérito» para ambos, al considerar que en la causa no hay «sustento fáctico suficiente» como para procesarlos o sobreseerlos en la acusación de haber realizado maniobras extorsivas y de espionaje ilegal.

Lo mismo determinaron respecto de la acusación de haber extorsionado al empresario Diego Aníbal Vestillero, implicado en una causa sobre contrabando.

Los camaristas de Mar del Plata dictaron también la «falta de mérito» para el agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Pablo Pinamonti.

 

Sin embargo, en el caso de las maniobras coactivas contra Vestillero, los jueces ratificaron la ampliación del procesamiento del falso abogado Marcelo D’Alessio y de otro exagente de la AFI, Rolando Barreiro, por extorsión en grado de tentativa en perjuicio de ese empresario.

En otra resolución, la Cámara Federal marplatense declaró «mal denegado» el recurso interpuesto por Stornelli contra la decisión del juez Martín Bava, este jueves al frente del juzgado de Dolores, que dispuso la clausura de la instrucción para su elevación a juicio.

Todas las resoluciones refieren a derivaciones de la llamada «causa Dolores», que investiga una presunta trama de espionaje ilegal y extorsión destapada con la denuncia del empresario rural Pedro Etchebest, cuyo testimonio fue recopilado en el libro «Crónica de una extorsión», del periodista Demián Verduga, de reciente aparición.

Etchebest acusó al detenido D’Alessio de pedirle una coima para que el fiscal Stornelli no lo involucrara en el expediente «Cuadernos».

Exjuez de Dolores, Ramos Padilla intervino en el caso hasta que en febrero de este año juró como titular del Juzgado Federal 1 con competencia electoral de La Plata.

Cuando amplió los procesamientos, Ramos Padilla aseguró que en base a la documentación recopilada se podía probar la existencia de una «organización delictiva» que hacía «operaciones de inteligencia ilegal y/o espionaje» a empresarios, dirigentes políticos, artistas, abogados, gremialistas, jueces y periodistas.

Consultada por las resoluciones que se conocieron este jueves, la abogada de Etchebest, Natalia Salvo, señaló a Télam que «si algo caracterizó a los fallos de Ramos Padilla es que estaban muy bien fundados» y agregó que «la Cámara Federal de Mar del Plata tiene una actitud bastante corporativa en esta causa, pese a que tiene gravedad institucional».

El proyecto de Ley 128 fue aprobado el miércoles en la Legislatura Provincial con 14 votos a favor y 11 en contra.

Así finalmente se aprobó la ley de diversificación productiva de la meseta de Chubut, que propone una zonificación en los departamentos Telsen y Gastre, para habilitar la explotación minera sin cianuro.

El proyecto lo había enviado el Gobierno el año pasado y tenía dictamen de Comisión, aunque nunca se había tratado en la Cámara. La normativa, se aprobó en medio de incidentes entre grupos antimineros y la policía, que terminó con al menos 30 personas heridas en medio de corridas, piedrazos y gases lacrimógenos.

La ley XVII N° 149 fue promulgada el jueves por la mañana por el gobernador Mariano Arcioni, a través del Decreto 1285/21.

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Ignacio «Nacho» Torres, cuestionó este miércoles «las posturas de algunos diputados» que votaron a favor de la zonificación minera en Chubut. «Es un día muy triste para la provincia y una tomada de pelo a la ciudadanía», expresó.

En una entrevista con el programa «Sin Hilo» que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR, Torres consideró que se trata de «una de las peores legislaturas» del país. Sostuvo que la sesión se desarrolló «entre gallos y media noche, nada bueno puede salir de eso».

«Hoy es un día bisagra, mañana vamos a ver verdaderamente cómo viene la mano. En lo personal estoy muy sorprendido con los desmanejos de algunos diputados y con los vaivenes que han tenido», precisó.

Sostuvo que la Legislatura «es una casa para debatir y transmitir el mensaje de la ciudadanía. Esto de sobre tablas y sin ningún tipo de consenso es peligroso, y habla de una dirigencia política que no le importan absolutamente nada».

Para cerrar, Torres aseguró: «Lamentablemente esta es la clase de dirigentes que hoy nos están representando en la Legislatura».

La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley (26080) que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura. La modificación había sido promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner para acrecentar la representación de los puestos políticos en el cuerpo que tiene un rol trascendental en la selección y sanción de los jueces de la Nación.

El fallo del máximo tribunal fue unánime: los cuatro ministros votaron en el mismo sentido. Ricardo Lorenzetti presentó una disidencia parcial en cuanto al rol que tendrá ahora el Congreso.

La sentencia surge en un momento sensible en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La semana pasada, el ministro de Justicia, Martín Soria, había criticado a los ministros del tribunal en una reunión realizada en el Palacio de Tribunales. Anoche, Alberto Fernández volvió a plantear la necesidad de reformar la Corte Suprema. Y esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti confirmó que están estudiando modificaciones.

El Consejo de Magistratura es un organismo trascendental: administra el presupuesto del Poder Judicial , organiza los concursos de los nuevos jueces y analiza el desempeño de los magistrados, con la facultad de sancionarlos e incluso separarlos de sus cargos. A partir de la reforma de 2006 que hoy fue anulada por la Corte, está compuesto por 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores de la mayoría, 2 legisladores de la minoría, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo.

Los especialistas aseguran que esa conformación trabó nombramientos y provocó vacantes en casi el 30% de los puestos disponibles que hay en juzgados de todo el país. Así, dejó la administración de Justicia en en manos de jueces subrogantes y suplentes, que no tienen estabilidad.

El fallo

Técnicamente, el máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el gobierno de Cristina Kirchner en 2015 y confirmó una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

En la parte dispositiva de la resolución, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 5 de la ley 26.080 y la inaplicabilidad del art. 7 inc. 3° de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), de los arts. 6 y 8 de la ley 26.080, así como de todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

Además, exhortó al Congreso de la Nación a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación. Recientemente, el Gobierno envió un proyecto con el que buscaba evitar este revés político y jurídico. Ahora buscará sancionar su propuesta lo más rápido posible, probablemente en marzo cuando comiencen las sesiones ordinarias.

Paralelamente, el tribunal ordenó al Consejo de la Magistratura a adecuar su conformación a los términos establecidos en la ley anterior. Si transcurren 120 días y no se realizan los cambios exigidos por la Corte, sus actos serán nulos.

La ley 24.937 dispone que el Consejo sea conformado por el presidente de la Corte (actualmente Horacio Rosati); 4 jueces; 8 legisladores; 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del mundo académico.

Las decisiones adoptadas con anterioridad por el Consejo de la Magistratura conservarán su validez.

Los fundamentos

Los magistrados coincidieron en que la ley 26080 debe ser declarada inconstitucional porque hay una “demostración concluyente” de que a lo largo de 16 años de vigencia “se ha quebrado la regla de no predominio” y surgieron “falencias que ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder Judicial”.

– “La noción de equilibro significa ausencia de predominio, de manera que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo”.

– “El Consejo de la Magistratura ha mostrado diferentes composiciones y muchos esfuerzos personales de los consejeros, pero el diseño institucional ha conspirado para que esos propósitos finalmente se frustren”.

– “Ha quedado demostrado que durante ese período hubo una falta de cobertura de cargos importantes por falta de acuerdos que se ha mantenido invariable. Han sido públicas las disputas políticas que originaron esta parálisis con gran desmedro del funcionamiento del Poder Judicial”.

– “La selección de magistrados ha sido motivo de fuertes críticas por parte de las asociaciones profesionales, al alterarse el orden de las listas con apartamiento de las calificaciones”.

– “La administración ha variado constantemente por la intervención de distintos sectores lo que ha motivado la parálisis de obras, el atraso en numerosos proyectos y una crisis de funcionamiento de todo el Poder Judicial”.

– “Está claro que siempre hubo un poder de veto, de predominio, de un sector sobre otro, aunque fueron cambiando los roles”.

– “ Asimismo, es evidente que la ley diseña un sistema parlamentario para funciones que son ejecutivas, lo que ha facilitado este poder de veto o predominio”.

– “Es claro que estas deficiencias no son imputables a un sector en particular sino al diseño mismo de la ley, que justamente es lo que debe ser modificado porque contraría los criterios constitucionales según la interpretación de esta Corte”.

La disidencia de Lorenzetti

A diferencia de sus colegas, Lorenzetti plantea que no puede ser restituida la ley 24.937 porque está derogada. En ese sentido, asegura que imponer la aplicación de la ley que fue derogada hace 16 años no solo afecta la seguridad jurídica, sino que además implica arrogarse facultades legislativas que la Corte no tiene.

“No hay precedentes en el derecho argentino ni antecedentes en el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de Estados Unidos, sobre cuyo modelo se construyó nuestro sistema en el siglo XIX a partir del caso “Marbury vs Madison”. En ningún caso se pone en vigencia una ley derogada hace dieciséis años. Es así porque en el sistema argentino, como en el de Estados Unidos, la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos de nulidad. En fin, contradice los principios básicos del derecho, que no pueden ser ignorados por los magistrados”, desarrolla.

El presidente Alberto Fernández entregará este jueves la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000, informaron fuentes oficiales.

En el acto, previsto para las 11.30 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada,el mandatario estará acompañado por la directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

Actividades gubernamentales

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibirá a las 8 en su despacho de Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y a las 10.15 al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil.

En medio de las dos audiencias, a las 9.30, Manzur se reunirá con la directora del Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann, y el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Ariel Eichbaum.

A las 12.20, el jefe de Gabinete participará, junto al presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, del cierre del 20° seminario de ProPymes en el predio La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindará a las 9, en Casa de Gobierno, la habitual conferencia de prensa de los días jueves, a agenda abierta.

La Cámara de Diputados debatirá en la sesión convocada para este jueves al mediodía el Presupuesto 2022 girado por el Gobierno, que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.

El miércoles se firmó el dictamen de mayoría que aglutinó la aceptación de los 24 integrantes del Frente de Todos y del representante del Frente de la Concordia misionero.

Por la oposición, los dos diputados de Evolución Radical que integran la comisión firmaron un dictamen de rechazo; en tanto que los otros 21 integrantes del principal conglomerado opositor expresarán el rechazo en el recinto, aunque aún no firmaron dictamen en ese sentido.

Además, el interbloque Federal, por intermedio del representante de Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, firmó un dictamen de minoría con sello propio.

Más allá de haber conseguido el número para alzarse con el dictamen de mayoría, el oficialismo aún no tiene asegurada la cantidad de diputados para imponerse en el recinto, por lo que durante toda la jornada de ayer se sucedieron diferentes reuniones en busca de obtener consensos con algunos bloques opositores.

El proyecto será el único tema de la sesión convocada para las 12 y que, según fuentes parlamentarias se extendería por al menos 24 horas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó un fallo de la semana pasada de la Corte Suprema en el que los cuatro miembros del tribunal ratificaron una orden de expulsión contra un ciudadano chino (cuyas iniciales son Q.H.) por considerar irregular su ingreso al país, para lo cual revocaron una medida previa de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le había dado la razón al extranjero y declarado nula la resolución de la Dirección de Migraciones que lo expulsaba del país y prohibía su reingreso por cinco años.

En un comunicado difundido este miércoles, el CELS objetó que la Corte entienda «que la única respuesta que debe dar el Estado a quienes entraron por sitios no autorizados es echarlos, sin importar que vivan en al Argentina hace muchos años y que aquí tengan también a sus familias», y además reprochó al tribunal no haber valorado artículos de la ley de Migraciones (ley 25871) que establecen que «la regularización es la obligación que tiene el Estado a partir del reconocimiento del derecho a migrar».

El organismo aseguró que la legislación vigente (por la ley 25871, sancionada en diciembre de 2003) obliga al Estado a regularizar situaciones de personas que ingresaron al territorio nacional «incluso en aquellos supuestos en los que la autoridad migratoria pueda constatar alguna situación de irregularidad administrativa», y que en esos casos -puntualizó- «tiene que reclamarle al migrante que regularice su situación», sin disponer que el individuo que se halla en el país sea inmediatamente expulsado.

«Sin darle valor a esta parte de la legislación, la Corte anuló la decisión de la Cámara (Contencioso Administrativo Federal) apoyándose en otro artículo de la ley (por el artículo 61 de la ley 25781) que limita la residencia en el país de quienes entren por pasos inhabilitados», agregó la entidad que interviene en la defensa de los Derechos Humanos y cuya comisión directiva está encabezada por la doctora en Antropología Social Sofía Tiscornia.

El CELS se refirió a un fallo de la Corte del 7 de diciembre, en el que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti revocaron una decisión de segunda instancia que «había anulado una orden de expulsión de un ciudadano chino (por Q.H.) que hace 20 años ingresó al país por un lugar inhabilitado».

Sobre ese fallo en particular, relacionado a las irregularidades en el ingreso al país y a la cancelación de la permanencia, el CELS advirtió que el mismo criterio está siendo aplicado para otras situaciones, como una orden reciente de expulsión de un ciudadano paraguayo establecido en la Argentina en 1990.

«La Corte también resolvió la expulsión de otro ciudadano paraguayo, que está desde 1990 en el país, y de cerca de 15 casos más en los que estaba en debate ese mismo argumento», alertó el organismo.

 

En el pronunciamiento, que la entidad difundió bajo el título «ningún ser humano es ilegal«, la ONG criticó a los cuatro integrantes del máximo tribunal por desplegar «una interpretación de la ley (de Migraciones) que restringe los derechos de los migrantes» y afirmó que ese criterio estaba en contradicción con «el lento recorrido que había trazado ese tribunal desde 2007 hasta 2018, cuando supo tomar decisiones que acompañaron los mandatos de la normativa migratoria de 2004, que tumbó años de gestión bajo decretos de las dictaduras».

Además, el CELS recordó que la propia Corte, en el año 2011, había elogiado una decisión muy distinta de la Cámara Federal de Paraná en un juicio por el ingreso irregular de ciudadanos chinos a la Argentina, antecedente en el que los camaristas de Entre Ríos priorizaron «el derecho a migrar» al considerarlo un derecho humano y, de ese modo, expresaron «un cambio de paradigma» al ubicar a la orden de expulsión como «una medida extrema y excepcional».

«El fallo de la Corte de la semana pasada anuló todo tipo de debate sobre la situación de quienes tuvieron en el pasado un ingreso irregular, sin contemplar ninguna posibilidad de subsanarlo. El tribunal debió ponderar todos los intereses en juego, no solo los del Estado, y considerar la desigual posición de las personas migrantes», agregó la entidad en otro cuestionamiento directo al máximo tribunal.

Finalmente, el CELS relacionó la decisión de la Corte con la modificación por decreto de la ley de Migraciones que dispuso el expresidente Mauricio Macri en 2017, cuando «con información sesgada e impregnada de prejuicios se vinculó de forma directa a las personas migrantes con la comisión de delitos y se concluyó que había que expulsarles de manera inmediata».