El diálogo político por la integración de las comisiones quedó empantanado en el Senado de la Nación al no producirse un acuerdo entre la bancada del Frente de Todos (FdT) y la de Juntos por el Cambio (JxC) sobre la titularidad de las comisiones que reclama el espacio opositor tras las elecciones legislativas de noviembre.

En la Cámara de Diputados, en tanto, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, abrió una ronda de conversaciones con todos los bloques para avanzar en la conformación de las comisiones que deberán tratar los proyectos enviados por el Gobierno para el período de sesiones extraordinarias de febrero.

Senado

En la Cámara alta, fuentes del FdT informaron a Télam que el jefe de los senadores de ese bloque, José Mayans, se reunió en los últimos días con la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para avanzar en la composición de las comisiones.

También discutieron la agenda de temas que envió el Poder Ejecutivo para extraordinarias y la posición que llevará el oficialismo a la discusión parlamentaria sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda con el organismo contraída por el Gobierno de Mauricio Macri.

Las mismas fuentes dijeron que el oficialismo «no está pensando» en cederle presidencias de comisiones al interbloque de JxC, algo que los legisladores opositores piden tras la victoria en los comicios de medio término.

Desde el Frente de Todos informaron que «hay malestar» con sus pares de la oposición por «no haber cumplido con la palabra empeñada» en el debate de la reforma del impuesto a los Bienes Personales, cuando decidieron no dar quórum y judicializar la discusión.

«Dijeron una cosa en las reuniones de Labor Parlamentaria y luego hicieron otra. No queremos darle comisiones y que después ‘duerman’ los debates y no convoquen a reuniones», sostuvo una de fuentes del oficialismo consultadas por esta agencia.

La oposición, por su parte, recriminó a las autoridades de la Cámara que a raíz de las diferencias políticas se dispusiera el cese de las contrataciones de unos 40 asesores del bloque radical, pero desde el oficialismo aclararon que se trataba de contratos que finalizaron cuando se terminó el mandato de senadores de la UCR y que ellos «fueron los responsables de no haber pedido la continuidad».

Diputados

En la Cámara de Diputados, en tanto, Massa avanzó en conversaciones con el resto de los bloques y el presidente del bloque de diputados nacionales del FdT, Germán Martínez, mantuvo reuniones presenciales y conversaciones telefónicas con sus compañeros de bloque, y con los principales referentes de algunas bancadas opositoras.

Entre otras cuestiones, la conducción del bloque está consultando a sus integrantes sobre las comisiones que quieren integrar, de cara a la conformación definitiva de las mismas, que se terminará de delinear en los próximos días.

Entre los temas que el Ejecutivo envió al Congreso, uno de los proyectos con más probabilidades de recibir rápido tratamiento es el referido a la comercialización de cannabis medicinal, debido a que no habría discrepancias entre oficialismo y oposición, precisaron fuentes parlamentarias.

El acuerdo con el FMI, en tanto, quedaría para marzo, una vez que el presidente Alberto Fernández inaugure el período de sesiones ordinarias tras el mensaje ante la Asamblea Legislativa.

Massa afirmó esta semana que «no tiene dudas» de que el Congreso sancionará el acuerdo por la renegociación de la deuda tomada por el expresidente Mauricio Macri.

El diputado del FdT Eduardo Valdés estimó por su parte que «están dadas las condiciones como para acortar las diferencias» que subsisten en el bloque oficialista de la Cámara baja y lograr que todos sus integrantes «voten juntos» el acuerdo alcanzado para renegociar la deuda.

El gobernador de la provincia de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, consideró en tanto que JxC debe respaldar en el Congreso el entendimiento con FMI, al considerar que los legisladores de la coalición opositora tienen que «dar quórum» cuando el tema se debata en ambas cámaras y «no impedir» su aprobación.

En la coalición opositora, varios dirigentes se mostraron proclives a acompañar el acuerdo y, en ese sentido, la fundadora y principal referente de la Coalición Cívica ARI, la exdiputada Elisa Carrió, se expresó a favor.

Por lo pronto, para tratar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, deben conformarse las comisiones de Legislación General, Relaciones Exteriores, Salud, Educación, Recursos Naturales, Industria, Agricultura, Intereses Marítimos, Seguridad Interior, Transporte, Defensa e Intereses Marítimos.

En tanto, para constituir las de Asuntos Constitucionales y Justicia aún hay tiempo para su conformación, ya que el proyecto tuvo ingreso por el Senado.

Al igual que en el Senado, la comisión de Presupuesto y Hacienda, la que mayor cantidad de proyectos deberá abordar en Extraordinarias, se encuentra conformada desde fines de diciembre, cuando trató el proyecto de Presupuesto 2022 y la modificación del Impuesto a los Bienes Personales.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunieron ayer viernes en la Quinta de Olivos para analizar los detalles de las discusiones técnicas con el Fondo Monetario Internacional para cerrar en las próximas semanas la carta de intención para implementar el nuevo programa por la deuda de US$ 45.000 millones.

Así lo informaron fuentes oficiales en Casa de Gobierno al señalar que la reunión se extendió en Olivos buena parte de la mañana y permitió al Presidente repasar con Guzmán los detalles de los temas en discusión con el staff del Fondo luego de anunciar hace dos semanas que se había llegado a un entendimiento.

Las mismas fuentes aseguraron que en el Gobierno «se trabaja con el convencimiento de que se conseguirán los votos necesarios del board para aprobar el acuerdo», instancia en la que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, elevará para el análisis de los representantes de los 24 países miembros.

De esta manera también se descarta la posibilidad de que la Argentina pudiera entrar en default en el vencimiento agendado para fines de marzo por unos US$ 3.000 millones, ya que se confía en alcanzar antes la aprobación del entendimiento por parte del Congreso argentino y de los miembros del Fondo.

Como parte de ese trabajo, Guzmán mantuvo también una reunión con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, con quien «se está buscando agilizar los pasos de cara a la reunión del board y en el marco de un dialogo permanente» con el gobierno del presidente Joe Biden.

 

Las fuentes afirmaron en torno a la reunión de Guzmán con Argüello que «no hay quejas formales» por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre alguna declaración que se pudo haber dado en el marco de la reciente visita presidencial a Rusia y China, por lo que se descarta algún malestar en la relación.

El presidente Fernández destacó en su regreso desde China el acompañamiento internacional al entendimiento, y se mostró confiado en conseguir el apoyo de la mayor parte de la coalición gobernante.

El jueves, el vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró que se continúa trabajando con el equipo económico para alcanzar un «acuerdo definitivo lo más rápido posible» entre ambas partes, que ya tiene entendimientos previos en materia de subsidios a la energía y financiamiento externo.

“Las negociaciones continúan, estamos trabajando de manera muy cercana con los funcionarios del Gobierno argentino para alcanzar un acuerdo de nivel de staff y movilizar el financiamiento externo para mejorar la resiliencia argentina”, señaló Rice en su habitual conferencia de prensa de los jueves.

No hay en agenda una misión presencial en Buenos Aires o en Washington, aunque las partes aspiran a lograr un acuerdo técnico lo más rápido posible.

 

La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas marplatenses al hacer lugar a una medida cautelar, la que será apelada por el Gobierno nacional a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación, informaron fuentes oficiales.

El titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón (JxC), Guillermo Montenegro y organizaciones ambientalistas y ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021.

De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Tras darse a conocer la medida judicial, en la noche del viernes el secretario de Energía Darío Martínez expresó que el Gobierno es «respetuoso de la Justicia, pero esto no es cosa juzgada», y se manifestó «convencido que la exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».

«La exploración y la producción offshore es segura, no contamina, no perjudica la fauna Marina».Darío Martínez, secretario de Energía

«Por el contrario, genera recursos para el país y trabajo genuino y actividad económica para las localidades desde donde se opere el desarrollo de esta actividad», afirmó Martínez en declaraciones difundidas por su Secretaría.

El titular de la cartera energética, adelantó que en consecuencia «se apelará la medida y que los abogados del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía y la Procuración, están analizando el fallo, y preparando la presentación judicial correspondiente».

La tarea de exploración del lecho marino iba a ser llevado adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF y la angloholandesa Shell, en tres de los 18 bloques adjudicados en 2019 por los que las adjudicatarias comprometieron inversiones por casi US$ 800 millones.

La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente.

 

El Gobierno el 30 de diciembre otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y emitió la Resolución 436/21, que autorizó a las petroleras a realizar estudios de exploración sísmica en tres áreas offshore localizadas a más de 300 kilómetros de la Costa bonaerense.

En su resolución, el juez indicó que aceptaba la medida cautelar presentada en su momento por el intendente y ambientalistas por «el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)».

También argumentó la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión; y las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

El juez Martín citó el Acuerdo de Escazú y recordó que “estas acciones deben realizarse ‘desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos’”.

“No se vislumbran, en principio, acciones ‘proactivas’ que hayan tendido a poner en conocimiento de la población en general el proyecto de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino, y concretamente en las costas adyacentes a la ciudad de Mar del Plata, o al menos que ello haya sido a través de ‘medios apropiados’ (escritos, electrónico u orales)” de modo de “garantizar que el tema ingrese en la agenda pública con anterioridad a la toma de decisión gubernamental”.

El Tribunal Oral Criminal y Correccional 7 comenzará a juzgar este lunes las responsabilidades penales de 13 personas -entre empresarios, funcionarios del Gobierno porteño y policías-, por el derrumbe de un entrepiso en el boliche «Beara» del barrio de Palermo que provocó la muerte de dos mujeres y más de 50 heridos.

En la madrugada del 10 de septiembre de 2010, en el local Beara de Scalabrini Ortiz 1.638, el grupo «Ráfaga» ofreció un recital y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50, el entrepiso en el que se encontraba el sector vip colapsó y se derrumbó sobre la planta baja.

Como consecuencia de la caída, murieron aplastadas Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años respectivamente, y quedaron con heridas diversas más de 50 personas.

En el banquillo de los acusados estarán los responsables del boliche, exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas para permitir las irregularidades.

Los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess -socios en la firma que explotaba el boliche- están acusados por «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves».

 

Además, los tres empresarios deberán afrontar también una acusación por «cohecho activo en concurso real», derivada del presunto pago de coimas para lograr la habilitación del local.

Beara estaba habilitado en las categorías restaurante, café bar, despacho de bebidas y casa para fiestas privadas, pero no como discoteca, y las pericias consignaron que el entrepiso, de unos diez metros de ancho por siete de largo y ubicado a unos diez metros de altura, era de «aluminio y durloc, con partes de madera».

También deberá afrontar este juicio el exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, acusado de los delitos de «homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real».

Del mismo modo, están procesados con distintos niveles de responsabilidad, los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski.

Beara obtuvo su habilitación como bar en 2007 y dos años después sus propietarios pidieron la habilitación como «casa de fiestas privadas» pero el local funcionaba como boliche encubierto y había sido clausurado dos veces antes del derrumbe.

Según los testimonios relevados en el marco de la investigación, cualquiera que pagara 20 pesos de la época podía acceder a Beara y en general la capacidad del boliche, y del entrepiso, se encontraba colmada.

En el grupo de acusados estarán también los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche.

 

En la computadora de Beara, secuestrada por la Justicia, se encontraron registros del pago de «coimas» a los funcionarios públicos y a los policías involucrados.

Los integrantes de Ráfaga dijeron en el momento que había mucha gente en el local y que la mayoría saltaba mientras el grupo musical tocaba, aunque algunos testigos señalaron que la propia banda alentaba al público a que lo hiciera.

En la elevación a juicio, el fiscal Andrés Madrea remarcó que «tanto los titulares de la sociedad, sus profesionales empleados y el coorganizador de la noche -así como los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que les compete- han sido quienes tenían el dominio del hecho, toda vez que eran quienes se encontraban en posición de garantes específicos».

«Desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación, desde la explotación como tal al control previo para su uso y su subsistencia como tal, ello, al crear una serie de riesgos relevantes derivados tanto de la edificación defectuosa, hasta de la ejecución de un plan llevado a cabo por actos -activos y omisivos- que llevaron a la provocación del resultado con evidente omisión y desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes», definió el fiscal al momento de recomendar que se los someta a juicio oral.

Las audiencias comenzarán este lunes a las 9, aunque antes el tribunal integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achával, definirán una serie de pedidos que hicieron las partes en el juicio.

En el debate intervendrá el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General 7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, participó en la ciudad de Buenos Aires de la presentación del “Protocolo Aula Cuidada y Segura para el Manejo y Control de COVID-19 en establecimientos educativos en los niveles inicial, primario y secundario”, que fue encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y su par de Educación, Jaime Perczyk.

La presentación se realizó en el Museo del Bicentenario con la participación de ministras y ministros de Salud y Educación de las distintas jurisdicciones del país tras una reunión conjunta del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal de Educación.

En representación del Ministerio de Educación del Chubut, asistió el subsecretario de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión, Miguel Casanova.

El protocolo fue elaborado por las áreas técnicas de la cartera sanitaria nacional con los aportes recibidos del Ministerio de Educación de la Nación, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El protocolo para la vuelta a las clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario consta de seis pilares: vacunación, uso de barbijo, asistencia cuidada, ventilación, higiene y limpieza, y distancia. A continuación se detallan las características:

Vacunación

Se fortalecerá la aplicación de vacunas contra el COVID-19 así como la cobertura completa de las vacunas del Calendario Nacional, tanto en alumnos y alumnas como en docentes, no docentes y el resto de comunidad educativa. Es importante la vacunación en toda la población y se enfatiza que la vacuna propia y del grupo es un pilar fundamental para proteger a las personas con factores de riesgo.

Uso del barbijo

El barbijo deberá ser utilizado correctamente en las aulas, tapando nariz, boca y mentón. Además tiene que estar bien ajustado a la cara durante toda la jornada educativa en espacios cerrados, mientras que en lugares abiertos no se requiere su uso pero se aconseja mantener la distancia en ese contexto.

Debe ser usado por niñas, niños y adolescentes a partir del nivel primario y por personas adultas de todos los niveles. Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1,5 metros.

Asistencia cuidada

Se elimina el sistema de burbujas. La sospecha y confirmación de casos requiere que se investiguen y corrijan condiciones que puedan estar aumentando el riesgo de contagios. No implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

Las definiciones epidemiológicas de caso de COVID-19 aplicables en el ámbito escolar son las mismas que para la población general recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación, las cuales son dinámicas y sujetas a modificación.

Es por ello que las y los alumnos y el personal no deben asistir a la escuela ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, independientemente del estado de vacunación; si tienen COVID-19 confirmado por test de laboratorio o criterio clínico-epidemiológico, aunque se trate de un caso asintomático; o si han tenido contacto estrecho con un caso confirmado y no cuentan con vacunación o tienen esquema incompleto.

Las personas con sospecha o confirmación de COVID-19 por cualquiera de los criterios vigentes, ya sean alumnos, alumnas o personal docente y no docente, no deben acudir a la escuela y deberán permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes para la población general. Así, quienes cuenten con esquema de vacunación completo, realizarán 7 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáticos), con al menos 48 horas sin síntomas o con síntomas leves, más 3 días de cuidados especiales. Los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto cumplirán 10 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas o, para personas asintomáticas, desde la fecha del diagnóstico.

Respecto de los contactos estrechos de casos confirmados, se aplicará el protocolo vigente para la población general. Así, las personas asintomáticas menores de 18 que cuenten con esquema completo, o los asintomáticos mayores de 18 que tengan dosis de refuerzo, no realizarán aislamiento y podrán concurrir a la escuela siempre que cumplan de manera estricta con los cuidados indicados (uso adecuado de barbijo y ambientes ventilados). Deberán además evitar concurrir a eventos sociales o masivos y realizar un automonitoreo diario de síntomas.

En el caso de los contactos asintomáticos que cuenten con esquema inicial de vacunación completo o que hayan tenido COVID en los últimos 90 días, no se realizará aislamiento pero, según definición jurisdiccional, se les podrá requerir un test diagnóstico negativo entre el día 3 y 5. Deberán asimismo cumplir de manera estricta con los cuidados indicados (uso adecuado de barbijo y ambientes ventilados), evitar concurrir a eventos sociales o masivos y realizar un automonitoreo diario de síntomas.

Por su parte, los contactos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto deberán cumplir 10 días de aislamiento desde el momento del último contacto con un caso confirmado.

En las situaciones antes mencionadas y pasado el período de aislamiento no será necesario realizar una prueba diagnóstica para el alta ni presentar certificado médico para reintegrarse a la actividad educativa presencial.

Además, las autoridades sanitarias elaboraron las definiciones epidemiológicas de sospecha de brote de COVID-19 en un aula. Así, se sospechará de un brote ante la presencia de al menos 3 casos confirmados entre alumnos y alumnas del aula –o entre alumnos, alumnas y docente, para el caso de docentes permanentes– asociados epidemiológicamente en un periodo igual o inferior a 7 días.

Ante la sospecha, se deberá realizar una investigación de brote y emprender de forma inmediata medidas correctivas (como correcta ventilación, uso de barbijo, etc.). Serán las autoridades educativas y sanitarias quienes definan, de acuerdo a los resultados de las investigaciones, el alcance y temporalidad de las medidas adoptadas.

Cabe destacar que la sospecha de brote en el aula no implicará la interrupción de las clases. La medida podrá ser evaluada como parte del control una vez que la autoridad sanitaria de la jurisdicción.