El presidente Alberto Fernández se reunirá este lunes con María Victoria Chivite Navascués, presidenta del gobierno de Navarra.

El encuentro será desde las 11, en Casa Rosada, informaron esta noche fuentes oficiales.

Agenda de ministros

En tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibirá a las 9.30 a Cristina Caamaño.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, junto al intendente Osvaldo Cáffaro, recorrerán a las 9.30 la planta productiva de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.

A las 11.30, el canciller Cafiero, junto al intendente Carlos Ramil, recorrerán los laboratorios de Biogénesis Bagó en Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezará a las 18 el acto de egreso de suboficiales del Ejército Argentino, en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, se reunirá a las 9 con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz.

Y a las 10.30, Olmos participará junto empresarios, sindicalistas y miembros del consejo asesor del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad (IIEYP) de la OEI, en la disertación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, en la sede de la OEI Argentina.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, participará a las 18, junto al presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Ceriani, de la presentación de los vuelos directos de la compañía hacia y desde Brasil para el año 2023 y la próxima temporada de invierno en el Hotel Tívoli de San Pablo.

La Cancillería publicará a principios de 2023 el «Anuario Malvinas 40 Años», que reflejará las actividades desplegadas durante este año a nivel nacional e internacional y que tuvieron como fin rendir un homenaje a los caídos en la guerra y sus familias y, al mismo tiempo, volver a posicionar los derechos soberanos de Argentina sobre las islas, usurpadas por el Reino Unido en 1833.

La edición está a cargo del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien depende de la Cancillería y explicó a Télam que la difusión de las actividades de la agenda «Malvinas 40 Años» concentró un «papel central de trabajo diplomático en la visibilización de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes».

El diplomático explicó que constituyó además un «homenaje del pueblo argentino a los veteranos y veteranas de Malvinas y sus familiares».

La presentación oficial está prevista para un día simbólico en la historia de las Islas Malvinas: el 3 de enero de 2023, en ocasión de un acto por la conmemoración de los 190 años de la usurpación por parte de los británicos, quienes expulsaron a la población y a las autoridades que dependían del Gobierno argentino.

 

Carmona, en diálogo con esta agencia, expresó que el Gobierno ha «vuelto a poner como prioridad de la política exterior de Argentina a la Cuestión Malvinas«, como se denomina en la diplomacia al reclamo argentino de soberanía.

«Muchas veces se ha mencionado que Malvinas es una prioridad de la política exterior. Somos conscientes de que esto no debe ser una cuestión meramente declarativa, Malvinas es un nudo central de la política exterior», reafirmó el secretario.

Asimismo, reflejó que Malvinas «es una causa nacional que convoca a resumir permanentemente el compromiso del pueblo argentino en relación con la reafirmación de soberanía y el reclamo al Reino Unido para que cese la situación colonial y para que se reintegre ese territorio a la Argentina».

De esa forma, Carmona se refirió a las negociaciones mantenidas entre Argentina y los británicos desde 1965, cuando las Naciones Unidas instaron a un diálogo bilateral para abordar la «disputa de soberanía» entre ambos países.

Pero luego de la Guerra de Malvinas, en 1982, en la que Argentina recuperó temporalmente la soberanía, el Reino Unido suspendió esas negociaciones y hace 40 años que las tiene suspendidas.

 

Carmona ponderó el despliegue diplomático de la Agenda Malvinas 40 años. «Ha cumplido un papel muy importante y esto es una bisagra», remarcó.

El funcionario analizó que ese despliegue «plantea hacia el futuro nuevos abordajes más comprometidos en la visibilización en la capacitación y en la generación de políticas que efectivamente estén orientadas a cumplir con el objetivo nacional que perseguimos, que es recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios».

«La agenda ‘Malvinas 40 Años’ -reafirmó- ha sida realmente una ocasión para resumir a Malvinas como una causa nacional. Esta idea de que Malvinas nos convoca a la unidad y de que Malvinas nos une resulta fundamental en función de consolidar nuestra política de Estado y de consolidar la política exterior».

Carmona puso de relieve que ese accionar «va muy de la mano con el enfoque que le hemos dado a nuestra gestión, en donde la Cuestión Malvinas está permanentemente asociada con la cuestión antártica y con las temáticas vinculadas al océano Atlántico Sur».

«Hemos marcado un camino que no tenemos ninguna duda tiene que ser continuado y profundizado», concluyó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

La «Agenda Malvinas 40 Años» fue lanzada por el presidente Alberto Fernández en noviembre de 2021, en ocasión de Día de la Soberanía Nacional, y constituyó un sinfín de actividades en el país y el mundo organizadas por el Gobierno nacional, los provinciales y los municipios, como así también de entidades privadas.

La Guerra de Malvinas, impulsada por el dictador Leopoldo Galtieri, se desarrolló entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, cuando se dictó el cese del fuego ante la superioridad británica. Murieron 649 argentinos.

La denegación de la excarcelación solicitada por el exmarino Alfredo Astiz, condenado por delitos de lesa humanidad, fue celebrada por funcionarios y organismos de derechos humanos en la misma semana en la que se cumplió el 45°aniversario del secuestro del denominado grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, donde el genocida tuvo participación directa.

El rechazo a la excarcelación motivó que el represor, una vez conocida la noticia, enviara al Tribunal Oral Federal N°5 una provocadora nota.

«Dejo constancia que yo no pedí jamás la libertad condicional. Esto es así ya que me encuentro privado ilegítimamente de mi libertad hace aproximadamente 20 años y lo único que exijo es mi libertad sin restricciones. No soy un criminal, ni mucho menos un genocida», escribió a mano alzada a los jueces que le negaron el beneficio.

En tanto, el reconocimiento del fallo fue remarcado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y organismos de derechos humanos que celebraron la decisión de la Justicia.

El pedido de Astiz había sido solicitado por sus abogados en el marco de la causa ESMA unificada, a pocos días del 45° aniversario del secuestro y desaparición del grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, donde el detenido en la Unidad 31 de Ezeiza se infiltró para dar cumplimiento al operativo realizado el 8 de diciembre de 1977 en el que desaparecieron importantes referentes fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.

Pietragalla Corti dijo a Télam que «es una buena noticia la decisión del tribunal» y recordó que «desde la querella de la Secretaría ya le habíamos solicitamos a los jueces que rechazaran lo solicitado».

El funcionario sostuvo que «es importante que los jueces hayan considerado que no estaban dadas las condiciones para dar cumplimiento al pedido».

«Por otra parte, es urgente que las causas en instrucción y en la etapa de revisión de sentencias avancen con rapidez», señaló el secretario, al analizar que la «lentitud del proceso, provocado por el propio Poder Judicial, también contribuye a que debamos enfrentar estas solicitudes».

La decisión del Tribunal

El tribunal dictaminó el martes pasado el rechazo a la libertad de Astiz, en un fallo al que tuvo acceso Télam y donde se entendió que «el otorgamiento del beneficio solicitado, por las características propias del delito por el cual fue condenado el solicitante, implicaría una desnaturalización de los principios» invocados oportunamente y «en última instancia, una disminución del efecto de la pena impuesta».

Asimismo, el escrito puntualiza que «en tiempos en que se necesitan certezas, aunque más no sean algunas, las necesarias y mínimas que nos permitan seguir confiando en el progreso de la humanidad», es necesario «no olvidar lo que hicimos, porque si así no fuera, lo podríamos volver a hacer».

El tribunal entendió que «resulta una obligación moral de nuestra civilización alcanzar estándares de internalización normativa que nos permitan alejar para siempre la posibilidad de reincidir en tan atroz genocidio».

(S)La respuesta de Abuelas(s) En tanto, desde Abuelas de Plaza de Mayo, Carolina Villela, abogada del equipo jurídico, dijo a Télam que «hubiera sido una injusticia un fallo en el sentido contrario, ya que no estaban dadas las condiciones temporales para el pedido de excarcelación».

Por este motivo, Abuelas adhirió a la presentación del Ministerio Público Fiscal que «se pronunció en el sentido contrario a la excarcelación».

También analizó que haberle dado la excarcelación a Astiz «hubiera significado beneficiar injustamente a uno de los grandes delincuentes que existen en la Argentina».

La reacción de HIJOS

El lunes pasado, la organización HIJOS alertó que Astiz podía ser excarcelado y resaltó que «el único lugar para un genocida es la cárcel».

«El genocida Alfredo Astiz pidió ser excarcelado. Salir a la calle. Caminar suelto, como si fuera un vecino. Pero es un asesino del pueblo», expresó la organización a través de su cuenta de Twitter.

El marino «está condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. El único lugar para un genocida es la cárcel común», puntualizaron.

Además, HIJOS destacó que «a pocos días de los 45 años de los secuestros y desapariciones forzadas de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, este genocida de la ESMA pretende salir a la calle», y subrayó que «este pueblo no soporta impunidad».

El secuestro de la iglesia Santa Cruz

El jueves pasado, familiares y compañeros de las víctimas del grupo de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz los recordaron en un emotivo acto realizado frente a la parroquia en el barrio de San Cristóbal.

Los miembros del grupo conformado por Madres de Plaza de Mayo, militantes y religiosos se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz para recabar información sobre los detenidos desaparecidos, y fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1977 como parte de un operativo de la Armada que contó con la participación de Astiz, quien se infiltró en este colectivo fingiendo ser hermano de una víctima.

 

El exoficial de la Marina tiene dos condenas a prisión perpetua dictadas desde la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad: la de 2011 fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y la de 2017 aún está en proceso de revisión en ese alto tribunal.

En tanto, entre los integrantes del grupo que fueron secuestrados y desaparecidos se encontraban las referentes iniciales de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Bianco; y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

El secuestro del grupo se produjo el 8 de diciembre, excepto por el rapto de Azucena Villaflor, que se llevó a cabo dos días después, el 10 de diciembre de 1977, cuando se completó el operativo que el grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA había iniciado dos días antes con la detención forzada de siete personas que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz.

Azucena no había estado el 8 de diciembre en la iglesia porque se encontraba preparando una solicitada con los nombres de los detenidos-desaparecidos por la dictadura.

Los genocidas contaron con la información que brindó Astiz, quien se infiltró en ese grupo haciéndose pasar por Gustavo Niño, nombre con el cual hasta llegó a firmar aquel documento. Azucena fue interceptada el 10 de diciembre.

Los 12 secuestrados fueron trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en la exESMA, donde fueron torturados para ser arrojados al mar.

El oficialismo de la Cámara de Diputados aspira a retomar el diálogo con la oposición tras el escándalo de la ultima sesión, que de no solucionarse podría dejar pendientes el tratamiento de proyectos claves como la moratoria previsional, el blanqueo de capitales, la reforma que endurece las penas por lavado de activos, los créditos UVA y el de Compre Argentino, entre varias iniciativas.

Una alta fuente del oficialismo de la Cámara baja confió que las autoridades del Frente de Todos (FdT) mantienen conversaciones informales con los jefes de la oposición pero que aún no hay avances en cuanto a una eventual convocatoria a una sesión en las próximas semanas para debatir un paquete de temas pendientes.

«Nuestra aspiración es que nuestro Gobierno continúe tomando decisiones en beneficio de los argentinos, y nuestra tarea como legisladores es seguir trabajando para ampliar derechos y seguir sosteniendo un proceso de desarrollo con inclusión», afirmó un legislador oficialista a Télam.

Sin embargo, desde Juntos por el Cambio (JxC) se mantienen en su postura de rechazo.

«Está todo roto», insistió una fuente del interbloque de JxC que consideró que, para convocar a una sesión, se debería destrabar antes el conflicto planteado en torno al Consejo de la Magistratura, tras la decisión de la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, de frenar la asunción de los representantes de la Cámara baja ante ese organismo.

Moreau había tomado esa determinación con la «intención de resguardar las potestades de la institución» que representa, al dejar en suspenso todas las designaciones establecidas hasta tanto se saldara la cuestión de fondo.

La presidenta del cuerpo había apelado el fallo del juez Martín Cormick que impedía a la diputada radical Roxana Reyes asumir una banca en el Consejo de la Magistratura y resolvió así dejar en suspenso todas las designaciones en esa cámara.

La decisión de Moreau fue adoptada un día antes de la sesión preparatoria en la que el cuerpo debía elegir a la diputada del FdT para el próximo período parlamentario junto al resto de las autoridades, que incluyen al vicepresidente primero, Omar De Marchi; el segundo, José Luis Gioja, y el tercero Julio Cobos, quienes de todos modos seguirán en sus cargos hasta que se elijan nuevas autoridades, según establece el reglamento del cuerpo.

La presentación de Moreau fue cuestionada fuertemente por la oposición que emitió un comunicado mediante el cual señalaron que «la presidenta de la Cámara comete abuso de autoridad» y que usarán «todos los medios legales para hacer cesar este atropello institucional», y tensó la relación a tal punto que JxC no dio quorum para avalar su continuidad al frente del cuerpo.

Pero en el oficialismo aspiran que el paso del tiempo permita bajarle el tono a ese enfrentamiento y retomar el diálogo tras el conflicto generado, primero, en la sesión preparatoria, y luego en la escandalosa sesión, con gritos por parte de JxC que rechazó la legalidad de ese debate y que incluyó gestos obscenos por parte del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

En esa sesión, el oficialismo no pudo conseguir que se aprobara la creación de varias universidades nacionales, entre las que se encuentra la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo con sede en la ciudad de Buenos Aires, y otras siete casas de altos estudios, ya que el plenario se levantó en medio de gritos y acusaciones cruzadas.

Se trata de las universidades nacionales del Delta, del Pilar, de Cuenca del Salado (Cañuelas), de Saladillo, de Río Tercero (Córdoba), de Ezeiza y de Paraná «Juan Laurentino Ortiz».

Si bien se había acordado realizar una sesión la semana próxima, entre miércoles y jueves, esa alternativa parece cada vez más difícil al menos por el momento porque la tensión sigue latente entre el oficialismo y la oposición.

De todos modos, el oficialismo confía en avanzar esta semana en diálogos que permitan retomar la actividad sobre todo para avanzar en dos temas que el Gobierno considera claves y necesita sancionar antes de fin de año.

Uno de ellos es el proyecto que endurece las penas por lavado de activos, reclamado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y otro es la iniciativa para el blanqueo de capitales que permite declarar los dólares de argentinos en Estados Unidos que no fueron registrados y sean detectados a partir del intercambio de información entre la AFIP y su par de ese país, la IRS.

El temario en el que trabaja el oficialismo para evitar la paralización del cuerpo y terminar el año con la sanción de temas pendientes podría contemplar además la moratoria previsional; el proyecto de ley agroindustrial; el de presupuestos mínimos para gestión de neumáticos y el de los comités mixtos de trabajo.

La ministra de Desarrollo Social , Victoria Tolosa Paz, afirmó ayer domingo que «se está trabajando», junto con el presidente Alberto Fernandez, para otorgar un «aguinaldo» a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y destacó que más de 680 mil personas ya validaron su identidad para seguir accediendo al programa.

Tolosa Paz confirmó que desde el ministerio que encabeza «se está trabajando», en conjunto con los referentes de la Union de Trabajadores de la Economia Popular (UTEP) Esteban “Gringo” Castro y Emilio Pérsico, «buscando una propuesta que podamos consensuar, para dar respuesta a la demanda de la UTEP para llevar un aguinaldo (o bono) para Navidad».

«Tanto el presidente Alberto Fernández como esta ministra sabemos que son tiempos donde el Estado debe seguir acompañando a las familias«, sostuvo.

En diálogo con Radio 10, la funcionaria también aseguró que el actual «proceso de validación en la aplicación de Mi Argentina y la gente valida su identidad» busca «llevar certezas de que nadie use la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social cuando no es la persona correcta».

«Al día de la fecha superamos los 680 mil beneficiarios que ya validaron y completaron el formulario, hay tiempo hasta el 6 de enero. Esto es una tranquilidad para quien toma el plan y para quienes hacen las denuncias”, añadió.

Asimismo, se refirió al debate en torno a la asignacion de los Planes Potenciar Trabajo y afirmó que «hubo titulares de medios que buscaron llevar mucha intranquilidad y estigmatizar los sectores más pobres de nuestro país».

“El informe de AFIP fue malinterpretado y mal comunicado, y esto generó que un fiscal saliera a hacer una denuncia de investigación sobre un hecho que no había ocurrido nunca», indicó.

«No es verdad lo que se dijo que había personas que compraron dólares o pagaron bienes personales”, enfatizó.

El Grupo de Puebla confirmó  que la actividad contra el lawfare que se iba a realizar el lunes 12 en Buenos Aires con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios exmandatarios de la región se postergó para el próximo lunes 19, por el contagio de Covid-19 de la expresidenta, lo que generará algunas modificaciones de los participantes que asistirán a ese evento.

Desde la organización del Grupo Puebla, que es un foro político y académico de la izquierda y del progresismo de América Latina, el Caribe, España y Portugal, precisaron a Télam que la jornada en el Centro Cultural Kirchner (CCK) “se realizará una semana más tarde por el problema de salud de la Vicepresidenta”, pero tendrá el mismo objetivo de “cerrar filas para denunciar el lawfare contra Cristina Fernández”.

Fuentes cercanas a la Vicepresidenta informaron que Cristina Kirchner había “dado positivo en un test de Covid” y que “se encuentra en buen estado de salud en El Calafate”.

“Ayer por la tarde, la vicepresidenta llamó por teléfono y anunció que tenía fiebre alta. Luego se confirmó que era Covid-19 y decidimos postergar el evento”, contó a esta agencia uno de los encargados de organizar la jornada denominada “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”.

 

Con la nueva fecha programada para el próximo lunes 19, habrá algunos cambios en la lista de los miembros que participen de la actividad debido a problemas de agenda, según adelantaron desde la organización, mientras que otros podrán venir a Buenos Aires y participar en forma presencial.

Al respecto, la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, que estaba prevista su participación porque está en un viaje oficial por la región, ahora no podrá asistir porque “ya tenía armada la gira con los tiempos justos”.

Otro de los que no podrán asistir debido a la postergación es el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vendrá este lunes a Buenos Aires, pero no podrá quedarse una semana más por “problema de agenda”, ya que “tiene compromisos previamente asumidos”.

Asimismo, la postergación va a permitir que algunos expositores que iban a participar por videoconferencia, van a decir presente en el CCK, como es el caso de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff; el juez español Baltazar Garzón; y la jurista brasileña y abogada defensora de Lula da Silva, Carol Proner.

También asistirán, según ya estaba previsto, los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España); Evo Morales (Bolivia); Ernesto Samper (Colombia); y José ‘Pepe’ Mújica (Uruguay); entre otros.

Asimismo, contará con las asistencias del presidente del partido Morena de México, Mario Delgado, y la abogada del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), Gisele Ribocom.

En el caso del presidente electo brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva, detallaron que Lula no podía asistir porque el mismo lunes 12, la Justicia electoral de Brasil lo proclama ganador de los comicios, lo que es un paso formal camino a la asunción.

A pesar de la postergación, el mandatario brasileño tampoco asistiría, aunque días atrás le expresó al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que tenía la intención de realizar una gira por Argentina antes de 2023.

Además, también se reprogramó para el próximo lunes 19 la movilización bajo la consigna «Basta de la mafia judicial», que estaba prevista para este lunes frente al CCK.

“Queda todo igual, cada organización en su zona y horario, solo cambiamos de día (del lunes 12 pasa al lunes 19 de diciembre) debido al contagio de Covid de Cristina Fernández de Kirchner”, confirmaron a Télam voceros gremiales y de organizaciones sociales.

El cónclave, según informó en un comunicado el grupo que reúne a líderes y lideresas progresistas de Iberoamérica, será abierto por el Jefe de Estado Alberto Fernández y clausurado por su compañera de fórmula en las elecciones de 2019, Cristina Fernández.

 

Ambos compartirán la actividad tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2 contra Cristina Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

Sobre la reunión, el político chileno Marco Enríquez-Ominami, excandidato a presidente de Chile (para las elecciones de 2009-2013 y 2017) y uno de los líderes regionales fundadores del Grupo de Puebla, contó hoy en declaraciones radiales que “Alberto Fernández, atento a la actualidad, nos planteó la importancia de apoyar a la Vicepresidenta frente a lo que se veía como un problema y le pareció importante el Grupo de Puebla”.

En diálogo con Télam, Enríquez Ominami juzgó que la implementación del lawfare significa el “robo de la democracia” en la región y opinó que en la condena a la dos veces presidenta de la Nación evidencia un “procedimiento investigativo y acusatorio viciado”.

 

“Con Cristina Fernández de Kirchner es evidente que hay un problema de objetividad. Cualquier sistema acusatorio requiere de la objetividad, y al no haber objetividad todo el procedimiento investigativo y acusatorio está viciado. Eso ocurrió con Cristina”, evaluó Ominami sobre el proceso en la causa conocida como Vialidad.

En esa línea, sostuvo que en el expediente por la obra pública en Santa Cruz hubo “un problema elocuente de vicio procesal que invalida toda posibilidad de defenderse”, y agregó: “Los liderazgos no piden ni más, ni menos que cualquier vecino, el mismo derecho y la misma garantía procesal”.

El también exdiputado por el Partido Socialista analizó que la aplicación sistemática del lawfare en países de la región supone “la proscripción de un liderazgo transformador, pero, sobre todo, es el robo de la democracia, porque afecta las elecciones”.

La sentencia contra Fernández de Kirchner provocó la reacción de varios líderes de la región que salieron a expresar su solidarizaron con la expresidenta.

Así lo hicieron, entre otros, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y de Honduras, Xiomara Castro; entre otros.

El Gobierno nacional inició la conmemoración del Día de la Restauración de la Democracia con una proyección sobre la fachada de la Casa Rosada de un «videomapping» con imágenes alusivas a la fecha y, posteriormente a la medianoche, difundirá por cadena nacional la interpretación del Himno Nacional por parte de artistas solistas.

En el 39° aniversario de la democracia, la celebración arrancó con la proyección que, con animaciones 2D y 3D, juegos gráficos resaltan la especial arquitectura del edificio e imágenes de archivo, palabras significativas y gráficas alusivas a la fecha.

Según se informó oficialmente, «una orquesta con artistas solistas, convocados por el Ministerio de Cultura, interpretará el Himno Nacional en la explanada de la Casa Rosada, que será transmitido en cadena nacional a la 0 hora del sábado 10».

 

Los artistas que entonarán el Himno serán Miloo Moya, Rayo, L-Gante, Tita Print, Dolores Solá, Flor Bobadilla, Nadia Larcher, Candelaria Zamar, Mica Chauque, María Castillo, Guillermo Fernández, Leo García y Miss Bolivia, acompañados por el ensamble orquestal del Ministerio de Cultura dirigido por el maestro Julián Caeiro.

“Los y las artistas solistas participan representando también un estilo musical”, adelantaron.

Y detallaron que “hay pasajes del himno arreglados de acuerdo a distintos géneros nacionales como el tango, el folclore (con representantes de distintas zonas como Cuyo, el Norte o el Litoral), la lírica, el pop, el rock, la cumbia, el rap, el free style y también el beat box”.