Con respecto a la coparticipación, los estudiantes le reclaman al Presidente que cumpla con la Constitución y acate la medida cautelar que fijó el tribunal supremo.

«La amenaza del Presidente de la Nación de incumplir una resolución de la Corte Suprema de Justicia atenta contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Por eso, solicitamos su suspensión como docente de la Facultad», afirmó en un mensaje la agrupación Franja Morada, brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical. 

La Franja, a través de sus redes, expresó que «no respetar un fallo porque no le gusta lo que dispone es incompatible expresamente con el artículo 36 de la Constitución. Esto es un atentado contra el orden constitucional y la vida democrática (art. 226 y 230 del Código Penal entre otros)».

«Bien debería saberlo siendo docente de derecho penal en nuestra Facultad», ironizan los estudiantes, que le marcan al Presidente que «la resolución de un conflicto como el de la coparticipación y los fondos del Estado, de suma importancia por el carácter federal de la Nación, corresponde a la CSJN».

Para los estudiantes radicales, «el fallo fortalece el federalismo porque genera la jurisprudencia necesaria para asegurar que el Gobierno Nacional, sea cual sea su color político, no pueda quitarle coparticipación a las provincias en forma arbitraria en el futuro».

«La situación se agrava dado que el mensaje que anticipa la desobediencia judicial viene de la máxima autoridad, la cual es también es docente de nuestra Facultad de Derecho. Como estudiantes estamos muy orgullosos de nuestra Facultad y ver como el Presidente, siendo profesor, actúa de esta forma nos apena», dicen.

Alberto Fernández es docente de la carrera de Derecho de la UBA desde 1985. Actualmente, se desempeña como profesor adjunto interno de la materia “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena”, que se cursa en el Ciclo Profesional Orientado.

FUENTE: ADN SUR.

El presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut e intendente de Rawson, Damián Biss, habló con FM EL CHUBUT sobre las definiciones que deberá hacer el partido de cara a las elecciones 2023 y la reciente eliminación de las PASO.

«Esta semana vamos a confirmar el dia en que Gerardo Morales (presidente de la UCR Nacional) y referentes del radicalismo del país estarán en nuestra provincia. Vamos a hacer una convocatoria grande donde planteamos la estrategia del próximo turno electoral. Después del 5 de enero sería esa reunión».

«La mayoría de los referentes importantes de la provincia han planteado que yo encabece el proyecto provincial», expresó el titular de la UCR Chubut en relación a su postulación para la gobernación.

 

Además, Biss informó de las internas que realizará la UCR en el país y expresó que serán «en marzo» y que «hoy no tenemos varias candidaturas planteadas. Probablemente tengamos una lista de unidad en el partido».

 

ELIMINACIÓN DE LAS PASO

La Legislatura de Chubut eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la sesión de ayer, y varios partidos deberán cambiar sus acciones para poder adecuarse a tiempo en las elecciones.

 

En relación a esto, el intendente de la capital provincial expresó que  «lo que sucedió ayer nos parece inoportuno tratar proyectos tan importantes para la provincia sin mayores debates y tratamientos»

 

«Hay sectores de la política que suponen que esta fecha tan especial es porque hay gente distraída y deciden avanzar con temas que en tiempos normales no se animan», agregó.

FUENTE: DIARIO EL CHUBUT.

La Legislatura sancionó este jueves por la noche la Ley que declara la Emergencia de la Infraestructura Edilicia Escolar en todo el territorio chubutense por el plazo de seis meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

La ley busca “impulsar la construcción de nuevos edificios escolares, realizar ampliaciones edilicias, intervenciones de gran complejidad, acondicionamientos de instalaciones y demás tareas necesarias para adecuar la infraestructura existente”. 

En ese marco, se establece como autoridad de aplicación a los Ministerios de Educación y de Infraestructura de la provincia, quienes serán los encargados de determinar “las necesidades estructurales y de bienes y servicios esenciales”.

Ambos organismos podrán contratar “la construcción, adquisición, instalación, reparación, adecuación edilicia, provisión de bienes, servicios, obras, consultorías, proyectos y la realización de todas las obras en general” necesarias para su cumplimiento. 

Los Ministerios estarán facultados asimismo a sustentar la elección del sistema de contratación directa en cualquiera de las causales previstas por las leyes I N° 11 y II N° 76 y sus reglamentaciones según corresponda, pudiendo fundarla en la necesidad de su realización en el “certificado de necesidad de contratación en emergencia”. Ésta deberá ser tramitada y ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación. 

A fin de constatar dichas operaciones, el Ministerio de Educación deberá elaborar una “Certificación general de necesidad”, detallando el estado edilicio de los establecimientos educativos con identificación de riesgos y prioridades de intervenciones urgentes, como así también la posibilidad de su ampliación. 

También se incluirá en el informe la planificación de las intervenciones y adquisiciones necesarias, explicitando tareas, plazo de ejecución y el término de las obras o servicios; un análisis pormenorizado del proyecto constructivo o de los servicios; y una proyección del mobiliario necesario.

ARGUMENTOS 

Previo al tratamiento, los ministros de Educación, José María Grazzini, y de Infraestructura, Gustavo Aguilera, explicaron ante los diputados provinciales el alcance del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo del Chubut, ya que ambos serán los encargados de determinar las necesidades estructurales y de bienes y servicios esenciales. 

El ministro de Educación indicó que “el proyecto dará respuesta a la necesidad que tenemos de más aulas, y de comenzar el ciclo 2023 pudiendo cumplir la gran demanda que tenemos, particularmente en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, al igual que en Esquel y la Comarca Andina”.

Agregó que “estamos apuntando a esas necesidades, para poder durante el receso escolar avanzar con ampliaciones y nuevos edificios, si se aprueba la ley podremos tener nuevos espacios en muchas ciudades de la provincia”, destacó Grazzini. 

Con la norma las carteras provinciales podrán contratar la construcción, adquisición, instalación, reparación, adecuación edilicia, provisión de bienes, servicios, obras, consultorías, proyectos y la realización de todas las obras en general necesarias para su cumplimiento.

AGILIDAD 

Consultado sobre los alcances de la ley y los beneficios que traerá, Grazzini señaló que “fundamentalmente lo que queremos es acelerar los procesos, hemos visto que cuando se inicia un proceso licitatorio lleva una demora de aproximadamente cuatro meses”, sin embargo, “cuando no hay oferentes o los precios estipulados superan el 20% automáticamente se cae la licitación y se debe arrancar de nuevo, lo que implica ocho meses o hasta un año más de demora, el tiempo que se pierde es irrecuperable”. 

En ese marco, agregó que “es necesaria una ley de emergencia, pero también se debería modificar la ley de procedimientos de la Provincia, ya que hay muchas cuestiones que en una nueva ley de procedimientos se pueden modificar para acelerar el sistema, evitando lo engorroso que es pensar en una ley de hace 30 o 40 años atrás”. 

Finalmente, Grazzini afirmó que “sabemos que hay escuelas con muchos años en algunas localidades en las que van surgiendo distintos problemas que hemos reparado, pero el motivo de esta ley es poder brindar la infraestructura que están necesitando los edificios escolares”.

FUENTE: ADN SUR.

Estaciones de servicio de todo el país, informaron a través de un comunicado que evalúan dejar de cobrar con tarjetas de crédito, debido a que es poco rentable.

Según Filo News, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) explicó que la comisión de cobro por las ventas, incluyendo los impuestos varía entre el 1,5 y el 1,8%. En otros países limítrofes, son del 0,5%.

Por otro lado, también pidieron que el plazo de acreditación del pago sea dentro de las 48 horas. De esta manera, se aplicaría como sucede actualmente en Brasil, Chile y Uruguay. 

El fallo judicial en una una provincia de Argentina

Se obtuvo en Santa Fe, por parte de la Justicia provincial y el objetivo fue reducir el arancel al 0,5% y el reintegro de pago a tres días. 

Fue logrado por la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI), integrante de la CECHA. 

“En un país inflacionario como la Argentina, claramente es incomprensible que se acredite recién a los 10 días, que en la mayoría de los casos termina siendo en 15”, indicaron estacioneros, respecto al plazo actual.

Por otro parte, explicaron que además de tener que pagar costos salariales, se suma el bono de $24.000 anunciado por el gobierno. Además, los porcentajes abonados por las petroleras son “escasos” y los márgenes “están rotos”.

“A las actuales condiciones financieras, se suman las negociaciones paritarias y los altos costos de operación, lo que ponen en riesgo la subsistencia de numerosas estaciones en la Argentina”, expresaron.

Por último, indiciaron que «hoy estamos al borde de una situación insostenible que puede transformarse en irreversible para casi el 50% de las estaciones cuyas ventas se encuentran debajo de su punto de equilibrio».

La sala penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut declaró inadmisible la impugnación extraordinaria presentada por los abogados del exsecretario general de la ATECH, Santiago Goodman, en cuanto a presuntas maniobras de espionaje ilegal de parte de la Policía durante el incendio ocurrido en septiembre de 2019 en Legislatura.

Este es el segundo plateo del mismo tipo que es rechazado luego que la Cámara Penal de Trelew se pronunciara en igual sentido. De esta manera se ha garantizado el acceso del condenado a las instancias de revisión de la decisión de los jueces de primera instancia en cualquier proceso del fuero penal.

Cabe recordar que Goodman fue declarado culpable y condenado a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por los incidentes ocurridos durante una manifestación docente en la capital provincial.

La resolución firmada por los ministros Camila Banfi Saavedra y Daniel Esteban Báez aseguró que «en el procedimiento seguido contra Santiago Norman Goodman no estuvieron en juego intereses nacionales o actividades criminales de entidad superlativa; tampoco participó el Sistema de Inteligencia Nacional ni se obtuvo información por el solo hecho de la pertenencia del señor Goodman al sindicato que él representa», razón por la cual el alegato jurídico planteado por los defensores «no tiene asidero de especie alguna».

En ese contexto, indicaron «la función de Policía de seguridad consiste esencialmente en la preservación de la seguridad pública, el mantenimiento del orden público y la prevención del delito», como así también que corresponde a la Policía del Chubut asegurar la plena vigencia de los Poderes de la Nación, el Orden Constitucional y el libre ejercicio de las Instituciones Políticas, previniendo y reprimiendo todo atentado o movimiento destinado a subvertirlo; además de proveer a la seguridad de las personas o cosas del Estado, entendiéndose por tales los funcionarios, empleados y bienes.

«Si la impugnación extraordinaria niega las funciones policiales que corresponden por ley y afirma que esas mismas incumbencias de la autoridad son actos de espionaje, el recurso en cuestión no posee anclaje y es por ello inadmisible: sea porque la intervención de la policía del Chubut fue perfectamente legítima en el suceso de autos; sea porque el fin preventivo de las evidencias así obtenidas no equivale a los propósitos ilegítimos que define la ley 25.520 de Inteligencia Nacional», se indicó en la resolución rubricada por Banfi y Báez.

Fuente: JusNoticias.