El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días. 

MANEJO DEL FUEGO

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural  por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Maximo Kirchner.

FONDOS BUITRES

El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tiene tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo cual necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha. 

Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares estadounidenses y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP.

Se acuerda la modalidad entrega contra pago. Los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta. 

La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquiera ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada.__IP__

Se acuerda una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos. 

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la venta se logró a través de gestiones políticas, con la intermediación de Sergio Massa, por la necesidad del gremio de obtener dinero para la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA). Si bien no se dieron detalles, el valor estimado de la transacción comercial rondaría los 4 millones de dólares.__IP__

De acuerdo a lo que confirmó Camioneros, el dinero recaudado será destinado a paliar la grave crisis financiera y el déficit de la mutual. Sin embargo, fuentes sindicales manifestaron que Pablo Moyano, quien está a cargo de la obra social, se niega y sostiene que la plata pertenece a los afiliados.

El terreno está ubicado en el partido bonaerense de Escobar, sobre la calle Los Tulipanes al 700, en cercanías del bioparque Temaikén. Cuenta  con 11 canchas de fútbol, vestuarios equipados, pileta y un sector de quinchos. 

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«Vamos a estar mandando una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal», dijo durante esta tarde en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Semanas atrás, el ministro se había reunido con representantes de asociaciones de contadores de todo el país, donde habían acordado cambios en la actual ley y una prórroga en próximos vencimientos.

«Esa es la forma de bajar el riesgo argentino, no con una economía cerrada y un tipo de cambio apreciado», dijo y agregó que el compromiso tiene que ser asumido también por las provincias y los municipios.

En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda confirmó la cobertura total para los pagos de deuda que restan completar bajo la administración libertaria. En total, rondan los US$31.000 millones.

«Están totalmente cubiertos por todo el mandato del Presidente«, deslizó; en la misma línea enfatizó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la relación que mantienen: «No puede ser mejor», sumó.

«Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6% por otros mecanismos», aclaró Caputo.

Consultado sobre la inflación, el funcionario se mostró optimista sobre el proceso de desinflación, adelantó que el IPC de mayo rondará entre el 2,2% y 2,5% y señaló al shock interno del 2025 como el factor principal por el que la tasa de inflación se aceleró diez meses consecutivos.

«Es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional«, enfatizó.

Caputo se apoyó en los datos económicos de las últimas semanas para ratificar el rumbo económico, donde aseguró que en los próximos 18 meses «va a haber una recuperación que va a ser progresivamente mayor en el tiempo».

Y reiteró que el 2027 será «un año atípico», ya que la inflación seguirá a la baja y no habrá «revuelo político» por las elecciones presidenciales.

Por último, destacó la estabilidad económica lograda en medio del shock externo originado por el conflicto en Medio Oriente y sostuvo que la Argentina «se está pareciendo cada vez más a un país normal».__IP__

«Nosotros logramos esta estabilidad respetando la propiedad privada. No hicimos ninguno de los chanchullos que Argentina hizo en el pasado. Eso vale oro y hay que apreciarlo», concluyó.

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 La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su «más enérgico rechazo» por la reglamentación dispuesta por el Poder Ejecutvo de la reforma laboral, y advirtió «con preocupación» que el Gobierno busca «atentar directamente contra la libertad sindical».

«Expresamos nuestro más enérgico rechazo y advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la Reforma Laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país», alertó la central obrera en un comunicado.

Según expresó, «resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad». 

«Lejos de limitarse a instrumentar normas vigentes, el Poder Ejecutivo se arroga facultades que corresponden al Congreso de la Nación, vulnerando el principio de división de poderes que sustenta nuestro sistema democrático», siguió la organización de trabajadores con sede en Azopardo 826.

Además remarcó que «como si no fuera suficiente, bajo la apariencia de una reglamentación administrativa, se introduce de forma solapada una sobre reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, incorporando disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley, modificando aspectos que solo pueden ser definidos por el Poder Legislativo». 

«No es potestad del Ejecutivo, a través de ningún decreto, sustituir el debate parlamentario ni reformar por vía indirecta normas que garantizan derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores y que atentan directamente contra la libertad sindical», enfatizó la CGT.

Para la entidad que agrupa a decenas de gremios de trabajadores, «estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo». 

«La autonomía sindical, la libre organización y el derecho de las y los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetas a la discrecionalidad del gobierno de turno», subrayó.__IP__

«Frente a este nuevo atropello institucional, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos de las y los trabajadores, la libertad sindical, la negociación colectiva y la autonomía de las organizaciones gremiales. Continuaremos luchando, en todas las instancias posibles, para garantizar condiciones de empleo dignas y la libertad del movimiento obrero para organizarse», finalizó la central obrera.

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El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció “desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional”, al tiempo que advirtió el “incremento de los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los trabajadores agremiados en el STVyARA pidieron a los gobernadores que “no sean cómplices de este gobierno ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos”.

¿Qué expresa el comunicado del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines?

“El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, lanzó una dura advertencia sobre la situación que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y denunció un proceso de desfinanciamiento, desguace y deterioro de la red vial federal impulsado por el Gobierno nacional», se indicó en el texto. 

A través de un documento, aprobado por los secretarios generales de las seccionales de todo el país, la organización gremial cuestionó la utilización política del organismo y rechazó los avances para concesionar rutas nacionales al sector privado.

Desde el gremio recordaron que la Dirección Nacional de Vialidad, creada por el Decreto Ley 505/58, «es el organismo rector de la red vial federal y cumple un rol estratégico para la integración territorial, la producción, el turismo, la salud y el desarrollo económico del país. Sin embargo, advirtieron que, tras más de dos años de gestión del actual gobierno, las rutas nacionales se encuentran sin mantenimiento, deterioradas y próximamente intransitables».

En ese sentido, los trabajadores denunciaron que Vialidad Nacional «se encuentra totalmente desfinanciada» debido a la retención de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que, según señalaron, deberían destinarse al «mantenimiento, planificación y construcción de nuestras rutas».

También se mostraron su “rechazo a la privatización de rutas”. “Asimismo, el gremio acusó al Ejecutivo de promover el deterioro de la red vial con el objetivo de justificar futuras concesiones. ‘El Gobierno busca instalar la idea de que los trabajadores no cumplen con sus tareas para avanzar en la transferencia de rutas a las provincias y a operadores privados’, expresaron.

De esta manera, también rechazaron el decreto 253/26, mediante el cual se habilita la entrega de distintos tramos de rutas nacionales para su concesión, y cuestionaron las medidas que afectan a Vialidad Nacional, entre ellas los retiros involuntarios, el desguace del organismo y el deterioro salarial que sufren sus trabajadores.

Pese a este escenario, Graciela Aleñá destacó que “el personal vial continúa desarrollando sus tareas y manteniendo la infraestructura con recursos limitados. Incluso, en numerosas oportunidades los trabajadores han debido afrontar gastos de su propio bolsillo para garantizar la prestación del servicio”.__IP__

Otro de los puntos centrales del documento fue el impacto que la falta de inversión tiene sobre la seguridad vial. Así, la dirigente gremial advirtió que el desfinanciamiento de Vialidad Nacional afecta desde fines de 2023 ‘la transitabilidad y el estado de las rutas de la red troncal, incrementando los riesgos de siniestros viales y sus consecuencias mortales para los usuarios’.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado a los gobernadores para que no sean cómplices de este gobierno ni traicionen al pueblo argentino que los eligió para cuidar nuestros recursos. ‘Rechazamos la utilización política de nuestra repartición con la complicidad de funcionarios, legisladores nacionales y gobernadores’, concluyeron.”

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– El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que cuando el Poder Ejecutivo envía pliegos al Senado ya «no hay vuelta atrás», por lo que consideró que el retiro del pliego de la la candidata a jueza María Verónica Michelli, como pretende el Gobierno nacional, sería «inconstitucional«.

La opinión del especialista en Derecho Constitucional se da en medio de la polémica por la intención del Gobierno de retirar los pliegos de magistrados que deberían tratarse en la sesión del próximo jueves en el Senado, ya que no quiere que se avance con la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, una pluma crítica de la gestión de Javier Milei.

«El Senado, cuando llega el pliego, puede no tratarlo nunca porque no tiene plazo, puede tratarlo y darle el acuerdo, y puede tratarlo y rechazarlo, como ocurrió con (Ariel) Lijo y (Manuel) García Mansilla. Lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es retirar los pliegos, y lo que no puede hacer el Senado es devolverlos al Poder Ejecutivo. No hay vuelta atrás», explicó en diálogo con Luisa Valmaggia por Radio Splendid AM 990.

En ese sentido, Gil Domínguez señaló que «cuando el Poder Ejecutivo elige a uno y pasa al Senado, el PEN no puede decir «retiro» porque ya eligió». 

«El Senado puede aceptar el pliego o rechazarlo. Constitucionalmente, no se pueden retirar los pliegos que el Poder Ejecutivo ya envió al Senado, pero no es una práctica que se le ocurrió a Karina Milei; es una práctica que muchos gobiernos han hecho de forma inconstitucional», equiparó. 

No obstante, reconoció que «en este caso la gravedad se profundiza porque, si los motivos son por la ideología de la candidata o de algún familiar de la candidata, ya estaríamos hablando de una situación de discriminación basada en la opinión política». __IP__

«Muchos gobiernos han retirado los pliegos de forma inconstitucional. Muchas veces, lo que uno observa en lo que sucede con el gobierno de Milei, es que no ha inventado tácticas inconstitucionales, sino que las lleva al paroxismo. No es que hay una ruptura con prácticas constitucionales, sanas y éticas, sino la exacerbación de prácticas inconstitucionales», amplió. 

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