El magistrado interviniente concluyó que el abogado Andrés Gil Domínguez  -quien inició la demanda- carecía de «legitimación» para formular ese reclamo contra el Estado nacional.

El juez en lo Contencioso Administrativo federal Enrique Alonso Reguera rechazó la demanda presentada por un abogado para que se ordenara a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación que se aboquen al «expreso e inmediato tratamiento» del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de desregulación económica.

El magistrado concluyó que el abogado Andrés Gil Domínguez, que inició la demanda en virtud a lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la ley 26.122 sobre el control político posterior al dictado de los DNU, carecía de «legitimación» para formular ese reclamo contra el Estado nacional.

El letrado promovió la «acción autosatisfactiva» invocando su condición de «ciudadano» interesado en el tratamiento legislativo «para su rechazo o aprobación» de la norma presidencial dictada el 20 de diciembre y que, tras su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir el día 29 de ese mes.

El demandante justificó su pretensión porque desde la remisión de la norma a los legisladores había transcurrido y vencido el plazo de 10 días hábiles previsto para que la Comisión Bicameral Permanente dictamine, y por lo tanto, correspondía «que se expida el Congreso de la Nación respecto de la validez o invalidez del decreto», como prescribe la ley 26.122

El letrado expuso que el DNU 70/23 deroga total o parcialmente o modifica 81 leyes que abarcan materias diversas como «reforma del Estado,desregulación económica, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, minería, energía, aerocomercial, justicia, código civil y comercial, salud, comunicación, deportes, sociedades, etc.» con una «transformación total del sistema normativo que regula las relaciones de las personas con el Estado y de las personas entre sí».

El abogado justificó su pretensión porque desde la remisión de la norma a los legisladores había transcurrido y vencido el plazo de 10 días hábiles previsto para que la Comisión Bicameral Permanente dictamine, y por lo tanto, correspondía «que se expida el Congreso de la Nación respecto de la validez o invalidez del decreto», como prescribe la ley 26.122.

El juez remarcó que las acciones autosatisfactivas «constituyen remedios que sólo deben ser concedidos en casos excepcionales, en tanto implican el dictado de una decisión no provisoria sin la intervención de la (parte) contraria».

Gil Domínguez promovió la «acción autosatisfactiva» invocando su condición de «ciudadano» interesado en el tratamiento legislativo «para su rechazo o aprobación» de la norma presidencial dictada el 20 de diciembre y que, tras su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir el día 29 de ese mes

Alonso Reguera destacó que en esas acciones se debe analizar la «legitimación procesal» de quien demanda, caso contrato no habrá «caso o controversia» y la justicia nacional «no procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida» por quien es «parte».

El magistrado afirmó que Gil Domínguez no brindó argumentos para apartarse de los fallos en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que «la condición de persona ciudadana no confiere legitimación suficiente para ocurrir a la jurisdicción», ya que debe demostrar la existencia de un «interés especial» más allá del «general» o que tiene agravios «directos» y «sustanciales».

Fuente: Télam

A su vez, la diputada nacional instó a «dejar atrás cuatro años de discusiones internas» y consideró que la gente «mandó un mensaje en la última elección que tenemos que saber leerlo», en referencia al tercer puesto que obtuvo la coalición Juntos por el Cambio, en los comicios nacionales de octubre pasado. 

La exgobernadora bonaerense y diputada nacional María Eugenia Vidal afirmó este miércoles que «hay un consenso mayoritario para que Mauricio Macri sea el presidente» del PRO a nivel nacional y que ese partido «vuelva a ser el que gobernó la ciudad de Buenos Aires, la provincia, la Nación y demostró equipo, resultado, gestión y compromiso con la gente».

«Estuve con Mauricio la semana pasada; el PRO tiene en marzo un mes que es clave porque vamos a definir de nuevo las autoridades partidarias, y hay un consenso mayoritario para que Mauricio sea el presidente del partido nacional», dijo Vidal en declaraciones a la prensa en Mar del Plata, donde lanzó su fundación Hacemos, dedicada a la alfabetización y la educación.

Sobre el tema, añadió que «tenemos que dejar atrás cuatro años de discusiones internas; la gente nos mandó un mensaje en la última elección que tenemos que saber leerlo». La referencia pudo ser para Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO pero, a la vez, ministra de Seguridad del gobierno que encabeza Javier Milei. 

«Tenemos que volver a ser ese PRO que gobernó la ciudad (de Buenos Aires), la provincia (de Buenos Aires), la Nación; que pudo demostrar equipo, resultado, gestión y compromiso con la gente; eso lo que tenemos que volver a ser», enfatizó.

Proyecto para mejorar haberes jubilatorios

Por otra parte, anticipó que va a presentar un proyecto para mejorar los haberes jubilatorios porque «las jubilaciones están en su nivel más bajo de los últimos 20 años y sin duda hay que cambiar la fórmula ya».

«La inflación sigue siendo muy alta para todos, pero además la fórmula que se introdujo en el gobierno anterior hizo perder un 35% de la jubilación, y si hay algo que un jubilado no puede hacer es esperar», dijo.

Añadió que «necesitamos que el Congreso trate el proyecto que cambie la fórmula; estuvimos muy cerca con la ley ómnibus, pero vamos a volver a la carga ahora desde el próximo viernes que empiezan las sesiones».

«Yo tengo un proyecto hecho, pero hay otros bloques trabajando en el mismo sentido; la Coalición Cívica, el radicalismo… Creo que la primera tarea a la que nos tenemos que abocar es la de cambiar la fórmula», enfatizó.

Con respecto a su fundación, se informó que «Hacemos funcionará como una asociación civil que tuvo su origen hace cuatro años en Paraná (Entre Ríos) de la mano de un grupo de jóvenes que querían convertir sus intenciones de transformar la realidad en acciones concretas».

La fundación «buscará federalizar lo que se viene realizando en Entre Ríos, para ello la organización ya cuenta con equipos en Misiones, Santa Cruz, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. En cada lugar tenemos una mirada territorial sobre lo que cada contexto en particular necesita, en diálogo constante con la gente», dijo Vidal.

Fuente:Télam

Los abogados de la exvicepresidenta sostenían que el fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición contradictoria con otra que el ministerio Público Fiscal sostuvo en otra causa y que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este expediente al intervenir en otro.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las recusaciones planteadas por la defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra un juez y un fiscal de esa instancia, por lo que no se suspenderá el cronograma de audiencias previsto para la revisión de su condena y la de otros imputados.

Los jueces de la sala cuarta del tribunal de Casación resolvieron «rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar», según surge del fallo al que accedió Télam.

La resolución lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y el propio Barroetaveña.

La defensa de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había presentado horas antes un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que existían «razones objetivas» que «ponen en crisis» la objetividad del fiscal Villar y la imparcialidad del juez Barroetaveña.

Los abogados de la defensa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que fiscal Mario Villar expuso el lunes último una posición «autocontradictoria» con las que él mismo había expuesto en otros expedientes y que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este caso al intervenir en otro.

Al referirse al fiscal Villar, la defensa dijo que «ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance (terminología utilizada por la Cámara de Apelaciones del fuero) en contra de la expresidenta de la Nación».

«Así, por un lado, a efectos de revertir el archivo dispuesto por el Tribunal Oral Nº 5 en el marco de las causas ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’, el fiscal Villar postuló la existencia de dos supuestas asociaciones ilícitas diferenciadas y perfectamente escindibles, mientras ahora en este expediente, para obtener la condena de nuestra asistida, el nombrado afirma que se trata de una única banda criminal liderada por Cristina Fernández de Kirchner», sostuvieron los abogados.

«La actuación autocontradictoria llevada a cabo por el Dr. Villar, siempre para esgrimir pretensiones punitivas en contra de nuestra representada, permite cuanto menos poner seriamente en duda su objetividad en el caso, situación que da sobrado fundamento a la petición de apartamiento postulada», señalaron.

 

El rechazo

Al responder sobre la recusación de Villar, los jueces de Casación sostuvieron que «los aspectos de la exposición señalados por el recusante no son otra cosa que parte de la acusación sobre la cual el recusante está llamado ejercer la defensa, y luego este Tribunal a dictar sentencia en base a lo que pudo, o no, ser probado por el acusador».

Al juez Barroetaveña, los abogados defensores le achacaron haber reconocido, en otro expediente, «la existencia de una única asociación ilícita atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, constituida a efectos de cometer defraudaciones en perjuicio del Estado y maniobras de lavado de activos, tal como ahora lo postula el fiscal Villar en sus agravios».

«Como puede advertirse, el juez Barroetaveña se encuentra ahora inmerso, mutatis mutandis, en la causal de apartamiento establecida, pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia», indicaron.

Ante ese planteo, la Cámara de Casación respondió: «La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que le imponen al juez el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, así como fue planteada por la defensa, no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento».

La causa

Para este jueves está previsto que los jueces de Casación comiencen a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La segunda audiencia está prevista para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Para el próximo 7 de marzo está prevista la exposición de los abogados de la expresidenta, Beraldi y Llernovoy.

Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por «administración fraudulenta agravada» que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.

El lunes pasado el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio.

Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por «administración fraudulenta».

Al exponer el lunes último el fiscal afirmó que durante el Gobierno de Cristina Kirchner hubo «una verdadera asociación criminal» integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron «desviar fondos hacia ellos mismos».

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta «asociación ilícita agravada por su calidad de jefe» y «administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública».

Fuente: Télam

El encuentro entre el ministro de Economía y la directora gerente del FMI se produjo a menos de una semana de la visita a Buenos Aires de la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristalina Georgieva, «celebra y apoya» las medidas de ajuste fiscal y reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei, tras un encuentro que mantuvieron en Brasil, en el marco de la Cumbre del G20.

Es el primer encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantiene con la máxima autoridad del FMI, en momentos en que el Gobierno pretende negociar un nuevo acuerdo por la deuda de US$ 45.000 millones con el organismo.

Caputo, en compañía del secretario de Finanzas Pablo Quirno, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice de la entidad, Vladimir Werning, participa en la ciudad de San Pablo del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20.

“Muy buena reunión con KGeorgieva y equipos en el G20”, destacó el ministro de economía a través de su cuenta en la red social X.

La directora del Fondo “celebra y apoya las medidas y los resultados obtenidos por esta nueva administración”, dijo Caputo, y adelantó que los equipos técnicos del organismo y de Argentina «continuarán trabajando en la mejor estrategia para seguir apoyando los esfuerzos del país”.

Por su parte Georgieva, a través de la misma red social, detalló que mantuvo una “excelente reunión” con Caputo.

“Saludé los esfuerzos sostenidos de las autoridades para restaurar la estabilidad, apoyar a los más vulnerables y generar apoyo para las reformas”, dijo Georgieva.

Durante la jornada en San Pablo, Caputo participó en los paneles de discusión sobre “El rol de las políticas económicas para abordar las desigualdades: experiencias nacionales y cooperación internacional” y sobre las “Perspectivas globales sobre crecimiento, empleo, inflación y estabilidad financiera”.

Además, Caputo debatió con sus pares del G20 sobre “La fiscalidad internacional para el siglo XXI”, sobre las “Perspectivas globales sobre crecimiento, empleo, inflación y estabilidad financiera”, y sobre “Deuda global y financiación para el desarrollo sostenible”.

Por la tarde, el titular de Economía se reunió con el comisario de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, con quien conversó sobre los desafíos de las reformas impulsadas en el país.

También, se analizaron los puntos de trabajo común entre los que se plantearon los desafíos que implica impulsar el acuerdo Mercosur-UE y redinamizar el vínculo comercial entre ambos bloques.

Además, Caputo se reunió con su par de Francia, Bruno Le Maire, con quien conversó sobre las reformas que se están instrumentando en Argentina.

En este marco, Le Maire felicitó al ministro por los avances realizados, analizó con él los intereses comunes en el G20, sobre cómo apoyar reformas en la arquitectura financiera internacional, conversación en la que resaltaron la importancia de la relación bilateral a largo plazo.

Finalmente, en el encuentro bilateral con su par de Economía de Italia, Giancarlo Giorgetti, se dialogó sobre la importancia del vínculo de largo plazo entre ambos países.

En la reunión, los funcionarios intercambiaron impresiones sobre los desafíos a los que se enfrentan ambas economías y coincidieron en la importancia de continuar con los ajustes fiscales que se están llevando a cabo, protegiendo a los más vulnerables.

Por su parte, Quirno también mantuvo un encuentro con Ceyla Pazarbasioglu, titular de Dirección de Política Estratégica y Revisión del FMI, en el que se dialogó sobre la evolución del programa de Argentina y el balance de la visita de Gita Gopinath al país.

La semana pasada visitó la Argentina la vicedirectora del FMI, Gita Gopinath, quien al terminar su visita aseguró que “será necesaria una política monetaria y cambiaria coherente y bien comunicada para seguir reduciendo la inflación de forma duradera, reconstituir las reservas y reforzar la credibilidad».

«Dados los costos de estabilización a corto plazo, es esencial realizar esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras”, dijo la funcionaria a través de un documento.

A comienzos de mes, el Gobierno recibió otro signo de apoyo cuando el Fondo aprobó el giro de US$ 4.700 millones y dio un respaldo al cambio de rumbo en la política económica implementada por la gestión del presidente Milei, aunque advirtió que habrá una «estanflación», recesión e inflación, a corto plazo.

Este año, «la inflación se acelerará a corto plazo a medida que se vayan deshaciendo los desajustes de los precios relativos y otros controles de precios, aunque se espera que la desinflación se inicie poco después, sobre la base de la aplicación de políticas restrictivas», destacó el Fondo, en el reporte del directorio sobre la última revisión efectuada al país.

En paralelo, el FMI estimó una inflación promedio del 230% y del 150% a fin de año, y una caída de la economía del 2,8%, en su última revisión de Perspectivas Económicas Mundiales, conocida previamente al desembolso.

Con respecto a los resultados, el gobierno destaca haber logrado durante enero, primer mes pleno de la gestión de Javier Miler “superávit gemélos”, con US$ 797 millones en el comercial y poco más de $ 518.000 millones en el fiscal, luego del pago de intereses.

Además, la inflación pasó de un 25,5% en diciembre, a un 20,6% en enero, y se proyecta un 15% para el mes que está por finalizar, al tiempo que las reservas del Banco Central aumentaron en casi US$ 9.000 millones.

Fuente: Télam

La medida de fuerza fue anunciada por el secretario general de la UDA, Sergio Romero, quien estuvo acompañado por epresentantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Los gremios docentes nucleados en la CGT convocaron a un paro nacional para el próximo lunes por mejores salarios y dijeron que la administración central los «obliga» a tomar la medida por «falta de aportes y falta de reflexión», luego de confirmar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), lo que reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza.

«Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación», señaló el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia en el salón Saúl Ubaldini de la CGT.

Acompañaron a Romero, los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña; las secretarias generales del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; y el titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman.

 

Romero anunció que la UDA junto a AMET, Sadop y CEA «vamos a hacer el próximo lunes 4 un paro total de actividades en todo el país y estaremos iniciando recién un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país».

«No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos», dijo Romero sobre la reunión que el martes mantuvieron gremios y ministros provinciales con el Gobierno nacional, donde se confirmó la eliminación del Fonid.

La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación en su sede, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650 de esta capital, y estuvo encabezada por el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrendell.

«No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos»Sergio Romero

Romero dijo que pese a que Torrendell «es buena persona» cuenta «con muy poca autonomía de gestión» y criticó que «nos entretuvo mucho tiempo sin poder hacer mucho aporte a la reunión paritaria».

«Digo reunión paritaria porque estamos convencidos que estamos negociando en un ámbito paritario», remarcó Romero, aunque la administración central la denominó «reunión por el piso salarial».

Al respecto, reprochó que hay «miles de docentes que perciben» el salario inicial y que «son jefes de familia» y recriminó que la remuneración se encuentra «por debajo de la línea de la pobreza».

 

Además, advirtió que también «está en duda» el cobro del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales que, explicó, reciben provincias «que no pueden pagar el salario mínimo» y alertó que tampoco «hay aportes para infraestructura nacional y para capacitación».

«El gobierno nacional se ha negado a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino», rechazó.

Sin propuesta superadora

La secretaria general de Sadop, Marina Jaureguiberry, afirmó a su turno que en el encuentro del martes, «lejos de haber una propuesta superadora, lo que ha quedado planteado es una reducción del salario docente», e insistió: «No partimos de un piso de rediscusión salarial, partimos de un piso de reducción directamente del salario».

La discusión salarial pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando volverán a encontrarse los representantes sindicales con las autoridades provinciales y nacionales.

 

Sobre la eliminación del Fonid, expuso que «hace más de 20 años el salario docente se compone de cifras nacionales y de cifras provinciales: el Fonid es una cifra nacional que va directamente al bolsillo de las compañeras. Significa hoy en la Argentina entre un 10 y un 20 por ciento del salario básico» de un docente.

El cosecretario general de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, le brindó su «apoyo» a los gremios docentes y recordó que «la CGT está en estado de alerta y movilización» por lo que, adelantó, «se van a ir acrecentando las medidas que vamos a tomar».

Y con un mensaje dirigido al presidente Javier Milei, afirmó: «Puede apretar a los gobernadores, puede apretar a los diputados pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo (el expresidente Mauricio) Macri y mucho menos va a poder este cachivache que es un empleado de las corporaciones nacionales y multinacionales».

 

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) -que pertenece a la CTA- realizó un plenario de secretarios generales de la organización para «evaluar la situación y darle continuidad al plan de lucha dispuesto» tras la reunión con las secretarías de Trabajo y de Educación.

En un comunicado, la entidad gremial informó que se resolvió «convocar a Jornada Nacional de Protesta» con réplicas en las provincias, aunque no se estableció una fecha.

 

Además, se decidió «concentrar frente al Congreso de la Nación, la semana próxima, para exigir una ley que garantice la continuidad del Fonid, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, infraestructura y programas educativos nacionales».

Llamaron a «construir una Marcha Federal Educativa en defensa de la educación pública» y ratificaron que asistirán a la nueva convocatoria de la Secretaría de Trabajo el próximo martes 5 para «continuar exigiendo la actualización de piso salarial, la recomposición del salarios de las y los docentes jubilados de las cajas transferidas» y el envío de todos los fondos educativos.

Los gremios docentes provinciales agrupados en Ctera vienen de realizar un paro el lunes, que coincidió con el inicio de clases en ocho distritos, en reclamo de la paritaria nacional y justamente en rechazo de la anunciada eliminación del Fonid.

Fuente: Télam

La entidad criticó que el Presidente le haya dado un ‘me gusta’ a una publicación en redes sociales que mostraba una imagen del Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con el rostro editado con características de una persona con Síndrome de Down. 

La Red Argentina Trisomía 21 (Red T21) que integran más de 20 organizaciones de todo el país expresó este martes su «rechazo al acto discriminatorio del presidente Javier Milei hacia las personas con síndrome de Down (SD) en redes sociales» cuando, para descalificar al gobernador chubutense Ignacio Torres, le dio ‘like’ a una publicación de X que lo comparaba con una persona con esta condición.

«La Red T21 rechaza la actitud del Presidente de la Nación, Javier Milei, quien dio ayer un ‘me gusta’ a una publicación en redes sociales a una imagen del Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el que se lo observa con el rostro editado con características de una persona con SD», dijeron a través de un comunicado.

«Se trató de un claro acto de discriminación en el contexto de la tensión política que atraviesa la Nación con la provincia», agregaron.

Las organizaciones informan, en este texto, que «desde la Red T21 hubo un contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, que consideró el episodio como ‘un error'», en tanto que «también se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, por ahora, no hubo respuestas».

«Durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico. Uno de los ‘me gusta’ que el Presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con SD, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo», dijeron.

«El exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera a la Presidencia utilizó el término ‘mogólico’ para insultar y descalificar a una persona», agregaron.

También explicaron que «a través de ASDRA -Asociación Síndrome de Down de la República Argentina- se envió una nota a la Andis el 11 de diciembre de 2023 y se realizaron distintos pedidos de reunión a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con SD, en particular, y con discapacidad, en general, pero aún no hubo novedades».

«Para la Red T21 es crucial entablar un diálogo con las autoridades, ya que la Argentina tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad», dijeron.

En ese sentido, recordaron que el 93% de las personas con SD que tuvieron alguna formación laboral no acceden a un trabajo, que el 17% de las personas con trisomía del par 21, de entre 3 y 17 años, no ingresó al sistema educativo, que sólo el 3% de las personas de esta condición alcanzaron un nivel terciario o universitario, y apenas el 0,14% viven solas; según los datos de la encuesta «Síndrome de Números», que se realizó a través de Asdra sobre una muestra de 5.000 personas en el año 2021.

«La Red T21 ofreció un espacio de diálogo esta mañana a voceros del Gobierno nacional para reflexionar sobre estos episodios. También intenta ponerse en contacto con la Gobernación de Chubut, con el objetivo de impulsar acciones de concientización en la provincia», dijeron.

 

«Desde las asociaciones hacemos un llamamiento al Presidente de la Nación y a la sociedad en general para que, en vísperas al 21 de marzo, los diferentes actores tomen contacto con las organizaciones de familias locales para profundizar en el ‘modelo social de la discapacidad’ (…) con el propósito de derribar mitos y tender puentes para una mayor inclusión, con igualdad de oportunidades para todas las personas», agregaron.

Los integrantes de la red

 Integran la Red Argentina T21: Asdra, Colibrí (Salta), Asociación Civil Todos Juntos (Jujuy), Asociación Civil Trisomía 21 Villa Ángela (Chaco), Down Catamarca, Down is Up Tucumán, Fundación Incluir (Gualeguaychú) y Asdcu (Concepción del Uruguay).

Forman parte de este conglomerado, también, Pequeño Mundo (Misiones), ARID (San Juan), ADOM (Mendoza), Tandil Inclusiva, Asociación Civil T21 El Trébol (Sata Fe), Aisdro (Rosario), Down is Up Córdoba), Avisdown (Villa María), Caleuche (La Pampa), Fundación Par 21 (San Luis), Apasido (Neuquén y Río Negro), Asociación Civil Ruca Nehuén (Río Negro) y Apasdech (Chubut).

Por su parte, el exministro de agroindustria Ricardo Buryaile pidió «más empatía y menos violencia» luego de que se viralizara un posteo del presidente Javier Milei con una imagen del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con rasgos faciales de una persona con síndrome de Down.

A través de una publicación en X Buryaile calificó como «poco humana esta publicación a la que @jmilei ha hecho propia».

«Tengo un hijo con discapacidad y siento impotencia cuando algunos aparentemente ‘normales’ intentan descalificar a otros por una algún tipo de condición física o intelectual», enfatizó el ex legislador de la UCR.

Así lo adelantó el jefe del bloque de diputados oficialistas, Oscar Zago. El encuentro será a las 10 de la mañana.

El jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, anticipó que este miércoles mantendrán un encuentro con el presidente Javier Milei para saber «qué quiere el Ejecutivo» y «como empezar a volver a tratar la ley de Bases», que fue devuelta a comisión durante las sesiones extraordinarias.

«Mañana tenemos reunión con el Presidente, el bloque entero. No lo vemos desde una semana antes de que cayera la ley», indicó Zago en una entrevista para el canal de YouTube Neura Media.

El diputado libertario adelantó que el encuentro se llevará a cabo a las 10 de mañana, donde «seguramente vamos a tener un avance de qué es lo que quiere el Ejecutivo, cómo quiere empezar a volver a tratar esa ley de Bases que quedó archivada con los 664 artículos».

«Mañana seguramente el Presidente nos dará un panorama», vaticinó Zago y agregó que «vamos a tener más avanzado todo lo que el Presidente quiere para el viernes a las 21».

Milei convocó la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional para este viernes, 1 de marzo, a las 21, según publicó el Boletín Oficial.

Respecto del horario, Zago señaló que «el Presidente quiere que todos los argentinos vean el discurso, que seguro tendrá alguna novedades».

Fuente: Télam