La Policía Federal llevó a cabo hoy un procedimiento de registro en la residencia de Héctor Martínez Sosa, un productor de seguros con estrechos vínculos con el expresidente Alberto Fernández, quien fue objeto de denuncias relacionadas con presuntos negocios ilícitos en el ámbito de los seguros en entidades gubernamentales. La instrucción para la realización de la diligencia de registro fue emitida por el magistrado Julián Ercolini, según confirmaron fuentes a distintos medios locales.
La semana pasada, Fernández fue formalmente imputado por su presunta implicación en la contratación irregular de seguros para el Banco Nación destinados a la esfera de la administración pública, procedimiento supuestamente llevado a cabo a través de un intermediario privado, quien se identifica como el esposo de una de las secretarias del exmandatario.
Un intermediario, presuntamente identificado como Pablo Torres García, habría recibido una remuneración significativamente superior a la que correspondería en el mercado estándar. Asimismo, la denuncia abarca a Héctor Martínez Sosa, quien está unido matrimonialmente con una exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
Este lunes, el Gobierno presentó una denuncia de naturaleza penal contra los individuos responsables de la gestión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante la gestión del gobierno de Fernández, acusándolos también por su presunta participación en estas irregularidades.
En esa última reunión, el Gobierno nacional había confirmado la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y, en consecuencia, los gremios de la CGT llamaron a la huelga, que coincidirá con el inicio de clases en las provincias de Chaco,Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero, según lo establece el calendario escolar.
«Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación», había señalado el miércoles pasado el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, durante una conferencia de prensa en la CGT, al reprochar que en la reunión salarial no hubo «ninguna oferta».
Romero anunció entonces que la UDA, junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), concretarán este lunes un «paro total de actividades en todo el país» y del inicio de «un plan de lucha» que «de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país».
«No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos», dijo Sergio Romero / Foto: Ma
«No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos«, había detallado el dirigente.
Al respecto, Romero reprochó que hay «miles de docentes que perciben» el salario inicial y que «son jefes de familia» y había recriminado que la remuneración se encuentra «por debajo de la línea de la pobreza».
«Queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación»Sergio Romero
En la convocatoria del martes pasado, que había sido realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, los representantes de gremios docentes se habían reunido con el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrende.
Según fuentes presentes en el encuentro, las autoridades del Gobierno confirmaron en esa oportunidad la continuidad del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, pero ratificaron el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), para reorientar esas partidas hacia «políticas vinculadas con aprendizajes efectivos, como el Plan Nacional de Alfabetización, y al sistema de información escolar».
Los sindicatos docentes de la CGT evaluaron que había sido «golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad» / Foto: Marcelo Ochoa.
«Para establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa. Se llamó a un cuarto intermedio hasta el martes por la mañana», indicaron fuentes de la Secretaría de Educación.
A la reunión salarial del martes próximo asistirá también la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que pertenece a la CTA y que ya realizó su propio paro nacional el pasado lunes 26 de febrero, en coincidencia en esa oportunidad con el inicio de clases en 8 jurisdicciones del país.
Los sindicatos docentes de la CGT evaluaron que había sido «golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad (Ley N.» 26075 y Ley N.º 26206) de garantizar el Financiamiento del Sistema Educativo Nacional».
Además, reclamaron que allí no recibieron «ninguna oferta nacional» y manifestaron que «el Gobierno nacional ha ocupado este tiempo para tomar actitudes absolutamente dilatorias y profundamente desatentas» con los docentes.
«Yo espero que se haga justicia y eso implica que él, Adolfo Donda Tigel, sea condenado por haber participado del delito de mi apropiación. Sigo apostando por nuestras instituciones y estoy convencida de que luego de las pruebas presentadas, de los testimonios otorgados por los testigos, el único camino posible es que se lo condene», expresó Victoria Donda en diálogo con Télam.
Historia del horror
Su padre, José María Laureano Donda Tigel, fue secuestrado a los 21 años, al igual que su madre, María Hilda «Cori» Pérez, quien por ese entonces estaba embarazada de cinco meses y daría a luz a Victoria en cautiverio en 1977 en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA.
Victoria fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic -represor ya condenado- y recién podría recuperar su identidad 27 años después, en octubre de 2004, gracias a la labor conjunta de Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Hermanos de la Regional Capital de H.I.J.O.S.
La exfuncionaria bonaerense y actual parlamentaria del Mercosur refirió que el juicio que se extendió por casi un año y medio «no fue una causa sencilla» de sobrellevar y que implicó «un alto costo en términos personales» pero que «lo vivió muy acompañada».
«Fue muy difícil también por lo que está viviendo el país, rodeado de discursos de odio, negacionistas, de discursos que reivindican la dictadura, el horror y el secuestro. Esos discursos son parte de la puesta en acción de este modelo económico que ya fue implementado por la dictadura», analizó Donda.
Actualmente el represor se encuentra cumpliendo condena en la unidad 31 de Ezeiza y aún no se sabe si concurrirá de manera presencial a los tribunales de Comodoro Py o si lo hará vía remota desde el penal donde está detenido / Foto: Archivo.
Asimismo, la nieta restituida resaltó el «rol fundamental» que cumplen en general, y en esta causa en particular, «fiscales y abogados querellantes así como los sobrevivientes que aportaron su testimonio a pesar de haber sido vapuleados por la defensa».
En todo el proceso, así como durante el alegato de la defensa que se extendió por cuatro audiencias, el abogado Guillermo Fanego calificó en reiteradas ocasiones de «mentirosos» -entre otros agravios- a los testigos, esgrimiendo que «toda referencia para corroborar algún testimonio está basado en el dicho de una persona que está fallecida, desaparecida o de algún oficial fallecido que integró los cuerpos de la ESMA».
Donda señaló que «los sobrevivientes fueron revictimizados y vapuleados por la defensa. Les pedí disculpas, no en nombre propio, sino en nombre de la historia, porque fue de un nivel de crueldad increíble», añadió.
El juicio
Durante sus alegatos, tanto la querella como la fiscalía pidieron que se condene a Donda Tigel a 15 años de prisión, máxima pena prevista para los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años -en este caso perpetrados contra su propia sobrina-, y que los mismos sean declarados crímenes de lesa humanidad; en tanto la defensa pidió su absolución.
La querella de Abuelas de Plaza de Mayo, representada por los abogados Emanuel Lovelli y Carolina Vilella, se refirió durante su alegato al hecho de que Donda Tigel haya tenido que comunicar a su superior que tenía un hermano militante de la organización Montoneros.
«Los sobrevivientes fueron revictimizados y vapuleados por la defensa. Les pedí disculpas, no en nombre propio, sino en nombre de la historia, porque fue de un nivel de crueldad increíble»VIctoria Donda
En la primera indagatoria, al exmarino se le preguntó por qué le trasmitió información a su superior respecto de su hermano José María.
Al momento de nacer Victoria, su tío no era parte del plantel estable de represores de la ESMA, pero era «visto con frecuencia», según dieron cuenta varios testigos / Foto: Archivo.
La respuesta del imputado fue que «debía denunciarlo para que lo investigaran» y que «no tenía intención» de encontrarse con él, porque de encontrarlo en actividad «seguramente iba a tener que actuar en consecuencia».
En las palabras del propio Donda Tigel «no había excepciones, ni siquiera de sangre».
En el caso de la defensa, uno de los argumentos centrales para sostener la inocencia del acusado es que «no estuvo imputado en la causa 1.270 ni en ‘ESMA Unificada’ por los hechos ocurridos durante el período que va de 1977 a marzo de 1978», y que ello sería «pauta suficiente» para probar la «ajenidad total» de Donda Tigel respecto a lo que sucedía en esas instalaciones en ese período.
Al momento de nacer Victoria, su tío no era parte del plantel estable de represores de la ESMA, pero era «visto con frecuencia», según dieron cuenta varios testigos.
Es el tercer juicio que enfrenta Donda Tigel, ya condenado a prisión perpetua en las causas «ESMA II» y «ESMA Unificada» por ser coautor de los secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores en perjuicio de alrededor de 400 víctimas en la ESMA
A partir de 1978 ese fue su destino, donde llegó a estar a cargo de la jefatura de Operaciones y de Inteligencia Táctica.
La fiscalía resaltó durante su alegato que el crimen cometido por el acusado es «un caso especialmente atroz» en tanto «muestra la atrocidad propia de toda apropiación de niños nacidos en cautiverio con sus madres durante el terrorismo de Estado», pero destacó que en, en esta oportunidad, además, «se suma que el acusado, como parte del sistema represivo, cometió estos delitos contra su propia familia, lo que lo convierte en un caso único en la historia de estos juicios».
«La verdad es que estoy muy agradecida tanto a los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo que me representaron así como a los auxiliares de Justicia, tanto de la Fiscalía, en este caso encabezada por (Pablo) Parenti. El único interés que yo tengo es que se logre alcanzar la justicia», concluyó Victoria.
Victoria fue apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic -represor ya condenado- y recién podría recuperar su identidad 27 años después, en octubre de 2004 / Foto: Cris Sille.
Se trata del tercer juicio que enfrenta Donda Tigel, quien ya fue condenado a prisión perpetua en las causas «ESMA II» y «ESMA Unificada» por ser coautor de los secuestros, torturas, homicidios y sustracción de menores en perjuicio de alrededor de 400 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, en su carácter de jefe de Operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2.
Actualmente el represor se encuentra cumpliendo condena en la unidad 31 de Ezeiza y aún no se sabe si concurrirá de manera presencial a los tribunales de Comodoro Py o si lo hará vía remota desde el penal donde está detenido.
La audiencia es pública y será transmitida vía YouTube por la página del Poder Judicial y por el portal La Retaguardia.
Tras entonar el Himno Nacional Argentino, el viernes se leyó el decreto de convocatoria de la Asamblea Legislativa y posteriormente la nota enviada por el gobernador.
En el texto, Kicillof solicitó reprogramar para este lunes la pronunciación de su discurso ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa local se superpusiera con la nacional, imposibilitando su participación en la ceremonia en el Congreso de la Nación, donde el presidente Javier Milei habló el viernes a las 21.
Foto: Eva Cabrera.
La propuesta obtuvo el asentimiento de los presentes por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes 4 de marzo, a las 15.30.
Como cada año, está previsto que asistan intendentes, los jueces de la Suprema Corte provincial y todos los miembros del gabinete, además de la familia del gobernador.
No se dieron a conocer los lineamientos que tendrá el discurso de Kicillof, pero se aguarda que haya una respuesta a la convocatoria que realizó el presidente Milei para acordar lo que el primer mandatario denominó el «Pacto de Mayo».
Kicillof, quien asistió a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, no realizó declaraciones ni se expresó a través de sus redes sociales después del discurso del Presidente.
