«Quiero destacar la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente. Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan», indicó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su cuenta de la red social X
Por su parte, el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, remarcó que los representantes de esa provincia, «la tierra donde se declaró la independencia», acompañarán «la convocatoria del Presidente para reunirnos en Córdoba».
«Es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos», señaló Jaldo en X.
En ese sentido, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó estar «de acuerdo con todos y cada uno de los 10 puntos que planteó» en el anuncio del «Pacto de Mayo».
«Presidente Javier Milei, cuente conmigo para impulsar el Acuerdo de Mayo que propuso esta noche», señaló Frigerio en esa misma red social.
Además, ponderó la «invitación para que inmediatamente nos pongamos a trabajar juntos para impulsar las herramientas que usted necesita para dejar definitivamente atrás las políticas populistas», en alusión a la convocatoria que hizo Milei a un «preacuerdo» en Casa Rosada para «sancionar la ley Bases y un paquete fiscal de alivio para las provincias».
«No hay crecimiento ni desarrollo económico posible con una economía desordenada y con alta inflación que no genera empleo privado ni atrae inversiones», añadió Frigerio.
También su par de San Juan, Marcelo Orrego, resaltó la convocatoria al afirmar: «Cuenta conmigo en todos los acuerdos que nos ayuden a crecer como país, siempre que beneficien a los sanjuaninos».
«Coincidimos en que hay que trabajar en equipo y dialogando. Vamos a estar siempre trabajando para que Argentina vuelva a ser un país normal, apoyándonos más en las similitudes que en las diferencias», apuntó Orrego en su cuenta de X.
Por su lado, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, -con quien los últimos días mantuvo un fuerte cruce por recortes a fondos coparticipables- expresó que «acompaña» y «celebra» el anuncio al nuevo acuerdo.
«Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo», sostuvo Torres en sus redes.
El gobernador también reiteró la invitación a que Milei participe de la reunión de los mandatarios patagónicos el próximo 7 de marzo para «diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo».
En tanto, su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, valoró la convocatoria al acuerdo, al calificarlo como «un pacto político por la economía y la sociedad».
«Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza durante los últimos 8 años», escribió en sus redes sociales.
En esa misma sintonía se expresó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al afirmar que comparte «la necesidad de austeridad y de recuperar el valor de la política la servicio de la gente».
«Siempre que me convoque a trabajar por la Argentina, a motorizar el cambio para que los argentinos de bien puedan trabajar y progresar libremente, ahí estaré presente. Cuente con eso», publicó en su cuenta de X.
Detalles de la convocatoria del Presidente
El presidente Milei convocó durante la Asamblea Legislativa a los mandatarios de las 24 jurisdicciones del país, expresidentes y líderes de partidos políticos a firmar el 25 de mayo en Córdoba un «pacto fundacional» que consistirá en diez lineamientos para «sentar las condiciones del progreso argentino», el cual se denominará «Pacto de Mayo» y estará sujeto a la aprobación previa de la llamada «Ley de Bases» -cuyo debate se frustró en febrero pasado al no lograr reunir los apoyos necesarios- y de un nuevo pacto fiscal.
Con los atributos de mando -la banda y el bastón presidencial-, el jefe de Estado llegó cerca de las 20.45 al Congreso Nacional, junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, donde fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y dos comisiones, una de exterior y otra de interior en el Salón Azul del Parlamento.
Foto: Victoria Gesualdi
En uno de los tramos principales de su mensaje, Milei convocó «tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado pacto de mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino».
«Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad», agregó.
Entre esas 10 políticas, enumeró «la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; rediscutir la coparticipación Federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual».
También, contempla «un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; ocho, reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación; una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados; diez, y por último, la apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global».
«Estas 10 ideas, que son las bases del progreso de cualquier nación, podrán sentar las condiciones del crecimiento argentino por los próximos 100 años, para que una vez más Argentina sea un faro de luz para occidente. Toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quienes sean, de donde vengan, ni qué de ideas hayan defendido», aseveró.
Foto: Victoria Gesualdi
En un mensaje a los sectores opositores, el Presidente dijo que en la política «si bien no elegimos el camino de la confrontación tampoco lo escapamos» y aseguró que, «si eligen el camino de la confrontación, se encontrarán» con algo «diferente a lo que conocen».
«La política no es un fin en si mismo, no vivimos de la política, lo único que tenemos es sed de cambio. Si bien no elegimos la confrontación, tampoco le escapamos. Si buscan conflicto, conflicto tendrán», advirtió el mandatario.
Y agregó: «No debemos engañarnos hay un sector importante en la vigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen. Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso, en las declaraciones de los sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó, en el accionar de diputados que pidieron el voto apoyando el cambio, pero que pretendieron traicionar su mandato mientras nadie veía».
Foto: Victoria Gesualdi
Con nombres propios, mencionó la «reaparición de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner» y dijo que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner «ha sido responsable de uno de los peores gobiernos de la historia».
En el inicio de su discurso, Milei cuestionó en duros términos el funcionamiento del Estado, al que calificó como una «asociación criminal» diseñada «para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno», algo que «afecta a todos los poderes del Estado».
En ese marco, afirmó que la Argentina se encuentra en «el momento más crítico su historia» y afirmó que, «luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, con una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido».
En inicio de discurso en el Congreso, Milei habló de «orgía de gasto público» y «la peor herencia»
A continuación, dio detalles de la auditoría realizada por la Sigen y la Secretaría de Transformación, que arrojó «información alarmante», entre las que mencionó «una deuda consolidada de cerca de 3.000 millones de dólares en bienes y servicios impagos».
«Un Estado que no solo no controla sino que lo que controla, lo controla mal. Diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno», abundó.
«A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´», publicada por el diario Clarín, reseñó.
En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
En la denuncia «también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario», según el fiscal.
«Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado«, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.
Los pedidos del juez
Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los «antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021».
También señaló que «puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios».
La Superintendencia de Seguros de la Nación puede «aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones», se indicó en el dictamen.
El fiscal también requirió que «se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante».
FERNÁNDEZ DIJO QUE ES «FALSA» LA DENUNCIA EN SU CONTRA POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS
El expresidente aseguró que es «falsa» la denuncia en su contra por supuestas irregularidades en la contratación de un «broker y empresas privadas» para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, dijo que se trata de «una operación» y afirmó que durante su mandato no realizó «negocios con nadie».
«Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto», indicó Fernández en diálogo con radio La Red.
El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo «negocios con nadie», que «lo único» que se llevó del Estado fue «el enorme honor de ser presidente de los argentinos» y que eso es algo que «ningún operador de prensa» se lo va a «salpicar».
«Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado», agregó.
Fernández pidió que «se investigue» porque «si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín», en alusión al artículo periodístico de ese medio que derivó en la demanda judicial en su contra.
En el artículo periodístico se afirmó que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de Anses que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las «presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021», detalló el fiscal Ramiro González.
«El fiscal, como usted, solo ha leído una nota en Clarín que tuvo mucha repercusión y está mal esa nota, no cuenta toda la verdad», apuntó el expresidente en otro tramo de la entrevista.
De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (Anses) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.
Al explicar los motivos por lo que es «falsa» la denuncia en su contra y que «no es un acto de corrupción», Fernández planteó que se trata de una «operación» y que se da cuenta «de dónde viene».
«Me di cuenta que era una operación. Me doy cuenta de dónde viene», destacó, aunque agregó que «no tiene ganas» de «profundizar» en quién estaría detrás de impulsar la denuncia y que «cada uno se haga cargo de lo que ha hecho«.
Sobre el decreto 823/2021, el exmandatario afirmó haberlo impulsado para «terminar con la corruptela del seguro en el Estado».
«En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno», sostuvo.
Por otro lado, Fernández comentó que conversó recientemente con el presidente Javier Milei, a quien le pidió «parar con la agresividad».
«Le dije a Milei que hay que parar con la agresividad y este tipo de cosas porque meten en la cabeza de la gente que en la política somos todos corruptos y yo no soy un corrupto, nunca lo fui», añadió.
Además, planteó estar «muy preocupado» por «lo que está pasando» en el país y que «desbaratar el Estado» no es «la salida que la Argentina necesita».
«Necesitamos ayudar mucho a nuestros legisladores y gobernadores, que la están pasando mal y están haciendo frente bien a todo este momento y espero que el presidente Milei en algún momento advierta las cosas que ocurren y corrija algunas de las decisiones que ha tomado», subrayó.
Consultado sobre si seguirá siendo el titular del Partido Justicialista (PJ), el exmandatario afirmó: «Voy a ver, yo lo que quiero es que el PJ se reorganice, lo que no quiero es ser un obstáculo».
«Estoy buscando el modo de ayudar. Lo que voy a hacer es seguir militando», agregó.
Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de su cuenta de la red social X: «Se le pidió a la CSJN que inhiba al Juez de Rawson y que intervenga por ser el Tribunal competente para ello, por corresponder la competencia originaria y por la trascendencia institucional de la cuestión».
La solicitud fue presentada por la Procuración del Tesoro de la Nación y fue calificada por Adorni como «la primera de una batería de medidas para frenar la gravedad institucional sin precedentes de los fallos vistos hasta ahora que atentan no solo contra el mismo sistema de financiamiento a las provincias sino contra la libertad de poderes en sí misma».
El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, junto con abogados apoderados de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, plantearon la incompetencia del Juzgado Federal de Rawson N°1, Secretaría Civil y Comercial N°1, y requirieron la intervención de la Corte Suprema.
El juez Sastre ordenó este martes al Gobierno nacional que suspenda la retención de fondos coparticipables a Chubut para el cobro de una deuda, a la vez que exhortó a las partes a arbitrar los medios necesarios para avanzar hasta lograr la cancelación o la refinanciación del préstamo.
El Gobierno nacional argumentó este jueves, en un documento al cual tuvo acceso Télam, que de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Nacional y «en virtud del convenio suscripto» entre Chubut y Nación, «en caso de conflicto o incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo en cuestión, el fuero judicial competente para dirimir tales conflictos es la CSJN en instancia originaria».
Asimismo, señalaron que «la cuestión debatida versa sobre cuestiones vinculadas a la política económica fijada por el Gobierno Nacional» y «la consecuente distribución de subsidio», por lo que aseveraron que «la Justicia Federal de Rawson es incompetente para entender este supuesto».
Es por eso que solicitaron que la Corte Suprema se declare competente en la causa y ordene al juez federal de Rawson que se inhiba de seguir entendiendo en el expediente.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había reclamado a la Justicia el dictado de una medida «autosatisfactiva» contra el Estado Nacional para que «cese» la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.
En la demanda presentada por el mandatario chubutense se reclamó hacer cesar «la retención automática de fondos coparticipables» que «son utilizados como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables».
