La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió un polémico posteo en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el que aseguró que “no fueron 30.000” los desaparecidos en la dictadura.

El peronismo tuvo su primer congreso partidario tras la derrota electoral. Cerca de 500 congresales e invitados se reunieron en el microestadio de Ferro, aceptaron la licencia a la presidencia del PJ de Alberto Fernández y crearon un órgano de acción política denominado «Comisión para el modelo argentino». Su conformación quedará en manos del Consejo partidario y tendrá el objetivo de salir a buscar a los peronistas que no forman parte del espacio. Si bien no se habló de la convocatoria a elecciones, la idea es que se realicen antes de fin de año. El silencio sobre ese tema generó rispideces y discursos encendidos de sectores que insisten en que «no hay forma de salir de la situación actual del peronismo si no hay una elección interna». En el comunicado final se consignó: «El peronismo no nació para ser testigo o comentarista de la decadencia del país, sino para superarla y volver a encarrilarlo en un destino de grandeza».

La jornada no fue tranquila y hubo intervenciones encendidas. El primero en tomar la palabra fue el presidente del Congreso, Gildo Insfrán, después lo siguieron José Luis Gioja, Lucía Corpacci, Cristina Álvarez Rodríguez y Axel Kicillof, que fue el encargado de anunciar la creación de la comisión. Tras ellos, el clima comenzó a ponerse tenso con las intervenciones del exgobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, el exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. 

«¿Hace cuánto que no hacemos una interna? Así no es la democracia. Tiene que haber internas y que las minorías participen», dijo Rodríguez Saá. Luego se quejó por el no llamado a elecciones y porque su espacio no tiene representantes en el consejo, que conformará la comisión de acción política. Además, disparó contra los que se fueron del PJ: «El que se va del partido al lado contrario se llama tránsfuga o traidor. Nadie los echó, se fueron solos».

Después siguió Berni: «No podemos acostumbrarnos a las derrotas», comenzó y lanzó un dardo envenenado contra Massa -que mientras eso ocurría encabezaba un congreso del FR- «el PJ ni siquiera llevó candidato a presidente en las elecciones anteriores». «¿Desde cuándo el peronismo le tiene miedo a una elección interna? ¿O será que es negocio de tres o cuatro repartir el poder?», se preguntó. Al salir fue más rotundo: «Que llamen a elecciones y abran la mesa porque, si no, la abrimos a las patadas. El peronismo no pide permiso».

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La caída interanual del gasto en seguridad social en el primer bimestre del año equivalió a dejar de pagar 8,9 millones de jubilaciones mínimas, confirmó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). En términos de salud equivalió a no comprar 2000 tomógrafos y en educación a suspender el pago de 600.000 salarios docentes. “La única finalidad del gasto con variación real positiva fue la de los servicios de deuda”, afirmaron. Además, según sus cálculos, el valor real de la recaudación tributaria alcanzó su menor valor en los últimos 17 años en el primer bimestre del año. Para la Undav el ajuste no perdurará en el tiempo porque está principalmente sustentado en la licuación generada por la inflación.

En el primer bimestre del año se observaron fortísimas caídas reales en prácticamente todas las partidas presupuestarias, “especialmente a causa del fuerte salto inflacionario luego de la devaluación de diciembre”, desglosa la Undav. Si el ajuste se basa en una inflación creciente y suba del tipo de cambio, entonces no es sostenible en el tiempo e “implica mayores niveles de pobreza y desigualdad”, concluye.

El ajuste demandó pocos esfuerzos de implementación, “con dejar el gasto en piloto automático”, ya estaba en marcha pues “la licuación sería inminente”, sostiene Santiago Fraschina, coordinador del Observatorio. Para dimensionar, el ajuste real en el primer bimestre del año en relación a igual período del año anterior equivalió en términos de Seguridad Social a 8,9 millones de jubilaciones mínimas, y debe tenerse en cuenta que el total de beneficiarios del sistema previsional en Argentina ronda las 6,3 millones de personas. La magnitud fue enorme, pero no es sostenible en el tiempo, evalúan.

En términos de Salud, el ajuste equivalió a no poder comprar 2000 tomógrafos y en Educación a dejar de abonar el sueldo a 600.000 salarios docentes en el bimestre. La Undav es conocida por realizar este tipo de comparaciones que permiten ponderar el ajuste con ejemplos más tangibles que sumas de dinero en abstracto.

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La iniciativa impulsada por los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri genera divisiones al interior de los bloques. Para muchos legisladores radicales, socialistas y peronistas, el rechazo de la vicepresidenta Villarruel ratificó la sospecha de que las propias Fuerzas Armadas no quieren involucrarse en el combate al narcotráfico. La falta de capacitación de los militares para enfrentar al delito. El temor a los escraches del oficialismo.

Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron que irán por una reforma de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan volver a patrullar las calles y la primera reacción política no fue muy entusiasta. Y no solo porque la misma vicepresidenta, Victoria Villarruel, salió a manifestarse en contra. Sino también porque la iniciativa generó desconfianza y ruido interno en el Congreso, que es donde deberá darse el debate y aprobar (o rechazar) la reforma. Las posturas están divididas al interior de todos los bloques de la oposición, especialmente en el radicalismo, en donde la mirada crítica sobre el rol de los militares en materia de «terrorismo» se cruza con el temor a la metralleta oficialista y al «quedar pegado al narco». Predomina, de momento, la incertidumbre. Los principales bloques opositores aliados se reunirán con la ministra de Seguridad la semana que viene para que les explique la letra chica y piden, hasta entonces, cautela. 

«La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70′. El narco, para el derecho, es un civil». Las palabras son de Villarruel, reconocida negacionista del terrorismo de Estado, y sin embargo fueron tomadas por muchos sectores de la oposición que vieron, en el anuncio de Bullrich y Petri, un intento de romper el pacto democrático de los últimos 40 años. A su vez, las palabras de la vicepresidenta representaron, para varios dirigentes radicales, socialistas y peronistas, la confirmación de una sospecha: las propias Fuerzas Armadas no quieren saber nada con combatir el narcotráfico. Este dato no pasó inadvertido por legisladores que dudan sobre qué postura adoptar cuando llegue el proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior (puntualmente el artículo que limita el accionar de las FF.AA. a tareas de logística).

El radicalismo es, una vez más, el que se encuentra más dividido internamente respecto al tema. La línea más mileísta que responde a Rodrigo de Loredo se encuentra más cómoda con la idea, identifica que no hay que tener «pruritos ideológicos» a la hora de resolver la ola delictiva que domina Rosario y espera a reunirse la semana que viene con emisarios de Bullrich para conocer el proyecto. Otros, más críticos al Gobierno, advierten que la iniciativa no es si no una maniobra para cambiar el eje de la solución que tendría que aportar el mismo Ejecutivo.

«No es solo una cuestión ideológica, que es discutible, sino que las FF.AA. están absolutamente desmanteladas y en crisis. Y además no tienen capacitación, es absurdo desde un punto de vista práctico. Lo que quieren hacer es, ante la ausencia de políticas públicas, mostrar una foto donde parece que hay presencia militar», cuestionó Fernando Carbajal, diputado de la UCR. En diálogo con Página/12, denunció: «Bullrich pretende trasladar la discusión al Congreso cuando esta es una decisión de política pública. Quieren tenernos tres meses discutiendo una ley que no va a impactar en Rosario ni ningún lugar».

La mayoría, sin embargo, aguarda un mensaje del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que es quien está lidiando con las bandas narco. Hace una semana, Pullaro había adelantado que estaría de acuerdo con la intervención del Ejército: «Estoy a favor porque son ataques terroristas. Necesitamos una presencia policial muy fuerte, y si es militar acompañando las tareas de prevención urbana también. Porque estamos viendo hechos de terrorismo. El objetivo es quebrar decisiones de los gobiernos constitucionales a través de sembrar el terror».  

En Santa Fe, las opiniones varían. En muchos dirigentes predomina el temor a quedar como «defensores» de los narco si no acompañan. El socialismo santafesino, por ejemplo, integra Hacemos Coalición Federal y sostiene una postura crítica al respecto: «Las FF.AA. no se han capacitado para este tipo de operaciones y, además, las propias FF.AA. no quieren. Creo que Victoria Villarruel expresa el sentimiento mayoritario de los militares que hacen carrera para una función determinada y no para intervenir en cuestiones internas. Hay un aprendizaje social después de los 70 y los horrores de la intervención militar sobre civiles. Y, por otra parte, la militarización de la respuesta al narco no terminó bien en ningún lado», precisó el diputado Esteban Paulón, que advirtió, sin embargo, cómo jugaba el miedo al escrache en estos temas y recordó las críticas oficialistas a quienes votaron contra de la delegación de facultades en materia de seguridad en la Ley Ómnibus.

En HCF no hay tampoco una postura unificada. El gobernador cordobés, Martín Llaryora, por ejemplo, se ha manifestado en varias ocasiones a favor de la intervención del Ejército en materia de seguridad interior para combatir al narcotráfico e, incluso, comprometió el apoyo legislativo de sus cuatro diputados. «No lo discutimos aún con el bloque, queremos esperar a ver qué nos dice Bullrich la semana que viene», adelantaron autoridades de HCF, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto.

Más alineados, mientras tanto, están el PRO y La Libertad Avanza que, entre los dos, suman unos 80 diputados por el sí. 

Unión por la Patria, en cambio, tiene una postura muy crítica a la iniciativa y se vuelca por el rechazo, aunque hay algunas voces discrepantes sueltas.

«No existen en Rosario estructuras delictivas que hayan sobrepasado militarmente a las fuerzas de seguridad. Lo que hay es una imbricación entre el delito y sectores de la policía provincial. Y, además, la Argentina cuenta con fuerzas intermedias, como Gendarmería o Prefectura, que bien pueden cumplir las funciones que hoy la policía de Santa Fe no cumple», advirtió el diputado de UxP (y rosarino), Eduardo Toniolli, quien insistió en que no hay ejemplos de «aplicación exitosa» de las FF.AA. en temas vinculados al narco en la región. «Las FF.AA. no han sido adiestradas para actuar dentro del Estado de derecho, sino en Estado de guerra», finalizó.

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Desde abril los jubilados cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes. De esta forma, más de 30 puntos de inflación pasada quedan fuera.

El gobierno de Javier Milei concretó el asalto a los ingresos de los jubilados vía un decreto de necesidad y urgencia difundido anoche. Para eludir el aumento correspondiente con la fórmula jubilatoria consagrada por ley, que implicaría un alza superior a la prevista en la lógica de ajuste fiscal del ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso que los haberes a cobrar en abril suban según la evolución del índice de precios al consumidor correspondiente a marzo más el 12,5 por ciento de compensación. De esta forma, los jubilados perderán casi 33 puntos de la inflación del bimestre enero-febrero.

Así avanzó en una reforma de jubilaciones por DNU, que implica aumentos mensuales atados al índice de Precios al Consumidor (IPC). El anuncio, que fue realizado por la cuenta de la Oficina del Presidente de la República Argentina en la red social X, se da en medio del debate de 16 proyectos de sistema previsional en la Cámara de Diputados.

En su comunicado, el Gobiernol justifica que «debido a la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el Presidente de la Nación ha decidido firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva».

Especialistas previsionales ya habían adelantado que esta manera de resolver la cuestión jubilatoria derivará en una catarata de litigios en el ámbito judicial por el evidente perjuicio a un sector social vulnerable, además de modificar con un DNU lo dispuesto por una ley.

El comunicado de la Presidencia indica que «desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes, en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del gobierno anterior».

Para agregar: «El compromiso del Gobierno Nacional es ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado. La misma deberá ser trabajada en conjunto con una reforma laboral dado que ambas cuestiones se encuentran interrelacionadas». Finalmente, el comunicado sostiene que «el Presidente espera que estos temas puedan ser abordados de cara al Pacto de Mayo, tal cual anunció en su discurso del 1° de marzo durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación».

Lo cierto es que Milei y Caputo arremeten contra los ingresos de los jubilados por dos motivos centrales:

1. La oposición firme y la amigable no estaban dispuestos a avalar la impresionante poda a las jubilaciones y, por lo tanto, estaban diseñando diferentes fórmulas de actualizaciones para preservar el ingreso de los haberes.

2. El asalto a las jubilaciones tiene el objetivo de conseguir de este modo el torniquete fiscal necesario para el equilibrio de las cuentas públicas. O sea, como diría el Presidente Milei, los jubilados son la más importante variable de ajuste de reducción del gasto público.

Las jubilaciones era uno de los temas más discutidos de la agenda parlamentaria. La existencia de proyectos de reforma previsional que se acumularon en el último mes explicitan el consenso que existía en el Parlamento de avanzar con una propuesta que permita recomponer el ingreso de los jubilados. El Gobierno elude el debate democrático en el Congreso y avanzó con un DNU de controvertida constitucionalidad.

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La ministra le respondió a la vicepresidenta por rechazar que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. «Hay que superar los miedos», le dijo. En el bullrichismo sospechan que Mauricio Macri está detrás de las críticas.

La forzada foto de Javier Milei y Victoria Villarruel a los abrazos en la Casa Rosada, el supuesto desayuno con charlas amistosas y galletitas de agua en el despacho presidencial, y las tibias desmentidas respecto a sus peleas cotidianas, no fueron suficientes para disimular las disputas de poder que percuten al Gobierno y que superan la línea de flotación del Presidente y la vice. Las explosivas declaraciones televisivas de Villarruel, en las que marcó y remarcó sus diferencias con el mandatario, expusieron también el frente abierto que tiene con Patricia Bullrich. Enfrentadas desde el comienzo de la gestión, la vicepresidenta lanzó el jueves su primera granada pública contra la ministra, al rechazar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Recibido el impacto, Bullrich redobló la apuesta: pidió «superar los miedos» respecto a los militares y advirtió que está preparada para dar el «debate». Como telón de fondo, el entorno de la extitular del PRO sospecha que Mauricio Macri está detrás de las maniobras de la vicepresidenta. Enfocado en el programa económico, Milei –por el momento– prefiere no responder ni ser el «jamoncito» del medio de ninguna interna.

«No somos una manada que vamos todos juntos siempre opinando igual», lanzó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. Fue la vuelta semántica que encontró para hacer equilibrio entre los cuestionamientos que Villarruel lanzó sobre aspectos clave de la gestión libertaria –el rol de las Fuerzas Armadas, los postulantes para la Corte Suprema o los sueldos de los funcionarios públicos, por ejemplo–; y la bajada de línea oficial que indica que «no hay peleas ni internas» en el Gobierno. «Tiene opiniones que muchas veces pueden no coincidir», agregó para bajarle el tono a las críticas. Incluso valoró como positivo el nuevo apodo que la vice le puso al Presidente: «¿No es cariñoso que te digan ‘jamoncito’?», preguntó con sorna. Como se sabe, la vocería no es una tarea sencilla y menos cuando se intenta tapar con dos manos los múltiples conflictos que están a la vista de todos.

En el capítulo internas, esta semana tomó impulso una pelea que viene escalando desde noviembre del año pasado: la silenciosa disputa entre Villarruel y Bullrich. La ministra de Seguridad expuso ayer su enojo, luego que la vicepresidenta se haya manifestado “en contra” de la intervención de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el narcotráfico; una medida que anunció con bombos y platillos junto al ministro de Defensa, Luis Petri. “Está claro que es un momento de la historia que todos conocemos y que los militares le tienen miedo, pero hay que superar los miedos que hemos tenido en la Argentina como estamos superando los miedos en todos los campos”, sentenció en clara alusión a la titular del Senado.

La postura de Villarruel –y de gran parte de la familia militar- había sido clara desde la campaña electoral. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles” y “el narco es un civil”, argumentó. “Creo que había quedado claro con el tema de los 70′, cuando se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, concluyó, sin más explicaciones.

En el entorno de Bullrich son lapidarios con Villarruel. Consideran que aún «no superó la dictadura» y que su mirada esconde «un dejo de venganza». En palabras de la ministra, la vicepresidenta quedó «paralizada» en la década del 70′. Además, le respondió directamente, al resaltar que los genocidas están presos por los «métodos» que utilizaron durante la represión y no por «combatir a terrorismo». Esa afirmación, en particular, generó la furia de las organizaciones pro-represores.

Las diferencias entre una y otra, no obstante, no se ciñen solo a la última dictadura, sino también a la gestión. Los laderos de Bullrich ponen en duda que Villarruel esté capacitada en Defensa y Seguridad. «Está rodeada de generales viejos y tiene una visión muy antigua sobre cómo se resuelven los problemas de seguridad», le endilgan. No es una crítica inocente ni constructiva. Milei, antes de ganar las elecciones, le había prometido a la vicepresidenta hacerse cargo de esos ministerios. No haberlo cumplido fue el primer gran encontronazo que tuvieron. «Obviamente, no me agradó», admitió Villarruel. «Me hubiera gustado porque había trabajado varios meses. Poder darle mi impronta, son temas que manejo, estudié, me preparé», dijo decepcionada luego de cuestionar la propuesta de modificar la Ley de Seguridad interior para poner a los militares a combatir el narcotráfico en Rosario.

Una brujería de Mauricio

«Yo no creo en los brujos, pero que los hay, los hay», murmuran dirigentes que responden a Bullrich. Entienden que el momento que Villarruel eligió para dar su primera entrevista como vice no es una casualidad y apuntan contra Macri. «Es cierto que ella es independiente a todos, pero esto parece una jugada de Mauricio», sospechan. A la vicepresidenta y al exfundador de Cambiemos los unen varios puntos de divergencia con Milei: el armado del Gabinete, el ascenso de Bullrich, la postura intransigente con la oposición –insultos de por medio– y la reciente postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema.

Los «ninguneos» también los acerca y enfurece. Ninguno de los dos fue consultado sobre las propuestas del Ejecutivo para cubrir las vacantes en el máximo tribunal. «Me enteré por los medios», se quejó Villarruel y cuestionó el accionar de Lijo en la causa por el asesinato al exsecretario general de la CGT José Ignacio Rucci. La iniciativa tampoco cayó bien en el líder del PRO. Incluso la entendió como una provocación, porque el magistrado nunca cerró la causa que lo involucra a él y su familia por la deuda del Correo Argentino.

Entre las suspicacias por el timming de Villarruel y el empuje de Macri figuran, además, las elecciones en el PRO. Allegados a Bullrich, aseguran que el rencor del expresidente por haber tenido que ceder en el cierre de listas aún continúa. El bullrichismo jugó fuerte: para negociar, amenazó con presentar una lista propia. La jugada le salió porque se terminó quedando con la presidencia de la Asamblea partidaria y porque ganó lugares para su tropa. «Todo eso no fue gratis», especulan.

No quiere ser sandwich

Aunque Milei lo niegue, las internas en la alianza de Gobierno florecen. Lo que atina a decir el Presidente es que no le preocupan esas «diferencias». Su verdadera preocupación es que el programa económico no quede embarrado en problemas de «la política». Por eso, prefiere no meterse. Su decisión es bajarle el tono a las críticas de Villarruel, no responderle, y muchos menos enlodarse en las pulseadas del PRO. El libertario no quiere ser, de ninguna manera, –como lo dice Villarruel– un «pobre jamoncito» del medio.

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Con la actividad desplomada, banqueros, industriales, operadores de Bolsa, constructores y dirigentes del agro avalaron la idea de que «la recesión es el camino». 

El Presidente Javier Milei recibió a un grupo de poderosos empresarios que, en pleno derrumbe de la actividad y en medio de un proceso inflacionario que no afloja, avalaron su programa de ajuste y aplaudieron las medidas que el Gobierno viene dando y que han desplomado, inclusive, las actividades que esos mismos empresarios representan. 

Por pedido del Grupo de los Seis (G-6), el mandatario recibió a los popes de ese polo empresario en un encuentro en su despacho de la Casa Rosada. Según supo Página I12, la charla se prolongó por casi dos horas y media, en las cuales el presidente repasó su batería de slóganes y dejó povcas definiciones. Lo escucharon Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción), Natalio Mario Grinman (Cámara de Comercio), Javier Bolzico (ADEBA, Bancos privados nacionales) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina). 

En primer término, el Presidente les planteó que no hay ninguna idea de un viraje sobre el ajuste, y que la contracción de la actividad es clave para su modelo. «Gran parte de esas reformas son necesarias, Presidente», le devolvió uno de los presentes, en un primer guiño que llamó la atención de sus colegas por la velocidad de aparición en una charla que recién iniciaba. Otros se diferenciaron y quisieron saber qué planes tenía para contener socialmente el ajuste, algo que el propio Fondo Monetario (FMI) le exigió a Milei. 

El Presidente sabe quién paga el ajuste

Allí, el mandatario, que como pocas veces estuvo solo en ese encuentro, les agradeció el respaldo y fue aún más a fondo para responder sobre los efectos de su política en la población: «yo sé muy bien que la recesión produce problemas, pero ése es el camino», dijo. Y completó aseverando que «no me pueden decir que nadie sabía de esto, yo lo avisé en la campaña. Sé que hay mucha gente afectada en el país, que el ajuste lo sufre una parte del país, pero así hay futuro. Con lo que teníamos antes no lo había». Esa afirmación volvió a recoger elogios de parte de los empresarios, que si bien coquetearon con la candidatura de Sergio Massa, terminaron avalando en las urnas al candidato libertario. 

Antes del enncuentro, uno de los integrantes del G-6 bromeó con Gabbi al decirle que «vos sos el único de los que estamos acá que estas de fiesta». Es que los mercados son el único sector que, desde que Milei es Gobierno, están embolsando ganancias y logrando cierta estabilidad vía la devaluación y la liberación de los flujos de capital. El resto, incluídos los bancos, no la pasan bien. Los tres casos más a la vista son los de CAMARCO, que denunció el posible cierre de 2000 empresas por la baja de la obra pública que decidió Milei; el desplome de más de 10 puntos de la actividad industrial que le generó a Funes de Rioja una guerra interna en la UIA, impulsada por los sectores más críticos; y la caída de ventas en comercios con cifras superiores al 20 por ciento, que está golpeado a la Cámara de Comercio. De hecho, ante la presencia de CAMARCO el propio Presidente dijo que «la obra pública es parte clave del ajuste, no se negocia». 

Devaluación e inflación 

En ese contexto, sugirió la posibilidad -planteada por el Presidente-, de que el Estado trate de guiar inversión privada para hacer obras públicas. En principio, Milei les dijo que se podría liberar financiamiento de los bancos que financian al Estado para que financien a los privados. La idea no conformó a casi ninguno, y es de dificil aplicación, sobre todo porque con la recesión en curso y sin demanda en volúmen, las inversiones productivas le son esquivas al país. 

Muchos de los presentes, el día jueves, ya habían escuchado en el Consejo para el Comercio y la Producción (CICYP) al ministro de Economía, Luis Caputo, hablar casi en los mismos términos y aclararles que la idea no era llevar la economía a una nueva devaluación. Milei también habló de ese tema: «No va a haber devaluación, el dólar está convergiendo», expresó y no tuvo críticas. El que se mordía los labios era Pino, de SRA, dado que el campo está presionando por una corrección cambiaria que les de una cotización mejor para vender poroto de soja a un valor más conveniente. 

En la última parte de la charla, el Presidente no ocultó que haya producido una recesión para lograr una baja en los precios. «Estoy sorprendido -dijo- con lo que está pasando con la inflación, está bajando más rápido de lo esperado». Además, arriesgó que «a este ritmo llegará a un dígito, a más tardar, entre mayo o junio». Después de eso, según su prisma, encarará el proceso de «levantar el cepo y, en 2025, comenzar con la baja de impuestos». 

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Luego del anuncio de las nominaciones del juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García-Masilla para ocupar las sillas vacantes en la Corte Suprema, la Asociación Argentina de Juristas (AJJ) cuestionó la falta de candidatas mujeres.

A través de un comunicado, la AJJ indicó que las postulaciones «no reflejan ni la diversidad de géneros ni la procedencia regional en el marco de representación de un país federal». Además, plantea que la propuesta «contradice la Constitución Nacional, que establece la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, en concordancia con lo dispuesto en los dos grandes Pactos Internacionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos».

Entre los argumentos, resalta que la iniciativa del Ejecutivo nacional «viola lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 75 de la Carta Magna argentina que incorpora con rango constitucional a los pactos internacionales de derechos humanos, que consagran el principio de no discriminación en razón de género» y que «la Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer establece que los Estados deben garantizar la máxima participación de la mujer en todas las esferas en igualdad de condiciones que el hombre». En el caso de Lijo, el objetivo del Gobierno es «ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco, tras su salida el 1 de noviembre de 2021».

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A días del 24 de marzo, Victoria Villarruel salió a dar públicamente sus propias disputas políticas. En una larga entrevista anoche en TN, la vicepresidenta buscó diferenciarse de Javier Milei en medio del vaivén de la tensión interna. Marcó distancias sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la llamada guerra contra el narcotráfico en la que está embarcada el gobierno y también sobre el aumento de sueldo en el Senado o la decisión de tratar el DNU en la Cámara alta. Fue severamente enfática con su posturas negacionistas sobre el pasado reciente. «En los 70 se combatió al terrorismo y ¿dónde están los que lo combatieron? Presos», señaló y a días de la conmemoración del inicio del golpe pegó contra la histórica marcha que recuerda a las víctimas.

“Hay un morbo con la fecha del 24 de marzo”, dijo e inmediatamente criticó a “toda la izquierda” por repetir el homenaje al que llamó “festejo” cada año: “Si quieren festejar el golpe –provocó– que lo hagan, yo no lo festejo”, arremetió. También reiteró su latiguillo de «memoria para todos».

La vicepresidenta aludió a las versiones sobre un indulto a genocidas y afirmó: «A mí no me consta que se esté analizando un indulto. La solución de la cuestión a los que estén detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni la amnistía, la solución es jurídica», dijo.

También se refirió al ataque a la militante de H.I.J.O.S (ver aparte) y ahí no se diferenció de Milei: lo puso en duda. «Eso lo tiene que investigar la Justicia», dijo, pero añadió que «estuvieron varios años hablando sobre Santiago Maldonado y Julio López y estaban ellos en el poder. Nunca llegaron a la verdad. O cuando se supo, como la verdad de Santiago Maldonado, no les gustó. Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda».

Sí tomó distancia del Presidente respecto del rol de las Fuerzas Armadas, a las que Milei, a través de los ministerio de Seguridad y Defensa, pretende involucrar en el combate del narcotráfico en Rosario. «La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo que había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió el terrorismo, los que lo combatieron están presos», dijo.

También defendió el aumento de sueldo de los senadores, que ella había resuelto y que el Presidente ordenó revertir. «Los legisladores tienen que ser retribuidos en forma digna. Para mí tienen que ganar bien, y no ganan bien. Un senador gana menos de 2 millones. Tampoco me parece bien lo que ganan los jubilados, no hay que seguir equiparando todo hacia abajo», expresó Villarruel. Y agregó: «A los senadores le delegamos nuestra vida porque promulgan leyes sobre la propiedad y la vida, después hablamos si lo hacen bien, mal o poco. Si les pagás poco van a ser susceptibles a la corrupción». La vicepresidenta explicó que «creía que el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación». «Di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente. Nosotros hicimos un esfuerzo en el Poder Legislativo, espero que en el Poder Ejecutivo lo hagan también», sentenció.

El otro contraste con el Presidente que admitió fue sobre la convocatoria a la sesión del Senado que trató, y rechazó, el DNU 70. “Estaba en juego la institucionalidad. Yo no puedo hacer lo que quiera, esto tiene que funcionar, se tienen que debatir las leyes. Yo soy un árbitro. El DNU ya tenía varios pedidos de muchos senadores para que se tratara. Puedo buscar el momento, pero no estar eternamente deteniéndolo”, dijo, respecto de la intención presidencial.

Pese a marcar todos esas diferencias con el Presidente, Villarruel insistió en que ambos tienen un buen vínculo. «Mi relación con Milei está bien», señaló y añadió: «Somos dos personas que se complementan». «Él es vehemente en la vida pública y es más tranquilo en la vida privada y yo soy al revés y nos complementamos. Yo soy más templada en la vida pública y en privado soy más extrovertida», argumentó. «Eso es lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió», elucubró.

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