Con algunas modificaciones, el Ejecutivo tiene en mente incluir una nueva reforma laboral para el nuevo paquete de leyes que tiene preparado para presentar en Diputados. Los artículos que se borrarían de la antigua reforma que está en el DNU pero fue frenada por la Justicia.

El gobierno nacional está evaluando incorporar en el proyecto de Ley Ómnibus la reforma laboral que hasta ahora formaba parte del DNU, y que en este momento está sin vigencia frenada por amparos judiciales.

Lo haría con algunas modificaciones en puntos que generaban resistencias, como aquellos puntos vinculados a la prohibición de la protesta o al aporte solidario de los sindicatos. Si la Ley es aprobada, La Libertad Avanza se aseguraría la vigencia de casi la totalidad del Decreto 70/2023 que –como todavía no fue rechazado en Diputados (solo en el Senado)–, sigue válido, salvo aquellas partes que están trabadas por la Justicia, como la reforma laboral.

Según comentan en Balcarce 50, la idea de incorporar el capítulo de reforma laboral en el nuevo proyecto de Ley Bases habría sido sugerida, en principio, por el bloque de la UCR. «Fue un pedido explícito de ellos», dicen. Desde el Gobierno confirmaron a Página12 que esa es la idea que empezó a tejerse tras una reunión que el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos tuvieron con el presidente del bloque en diputados de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, Silvina Giudici, Silvia Lospenato y el presidente de la Cámara de diputados, Martín Menem.

En ese encuentro la oposición amigable de JxC también propuso otra alternativa: que también podía presentarse, si no querían incorporar el apartado laboral a la Ley Bases, un proyecto en la misma línea presentado por Ritondo y aún cuenta con estado parlamentario. «Dijimos que nos parecía importante que, cuando se trate el dictamen en el plenario de la Ley de Bases, se incorpore este capítulo y les pareció bien», expresaron los legisladores al salir. «Vamos a avanzar en el dictamen», adelantaron. Además de los diputados, Francos y Posse, estuvieron sus segundos: Lisandro Catalán y José Rolandi; el titular de la Cámara Baja y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de contar con el apoyo de JxC, el Gobierno también contaría con el de la UCR, sin embargo, todavía restan definir los detalles de cómo se hará la incorporación de ese apartado laboral y si tienen el consenso necesario con el resto de los bloques para lograr la aprobación. En el oficialismo estiman que la nueva Ley Bases –con la reforma laboral incluida–, junto con el paquete fiscal, sería presentada en el Congreso el 17 de abril y que llegaría al recinto el 24. 

Las negociaciones por el resto del proyecto de Ley Ómnibus –que el Gobierno insiste en denominar «Bases»– siguen al rojo vivo, especialmente con los gobernadores. Del paquete fiscal, el principal punto conflictivo en este momento es la restitución del impuesto a las ganancias. Este lunes, el ministro Francos se iba a reunir con los gobernadores de Juntos por el Cambio para conversar sobre el tema, pero por cuestiones de agenda el encuentro con los diez mandatarios provinciales del espacio se postergó para el 4 de abril. Sólo se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a las tres de la tarde y antes de la reunión con los diputados del espacio que comenzó pasadas las 16. 

El martes, en tanto, el titular de Interior viajará a Salta a reunirse con los gobernadores del Norte grande. Allí verá a otros 10 mandatarios: Raúl Jalil de Catamarca; Leandro Zdero de Chaco; Gustavo Valdés de Corrientes; Gildo Insfrán de Formosa; Carlos Sadir de Jujuy; Ricardo Quintela de La Rioja; Hugo Passalacqua de Misiones; Gustavo Sáenz, dueño de casa y uno de los gobernadores que está nucleando los encuentros. También estará Gerardo Zamora de Santiago del Estero y Osvaldo Jaldo de Tucumán. Después de eso, los que quedarían sin encuentro previsto con el ministro Francos –tras recibir el nuevo borrador de la Ley– son: Axel Kicillof de Buenos Aires; Sergio Ziliotto de La Pampa; Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Martín Llaryora de Córdoba. 

«Los radicales no tienen muchas objeciones y los de Hacemos Coalición Federal tampoco», evaluaban en el Gobierno sobre el estado actual de las negociaciones respecto del avance de los acuerdos por la Ley Bases. «Con esta nueva versión del proyecto hubo etapas –dijeron–: primero nos reunimos con gobernadores y les presentamos el documento de tres páginas, después se les envió el borrador a ellos y también a los bloques». 

En esa línea, agregan que como el apartado de jubilaciones era uno de los que más ruido y problemas generaba, decidieron sacarlo y avanzar con el tema por decreto. El mayor conflicto ahora, dicen, es el regreso del impuesto a las ganancias porque los gobernadores del sur no quieren que se vuelva a implementar, mientras que la mayoría de los gobernadores del norte sí. 

Otro eje que podría generar rispideces son las privatizaciones. El número de empresas a privatizar se redujo. El proyecto original tenía 41 y el actual tiene 13. Los gobernadores de la Patagonia no están de acuerdo, por ejemplo, con la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). El eje de facultades delegadas, también de discusión, la Casa Rosada cree que podría avanzar tal como está ahora, es decir, por un año. «Hay un modo distinto a la vez anterior. Antes se llegó al Congreso con una Ley mucho más amplia y cerrada. Ahora está más reducida y con trabajo previo», se ilusionan desde La Libertad Avanza. 

En la previa del evento que mañana compartirá Francos con los gobernadores del norte grande en Salta, el mandatario de esa provincia, Gustavo Sáez, salió a dejar un mensaje.  “No nos pueden quitar las obras gestionadas y conseguidas. No son caprichosas, son necesarias”. Por último, puntualizó: “Tenemos necesidades postergadas en un país que es federal sólo en la Constitución. Somos diez gobernadores peleando por los mismos intereses, que son las de la gente y no los de la política”.

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El Gobierno intentó frenar la jornada de protesta convocada para este martes por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), así como el paro de 48 horas que afectará al Senasa, pero no lo logró. La Secretaría de Trabajo llamó a los estatales a una reunión paritaria en la tarde del lunes y anunció un aumento salarial del 8 por ciento en marzo para la administración pública nacional. Si bien hubo acuerdo con UPCN, ATE rechazó el incremento y confirmó las medidas de fuerza.

“La propuesta del Gobierno es inaceptable. Se trata de una oferta que configura el ajuste más grande que en los últimos años han sufrido los ingresos del sector público. Con esta decisión, el Gobierno empuja a la pobreza a decenas de miles de estatales. Ratificamos todas las medidas de fuerza que están en curso, seguimos demandando la reincorporación de todas las trabajadoras y todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de marzo”, dijo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tras la reunión paritaria que tuvo lugar en la sede de Trabajo.

Este martes, ATE realizará una Jornada Nacional de Protesta, que incluirá a las 12 un acto frente a la Secretaría de Agricultura Familiar (Av. Paseo Colón al 900, CABA). «Vamos a construir trincheras en todo el país para que los trabajadores y las trabajadoras del Estado que sostienen políticas públicas destinadas a las mayorías populares y que reivindican el valor del Estado como nivelador de las desigualdades estructurales del sistema, puedan seguir sosteniendo esas políticas desde un Estado soberano y al servicio del pueblo”, detalló la secretaria adjunta del sindicato, Mercedes Cabezas.

Como parte de los reclamos, y ante la amenaza de despidos, este martes y miércoles pararán los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Se prevé que la medida afectará el funcionamiento de los puertos, aeropuertos y aduanas.

“Estamos viviendo en una Argentina en donde no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero sí hay plata para la represión -advirtió Aguiar-. Es inevitable que se multipliquen las protestas y que crezca la conflictividad en el Estado durante las próximas semanas.”

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Luego de la marcha masiva del 24 de marzo, el Gobierno apuntó todos sus cañones contra Estela de Carlotto. Funcionarios la cuestionaron, aliados políticos plantearon un repudio en el Congreso y un fiscal de Mar del Plata se apuró a presentar una denuncia penal contra ella por una frase sobre la actual administración nacional. El fiscal no es otro que Juan Manuel Pettigiani, quien está actualmente bajo investigación por una auditoría ordenada por la Procuración General de la Nación, por denuncias de maltrato laboral y por su rol opaco en causas de narcotráfico y trata de personas. Dentro del Poder Judicial federal, estiman que la denuncia contra Carlotto es un intento de hacer buena letra con el oficialismo ante los problemas judiciales que se le avecinan.

El gobierno de Javier Milei pasó un día negro con las dos marchas del 24 de marzo, que fueron muy masivas y que no pudo opacar con la publicación de un spot negacionista protagonizado por un ex jefe de la ex SIDE menemista y hermano de uno de los hombres del gabinete de Jorge Rafael Videla. Los medios aliados a Milei intentaron poner el foco no en la marcha sino en unas palabras que pronunció Carlotto en la Plaza de Mayo: “Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”, dijo la titular de Abuelas. “Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango inconstitucional», indicó la dirigente de derechos humanos. Desde ese momento, todas las miras del oficialismo y de sus aliados se dedicaron a apuntarle a Carlotto.

Comenzó la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya militancia negacionista le dio el lugar que tiene hoy, pero la siguieron una horda de trolls. «Carlotto, a vos no te votó nadie, votó a Javier Milei. Respetá al pueblo argentino que les dijo no a ustedes también», fue el exabrupto de la vicepresidenta que funcionó como señal de largada para todo tipo de agresiones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fustigó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: “Todavía algunos no se enteraron que el presidente Javier Milei fue votado por el 56 por ciento de los argentinos. Gente absolutamente fuera de época”, aseguró el funcionario, quien utilizó esta polémica para eludir la masividad de la marcha, con claras consignas en contra del gobierno actual. Luego, el ministro del Interior, Guillermo Francos, calificó como «lamentable» a la frase de Carlotto.

El oficialismo contó con apoyo del PRO: la diputada Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de declaración para repudiar a Carlotto. «Carlotto repudió la dictadura militar sugiriendo un golpe contra un presidente elegido democráticamente», interpretó la diputada.

No tuvo suerte en la impiadosa red antes llamada Twitter, donde algunos usuarios le recordaron a Ajmechet declaraciones bastante más reñidas con la democracia, como cuando se lamentaba de no atropellar con su auto a manifestantes de la Escuela Carlos Pellegrini:

Por su parte, el dirigente sindical Pablo Moyano consideró que a Milei hay que «derrotarlo con los votos» y no buscar que termine su mandato de forma anticipada. «Eso no quiere decir que no vamos a reclamar todos los días con movilizaciones, y con paros para defender los derechos que cada argentino tiene», destacó Moyano. «A Milei hay que cansarlo con la gente en la calle, reclamando, denunciando, tratando que en el Congreso no pasen la Ley Ómnibus y el DNU”, indicó.

Un fiscal precoz

A la discusión política se sumó velozmente una denuncia penal. La hizo el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani, quien denunció a Carlotto por los presuntos delitos de rebelión y amenaza de rebelión, que prevén penas que llegan hasta los 15 años de prisión. 

Pettigiani interpretó que las declaraciones de Carlotto son “una incitación a la acción violenta, incompatible con la Constitución Nacional, y que resulta castigada por el Código Penal”. “La discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea nuestra Constitución y no mediante expresiones violentas y antidemocráticas”, sostuvo el fiscal, cercano a los grupos de ultraderecha de esa ciudad.

“El llamado a que el Presidente de la Nación ‘se vaya rápido’ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues esta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar. Tales aseveraciones, en el lugar y contexto en que fueron vertidas, constituirían la amenaza de rebelión”, aseguró en un esfuerzo de la interpretación. Además, sostuvo que las declaraciones fueron hechas en un «contexto de violencia» porque en otra parte de la marcha, alguien quemó un muñeco de Milei. Además, responsabilizó a Carlotto por las amenazas que habría recibido en redes sociales la vicepresidenta Villarruel.

Pettigiani está enfrentando una auditoría ordenada por el procurador interino Eduardo Casal, a raíz de una larga lista de denuncias de empleados judiciales por maltrato laboral. También se investiga su morocidad para avanzar en causas por trata de personas y por narcotráfico y la costumbre que tiene de intervenir en causas, ver el expediente y luego excusarse diciendo que tiene un amigo entre los acusados. La auditoría que lanzó Casal abarca a toda la jurisdicción, no sólo a Pettigiani. Pero en el ámbito judicial se presume que él se vería seriamente en problemas con los resultados que va a arrojar.

Pettigiani también chocó con el juez Alejo Ramos Padilla en la causa por asociación ilícita y violación a la ley de inteligencia, en la que el fiscal buscó defender y proteger a otro fiscal involucrado: Carlos Stornelli. Sin ruborizarse, Pettigiani impulsó el sobreseimiento de su colega involucrado en la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio. 

También tuvo una participación polémica en la causa de los neonazis de Mar del Plata: intentó conseguirles una probation, pero fracasó y fueron condenados. A un secretario de su juzgado lo echó, tirando sus pertenencias, porque no acató una orden que dio desde Japón de pedir la libertad de los neonazis.

Sectores del Poder Judicial interpretan que, con la denuncia contra Carlotto, Pettigiani está buscando construir un paraguas para presionar a Casal ante los problemas que puede enfrentar a futuro. Por otro lado, la enemistad de Pettigiani con Abuelas no es novedosa: en Mar del Plata, cuando ocurrieron los juicios por la verdad, intentó echar a Abuelas e HIJOS de la casita donde funcionaban frente al hospital materno infantil.

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Horas después de las masivas marchas por el 24 de Marzo, la ministra de Seguridad denunció al exfuncionario y nieto restituido por traición a la patria y abuso de autoridad. Lo acusó de haber asumido ante la CIDH la responsabilidad del Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. «Nunca dijimos que fue una desaparición forzada sino que la Justicia no aplicó el protocolo correspondiente, que la familia fue estigmatizada y maltratada, y que la Gendarmería actuó en formal ilegal», respondió Pietragalla Corti.

Después de la masiva movilización del 24 de marzo, Patricia Bullrich denunció al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla por traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, por haber asumido la responsabilidad del Estado argentino en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, ocurridas en 2017 cuando ella era ministra de Seguridad igual que ahora. Lo acusó de basarse en supuestas «falsedades» y sostuvo que una resolución judicial afirma que no hubo «desaparición forzada». «Nunca dijimos que fue una desaparición forzada sino que la Justicia no aplicó el protocolo ante una denuncia por esa posibilidad, que la familia fue estigmatizada y maltratada, y que la Gendarmería actuó en formal ilegal», replicó el exfuncionario, que es un nieto restituido. 

Es ostensible que la fecha y la persona denunciada fueron elegidas de manera deliberada. También muestra que aquella afirmación de Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, según la cual no habría «persecución» ni «vendettas», no era real. El Presidente dijo al asumir que la Justicia tendrá manos libres, pero a la vez le viene marcando la cancha, lo que se hizo más palpable con la postulación de dos candidatos a la Corte Suprema. La presentación contra Pietragalla le tocó al juez Julián Ercolini. 

Verdades

La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado nacional había sido presentada por Sergio Maldonado -hermano de Santiago- y su pareja, Andrea Antico. La gestión de Pietragalla respondió al reclamo y asumió la responsabilidad por el hecho y por la investigación irregular -lo que incluye al Poder Judicial y al Ejecutivo- hasta que apareció el cuerpo en el Río Chubut, casi tres meses después de la desaparición, en un lugar que ya había sido rastrillado. Un dato reciente: a la canciller Diana Mondino le tocó recibir el 15 de febrero una notificación de la Comisión que anunciaba que «el caso se encuentra procesalmente listo en la etapa de fondo. Esto significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre el asunto con base a la información disponible en el expediente». Es obvio que queda comprometida la gestión de Bullrich. 

«La Gendarmería está implicada, le guste o no», remarcó Pietragalla a Página/12. 

En la misma línea de desprecio a los familiares, en sus redes sociales Bullrich dijo que esta demanda internacional puede derivar en «sanciones económicas para la Argentina y en darles una indemnización a los familiares». «Crearon un curro con los derechos humanos hasta el punto de traicionar a nuestro país», se despachó. Además de tratarlo de traidor a la patria, escribió: «Pietragalla, la verdad ya está dicha». 

Cualquiera que haya seguido el derrotero judicial del caso sabe que «la verdad» no está dicha. La causa no está terminada. En los dos fallos en los que el juez de primera instancia Gustavo Lleral intentó clausurar el expediente, dijo que no había delito y que los gendarmes que aparecían señalados no tenían ninguna responsabilidad. En la causa queda la vista que Maldonado desapareció en medio de una cacería de la Gendarmería, que tenía orden de desalojar la ruta 40 pero no de ingresar al predio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde estaba el joven. Tanto la querella de la familia Maldonado como las otras, así como la fiscalía, apelaron y la revisión está ahora en la Cámara de Comodoro Rivadavia. Vale recordar que el primer juez que actuó por casi dos meses, Guido Otranto, fue separado por «temor de parcialidad». 

Razones ante la CIDH

Durante el gobierno anterior, la gestión de Pietragalla en Derechos Humanos había decidido asumir la responsabilidad del Estado en un proceso que buscaba un acuerdo de «solución amistosa», pero Bullrich quiere guerra. El exfuncionario asumía violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Había planteado la afectación del principio de imparcialidad y el derecho a una tutela efectiva» en perjuicio de la familia, desde el gobierno y el juzgado. 

Señaló ante la CIDH «las irregularidades del operativo de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) del 1 de agosto de 2017», señaladas en un informe del Ministerio de Seguridad en la gestión de Sabina Frederic; «el fallecimiento de Santiago Andrés Maldonado en el contexto de ese operativo»; «las deficiencias constatadas en las tareas de búsqueda, la afectación del principio de imparcialidad, la violación del derecho a la protección judicial efectiva, la obstaculización de las autoridades políticas del momento y las deficiencias en la investigación administrativa abierta en el ámbito de la GNA», «todo en perjuicio de la víctima y sus familiares»; y «el trato dispensado a la familia de Santiago Maldonado y a la memoria de este último, principalmente mientras permanecía desaparecido». 

Pietragalla había aludido a «ataques masivos y mentiras difundidas a través de medios y redes sociales» desde el gobierno de Mauricio Macri; a que «las autoridades ocultaron pruebas, como la nómina completa de las y los gendarmes que participaron del operativo» y que «no se indagaron en profundidad líneas de investigación como la que implicaba al jefe de Gabinete de Asesores de la entonces Ministra de Seguridad de la Nación», Pablo Nocetti, «en la conducción operativa de la incursión» de Gendarmería.  

Sobre las pistas falsas sembradas entonces por el Ejecutivo, repasó: la que decía que un «puestero» de Benetton había acuchillado a Maldonado cuando intentaban incendiarle la casilla varios días antes del operativo y que no estaba en Cushamen, algo descartado por un análisis de la UBA; se dijo que estaba en Chile, o que había sido visto en San Luis o El Bolsón, y hasta que en Entre Ríos había muchas personas parecidas a él. Todo apuntaba a generar sospechas sobre la víctima. Otro tema denunciado: no hubo medidas de cuidado y protección a la familia de Maldonado, «por el contrario, las máximas autoridades del gobierno reprodujeron públicamente esa crueldad infinita». El juzgado los relegaba y se enteraban novedades por los medios. 

Bullrich dixit

La ministra acusa a Pietragalla de «aseverar hechos falsos y ocultar los auténticos»; remarca la «inexistencia de una desaparición forzada» y que la Cámara de Comodoro Rivadavia «lo descartó». Para ella, la responsabilidad de GNA fue también descartada por «la actuación judicial»; defiende al juez Lleral y señala que, en base a un peritaje con la participación de 55 personas, se determinó que la muerte se produjo por «asfixia por sumersión» y por «un cuadro de hipotermina», no medió violencia ni el cuerpo tenía heridas, lo que ella traduce como que se ahogó solo. «Nadie fue penalmente responsable de la muerte», «se ha podido dar con la verdad», afirma como si fuera un caso cerrado. También dice que es falso que haya habido «hostigamiento a la familia» se le haya impedido participar en la causa. La propia denuncia reconoce que el delito de «traición a la patria» está previsto en contextos de guerra, pero pide ampliar su interpretación. 

La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, señaló a Página/12 que el reconocimiento de responsabilidad del Estado nacional «se conoce por lo menos desde noviembre de 2022». «¿Por qué lo hacen público ahora? Es en el marco de la reivindicación de la dictadura y un 25 de marzo. Lo cierto es que ni Pietragalla ni el Estado reconocieron la desaparición forzada sino que no hubo una investigación diligente y se incumplieron estándares internacionales ante una denuncia por desaparición forzada. Esto demuestra la falsedad de la denuncia». «Siguen obstaculizando la investigación y esto lo muestra que estamos esperando una resolución de la Cámara sobre nuestra apelación (ante el segundo cierre de la causa). Es el mismo tribunal que, contra lo que dice Bullrich, derogó la afirmación de que Santiago se ahogó solo y mandó a profundizar la investigación, algo que no se hizo». 

Al tuit que la ministra de Seguridad titulaba «Pietragalla, traidor a la patria», él respondió: «Ay Bullrich! Asumir responsabilidades estatales es una tarea que hay que llevar con altura y seriedad, cosa que hicimos en todos los casos de la Secretaría de Derechos Humanos. ¡Acá hay una gran diferencia! La denuncia después de un 24 de marzo histórico es una clara necesidad tuya de mostrarte parte fundamental de este escenario tan pero tan negacionista y tapar el sol con las manos. Cuánta culpa debés tener de haber sido parte de esa juventud diezmada que ayer fue recordada y reivindicada por miles».

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LA PETROLERA ABANDONARÁ ÁREAS MADURAS

La masiva movilización incluyó a todas las centrales obreras. Los dirigentes reivindicaron la lucha de los organismos y repudiaro el plan económico del libertario.

En más de una oportunidad hubo gremios participando de una marcha del 24 de marzo. Tampoco es novedad que haya estado un secretario general de la CGT en la plaza, como en septiembre de 1985, cuando el legendario Saúl Ubaldini acompañó una movilización de los organismos de derechos humanos. En todo caso, lo que si representó una primera vez fue que la CGT participe de manera orgánica de la marcha que este domingo colmó Plaza de Mayo y sus alrededores. También estuvieron las dos CTA, la de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky y la Autónoma que lidera Hugo «Cachorro» Godoy. Se puede decir que hubo presencia completa de la representación sindical en el país. Una expresión de unidad entre sindicatos y los organismos de derechos humanos que ya tuvo una primera demostración. Fue el pasado 24 de enero durante el paro nacional y la movilización que hubo hacia en el Congreso. En aquella jornada participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 

La semana pasada Taty Almeida de Madres Línea Fundadora, Estela de Carlotto de Abuelas y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reunidos con el consejo directivo de la CGT anunciaron la participación de la central obrera en la marcha. Héctor Daer, otro de los triunviros había confirmado que esta presencia es parte del plan de lucha que la CGT aprobó a principio de año contra la políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei. Además del paro del 24 de enero, el plan incluía la participación sindical en la marcha del 8 de marzo, por el día de la mujer trabajadora, y este 24 de marzo.

“Este 24 de marzo se está dando una unidad que ya se forjó el pasado 24 de enero con el primer paro de la CGT donde las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo también participaron», recordó el triunviro Pablo Moyano a Somos Télam, la web donde los trabajadores de la agencia nacional de noticias, cerrada por el gobierno libertario, continúan informando a los medios de prensa.

La larga columna de los gremios accedió a Plaza de Mayo, tal como se había acordado, por Diagonal Sur. La inmensa bandera, realizada por la Juventud Sindical de la CGT que conduce Sebastián Maturano (La Fraternidad), llevaba escrita la frase: «No nos han vencido. Trabajadores detenidos desaparecidos del movimiento obrero». La sostenían, además de Héctor Daer, Andrés Rodríguez de UPCN, Julio Piumato de los judiciales y Rodolfo Daer (alimentación), el titular de la Federación Gráfica, Héctor «Gringo» Amichetti y la secretaria general de Sadop, Marina Jaureguberry, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, entre otros. También se sumó Dina Sánchez, la secretaria general adjunta de Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organización muy cercana a la central obrera.

Moyano, también secretario adjunto de Camioneros, afirmó que el gobierno de Milei «siente odio contra los laburantes y en unidad no vamos a permitir que se concrete el avasallamiento”. Por otra parte indicó que la central obrera tendrá que convocar a una nueva medida de fuerza para los próximos días. Consideró que puede ser un paro en todo el país o una marcha federal.

Este es un debate abierto hacia adentro de la central obrera. Moyano es uno de los que pugna por una nueva medida de acción directa. En tanto, otros sectores de la conducción cegetistas prefieren continuar profundizando la vertiente legislativa ya que aspiran a convencer a los diputados para que rechacen de una vez por todas el DNU 70/2023.

A su turno, Daer destacó que «no podrán quitarnos la memoria. El pueblo en la calle es libertad». El titular del gremio de la Sanidad suele recordar que el primer contacto con la dureza de la dictadura militar fue cuando secuestraron a su hermano Rodolfo que, si bien fue puesto en libertad, no pudo evitar las torturas que recibió.

Una de las columnas más numerosas fue la de los trabajadores estatales que representa UPCN. Andrés Rodríguez, por caso, advirtió que la defensa de los derechos humanos representa, además del repudio a la dictadura y sus crímenes, la lucha por el buen vivir y, en obvia referencia a Milei, «que no se condene a los jubilados al empobrecimiento y a los trabajadores a los despidos».

Miguel, afiliado a UPCN y trabajador en Jefatura de Gabinete, coincidió con lo afirmado por Rodríguez y agregó que la administración libertaria «aprieta» a los trabajadores, que el clima que se vive desde que llegaron al gobierno es de «ahogo». En ese sentido, consideró que esta movilización y la del 24 de enero representan una bocanada de oxígeno, «pero sobre todo la esperanza de que esto puede cambiar, que esta pesadilla puede terminar».   

Una vez que la columna sindical se acercó al escenario, Daer y Moyano se acercaron pero no subieron al escenario. Prefirieron quedarse en el gazebo que había habilitado la organización. Desde ahí se podía ver la Casa Rosada vallada y vacía. 

Hugo Yasky, diputado de UxP y titular de la CTA de los Trabajadores, tiene muchas marchas junto a los organismos de derechos humanos en su haber. Ante la multitud afirma que «el pueblo tiene memoria» y que esta plaza colmada no solo es un posicionamiento contra el terrorismo de Estado, sino también representa un mensaje contra «el proyecto económico de miseria planificada de la dictadura genocida que hoy el gobierno quiere imponer». En el mismo sentido, Hugo «Cachorro» Godoy de la CTA Autónoma, advirtió que el pueblo argentino está mostrando su capacidad para pararse contra «un gobierno neofascista que reivindica la dictadura en democracia, la movilización popular nos marca el camino».

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“Es un extraño personaje. Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”, dijo Estela de Carlotto en referencia al presidente, Javier Milei, durante su discurso en el acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia en la Plaza de Mayo.