En el debate en comisión, advirtieron que la «Ley Antimafias» vulnera garantías constitucionales y no ataca «el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales»

El paquete de proyectos de ley con el que Patricia Bullrich promete combatir el crimen organizado y los problemas de seguridad no tuvo la mejor de las bienvenidas en la Cámara de Diputados. El miércoles último, aunque poco trascendió, expusieron especialistas en las Comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior: la mayoría destrozó la propuesta de «Ley Antimafias» presentada por la ministra como respuesta ante los asesinatos y hechos de violencia ligados al narcotráfico y al crimen organizado en Rosario. No sólo señalaron defectos de constitucionalidad y vulneración de derechos. Advirtieron que la norma diseñada parece pensada para perseguir pandillas sin ocuparse de lo crucial: «el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales».

Hay tres proyectos más en análisis. El de «reiterancia» (que permite detener a alguien solo por haber estado imputado antes) también generó objeciones de las/los expertos, y poco apoyo. Hubo referencias críticas al plan de ampliar el margen de la legítima defensa para los agentes de fuerzas de seguridad, para eximirlos de responsabilidad si matan o hieren. La expansión del banco de datos genéticos a «imputados y condenados» por todos los delitos mereció advertencias. Pese a que no suscitó mucha atención hacia afuera, la reunión de comisiones atrajo a diputados/as que no la integran.

La polémica ley Antimafias

Bullrich dijo que su ley «Antimafias» está inspirada en la Ley RICO estadounidense y la italiana enfocada en las mafias. Se aplicaría al «tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos» que «estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal». Agrava las penas de ocho a veinte años de prisión, solo por pertenecer a la asociación. Define «zonas de investigación especial» y aumenta facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la cartera de Seguridad. Habilita a detener por 48 horas por «averiguación» de delitos, permite allanamientos encadenados e interceptar teléfonos o redes y plataformas sin orden judicial.

María Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe, describió la violencia concentrada en Rosario, que llegó a tener una tasa de 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Nueve de cada diez homicidios –informó– son cometidos con «armas de fuego», un mercado ilegal que no aparece entre las prioridades de Bullrich. Vranicich advirtió un conflicto en puerta con el Gobierno nacional: las fuerzas y autoridades federales intervendrían en las «zonas de investigación especial», lo que amenaza las «las competencias investigativas» de las fiscalías provinciales.

El proyecto permite ampliar esa «zona sujeta a investigación especial» (una ciudad o un área) sin definir una zona geográfica, lo que habilita la acción ilimitada de fuerzas federales. El defensor ante la Cámara de Casación Penal Federal, Guillermo Todarello, señaló que se vulneran garantías constitucionales y el principio del juez natural. Las detenciones sin orden para pescar delitos chocan con las normas, que solo permiten hacerlo en flagrancia o ante la fuga de un penal. Los allanamientos e intervenciones de comunicaciones invaden la intimidad y privacidad. A Vranicich no le preocupan los arrestos y avala controles rigurosos en las cárceles porque dice que ahí se planifican los crímenes. El problema es que a veces la respuesta son más crímenes.

El proyecto, alertó el defensor, carece de claridad. Ni siquiera «define qué es una organización criminal» y al usar «el término verosímilmente no respeta el principio de legalidad». El proyecto agrega una tercera variante de la famosa «asociación ilícita» con penas de 8 a 20 años sin importar qué hizo cada miembro (el principio de responsabilidad).

La ley Antimafias de Bullrich se llevó palazos fuertes del abogado Pedro Biscay, del instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), quien trabajó en Estados Unidos con la ley RICO que le gusta a Bullrich. «El crimen organizado tiene dos socios fundamentales que no están en el proyecto de ley: el financiamiento ilícito de la política y la existencia cada vez más poderosa de un sistema financiero clandestino. Podríamos agregar la penetración del crimen organizado en estructuras estatales, la cooptación del Estado por parte de las mafias», dijo. Dio ejemplos como el que involucró en encubrimiento de narcotráfico al fiscal Julio Novo o el triple crimen de General Rodríguez.

Según Biscay, el proyecto «no mira a las mafias en su estructura real», se basa en «hacerle la guerra a las pandillas y a los bunkers», «que por supuesto tienen conexiones con la mafia», pero ignora «al crimen organizado y la mafia como un problema de mercados criminales, de empresas que funcionan lucrativamente». Esto, dice, es central en la ley RICO y la antimafia italiana. Pero en el proyecto, por caso, están los delitos financieros y el contrabando. «Hay un maridaje con la política y con el empresariado. Quien no quiera verlo que no lo vea», desafió. Pidió que no se vote la norma porque provocará un «efecto político criminal violento» sin reconfigurar la política criminal del crimen organizado».

Reiterancia

La diputada Myriam Bregman (FIT) estuvo en las comisiones y advirtió este sábado en la red «X» sobre los peligros del paquete de Bullrich. Como la figura de «reiterancia», que permitiría la detención de quien estuvo imputado o procesado por el delito que sea. «En distritos como Mendoza (la reiterancia) es usada para controlar férreamente a la población y también para encarcelar a los que protestan», escribió Bregman. El mismo tema se planteó esta semana en la Legislatura porteña, ya que Jorge Macri presentó en la Ciudad un proyecto equivalente. Hubo una audiencia con legisladores del FIT y UP y organismos de derechos humanos. Macri tiene el doble de detenidos que caben en las comisarías, pero los pondrá en containers.

El penalista Martín Monedero se alineó con Bullrich. Dijo: la «reiterancia» sirve para «proteger a los ciudadanos» y evitar que alguien «cometa nuevos delitos». Se sumó Diana Cohen Agrest, de Usina de Justicia: «si no hay reiterancia una persona puede ser condenada innumerables veces a una pena en suspenso». Dijo que los homicidas de su hijo y de Mariano Barbieri asesinado en Palermo, que tenían antecedentes. Cree que el delito solo se evita con encierro y ve «ridículo» hablar de «reinserción».

El contraste fue fuerte cuando habló José Ruiz Díaz, secretario de formación política y gremial de la UTEP y referente de la rama «liberados y liberadas», quien relató que estuvo 10 años preso y fue reincidente. Contó con orgullo la experiencia de los liberados que ingresan a cooperativas y polos productivos: «tenemos 1600 personas que no volvieron a la cárcel». Le preocupan los allanamientos sin orden: «van a terminar en nuestros barrios y seremos los malos aunque donde vivimos está la inseguridad más fuerte». Bregman agregó en «X» el aumento de las penas para la reincidencia y el concurso de delitos». Si concurren «más de dos hechos independientes las penas se podrán sumar de manera aritmética» hasta 50 años, dice el texto del proyecto.

«Una correcta política de prevención del delito no empieza por la pena», dijo Leandro Halperín, docente titular de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, especialista en temas carcelarios. «El Código Penal tiene que tener un orden y una proporcionalidad –siguió–. La ley Antimafias agrava penas de 8 a 20 años para delitos como lesiones por solo participar en una organización. Ese desorden viola la igualdad ante la ley». «Los proyectos –añadió– no contemplan la situación de los sistemas penitenciarios (colapsados) y violentan el principio de resocialización incorporado a la Constitución» al habilitar suma aritmética de penas. Sobre legítima defensa: «tenemos que proteger al personal policial pero no dándoles un mensaje confuso que les habilita formas de matar y flexibiliza controles evitando que los sometan a proceso».

Armas y policías

Miguel Angel Robles es docente de criminología de la Universidad Siglo XXI de Córdoba y expolicía. La actuación policial «no va a mejorar con una ley», se despachó. «Necesitamos acciones puntuales». Pidió la creación de una Agencia Federal de Investigación, la regulación de las tareas inteligencia criminal y capacitación para la policía. «Mi madre decía que tenía tres hijos profesionales y uno policía –bromeó– La policía está formada en oficios, el durlero y el plomero policial». En otro orden pidió una ley «sobre el plantado de armas y la posesión ilegítima».

Había escuchado a Juan Segundo Pavez Laciar, el hermano de Blas Correa, asesinado el 6 de agosto de 2020 por policías de Córdoba. «A mi hijo lo mataron tres veces dice mi mamá: la primera cuando le disparó la policía, la segunda cuando no lo atendieron en una clínica y la tercera cuando le plantaron un arma», relató. Fue a pedir que se trate la «Ley Blas» que presentó Gabriela Brouwer de Koning (JXC), que castiga con penas de hasta 20 años e inhabilitación a agentes por tenencia ilegal de armas y plantar pruebas truchas para entorpecer y/o buscar impunidad.

Banco de ADN

Bullrich quiere ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos ligado a delitos contra la integridad sexual a todos los delitos. Es para comparar huellas genéticas ante un hecho criminal con perfiles genéticos de imputados y condenados. Manuel Garrido, director de Innocence Project en Argentina explicó que la información genética es útil para aclarar casos de inocentes condenados por error (su especialidad) pero señaló que debe estar regulado al afectar la privacidad. No encontró en el derecho comparado bancos para cualquier delito. Sugiere límites y una regulación precisa para retirar el ADN del banco.

«La ampliación propuesta a todos los delitos luce desproporcionada. Imaginemos que alguien poda un árbol que le molesta para entrar el auto y tiene un proceso por daño calificado: tendría su registro de ADN», aseveró la defensora pública Siliva Martínez. Dejó en claro, ante una pregunta de Bregman que entraría en banco de ADN hasta un detenido en una movilización: «Se obliga a dar la huella que queda cien años». Agregó críticas: «una persona imputada no puede ser obligada registrar su ADN», hasta ahí es inocente; es absurdo que den sus datos genéticos las fuerzas de seguridad y funcionarios policiales; no se aclara dónde ni cómo se hará la obtención de ADN. Solo podrían acceder al banco el Poder Judicial y fuerzas pero la ley habilita a la Procuración a hacer acuerdos de intercambio hasta con otros países.

Hablaron familiares de víctimas de femicidio y abusos. Guillermo Bargna, del observatorio de víctimas del Congreso, papá de Soledad. También Isable Yaconis, de Madres del Dolor, mamá de Lucila. Se refirieron a la relevancia del banco de ADN para ofensores sexuales. Dos funcionarios de Mendoza hicieron gala de tener la base de datos genéticos más grande de Latinoamérica y haber resuelto 4000 causas. La frutilla del postre fue el empresario Eduardo Luis Salva Calcagno, que ofrece un método para obtener huellas genéticas y dice ser el único que lo tiene. 

Fuente: Pag12

El intendente de la localidad portuaria recibió a Yonathan “Chucaro” Sánchez, el boxeador que obtuvo distintos títulos y que busca seguir creciendo a nivel profesional.

El encuentro tuvo como finalidad coordinar una agenda de trabajo conjunta que pueda potenciar el desarrollo turístico de Chubut, en un marco de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Al término de la reunión, el mandatario provincial puso en valor “el enorme reconocimiento que tiene Japón por nuestra flora, fauna y diversidad ambiental”.

El gobernador responsabilizó al Gobierno nacional por la caída en la producción industrial y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Axel Kicillof expresó públicamente su apoyo al paro general realizado a partir de la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) durante la jornada de este jueves. Además, criticó la política económica del Ejecutivo que encabeza Javier Milei, a quien consideró responsable del «industricidio» que amenaza al país por aplicar políticas «anti argentinas».

A través de su cuenta en X, la red social que antes se llamaba Twitter, el gobernador publicó una serie de posteos en la que señaló: «Caen la producción, el empleo y los salarios, se aceleran los despidos y Milei pretende erradicar los derechos laborales. Por eso, los trabajadores y trabajadoras van al paro»

El mandatario provincial adjudicó la responsabilidad al Gobierno nacional y consideró que «debe poner un freno a sus políticas anti argentinas». Además, aseguró que desde su administración seguirán «haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener la producción y defender los puestos de trabajo. Seguiremos defendiendo los derechos de las y los bonaerenses».

Kicillof retomó una idea que ya había utilizado en otras oportunidades, la del industricidio. En ese sentido, esta vez señaló que «las políticas del Gobierno Nacional están destruyendo la producción, especialmente la industrial». La publicación incluyó también un gráfico que señala una caída del 20% en la industria manufacturera y que, en construcción llega al 40%, en comparación con el mes de marzo de 2023. «Milei desencadenó un industricidio», dijo Kicillof y auguró un futuro poco promisorio al agregar que «cada vez más argentinos y argentinas van perdiendo su fuente de trabajo».

Otro tema que abordó el hilo publicado por el gobernador fue el de los salarios. «La producción industrial responde linealmente a la destrucción de los ingresos de sectores populares y la reducción del mercado interno», consideró y agregó que “según los últimos datos disponibles, los salarios perdieron en el 1° bimestre del año un poder adquisitivo similar a la contracción industrial (-20%) y las ventas minoristas en supermercados retrocedieron 13%. Mientras tanto, el salario mínimo y las jubilaciones acumulaban en mayo un retroceso del orden del 30% real». Por último lamentó «la parálisis de todas las obras públicas nacionales» y evaluó que «combinada con el impacto de la devaluación y la caída del consumo, a lo que ahora se suma la apertura de las importaciones, destruyen el tejido productivo del país».

Fuente: pag12

Al igual que cientos de miles de personas que no se movilizaron a sus empleos, el Presidente se quedó en Casa Rosada y desde allí intentó minimizar la huelga convocada por la CGT y las dos CTA. 

1. m. Interrupción de actividades colectivas por iniciativa de algún grupo social o de una autoridad.

2. m. huelga (‖ interrupción de la actividad laboral por parte de los trabajadores).

Las definiciones de la RAE son precisas para definir qué es el paro, la acción que paralizó este jueves al país con un alto acatamiento de los trabajadores. Otras aceptaciones de la palabra refieren a la situación del desempleo (algo que creció con el arribo de la ultraderecha al poder) hasta la denominación genérica de diversos pájaros con pico recto y fuerte o el adjetivo para referirse a las personas oriundas de la isla griega de Paro. Pero Javier Milei no está conforme ni con la lengua española y empezó a revisar otros significados con el mero propósito de intentar minimizar la huelga general.

El primer intento fue al mediodía, mientras las calles vacías demostraban la poca movilización en las principales ciudades del país. En su hobby favorito (Twitter) el Presidente redactó lo que llamó «un dato de color». «¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento… PARO A buen entendedor pocas palabras bastan…».

No conforme con la reacción de sus seguidores, insistió con otra publicación. «Paro”, también significa desnudez y descubierto. Por lo que ello significa que aquellos que promueven el paro, han quedado al desnudo, revelando el tipo de personas que son… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

En las respuestas hubo de todo: las primeras que figuran debajo de los posteos del Presidente variaron entre las agresiones al costado más íntimo de Milei a los halagos desmedidos. Se tratan de cuentas «verificadas», esto es, la opción de Twitter en el cual, por pagar una cuota mensual, tenés mayor visibilidad. Pero detrás de esos posteos, muchos reflejaron un viejo tuit del politólogo Martín Rodríguez que reza:

l intendente de Trelew encabezó este jueves un nuevo acto licitatorio. Se reconstruirá el pavimento en los barrios San David y 12 de Octubre de la ciudad.
 

Gerardo Merino presidió este jueves el acto de apertura de sobres licitatorios para la reconstrucción de la calzada de hormigón en los barrios San David y 12 de octubre, que implican más de 790 m². 

 

El presupuesto oficial es de 108.717.544 pesos. La obra, señalada en la Licitación Pública 10/2024, está estimada en 90 días.

 

“Este es un trabajo de reordenamiento y hoy las cuentas del Municipio están ordenadas. No solamente estamos pagando deudas, sino que estamos asumiendo compromisos. En este caso, la reconstrucción de la calzada urbana, que tan deteriorada estaba cuando asumimos”, expresó el mandatario municipal al dirigirse a los presentes.

 

Merino estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Sergio Hudson, destacó durante el acto consumado en el Salón Histórico Municipal, que de esta forma “se sigue mejorando la trama vial de la ciudad; un requerimiento constante de los ciudadanos. Todos los trabajos se realizan con recursos propios”.

 

 

 

 

“Quiero agradecerles a los vecinos porque esta reconstrucción se está haciendo con la plata que pagan los contribuyentes a través de sus impuestos. El esfuerzo que hacen los comerciantes, los dueños de los inmuebles y de los vehículos, que dan cumplimiento al pago de impuestos”, indicó. 

 

También agradeció la confianza de las empresas que se presentan en las ofertas licitatorias. Y puntualizó que será un trabajo que se va a continuar en los próximos meses. Además, destacó la labor de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano.

 

En este sentido, añadió: “Y no es sólo eso, sino que con un gran esfuerzo, desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, se está llevando adelante un Plan Integral de Reparación Vial, de acuerdo a un cronograma, con recursos propios y maquinaria propia para las calles no pavimentadas”. 

 

“La semana próxima nos entregarán una máquina que estaba en reparación y será destinada, también con fondos de la recaudación de impuesto, al servicio de la reconstrucción de las calles”, remarcó el intendente.

 

 

 

 

Se trata del Programa de Fortalecimiento Parlamentario “Legislación con perspectiva de género y alianzas transformadoras”. Este se desarrollará hasta el viernes 10. 

El vicegobernador, Gustavo Menna, encabezó este jueves la apertura del Programa de Fortalecimiento Parlamentario “Legislación con perspectiva de género y alianzas transformadoras”, organizado en conjunto entre la Legislatura del Chubut, Women’s Democracy Network (WDN) y el International Republican Institute (IRI), y destinado a agentes legislativos.

 

Se trata de una nueva instancia de formación que continuará este viernes, con charlas y talleres destinadas tanto a mujeres como a hombres que se desempeñan en la casa de las leyes chubutense.

 

En el contexto de la apertura, concretada en el auditorio de la Legislatura, Menna firmó con la referente de la Asociación Civil Red de Mujeres por la Democracia, Raquel Munt, un convenio marco de colaboración para fortalecer las acciones conjuntas de capacitación.

 

Participaron de la apertura la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Elba Willhuber; la subsecretaria de Relaciones Institucionales e integrante del equipo de trabajo de la capacitación, Macarena Acuipil; y las diputadas María Andrea Aguilera, Tatiana Goic -ambas embajadoras provinciales del Programa-, Sandra Willatowski, Sonia Cavagnini, Roxana Soldani y Paulina Hogalde, entre otros

 

 

 

 

Jerarquizar la carrera

 

“Es una actividad de formación más de las que hemos venido desarrollando desde el arranque. Nos propusimos, junto a los diputados, retomar el camino de la capacitación y jerarquizar la carrera administrativa”, dijo Menna.

 

En este contexto, el vicegobernador puso en valor la decisión de avanzar con concursos “para cubrir, por mérito, distintos cargos vacantes. Los concursos vienen de la mano de la capacitación, porque lo que se pone en juego es el conocimiento, la capacidad y la trayectoria. Esta actividad para nosotros es muy importante porque se inscribe en ese camino”.

 

Destacó en este sentido “los antecedentes y la jerarquía” tanto de la WDN como de la IRI como entidades organizadoras.

“La democracia sin liderazgos no tiene potencia. Y en la casa de las leyes, donde se debaten políticas, el debate tiene que ser vigoroso, potente, porque es lo que implica que seamos caja de resonancia de lo que debate la sociedad”, añadió.

 

Resaltó, así, “este programa para fortalecer la democracia y la actividad legislativa con la perspectiva de género, propendiendo a la igualdad. Es sumamente oportuno y nos complace que hayamos sido tenidos en cuenta para desarrollar esta actividad”, enfatizó.

 

Y, en el contexto del paro nacional de este jueves, indicó: “De alguna manera también testimonia que en Argentina no hay pensamiento único. Podemos confrontar ideas y hacer ejercicio de la libertad. Así como quien decide hacer un paro lo hace, quien decide estar acá trabajando también lo puede hacer”.

 

“Y está muy bueno que podamos garantizar esa regla esencial de un Estado de derecho: dar testimonio de que estamos trabajando y de que estamos interesados en la capacitación y en la formación. Y que lo hagamos gracias a la intervención de una entidad prestigiosa, con capacitadores también de lujo que han tenido la generosidad y la gentileza de trasladarse hasta acá”, finalizó.

 

 

 

 

Organización regional y global

 

En tanto, Raquel Munt mencionó: “Es un gusto estar en Chubut. Tuvimos la suerte de estar en otra oportunidad, con otra oferta académica que tenía que ver con un entrenamiento para candidatas. Y algunas actuales diputadas transitaron esos espacios de mutuo aprendizaje”.

 

Agradeció al vicegobernador Menna, a las diputadas, y en particular a María Andrea Aguilera y a Tatiana Goic, “que acogieron el programa y acompañaron”, así como a la secretaria legislativa, Valeria Romero, “que se puso al hombro el tema operativo”.

 

“Somos una organización que hace 17 años está en la red, que es regional y global. Se llama Red de Mujeres por la Democracia. Es una iniciativa del Instituto Republicano Internacional”, explicó.

 

“Tenemos una inserción fruto de un trabajo de hormiga que hacemos en las provincias, con esta idea del liderazgo propositivo que permite los diálogos que necesitamos para llevar adelante el fortalecimiento democrático. Nuestra causa es fortalecer la democracia en nuestro país, en la región y a nivel mundial. Difícilmente va a existir desarrollo si no existe igualdad, si no existe paz y si no existe justicia”, finalizó.

 

 

 

 

Equipos parlamentarios

 

Por su parte, María Andrea Aguilera indicó: “En este tiempo que ha transcurrido se comenzaron a realizar capacitaciones importantes para el ámbito parlamentario. Y la respuesta siempre ha sido muy positiva”.

 

“Creo que es fundamental la conformación de equipos parlamentarios que puedan ser verdaderos protagonistas en ir trabajando en la reducción de la brecha de género”, dijo. Y añadió: “Las leyes y las políticas públicas no son inocuas. La perspectiva de género es absolutamente necesaria para construir una sociedad más igualitaria”.

 

 

 

 

Brecha

 

Por último, Tatiana Goic destacó: “Personas que pertenecemos a partidos diferentes nos pudimos juntar para capacitarnos en perspectiva de género y mejorar nuestra democracia. Necesitamos en política dejar de lado cuestiones partidarias y ponernos a trabajar en serio”.

 

“Hoy hay políticas públicas que no se están realizando. Afectan a la población en general y a las mujeres en particular. Para hablar de perspectiva de género tenemos que empezar por concientizar sobre que hay una brecha entre hombres y mujeres. Si no podemos aceptar eso, difícilmente podamos realizar políticas públicas que solucionen esos problemas”, dijo.

 

 

 

 

“No hay una democracia fortalecida si dejamos al 50% de la población afuera de la democracia. Tenemos que discutir los temas y rediscutirlos. Y entender que algunas tenemos un feminismo diferente. Y no por eso somos menos feministas”, agregó.

 

Y concluyó: “Es necesario capacitarnos continuamente en todos los poderes del Estado, y nosotras ser replicadoras. Agradezco a la Presidencia de esta casa que nos acerca estas capacitaciones. Esto habla a las claras de la intención de seguir avanzando en la profesionalización de esta casa legislativa, lo cual significa ni más ni menos que beneficiar a todos los chubutenses. Si legislamos bien, los beneficiados somos todos los chubutenses”.