Política

Los guardaespaldas de Javier Milei: El PRO busca blindar el megaDNU

20 - marzo - 2024

En acuerdo con el Gobierno, y ante el futuro incierto del decreto en el Congreso, los diputados del PRO presentaron iniciativas que apuntan a transformar en leyes capítulos del DNU 70 como la reforma laboral, la derogación de la ley de alquileres, la creación de las sociedades anónimas deportivas y la apertura a la internet satelital en beneficio de Elon Musk.  

El PRO reafirmó su rol de guardaespaldas de las políticas de Javier Milei en el Congreso. Los diputados del partido amarillo comenzaron a presentar proyectos de ley propios, en espejo con muchas de las reformas previstas en el DNU 70: el objetivo es impulsar las medidas que desregulan la economía ante el incierto futuro del megadecreto en la Cámara baja, tras el rechazo votado por el Senado. Los legisladores del PRO ya presentaron formalmente iniciativas para sostener la derogación de la Ley de Alquileres, avanzar con la reforma laboral (suspendida por la Justicia), implementar las sociedades anónimas deportivas (SAD) en los clubes de fútbol y habilitar el sistema satelital de Internet que le abre las puertas del negocio al multimillonario Elon Musk, amigo de Milei.

 

El rechazo del DNU en la Cámara de Senadores puso en guardia a la Casa Rosada en medio de la confrontación con las provincias. Aunque el tratamiento del megadecreto en Diputados no tiene fecha, hay altas chances de que no prospere. Mientras, el Ejecutivo negocia acuerdos con los gobernadores más afines para intentar aprobar la nueva versión acotada de la Ley de Bases y postergar el debate del DNU 70 en la Cámara baja. En ese contexto, los aliados del oficialismo intentaron allanarle el camino al Gobierno. Lo había hecho la UCR con proyectos espejo al decreto en Diputados y el Senado, para evitar el rechazo, pero la Casa Rosada los ninguneó. Desde Hacemos Coalición Federal también presentaron selectivamente proyectos similares a algunas medidas del Ejecutivo, pero tampoco fueron tomados por el oficialismo.

 

Ahora el PRO volvió a la carga para blindar diversas reformas desregulatorias que Mauricio Macri defiende a rajatabla, ante el temor de que el decreto termine por naufragar.

Una de ellas es la reforma laboral -cuya puesta en marcha mediante el DNU la Justicia suspendió en enero-. El jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, presentó tres proyectos de ley para modificar la legislación laboral vigente, alineados con el contenido del DNU. Las iniciativas apuntan a sostener la ampliación del período de prueba para los trabajadores -que pueden ser despedidos sin indemnización-; dar a las empresas exenciones y beneficios en las cargas sociales para incentivar la registración laboral; declarar «servicio esencial” a distintas áreas, como la educación, para evitar huelgas u otras medidas sindicales.

“Modernizar las leyes laborales es fundamental si queremos salir de la pobreza. El modelo del kirchnerismo está agotado. Un modelo Estado-céntrico, híperregulador, que demostró fracasar rotundamente en generar riqueza, trabajo y una mejor calidad de vida”, argumentó Ritondo, quien pactó la estrategia legislativa en una reunión privada con Milei.

 

Además, ante la posibilidad de que vuelva la Ley de Alquileres tras una eventual caída del DNU, Ritondo y una veintena de diputados de su bloque presentaron un proyecto para su completa derogación. Entre sus fundamentos sostienen que, durante la vigencia del DNU, el mercado de alquileres mostró fuertes signos de recuperación con “una mayor oferta y precios más bajos”. Algo que desmienten los inquilinos.

La diputada Florencia De Sensi presentó un proyecto para que los clubes de fútbol puedan operar bajo la figura de sociedades anónimas deportivas (SAD), en sintonía con el DNU de Milei y las ambiciones de Macri. “El proyecto no busca imponer obligaciones, sino ofrecer la opción de adoptar la figura de sociedad anónima deportiva, como ocurre en las principales ligas del mundo”, justificó De Sensi.

 

Tampoco faltaron proyectos espejo para garantizar otros negocios que abre el DNU a empresas con nombre propio. La diputada macrista -ex radical- Silvana Giudici presentó la propuesta de desregular el servicio de Internet y favorecer la prestación por vía satelital. “Apunta a la competencia y a que cada vez más argentinos tengan conectividad en las zonas desfavorables y alejadas. Eso fomentará que los usuarios puedan conseguir mejores servicios a menor tarifa”, dijo Giudici.

Como blanqueó el propio Milei cuando anunció el DNU, la medida pretende favorecer a la empresa Starlink, de Elon Musk. El multimillonario respalda a Milei a través de su empresa X (ex Twitter) y aspira a ampliar sus negocios en la Argentina, con la mira en el litio, clave para las baterías de los autos eléctricos que fabrica otra de sus compañías, Tesla.

 

Otro proyecto espejo del PRO fue presentado por María Eugenia Vidal, con el respaldo de su bloque y con el propósito de modificar la fórmula de la movilidad jubilatoria, atándola a la inflación. En este caso, fue para adherir a la estrategia oficialista de boicotear la sesión convocada por HCF y otras bancadas opositoras para tratar el tema.

 

Mientras sigue postergado el anunciado acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para establecer una alianza parlamentaria que fortalezca al gobierno de Milei, el macrismo ya oficia como su guardaespaldas en el Congreso.    

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Un paquete fiscal a pedido del poder económico

20 - marzo - 2024

Los gobernadores detectaron que Kusa Liban Ángel, un socio del presidente de la UIA, estuvo detrás de la redacción del documento provisorio del «Proyecto ley medidas fiscales» que les hizo llegar el oficialismo. «Es una vergüenza, todo a pedir de mano de las cinco grandes empresas del país», se quejaron algunos mandatarios provinciales. Los patagónicos siguen enfrentados con la Rosada, que pese a todo se muestra optimista sobre el futuro de la segunda versión de la ley ómnibus. 

El gobierno nacional, durante los últimos días, mandó a algunos gobernadores un word de 115 páginas titulado «Proyecto ley medidas fiscales», que acompañaría a la nueva Ley Ómnibus y que sería enviado al Congreso de la Nación desde el Poder Ejecutivo durante las próximas semanas. El documento todavía está en proceso de análisis por parte de los mandatarios provinciales, pero de entrada a varios de ellos les llamó la atención un dato: en los detalles del archivo aparece que el documento fue guardado por Kusa Liban Ángel, uno de los socios del estudio de abogados fundado entre otros por Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

«Es tremendo. Después piden diálogo y consenso, pero trabajan las medidas fiscales con estudios jurídicos privados. Está todo hecho a pedido de la UIA y de las cinco o seis empresas más grandes del país. Es claro a quiénes responde este gobierno, el tema es que ya no tienen tapujos. Eso es lo que opinamos varios gobernadores», expresó un gobernador en conversación con Página/12 sobre el tema.  

 
 

Según revelaron distintas investigaciones periodísticas, Kusa es abogado especializado en impuestos y litigios tributarios y uno de los tres abogados del estudio Bruchou & Funes de Rioja, que visitaron la Casa Rosada entre diciembre del año pasado y enero de este. Eso indicaría que los proyectos que presenta el gobierno nacional y los DNU son escritos no por los funcionarios, sino por sectores del ámbito privado que, por supuesto, tienen distintos intereses políticos y económicos. 

En Casa Rosada, después de que se conociera la noticia que publicó Cenital acerca de que el documento había sido modificado por Kusa, decían que estaban trabajando con los equipos técnicos de cada uno de los gobiernos provinciales –con los ministros de Economía y con los ministros de gobierno– y agregaban que hay «mucha confianza de que la ley salga»

 

«Hay trabajo previo, consenso, se habló con los gobernadores, con los jefes de bloque», enumeraban en Balcarce 50 y decían que «hay feedback». Además, desde el oficialismo confían que la ley se presentará en el Congreso a mediados de abril, luego de Semana Santa. «No nos volvemos a juntar con los gobernadores porque no es tan fácil juntarlos a todos», repetían. 

Desde los gobiernos provinciales, sin embargo, no opinan lo mismo. «Debe ser con otras provincias. Con las patagónicas no», respondió uno de los gobernadores de esa región sobre el tema. En esa línea, desde otra provincia añadieron: «Están re complicadas las negociaciones. Nadie está convencido de nada», y suman que lo que se conoció hoy (por ayer) sobre la intervención de estudios jurídicos privados en la escritura de los proyectos que les envían desde el gobierno «no ayuda para nada»

 

Por otra parte, agregan que «hay que terminar de ver el texto que nos enviaron. Lo estamos analizando». Otros gobernadores son más tajantes y directamente dicen que lo que se dio a conocer este martes «es una vergüenza». El martes a la noche el texto aún no le había llegado a varios mandatarios provinciales. 

El borrador, bajo la lupa

Lo que sí habían recibido todos los gobernadores fueron tres páginas que el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse les habían entregado el viernes 8 de marzo en la reunión que sostuvieron con ellos en Casa Rosada. Allí les adelantaron que volverían a insistir con la ley ómnibus (incluídas las privatizaciones de 13 empresas públicas) y también con un nuevo paquete fiscal que incluye la vuelta del impuesto a las ganancias. 

 

En las provincias patagónicas, por ejemplo, dicen que los gobernadores están muy «preocupados y ocupados en que no se toque la arquitectura jurídica institucional energética». Están viendo con lupa los apartados del proyecto de Ley Ómnibus vinculados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) porque consideran que se puede llegar a afectar el dominio y la jurisdicción de los recursos.

Sobre Kusa, que es el que modificó el borrador del proyecto que fue enviado a algunos gobernadores, los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizarahi revelaron que él había ingresado a Casa Rosada el 10 de enero pasado, un día después de que ingresara la Ley Ómnibus al Congreso, y que, por más que el abogado aparece en los registros como asesor del Ministro de Justicia, no figura en las planillas de esa dependencia ni tiene designación alguna en Boletín Oficial. 

 

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, es uno de los fundadores del estudio jurídico al que pertenece Kusa. Este medio intentó comunicarse con él por si quería aclarar algún aspecto vinculado a las revelaciones periodísticas y a la vinculación del estudio jurídico con el gobierno, pero no hubo ningún tipo de respuesta. 

Kusa fue uno de los abogados de estudios jurídicos privados que entró por esos días a la casa de gobierno y a la Quinta de Olivos, pero no el único. Ese es un signo de que los proyectos que el gobierno envía al Congreso, y también los DNU, son armados por el sector privado y abogados que no se desempeñan como funcionarios públicos. Las modificaciones que hizo Kusa del documento que le llegó a los gobernadores con el nuevo «paquete fiscal» corroborarían esa teoría.

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Macri se quedó con la presidencia del PRO pero sufrió el cierre de listas y tuvo que ceder ante Bullrich

20 - marzo - 2024

La ministra tensionó hasta último momento para ubicar a su tropa, obtuvo la Asamblea y, pese a la resistencia de Macri, puso a Damián Arabia como vice segundo del partido. El exPresidente vuelve así a presidir el Consejo Nacional del partido pero sus negociadores sufrieron para convencer a Bullrich de no presentar lista propia. Larreta, Vidal y los gobernadores. 

Fue una negociación hasta el último minuto. Mauricio Macri consiguió quedarse con la presidencia del PRO, pero sus negociadores debieron transpirar todo el cierre de listas para convencer a Patricia Bullrich de que no presente una lista propia. Las últimas horas estuvieron signadas por una discusión sobre uno de los nombres, el bullrichista Damián Arabia, al que Macri no quería en la conducción del partido. Dos de las figuras centrales, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, optaron por mantenerse al margen de la contienda, aunque por motivos diferentes: Vidal alineada con el exPresidente (de hecho, obtuvo un lugar en el consejo) y Larreta porque no lo convence que el partido esté yendo hacia Javier Milei. Finalmente acordaron que Macri presida el Consejo nacional del PRO y Bullrich, la asamblea nacional.

 
 

Fueron horas de intensa discusión. Del lado de Macri, los que tuvieron que transpirar la camiseta fueron Humberto Schiavoni y Fernando de Andreis. El primero, sobre todo, tiene décadas de experiencia en cierres de lista e intentó mantener la calma en todo momento. De Andreis, en cambio, cada tanto mostraba su fastidio con la intransigencia de los negociadores bullrichistas, que eran tres: Juan Pablo Arenaza, Pablo Walter y Arabia. Para equilibrar el número, al final se sumó el ex secretario privado de Macri y legislador porteño Darío Nieto.

A cara de perro

Las negociaciones no fueron nada fáciles. Los bullrichistas llegaron a amenazar con presentar una lista propia. Incluso se llegó a hablar de un intendente PRO que enfrentara a Macri. No iba a poder ganarle, pero iba a romper con la idea de que el líder puede alinear a la tropa para llegar a la presidencia del partido.

 

De entrada, Bullrich advirtió que quería el 50 por ciento de los lugares en la conducción del partido. Macri mandó a decir que le parecía un disparate. Él buscaba equilibrar los cargos entre gobernadores, intendentes, dirigentes de las provincias y otros referentes partidarios. Nada de la mitad de los cargos para su ex lugarteniente.

Cuando vieron como iba creciendo la contienda, tanto Vidal como Larreta optaron por salir de escena. Vidal eligió en este caso mostrarse alineada con Macri. Larreta, en cambio, fue tentado con algún cargo por Macri, pero no quiso saber nada. El ex jefe de Gobierno dejó en claro que el rumbo de seguidismo a Milei no lo convence para nada. Y, si bien hoy no va a abandonar el PRO, no se puede descartar que lo haga en el futuro. No formar parte de la conducción lo deja con las manos libres.

 

Todo se complicó aún más cuando Macri intentó vetar nombres que proponía Bullrich: le iban a dar la vicepresidencia segunda, pero Macri no aceptaba que ese lugar lo ocupara Arabia. Ahí fue cuando las negociaciones entraron en un cuarto intermedio y comenzaron las versiones de dos listas. «Lo que pasa es que Mauricio quiere un club de amigos. Con nosotros, no cuenten», decían al costado de Bullrich.

Les tomó todo el martes (último día posible para definir la lista única) volver a encaminar las negociaciones. Ya hacia la tarde, de ambos lados admitían que todo estaba cerrado «en un 90 por ciento». «Pero lo que falta puede hacer saltar todo por el aire», acotaban del lado de Bullrich.

Como quedó

Al final, cerca de las nueve de la noche, hubo acuerdo. El presidente será Macri, como él quería, pero debió cederle a Bullrich la presidencia de la asamblea partidaria. En el consejo, finalmente Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López, asumirá la vicepresidencia primera en representación de Jorge Macri. Y la vice segunda, pese a toda la resistencia, será para Arabia.

 

Los 18 vocales del PRO, quedaron divididos en tres partes: los de Macri, los de Bullrich y los de los gobernadores, que se erigen como un poder aparte. Entre los de Ciudad de Buenos Aires, estarán De Andreis, Soledad Acuña (por Macri), y Vidal, mientras que Bullrich retuvo a Arabia a dirigentes porteñas como la legisladora Silvia Imas.

Por provincia de Buenos Aires, estarán Diego Santilli y Guillermo Montenegro con peso propio, y el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela. Por su parte, Bullrich ubicó a Pablo Walter (aunque también está referenciado en Ramón Lanús, intendente de San Isidro) y además está la intendenta de 9 de Julio María José Gentile.

Otro tercio pertenece al resto de las provincias: ahí se ubicaron los gobernadores Nacho Torres y Rogelio Frigerio. Bullrich colocó a Laura Rodriguez Machado, mientras que Macri mantuvo a Federico Angelini. También estaba Hebe Casado (vice de Mendoza)

 

«Quedó con pocos lugares Bullrich: quería el 50 por ciento y se quedó con el 20», indicaban cerca de Macri. La clave fue el lugar que reclamaron para sí los intendentes y gobernadores.

Adentro o afuera

La ex presidenta del PRO buscó agenciarse la titularidad de la asamblea del partido, para seguir teniendo un lugar que mostrarle al presidente Milei. Su principal objetivo es que el PRO o se fusione o arme un frente con La Libertad Avanza.

Macri no descarta esto, pero considera que el apoyo a Milei tiene que ser a distancia. Luego de que probó y no consiguió armar un cogobierno, Macri se siente más cómodo en un lugar desde el cual no pueda ser arrastrado en caso de que la gestión de Milei se prenda fuego y se derrumbe.

 

Además, el ex presidente tiene muchas críticas a como se viene gestionando en diversas áreas de gobierno: considera que hay una seria parálisis o directamente que hay partes del Gobierno que nunca arrancaron. Culpa de esto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El desprecio, al parecer, es mutuo.

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Sigue la sangría de funcionarios en 100 días de gobierno de Javier Milei

20 - marzo - 2024

Julián Suárez presentó su renuncia tras negarse a despedir personal del área pesquera y luego de recibir aprietes de Cancillería para desregular la actividad. En las últimas horas se habían conocido las salidas del secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, y de la titular del Renaper, Geraldine Calvella. También hubo renuncias en Capital Humano y en Seguridad.

El gobierno de Javier Milei continúa con su sangría de funcionarios. Esta vez, el que presentó su renuncia al cargo fue el director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien no solo se negó a despedir personal de esa actividad sino que, además, recibió aprietes por parte de Cancillería para desregular la actividad y hacer la vista gorda en el escándalo de un buque acusado por pesca ilegal.

 

Por más que el cargo aluda a una tercera línea, el área que hasta las últimas horas ocupaba Suárez es clave en la dinámica comercial de esa industria. Y a diferencia de los funcionarios que durante los últimos días se alejaron del Gobierno, él no era un improvisado ni tampoco un libertario.

 

Suárez ocupó esa misma dirección durante la administración de Alberto Fernández y, por su idoneidad, la Subsecretaría de Pesca encabezada por Juan Antonio López Cazorla le pidió que continuara en ese cargo. Pero en los últimos días se le ordenaron requerimientos que se negó a aceptar y presentó su dimisión de manera indeclinable.

El hecho más visible fue el caso del buque factoría Tai An, propiedad de una empresa argentina que en los últimos días fue denunciado por pesca ilegal de merluza negra en una zona de exclusión. Pese a los continuos pedidos de sanción exigidos por la industria, Suárez intentó hacer volver al puerto a ese pesquero pero, según trascendió, recibió órdenes contrarias de parte de Cancillería.

La posición del Palacio San Martín fue hacer valer la desregulación de la industria pesquera decidida en el DNU 70/2023. De hecho, una de las tareas que se le exigió a Suárez fue revisar y barrer toda la normativa ad hoc sancionada durante los últimos cuatro años.

 

El funcionario renunciante no sólo se negó a ello, sino que además reveló que se le pidieron otras cosas que no estuvo dispuesto a aceptar: despedir a 50 personas de su área y achicar toda el área de control y fiscalización a su cargo.

La sangría de funcionarios de Milei

La salida de Suárez se suma a la lista de funcionarios de Javier Milei que, con mayor o menor derrotero en la función, debieron alejarse de la función por diversos escándalos. La última de ellas fue Geraldine Calvella, quien sin ninguna experiencia fue puesta al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

 

Calvella fue designada en ese cargo y desde diciembre de 2023 cobró un sueldo de casi 3 millones de pesos sin haber sido nombrada formalmente. Por esta razón, su alejamiento fue, en rigor, un rechazo a esa designación.

Casi en simultáneo, quien también se fue del Gobierno en las últimas horas fue Armando Guibert, el secretario de Transformación del Estado que quedó salpicado por el escándalo del aumento de sueldo del presidente Milei. Por este mismo hecho ya había sido despedido el secretario de Trabajo Omar Yasín.

A principios de mes, la sangría de funcionarios había corrido en el Ministerio de Capital Humano. Allí renunciaron tres funcionarios clave provenientes del PRO. El último fue Rodrigo Aybar, responsable de la implementación y recortes del plan Potenciar Trabajo.

 

Antes de él se había ido en febrero el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Pablo Rodrigué, que estaba a cargo de la distribución de los alimentos en comedores y organizaciones sociales. También el director administrativo de esa área, Agustín Sánchez Sorondo.

Los desmanejos del Gobierno y la crisis interna entre el oficialismo y su aliado el PRO también sumaron dimisiones en la cartera que dirige Patricia Bullrich. A finales del mes pasado había renunciado Sebastián García de Luca a la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad.

 

Con todos estos alejamientos, parece lejana la renuncia de Guillermo Ferraro, el exministro de Infraestructura que salió eyectado porque el presidente Milei le atribuyó la filtración de insultos y amenazas a gobernadores que él mismo había expresado durante una reunión de Gabinete.

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Cúneo Libarona dice que lo hará sin gastar ni emitir

20 - marzo - 2024

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el “lanzamiento de un ordenamiento procesal federal” con el que pretende extender a todo el país el sistema acusatorio, que publicitó como “una transformación absoluta de la Justicia”. Si bien una ley de 2015 le adjudicaba a la Comisión Bicameral de Seguimiento la implementación del Código Procesal Penal Federal aprobado un año antes, que ya se aplica en las provincias de Salta y Jujuy, el presidente Javier Milei le transfirió esa competencia por decreto, a fines de febrero, al Ministerio de Justicia. La presentación también sirvió para cubrir el tropiezo protagonizado por el ministro que había anunciado que el pasado lunes implementaba el sistema acusatorio en Rosario, pero tuvo que postergarlo hasta mayo.

 

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Cúneo Libarona planteó como objetivo prioritario de su gestión un “ordenamiento procesal federal, es decir que en todo el país rija el sistema acusatorio, que consiste en un fiscal que investiga, la defensa que defiende y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles, indelegables, jurisdiccionales”. “Este sistema, comprobado en los hechos en las provincias del norte, y como lo acompaña toda la academia, los jueces, la doctrina en general, es el sistema idóneo, eficaz”, anunció, y enumeró sus virtudes: “oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, no tanto tiempo”. “Es mucho más rápido” y busca evitar el “tremendo daño para víctimas, imputados y sociedad que es la prolongación indebida de los procesos”, dijo.

 

Previo a la conferencia, Cúneo Libarona encabezó la primera reunión del “Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal”, de la que participaron el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el todavía procurador interino Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

“Voy a llevar adelante una transformación absoluta de la justicia. Esto acompañado de otra pieza muy importante que vamos a pregonar a la brevedad, que es el juicio por jurados, y acompañado, posteriormente, por un Código Penal que supere a aquel Código de 1914/17, con 145 o 150 reformas que hubo, donde siguiendo los lineamientos trazados por el doctor Borinsky vamos a transformar la justicia”, anunció. “Es nuestra gran aspiración, para eso estamos acá y acá va mi vida”, dijo.

 

Cúneo Libarona destacó que la reforma se extenderá sin necesidad de emitir dinero ni endeudarse. “Milei dijo ‘con ganas se puede’, así que nos las ingeniamos. Cuido cada peso. Si bien cuento con el apoyo de Luis Caputo y de Santiago Bausili (presidente del Banco Central), voy a financiar todo con fondos genuinos, de préstamos y fideicomisos. Tengo mucho apoyo del mundo y de los embajadores que confían en este sistema. No sé si una colecta, pero para cada santo una vela para que en cada provincia se pueda implementar”.

“Queremos que durante el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia: división de poderes, independencia y eficacia. (El jefe de Gabinete) Nicolás Posse me habla de mano justa, y bueno, todas estas reformas que estamos emprendiendo precisamente tienden a que tengamos una justicia eficiente y rápida, que es por lo que clama la sociedad”, destacó.

 

El Ministerio oficializó ayer la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción que comprende la Cámara Federal de Rosario, que originalmente se había fijado para el 18 de marzo pero, ante las dificultades para implementarlo, se difirió en principio para el 6 de mayo próximo. “Nos enfocamos en Rosario con celeridad debido a la situación crítica y el clamor popular para actuar. Pero vamos a viajar a las distintas provincias para conocer sus problemáticas. Dos equipos van a estar girando por el interior del país para que se concrete este plan ‘Justicia eficiente’ de Javier Milei”, dijo.

El sistema acusatorio comenzó a implementarse en las provincias de Salta y Jujuy en junio de 2019, mientras en el resto del país se aplica de forma parcial. En 2020 comenzaron a aplicarse artículos relacionados con la oralidad, la publicidad, la valorización del rol de la víctima y la revisión de sentencias firmes condenatorias frente a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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El Gobierno avanzará con otra ola de despidos masivos en el Estado

20 - marzo - 2024

A fin de mes concluyen más de 70 mil contratos de la Administración Pública Nacional. El martes o miércoles de la semana que viene se comunicarían las cesantías. ATE propone convocar un paro general.

El 31 de marzo es el día D. Vencen más de 70 mil contratos de trabajadores estatales y es la fecha límite que estableció Javier Milei para ejecutar una segunda ola de despidos. “El martes o miércoles de la semana que viene van a ser determinantes”, advierten en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Los gremios aseguran que los responsables de distintos organismos filtraron que se bajó la orden de reducir entre un 20 y 30 por ciento la planta transitoria de la Administración Pública Nacional (APN). En el Gobierno responden que, por el momento, no hay datos certeros. En la previa de los anuncios, Armando Guibert, el funcionario encargado de la “depuración” del Estado, presentó su renuncia, y mientras el Presidente se ufana de las cesantías, trabajadores de la Casa Rosada se declararon en “estado de alerta y movilización”.

 
 

La angustia crece en las dependencias públicas nacionales. Todos los días llegan, cada vez con más frecuencia, telegramas de despidos; y se sabe que la semana que viene se intensificarán porque finalizan 65 mil vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6 mil de los conocidos como 1.109. Se trata de trabajadores precarizados, cuyos contratos fueron prorrogados por tres meses el 31 de diciembre, y que están en vilo a la espera de una definición.

«Es inminente el despido de miles de estatales. Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha y definir medidas de fuerza que nos permitan evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes», expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien convocó a una reunión del Consejo Nacional del gremio para mañana a las 10. El objetivo del encuentro es convocar con urgencia a un paro general. “Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril”, agregó. El dirigente estima que a raíz del fin de semana largo, las notificaciones se enviarán entre el martes 26 y el miércoles 27. «Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional», completó Aguiar.

 

Bajo este escenario, el Gobierno se prepara para implementar la segunda ola de despidos masivos. La primera comenzó en los primeros días de gestión. A dos semanas de la asunción presidencial, el Gobierno anunció que pondría fin a unos 7 mil contratos suscriptos en 2023 y que realizaría un “exhaustivo” relevamiento sobre la planta del Estado. Esa última tarea estaba comandada por Armando Giubert, secretario de Transformación del Estado, quien presentó su «indeclinable» renuncia el lunes pasado tras el escándalo por el aumento salarial del Presidente.

Las primeras cesantías se efectivizaron el 2 de enero, cuando 1500 empleados públicos llegaron a sus puestos de trabajo y fueron notificados que habían sido despedidos. Luego se avanzó con recortes en el PAMI, 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, más de 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 50 en el Conicet, 26 en la Secretaría de Derechos Humanos, 170 en el Incaa, entre muchos otros; y los anuncios del cierre de Telam (700 empleados), el Inadi (400 empleados) y el Instituto de Agricultura Familiar (900 empleados), que no fueron operativizados.

 

En el Ministerio de Capital Humano, la cartera que según Milei iba a tener siempre la billetera abierta, se cerraron los 59 Centros de Referencia con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia en todo el país. El recorte implicó terminar con los contratos de unos 600 empleados. En el exMinisterio de Trabajo, ahora devenido en secretaría, denuncian que existe la intención de reducir un 30 por ciento de la planta. «No hay razones fiscales, ni presupuestarias para proceder con los despidos. Hay decisión política de ponerlo en manos de asociaciones empresarias y favorecer el lucro de grupos económicos concentrados», sostienen sus trabajadores.

En la antesala a la nueva ola, circuló por redes sociales un supuesto “instructivo” de despidos masivos. Mensajes de Whatsapp con un manual de conducta, que recomendaba a los responsables de las distintas áreas cómo ejecutar las cesantías. Por ejemplo, comunicarlas “verbalmente” y evitar discontinuar los contratos de embarazadas o dirigentes gremiales. En Casa Rosada, señalan que “no existen esos condicionamientos” y que cada dependencia está realizando una evaluación de «eficiencia» y que será el parámetro para decidir quiénes seguirán o no en sus funciones.

 

El número de despidos es aún una incógnita. “Hemos echado a 50 mil empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos, eso es motosierra«, exclamó orgulloso Milei la semana pasada. Es otra cifra que el Presidente revolea por los aires y no se condice con la realidad. En los gremios niegan que ese sea el volumen de cesantías, aunque sostienen que es posible que sea la meta pretendida por el Gobierno.

Rebelión en Balcarce 50

Mientras Milei se ufana del feroz ajuste, sus empleados en Casa Rosada están en pie de guerra: denuncian despidos y «empobrecimiento» de sus salarios, a raíz de la eliminación de las horas extras. «Los funcionarios cobran millones y a nosotros nos dejan con sueldos de indigencia«, se quejaron ayer. «No somos casta, somos trabajadores orgullosos de la Presidencia y ese orgullo transforma el miedo en organización y resistencia», concluyeron. 

 

Al tiempo que transcurría la protesta, el mandatario estaba apostado en su despacho. Lejos de escuchar el reclamo, seguía dándole vueltas al desguace del Estado.

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Mauricio Macri y Patricia Bullrich tensan al máximo la interna del PRO

19 - marzo - 2024

Sin acuerdo entre las facciones, el sector de la ministra amenaza con presentar lista propia y enfrentar la candidatura de Macri para presidir el partido. Las negociaciones continúan contrarreloj.

Mauricio Macri venía sin demasiadas preocupaciones camino a ocupar la presidencia del PRO, pero el último día antes de presentar las listas surgió un obstáculo en la forma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pese a que cerca del ex presidente estaban seguros de que iban a cerrar un acuerdo con su ex lugarteniente, del lado de Bullrich indicaban que no había acuerdo alguno e incluso amenazaban con presentar una lista propia que enfrente a Macri. «El problema es que Macri quiere un club de amigos», decían cerca de la ministra. El que encabezaría la lista bullrichista sería un intendente PRO (no quisieron adelantar el nombre, para no quemarlo). La tensión iba creciendo a medida que se acercaba la hora del cierre, aunque siempre puede que haya un acuerdo de último momento.

 

Como informó este diario, Macri venía trabajando en alinear a la tropa detrás de su candidatura con ciertas dificultades. Por un lado, Horacio Rodríguez Larreta se muestra cada vez más distante de la posición del ex presidente de acompañar todo lo que hace Javier Milei. En el otro extremo, Bullrich querría ir a una fusión o a un frente con La Libertad Avanza. La idea de Macri es esperar para algo así: no quiere quedar pegado a una eventual debacle del gobierno de La Libertad Avanza. Bullrich nunca quiso que Macri ocupara la presidencia del PRO.

 

La división entre Macri y Bullrich comenzó a fines del año pasado, cuando el ex presidente intentó negociar con Milei una suerte de gobierno de coalición, con el desembarco de cuadros del PRO en distintas áreas gubernamentales. Bullrich, en tanto, tuvo su propia negociación que Milei vio con mejores ojos y que dejó a Macri sin nada y a Bullrich, con dos ministerios: Seguridad y Defensa. Casualmente, son los dos que le habían prometido a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y que le retacearon luego de que ella tuviera encuentros privados con Macri que no gustaron nada a los hermanos Milei.

Desde entonces, Macri viene presionando a Bullrich para que termine de entregar la presidencia del PRO, lugar a donde él mismo había ungido a su ex lugarteniente. Primero, le hizo mandar cartas firmadas por todos los titulares de PRO provinciales para que apurara la fecha de elecciones. Luego se puso al frente de la candidatura y descontó que nadie se atrevería a soñar con enfrentarlo. Pero, a medida que se acercaba el cierre de listas, las cosas se pusieron cada vez más difíciles.

 

El cierre

La discusión venía tironeada por los lugares desde la semana pasada. Bullrich reclamaba el 50 por ciento de los lugares y le dejaba la presidencia a Macri. Desde el macrismo, creían que era toda una bravata para luego negociar, pero este lunes todo se tensó al máximo. Mientras del lado de Macri advertían que el cierre venía dificil (pero todavía tenían esperanzas de llegar a una lista de unidad), del lado de Bullrich directamente lo daban por caído.

Del lado de Macri, imaginaban que Bullrich iba a aceptar quedarse con la conducción de la asamblea nacional del partido. En tanto, había un reparto en camino para gobernadores e intendentes del PRO. Jorge Macri se llevaba la vicepresidencia primera, que sería para la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. Y el jefe de gobierno porteño iba camino a encabezar el PRO de la Ciudad de Buenos Aires. A Bullrich le ofrecían la vicepresidencia segunda, que sería para su adláter Damián Arabia, pero el bullrichismo lo veía como migajas.

 

«No hay acuerdo», repetían los dirigentes cercanos a Bullrich que tenían contacto directo con la negociación. «Macri quiere un club de amigos. Que no cuente con nosotros», disparaban. La decisión era tensar la cuerda hasta el último momento, es decir, a última hora de este martes. 

– ¿Qué pasará si no hay acuerdo?

– Vamos con otra lista y enfrentamos a Macri -aseguraban cerca de la ministra.

– ¿Y quién sería el encargado de enfrentar a Macri?

– Uno de los nuestros. Seguramente un intendente -afirmaban.

 

No quisieron dar el nombre para no quemarlo en caso de que las negociaciones se enderecen. Pero era un escenario todavía improbable al cierre de esta edición.

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Renunció la militante de 23 años que cobraba un sueldo millonario en el Renaper

19 - marzo - 2024

La militante libertaria Geraldine Calvella, quien fue designada al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper), desistió del cargo en el cual percibía un sueldo de casi tres millones de pesos mensuales.

Es la segunda renuncia que se conoce este lunes, dado que también decidió dejar el gobierno el secretario de Transformación del Estado, Armando Guibert, quien había quedado involucrado en el escándalo del aumento de sueldo de Milei. Por ese mismo caso había sido echado del gobierno el secretario de Trabajo, Omar Yasín.

 

En el caso de Calvella, según fuentes del RENAPER, habría tomado la decisión de renunciar por el gran revuelo que generó su arribo al Renaper en redes sociales.

 

Su sueldo millonario y sus 23 años, casi sin experiencia laboral, motorizaron una serie de fuerte criticas por su designación.

La joven es oriunda del partido bonaerense de Saladillo y su única experiencia laboral es haber sido «asesora político» en la Cámara de Diputados, según su perfil en la red social Linkedin. Además, allí también precisó que estudió dos años Medicina en la Universidad Maimónides y luego dejó la carrera para comenzar en diciembre pasado a cursar Derecho en la Universidad Siglo 21.

No está claro cuál fue el motivo para su designación en el organismo oficial. Tal vez, la justificación de su elección para el cargo haya que buscarla en que la jovencita fue la principal amplificadora de la ultraderecha en la séptima sección electoral bonaerense durante la última campaña.

 

La Dirección que tenía a cargo Calvella era la de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas. 

“Es una directora de línea, común y corriente”, intentaron desdramatizar en Casa de Gobierno ante la consulta de este diario.

Según trascendió en redes sociales, la fue designada al frente de una Dirección en el RENAPER el 15 de enero, con un sueldo bruto de 2.732.002,60 pesos.

Una imagen de su recibo de sueldo se viralizó, para desatar la polémica y los cuestionamientos al presidente Javier Milei por el nombramiento de militantes en la estructura gubernamental.

 

Los usuarios de X apuntaron contra el jefe de Estado y criticaron que públicamente se queja de que se haya utilizado al Estado como «búnker» de militantes. Ante la viralización del nombramiento, Calvella puso en modo privado sus redes sociales para no recibir críticas.

Fuente: Pag 12

Procuradores de todo el país se reunirán en Madryn para trabajar contra el narcomenudeo

19 - marzo - 2024

Procuradores de toda la República Argentina se reunirán el próximo día jueves en la ciudad de Puerto Madryn para definir acciones en conjunto respecto del combate contra el narcomenudeo.

Los procuradores provinciales que se convocaron en esa ciudad, están nucleados en el Consejo Federal de Política Criminal y en el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El primero de los organismos es presidido por el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, anfitrión en esta ocasión. Preside ese Consejo desde diciembre del año pasado.

La otra entidad es presidida por el otro convocante al encuentro, el procurador general del Chaco Jorge Omar Canteros.

Según el orden del día, además de aspectos vinculados con capacitaciones para todos los fiscales de la Argentina, está previsto que se trate la “situación, análisis, consideraciones y propuestas en relación con el narcotráfico, narcomenudeo y delitos conexos”.

El encuentro se realizará en el Hotel Rayentray con actividades que se extenderán por la mañana y por la tarde.

Gobernadores dieron el primer impulso a la agencia patagónica de desarrollo

19 - marzo - 2024

En la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), gobernadores patagónicos realizaron la segunda reunión del Tratado de la Patagonia con el objeto de poner en marcha al Consejo Patagónico de Desarrollo Económico y crear la Agencia de Promoción de Desarrollo del Comercio Exterior de la Patagonia.

“Necesitamos que los gobiernos entiendan las necesidades de las pymes. Así vamos a generar políticas adecuadas y recrear el clima de negocios”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González, y agregó: “El Entendimiento Productivo Patagónico tiene en el centro del debate el rol de las empresas, y son aquellas radicadas en la región quienes pueden convertirse en motor de la recuperación económica”.

Del encuentro formaron parte los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, en representación de Claudio Vidal; y el ministro Economía, Industria y Producción de Neuquén, Guillermo Koenig, por Rolando Figueroa.

“Cada vez tenemos menos empleo registrado. Es peligroso cuando no se les da voz a las pymes, que son el verdadero motor económico del país”, comenzó Torres y explicó que “debemos tener un esquema de prioridades para corregir las asimetrías. Vamos hacia una Argentina productiva, pujante y profundamente federal”.

Por su parte, Weretilneck afirmó que “desde la Patagonia producimos una gran parte de la energía eléctrica de la Argentina. Sin embargo, pagamos el peaje de que la electricidad viaje hacia Buenos Aires para luego retornar a nuestra región”. A su vez, expresó: “Hoy, de todos los impuestos, la Nación se queda con más del 55%. Apenas el 38% se queda en las provincias. Los estados provinciales se hacen cargo de todo: educación, salud, seguridad, obra pública y garantizar el desarrollo productivo”.

El motor del desarrollo de la Patagonia son las pymes”, remarcó Melella y agregó: “La apertura de importaciones crea un efecto negativo sobre las pequeñas y medianas empresas locales. Nuestras provincias solicitan un plan de desarrollo con crecimiento. Se sale del desequilibrio fiscal con producción y no con ajuste”.

Por último, Ziliotto resaltó: “Este encuentro nos tiene que dar fortaleza para elaborar la agenda de desarrollo. No hay otra herramienta para el crecimiento que la sinergia público-privada. Nosotros siempre vamos a estar del lado de la expansión de la economía”.

Además del comité de presidencia de CAME, estuvieron presentes legisladores nacionales y provinciales, autoridades de la Federación Empresaria del Chubut (FECH); de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD); de la Cámara de Comercio Industria y Producción de Comodoro Rivadavia (CaCIPCR); de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson (CARAW); de la Cámara de Comercio de Esquel; Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh); de la Cámara de Armadores Pesqueros del Chubut; de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras C.A.P.I.P; de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC); de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG); de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEER); de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA); Cámara de Industria y Comercio Cipolletti; de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa; de la Cámara de Comercio y Afines de General Pico; Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia; de la Cámara de Comercio de Río Grande; y de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN).