Para el diputado y ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), los problemas de diagnóstico sobre la violencia en Rosario y Santa Fe generan respuestas ineficaces y hasta contraproducentes. El despliegue policial como provocación. La búsqueda de víctimas no involucradas en las organizaciones criminales como show.
La violencia en Rosario no cesa, y las acciones gubernamentales no logran pacificar una ciudad atravesada por el miedo. ¿Qué hacer? José Glinski es diputado nacional por Chubut de Unión por la Patria, y fue director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el gobierno de Alberto Fernández. «Existe por fuera de Rosario una idea de que lo que está ocurriendo allí se puede expandir a otras zonas, a otros lugares de la Argentina y tenemos que poder verlo sin folclorizar, poniéndole cabeza a la idea de mercado, de empresas criminales, con una nueva doctrina de investigación criminal, con una nueva forma de abordaje territorial«, plantea en una conversación con Página/12. Considera que el primer problema es de diagnóstico y que no se puede declarar una guerra sin un mapa exacto de lo que ocurre.
«La inseguridad es una gran bolsa a la que le entran muchas cosas distintas, pero en particular, en lo que está pasando en Rosario y en Santa Fe. A veces se superponen cosas o se dan por obvias algunas otras que no lo son. Principalmente, la idea de asociar organizaciones criminales, narcotráfico y violencia como una cadena necesaria, que no se corresponde con la realidad, aunque en Rosario suceda. Hay muchos lugares donde el mercado el narcotráfico funciona y no tiene los niveles de violencia que tiene en Rosario«, sigue su análisis.
«El problema más difícil de resolver en Santa Fe es la implicancia que tiene la Policía y la política en el negocio de narcotráfico», considera Glinski, que llegó a la función pública nacional tras la experiencia como ministro de Justicia y Seguridad de su provincia, cargo que asumió en 2012, con el índice más alto de homicidios del país. Entonces, en Comodoro Rivadavia, la tasa era de 19,4 cada 100 mil habitantes. En 2023, se cometieron casi la tercera parte de los homicidios que había entonces. En Rosario, la tasa casi quintuplica la media nacional, que en fue 4,2. En Rosario hubo 22 homicidios cada 100.000 habitantes.
-¿Por qué considerás que hay una primera dificultad es el diagnóstico?
-Es un problema bastante reiterativo en los temas de seguridad. Si el Estado intenta articular una respuesta, debería desagregar el problema de inseguridad en Rosario, que incluye el de mercado del narcotráfico, el de la violencia y el que es más difícil de trabajar, que es la penetración del mercado del narcotráfico, la violencia y la impunidad en diversos niveles del Estado, particularmente en la Policía de Santa Fe y suponemos también que en la política. He podido tener una aproximación, producto de las investigaciones que realizaba la PSA, cuando me tocaba ser jefe de la fuerza, que en Rosario han logrado grandes investigaciones, con encarcelamientos y demás. El problema es que eso bajo ningún punto de vista ha significado un avance en lo que tiene que ver con reducir la violencia. Por el contrario, ha pasado a otro nivel y a un fenómeno que a mi juicio es nuevo en Argentina, que es la de buscar víctimas no involucradas en las organizaciones criminales, que es lo que pasó hace unos días en Rosario, que aumenta aún más el nivel de incertidumbre y genera un componente nuevo que complejiza también la generación de ese diagnóstico. Sin lugar a dudas, esa falta de diagnóstico hace que la respuesta estatal sea ineficaz y en algunos casos contraproducente.
-Mucho se habló de la foto a lo Bukele en la cárcel de Piñero como la causa de esa escalada…
-No sé si la foto es lo que desató la violencia. Hay hipótesis distintas, incluso que la respuesta de las organizaciones a la política de Pullaro en las cárceles estaba prevista desde antes de la foto. Las políticas de seguridad son siempre de doble filo. Es decir, si bien es cierto que operan rápidamente sobre la percepción que tiene la gente, sobre el temor que hay en la sociedad y ver gran despliegue policial pueden ser tranquilizador para alguna parte de la sociedad, para otra no lo es y puede ser una provocación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por otro lado, un despliegue policial, y ni hablar si se incorporan las Fuerzas Armadas, poco tiene que ver con lo que hay que hacer para investigar a empresas criminales, porque la tarea de investigación criminal en el delito complejo es una tarea silenciosa, que no se espectaculariza, sino por lo contrario que se disimula. Es lo que se hace con mucho secreto, sin que la información se filtre.
-¿No es una demanda social la mayor cantidad de fuerzas de seguridad como garantía de pacificación de las calles?
-El despliegue de fuerzas de seguridad en el territorio tienen que apuntar sobre todo a los hechos de violencia en el espacio público. Yo creo en una lógica de «ocupación militar del territorio». Y cuando digo militar no lo digo porque tenga que ser hecha por militares, sino porque tiene que tener una lógica más bien de posesión territorial. Es decir, allá donde el Estado no puede controlar ningún tipo de relación social y las controlan los mercados ilegales y donde hay mucha violencia, el despliegue de fuerzas de seguridad es necesario. Y después, también de otras herramientas del Estado para generar presencia estatal y mediar en las relaciones violentas que existen en esos lugares me parece una buena política. Una cosa no quita la otra. Ahora, eso no es contra el narcotráfico. Eso es contra un sistema de violencia instalado.
-Pero siempre se hace una identificación inmediata entre narcotráfico y violencia.
-La forma de encarar a las organizaciones criminales es pensarlas como organizaciones de un mercado, yo digo siempre «empresas criminales«, y tienen que ser abordadas de esa manera. También lo que demuestra Rosario es que incluso encarcelando a quienes manejan esas organizaciones, nada hizo que bajaran los niveles de tráfico y de violencia.
-¿Cómo se desata ese nudo entonces?
-Una vez que vos tenés un diagnóstico bien desagregado, vas a poder implementar diversas políticas para atacar cada una de esas problemáticas que uno va encontrando. No se van a resolver todas juntas e incluso a sabiendas de que si hay una intención de bajar los niveles de violencia, la idea de negociación en algún sentido con las organizaciones ancladas en el territorio me parece pertinente. Declararle la guerra abierta a un supuesto enemigo que no tenés caracterizado… Si vos no tenés un buen diagnóstico y vas a la guerra, probablemente pierdas. Eso es lo que está sucediendo, por lo menos hasta el momento. Y además es una respuesta que va a requerir de los tres niveles de del Estado y va a haber que hacer un trabajo un poco más a conciencia, que no puede quedar en la superficie, en lo espectacular, en el despliegue de fuerzas y en los videítos para redes sociales.
-El tema es que en muchos barrios populares la policía no es exactamente garantía de seguridad, y así te lo dicen.
-Tenés un primer problema que es la Policía de Santa Fe, que a mi juicio no ha habido ninguna política que haya permitido que la policía de Santa Fe deje de estar metida en el negocio del narcotráfico, ni en la regulación de la violencia, y si efectivamente además está la política, la idea de la intervención del Estado Nacional, de las fuerzas de seguridad federales, tiene que ir un poquito más allá que el despliegue de personal en los barrios, sino que se tiene que meter a fondo con la Policía de Santa Fe. Es un dilema, porque ¿cómo hacés para desarmar a la policía de Santa Fe? Y en segundo término, cuando hablo de la ocupación territorial es en términos de permanencia estrictamente policial. La policía tiene que ser sin lugar a dudas una primera avanzada, porque es lo que va a permitir algún nivel de amenaza para la violencia o para los mercados. Pero atrás tiene que venir el resto del Estado.
-¿Si la policía provincial es parte del problema, cómo se aborda esta ocupación?
-Amerita una mirada real de intervención federal de la provincia de Santa Fe. No quiero decir que haya que sacar al gobernador, lo que digo es que la intervención de parte del gobierno federal sobre este problema tiene que ser más a conciencia, hay que entender qué se va a hacer con la Policía de Santa Fe, si la provincia está en condiciones de tener una policía que gobierne el territorio en materia de seguridad y si no es tiempo de pensar otra alternativa, porque a mí me da la sensación de que el envío de fuerzas federales a Santa Fe es bastante cosmético.
-Pero Patricia Bullrich en ningún momento ha cuestionado a esta policía, por el contrario, ha llamado a duplicar o triplicar sus efectivos…
-Me parece que también tenemos responsabilidades quienes somos opositores, no solamente en el nivel nacional, sino en la provincia y tenemos que tratar de generar un espacio de encuentro político que le ponga un poco el cascabel al gato, porque hay que despolitizar, en el sentido de la contienda, de la disputa política entre distintos partidos el tema de
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