El titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario afronta un procesamiento con prisión preventiva bajo la acusación de haber dictado resoluciones judiciales a cambio del cobro de dádivas

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy de forma unánime el inicio del jury de enjuiciamiento contra Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, quien afronta un procesamiento con prisión preventiva bajo la acusación de haber dictado resoluciones judiciales a cambio del cobro de dádivas. 

En la misma sesión plenaria, el cuerpo resolvió remitir al Poder Ejecutivo las listas de postulantes para cubrir dos vacantes estratégicas en la Sala I de la Cámara Federal porteña, actualmente ocupadas de manera transitoria por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quien aspira a revalidar su posición.

Durante el plenario, que estuvo coordinado por el titular de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, la remoción de Salmain cosechó un respaldo transversal que unió a los distintos estamentos del organismo, incluyendo la conformidad del bloque kirchnerista. 

Entre quienes convalidaron la medida con su voto se encuentran los magistrados Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Alberto Lugones; el representante de la Casa Rosada, Santiago Viola; los legisladores Álvaro González, Gonzalo Roca, Eduardo Vischi, Luis Juez, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti; los académicos María Fernanda Vázquez, Hugo Gualderas y Guillermo Tamarit; y los abogados Jimena de La Torre, Alberto Maques y César Grau.

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade manifestó su indignación ante la gravedad de la situación actual del magistrado rosarino.

“Lo insólito de esto no sólo es que Salmain esté tomando audiencias con la tobillera electrónica puesta, sino que la Cámara Federal de Rosario lo haya designado para ocupar otro cargo”, criticó.

La suspensión y envío a juicio político del magistrado ocurre dos semanas después de que la Comisión de Acuerdos del Senado elevara la propuesta formal para su remoción.

Durante ese debate, el senador de La Libertad Avanza Luis Juez advirtió que «este hombre no puede ser juez federal».

La situación procesal de Salmain se complicó sustancialmente en diciembre del año pasado, al ser procesado por los delitos de prevaricato, cohecho pasivo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

La investigación judicial sostiene que el magistrado habría direccionado una causa entre septiembre de 2023 y abril de 2024 para beneficiar a un fideicomiso con cuentas en el extranjero por un valor de 10 millones de dólares, presuntamente tras pactar un soborno de 200.000 dólares. 

El expediente también involucra al financista Fernando Whpei y al lobista Santiago Busaniche. 

Si bien en su momento los fueros evitaron su detención efectiva, la resolución ya cuenta con el aval confirmatorio tanto de la Cámara Federal de Rosario como de la Cámara Federal de Casación Penal.

A este complejo escenario penal se le suman antecedentes administrativos desfavorables: Salmain arrastra denuncias por haber falsificado datos en el currículum con el que concursó para la magistratura, así como una expulsión previa del Poder Judicial en el año 2002, cuando se desempeñaba como empleado en el fuero de la Seguridad Social, tras haber intentado sobornar a un funcionario para alterar el resultado de un sorteo de causas.

Por otra parte, el Consejo definió las ternas que ahora están en manos del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para definir los asientos de la Cámara Federal porteña. 

Las nóminas aprobadas por mayoría están integradas por Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola, y por Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona junto al propio Bertuzzi, quien compitió formalmente en el concurso. 

En tanto, el plenario del Consejo resolvió mantener abierta la investigación contra el juez federal de Mendoza, Pablo Salinas. __IP__

El magistrado se encuentra bajo la lupa del cuerpo tras las denuncias por violencia de género presentadas en su contra por cuatro de sus colegas de fuero: Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira.

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«Tenía que demostrar que no era chorro“, indicó el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló esta noche que antes de asistir a una entrevista televisiva presentó su «declaración jurada», y atribuyó las acusaciones al «error de haber ahorrado en negro» junto con su esposa.

Adorni explicó que la presentación «vence el 31 de julio próximo» y que la entregó, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024: «Voy a pagar hasta el último peso de impuestos», aseguró.

El funcionario presentó su declaración jurada y decidió hacer público su patrimonio luego de varios meses de cuestionamiento interno, opositor y con la lupa en la Justicia, tras un viaje a Estados Unidos en el estuvo su esposa, Bettina Angeletti, cuyos pasajes y estadías se habrían pagado con fondos públicos.

En el entorno aseguraron que nunca quisieron torcer el curso de la investigación que impulsa el fiscal, que recopila pruebas para determinar su situación, y la segunda, para darle la espalda a la presión interna de algunos factores como la senadora Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fueron dos figuras que a lo largo de las últimas semanas se dedicaron a poner el tema en agenda, con reclamos sobre la aparición del documento.

«Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar», indicó el jefe de Gabinete en declaraciones a la señal de cable La Nación+.

Asimismo, Adorni remarcó que «tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada», y reveló que «al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)».

«Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invetir fuerte en bticoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar», reveló el funcionario, y confió que «nunca hubiera ahorrado en blanco, menos en aquellos en años».

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio «me condenaron mediáticamente», pero advirtió que «debía seguir los pasos judiciales» y por ese motivo no había dado explicaciones públicas sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilicito.

«El objetivo no soy yo, el objetivo es el presidente», subrayó Adorni, y agregó que «el presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día».

Por otra parte, y con respecto a la casa que compró en el country Indio Cuá, expresó que la adquirió «para estar tranquilo» con su familia, después de algunos episodios que sufrió cuando vivía en un departamento del barrio porteño de Caballito, cuya compra también está en la mira.

«Fue un préstamo de un amigo, pusimos un plazo de un año en la hipoteca porque así lo establece la ley. Fue algo lícito y normal», añadió, y al ser consultado por sus gastos con tarjeta de crédito «están protegidos por ley y son datos privados».

Además, ratificó que planea retomar sus tradicionales ruedas de prensa en la Casa Rosada, en su otro rol como vocero del presidente Milei: «apenas se resuelva este tema volveré con las conferencias».

LA ULTIMA DECLARACION

El funcionario expuso un patrimonio integrado por propiedades inmobiliarias, tenencias en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Lo que se conoció hasta hoy, fue un documento entregado ante la Justicia Electoral porteña en marzo de 2025.

Según la documentación, declaró dos departamentos: uno adquirido en 2014 del cual posee el 50 por ciento de titularidad, valuado en 777.000 pesos, y otro comprado en 2016 consignado con una valuación de 3.652.682.

En el apartado financiero, informó la tenencia de 42.500 dólares en efectivo, monto que ya había sido consignado en presentaciones anteriores.

Además, declaró una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de 6.220 dólares. Según el formulario, ambos montos no registraron modificaciones respecto de la presentación previa.

La declaración patrimonial también incluyó 1.950.000 pesos en efectivo y detalló ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por 40,3 millones de pesos.

El formulario fue rubricado por el actual jefe de Gabinete bajo la fórmula de declaración jurada exigida por la normativa electoral de la Ciudad.__IP__

Un dato relevante: la presentación analizada corresponde al período previo a su desembarco en la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras dejar la Secretaría de Comunicación y Medios.

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Fue durante su exposición en el IAE Summit 2026

El canciller Pablo Quirno defendió este martes la política de apertura comercial instrumentada por el Gobierno nacional y reclamó al sector privado que asuma un rol activo en la economía sin depender de la tutela estatal, al advertir que el país necesita empresarios que «dejen atrás la trinchera del proteccionismo y compitan con los mejores».

Al inaugurar el encuentro IAE Summit 2026 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ratificó el rumbo macroeconómico y remarcó que el objetivo de la administración central a mediano plazo es multiplicar la inserción internacional de la Argentina.

«Cuando llegamos estábamos conectados con apenas el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) global. En el mediano plazo queremos pasar a conectarnos con el 50%», enfatizó el funcionario ante el auditorio corporativo.

En ese sentido, Quirno ponderó las recientes negociaciones internacionales orientadas a la desregulación y la firma de convenios bilaterales. «La tarea de la Cancillería es abrir mercados, atraer inversiones y construir alianzas estratégicas», sostuvo, al tiempo que ratificó los avances institucionales con los Estados Unidos, la Unión Europea y el Tratado Transpacífico, además de misiones comerciales en Singapur, India, Vietnam, Japón, Reino Unido, Emiratos Árabes y Canadá.

Durante su exposición, el jefe de la diplomacia argentina diferenció el modelo actual de las políticas económicas previas y aseguró que el verdadero valor de la economía radica en la iniciativa privada y no en las erogaciones del Estado.__IP__

“Durante años nos quisieron enseñar cómo distribuir la riqueza; hoy estamos viendo cómo multiplicarla”, contrastó el titular de la cartera internacional. Asimismo, puntualizó que «el sector privado tiene que hacer los goles» y que «cuando aparecen las oportunidades, las empresas responden».

Para finalizar, Quirno analizó el escenario global de demanda de materias primas y energía, y descartó que la falta de capitales responda a un problema estructural de disponibilidad de fondos en el país. «La Argentina nunca tuvo problemas de recursos, sino de estabilidad y previsibilidad. La economía mundial dependerá crecientemente de los recursos que nuestro país tiene en abundancia. La pregunta es si seremos capaces de aprovechar esta ventana», concluyó.

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La iniciativa de la senadora Edith Terenzi se analizó en un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable

El Senado avanzó en un dictamen que propone a tipificar y abordar distintas conductas delictivas por delitos ambientales graves, con penas que oscilan entre 3 y 15 años de prisión.

La iniciativa se debatió hoy en un plenario de las comisiones  de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presididas por el libertario Gonzalo Guzmán Coraita  y la senadora de Despierta Edith Terenzi.

El proyecto diseñado por Terenzi propone la creación de un régimen de formas especiales de criminalidad ambiental.

El objetivo del proyecto es tipificar y abordar distintas conductas delictivas que afectan al ambiente, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para su prevención, investigación y sanción. 

Asimismo, la propuesta apunta a dotar al sistema judicial de mecanismos adecuados para enfrentar fenómenos delictivos que generan un grave impacto sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la calidad de vida de la población.

“Hemos logrado enriquecer este dictamen con las sugerencias de varios senadores y entre las definiciones que incluimos en el artículo 77 del Código Penal y fueron las de daño ambiental irreversible, daño ambiental especialmente grave”, el término “ambiente” de manera taxativa y la “extensión espacial del daño ambiental” que son características que necesitábamos quedaran claramente definidas”.

Se entiende por “ecocidio” al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras.

Se considera “daño ambiental irreversible” a aquel que imposibilite la regeneración natural del ecosistema afectado en un plazo razonable y «daño ambiental especialmente grave” a aquel que, en razón de su extensión espacial o duración temporal, provoque deterioros severos sobre el medio ambiente que comprometan el derecho humano a un medio ambiente sano de varias personas o comunidades. 

El proyecto contempla prisión de 3 a 10 años multa equivalente al valor en pesos de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena del que cometiera el daño, el que, violando las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones, provoque daños especialmente graves sobre el ambiente. __IP__

Si el daño ambiental fuera irreversible, las penas serán de prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa equivalente al valor en pesos de 70 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena del que cometiera el daño.

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Fue a través de Axel Kicillof y Mariano Cascallares.

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña masiva de afiliación a través de sus redes sociales, respaldada por el lanzamiento de una plataforma digital especialmente diseñada para modernizar y ampliar el padrón electoral del distrito más grande del país.

Según informaron desde el sello partidario, la convocatoria está abierta para ciudadanos argentinos —tanto hombres como mujeres— a partir de los 16 años, cuyo último domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentre en territorio bonaerense.

El anuncio formal fue encabezado por el presidente del PJ provincial y gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al secretario general del partido, Mariano Cascallares, durante una recorrida por la histórica casa de la calle Gaspar Campos, en el partido de Vicente López, donde residió el general Juan Domingo Perón tras su regreso al país.

“Desde Gaspar Campos, la última morada del General Perón, estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que el PJ de la provincia de Buenos Aires se amplíe y contenga a todos, sea más participativo, más abierto», destacó Kicillof.

En sintonía con la disputa política actual, contra el gobierno de Javier Milei, el mandatario bonaerense agregó: «En momentos en que nos quieren inculcar que es todos contra todos, el sálvese quien pueda, nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y, de esta manera, invitamos a todos y todas a afiliarse”.

El principal objetivo táctico de la iniciativa es terminar con la brecha generacional de afiliados. De acuerdo con los datos actuales de la fuerza política, el padrón del PJ bonaerense registra 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios, pero muestra signos inequívocos de envejecimiento: la edad promedio actual es de 59,7 años.

En términos de composición por género, las estadísticas del partido revelan una marcada preponderancia femenina: el 55,6% de los afiliados son mujeres (640.351) frente al 44,4% de hombres (511.825), lo que representa una relación de 125 mujeres por cada 100 hombres a nivel provincial.__IP__

Con este proceso en marcha, el peronismo bonaerense explicó que la inscripción se iniciará de manera virtual a través del sitio web oficial *afiliacionespjpba.com*, disponible también en los perfiles de redes sociales del partido.

Una vez ingresados los datos en la planilla de preafiliación digital mediante la opción «Me quiero afiliar», las autoridades del PJ de cada distrito local se pondrán en contacto con el solicitante para formalizar y completar el trámite de manera presencial. 

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Será en dos plenarios. Buscarán dictaminar la semana que viene y sesionar el 24 de junio.

 En medio de la interna abierta con Patricia Bullrich, que se hace dueña y señora de la agenda en el Senado y consolida un perfil autónomo que genera fastidio en la Casa Rosada, el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde avanzará en el tratamiento de las leyes de «Súper RIGI» y de «lobby».

A las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses», mientras que a las 14 hs será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias «de frontera» tecnológica.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la idea es volver a reunir los plenarios el miércoles de la semana que viene para dictaminar los proyectos y dejarlos a punto, con llave en mano, para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio, en conjunto con el proyecto que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.

Esa fue la fecha que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le comunicó el martes de la semana pasada a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas, para que estuvieran al tanto de la hoja de ruta y el cronograma de trabajo.

Ley de lobby

Con la iniciativa para regular el «lobby«, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Súper RIGI

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias («Súper Rigi»), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, están invitados a exponer en la jornada de este miércoles el Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea, y el Asesor Legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

La iniciativa otorga cuantiosos beneficios fiscales y se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias de «frontera» tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI «tiene un plazo más largo de 5 y 1» (cinco años y uno extra de prórroga).

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura.

Además, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.__IP__

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

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